Cada vez hay más problemas de políticas públicas complejos. Se trata de problemas multidimensionales, que requieren intervenciones coordinadas de múltiples áreas y niveles de gobierno, y de actores no estatales, cuyos incentivos tienden a estar en tensión entre sí. Suelen ser, también, asuntos con elevados niveles de complejidad e incertidumbre, en los que no siempre resulta sencillo medir el desempeño de los organismos involucrados ni el impacto de sus acciones. Por eso, para atender estos problemas no alcanza con aprobar buenas políticas: también se requieren capacidades institucionales y gerenciales distintivas, que innoven respecto de la gestión pública tradicional, más habituada a lidiar con problemas lineales y predecibles. Este trabajo analiza dos problemas complejos y de alta relevancia para América Latina y el Caribe, que generan vulnerabilidades para el desarrollo humano: la desigualdad y el cambio climático. Son asuntos que, pese a haber sido destinatarios de crecientes esfuerzos y recursos en los últimos años, presentan todavía resultados insuficientes; por ello, resulta imprescindible intentar abordajes novedosos. En el estudio se revisan los desafíos de gestión de cada uno y se proponen opciones de reforma que amplíen las capacidades de gestión para abordarlos con mayor efectividad. También se discuten los retos y limitaciones propios de cada una de dichas alternativas, así como las áreas de políticas y los contextos más apropiados para cada una de ellas. Aunque ninguna opción constituye una “bala de plata”, el documento ejemplifica las que están disponibles con distintos casos regionales e internacionales que reflejan su contribución potencial. Vale notar que varios aprendizajes de las políticas contra la desigualdad, que cuentan con una literatura y una evidencia más consolidadas, son útiles para generar ideas en materia climática, otro problema retorcido pero cuya vinculación con las capacidades de gestión apenas ha sido estudiada hasta ahora. Las opciones de reforma presentadas se enmarcan en dos grandes ejes: 1) reformas que buscan alinear los incentivos de los actores para facilitar políticas integradas y sinérgicas ante problemas transversales y 2) reformas tendientes a ampliar la información disponible para promover decisiones basadas en la evidencia, especialmente cuando

es difícil observar la calidad de los servicios o anticipar con precisión los impactos de las intervenciones. Algunas de las opciones de reforma gerencial analizadas en el informe incluyen: un rol coordinador fortalecido del Centro de Gobierno (CdG), que permita arbitrar entre tradeoffs sectoriales; el uso de enfoques “sistémicos” para diseñar políticas integradas desde la perspectiva del ciudadano (y no de las instituciones); una mayor adaptación y flexibilidad gerencial para el aprendizaje y el ajuste continuo; la integración de sistemas de información y la ruptura de silos administrativos; una mayor conexión entre el financiamiento de los servicios y el logro de resultados y la ampliación de la voz de los beneficiarios para incidir en los incentivos de los gobiernos y los prestadores de servicios.

Estas innovaciones de gestión resultan promisorias para atender varias dificultades recurrentes que enfrentan las políticas contra la desigualdad y el cambio climático. Entre las primeras se puede contar la duplicación de esfuerzos y la falta de sinergias por la ausencia de estrategias integradas; el impacto nulo (o incluso negativo) de ciertas intervenciones sociales debido a la baja calidad de los servicios entregados por los prestadores; la “pérdida” de beneficiarios como resultado de las dificultades para compartir la información de diferentes prestadores, y la falta de efectividad de ciertas intervenciones que requieren tratamientos personalizados, lo cual se ve limitado por la rigidez de los procedimientos administrativos. En materia climática, la ausencia de un enfoque sistémico conduce a políticas, regulaciones e inversiones sectoriales con efectos contradictorios sobre el cambio climático; a su vez, la debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas públicas y de participación de actores externos obstaculiza los incentivos para alinear la programación y la presupuestación anual de gobierno con las metas de largo plazo asumidas por los países. Las reformas propuestas en este estudio apuntan a atender cada uno de estos retos de gestión. Si bien aquí se recurre a la desigualdad y al cambio climático como los problemas que permiten ilustrar los desafíos y las opciones de reforma, el material es pertinente también para otros problemas públicos complejos que se caracterizan por la multidimensionalidad, la dificultad para alinear incentivos y los desafíos de monitoreo y mejora del desempeño. Asuntos como la falta de competitividad económica, las inequidades de género, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan o la crisis de la confianza ciudadana en las instituciones (entre otros temas) comparten estos atributos “retorcidos”. Por lo tanto, las propuestas de este trabajo buscan ser una guía más general para orientar las transformaciones de las administraciones públicas de la región, adaptándolas a los principales retos que deban enfrentar sus gobiernos en los años por venir.

El informe se centra en la importancia de contar con capacidades institucionales sólidas en los gobiernos para abordar cuestiones complejas que afectan el desarrollo humano, como la pobreza, la desigualdad y otros desafíos sociales. Examina cómo la falta de capacidades puede crear vulnerabilidades y obstáculos para la implementación efectiva de políticas públicas. El informe ofrece ejemplos concretos de cómo las capacidades estatales impactan en la gestión y resolución de problemas complejos. También proporciona recomendaciones para fortalecer las capacidades institucionales a través de mejoras en la gestión pública, la adopción de enfoques interdisciplinarios, la promoción de la participación ciudadana y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno. En resumen, el informe explora la relación entre las capacidades estatales y la resolución de problemas complejos que afectan el desarrollo humano. Ofrece ejemplos y recomendaciones para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la implementación de políticas públicas en la región.

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