Desde 2015, a petición de los países donantes, la OCDE ha elaborado análisis de los avances hacia el objetivo fijado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que los países desarrollados movilicen 100 000 millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo, en el contexto de una acción de mitigación significativa y transparencia en la aplicación. Este objetivo se fijó inicialmente para 2020 y luego se amplió hasta 2025. La financiación climática contabilizada para el objetivo de los 100.000 millones de dólares no incluye toda la financiación para la acción climática en los países en desarrollo. Debido al ámbito geográfico, las cifras no incluyen ni la financiación climática pública nacional de los países en desarrollo, ni la financiación climática pública bilateral entre países en desarrollo, ni la financiación climática privada multilateral y movilizada atribuible a los propios países en desarrollo. Además, las cifras presentadas no incluyen ni la financiación privada resultante de las intervenciones de las políticas públicas, ni la financiación privada invertida en ausencia total de intervenciones públicas. Además, aunque los informes de la OCDE relativos al objetivo de los 100.000 millones de dólares proporcionan una lista de países categorizados como proveedores o beneficiarios de financiación climática respectivamente en este contexto, cabe destacar que los «países desarrollados» no son una categoría definida en el Acuerdo de París. En 2022, los países desarrollados proporcionaron y movilizaron un total de 115.900 millones de USD en financiación climática para los países en desarrollo, alcanzando así por primera vez su objetivo colectivo anual de movilizar 100.000 millones de USD para la acción climática en los países en desarrollo. Este logro se produce dos años más tarde que el año objetivo original de 2020, pero un año antes que en las proyecciones elaboradas por la OCDE antes de la COP26, que se basaban en compromisos prospectivos y estimaciones de proveedores públicos bilaterales y multilaterales de financiación para el clima. Debido al aumento interanual más importante y significativo observado hasta la fecha (26.300 millones de USD y un 30% más que en 2021), el total para 2022 alcanzó un nivel que, según las proyecciones de la OCDE, podría alcanzarse en 2025. La financiación total para la adaptación proporcionada y movilizada por los países desarrollados aumentó, a pesar de un pequeño descenso en 2021, alcanzando los 32 400 millones USD en 2022, frente a los 10 100 millones USD en 2016. Este importe total incluye 28 900 millones USD procedentes de fuentes públicas bilaterales y multilaterales. La financiación climática movilizada desde el sector privado para la adaptación también aumentó de 400 millones USD en 2016 a 3.500 millones USD en 2022. Es importante señalar, sin embargo, que los saltos significativos de la financiación privada para la adaptación movilizada en 2020 y 2022 son atribuibles a un pequeño número de proyectos a gran escala.  

El Pacto Climático de Glasgow de 2021 pedía a los países desarrollados que, para 2025, al menos duplicaran su aportación colectiva de financiación para la adaptación a los países en desarrollo con respecto a los niveles de 2019. El trabajo realizado en el marco del Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC (CPF de la CMNUCC) en un «Informe sobre la duplicación de la financiación de la adaptación» de 2023 abordó cuestiones relacionadas con la base de referencia para la duplicación, los retos metodológicos y las pruebas disponibles hasta 2020. Los resultados del primer Balance Global del Acuerdo de París en diciembre de 2023 reiteraron el llamamiento a la duplicación e instaron a los países desarrollados a preparar un informe en 2024 para evaluar los avances. El importe de la financiación de la adaptación rastreado por la OCDE en 2019 a partir de los datos comunicados por los proveedores bilaterales y multilaterales fue de 18 800 millones de USD. Si se toman como referencia las cifras de financiación pública de la OCDE, en 2022, a medio camino entre 2019 y 2025, los países desarrollados se encontraban aproximadamente a medio camino de cumplir el llamamiento de duplicar la provisión de financiación para la adaptación. Además, entre 2019 y 2022, la financiación de la adaptación movilizada desde el sector privado se duplicó con creces, pasando de 1.500 millones a 3.500 millones de dólares. En la práctica, existen diversos retos y oportunidades para que los proveedores internacionales contribuyan a aumentar la financiación de la adaptación en los países en desarrollo. La financiación de las medidas de adaptación en los países en desarrollo se enfrenta a varios retos: (i) económicos y financieros, como la limitación de las bases impositivas, la capacidad de endeudamiento, el aumento de los niveles de deuda y la falta de incentivos para los inversores privados debido a las dificultades para cuantificar el impacto de los fenómenos climáticos y los beneficios sociales no financieros; (ii) retos institucionales y de gobernanza, como la creciente fragmentación de la arquitectura internacional de financiación de la adaptación, la diversidad de criterios de elegibilidad, los largos procesos de revisión de las propuestas de proyectos y los problemas de acreditación de las entidades nacionales para gestionar los fondos procedentes de fuentes multilaterales. El sector privado tiene un papel clave que desempeñar en la financiación de la acción por el clima en los países en desarrollo. Este es especialmente el caso para salvar la brecha de inversión en áreas como la energía limpia, la agricultura y la resiliencia. En este contexto, la financiación pública puede utilizarse estratégicamente para movilizar la financiación privada, en particular mediante el empleo de mecanismos de reducción de riesgos. El informe esbozó oportunidades clave para que los proveedores internacionales les apoyen en estos esfuerzos, a la vez que proporcionó ideas relacionadas con el aumento de la financiación privada para la acción por el clima en los países en desarrollo de forma más general. Tras varios años de estancamiento, la financiación privada movilizada por la financiación pública para el clima aumentó significativamente tanto en términos relativos como absolutos, alcanzando los 21.900 millones de USD en 2022. Esto representó un aumento del 52% en comparación con 2021. 

El aumento se observó en las tres categorías de proveedores de financiación pública. Aunque no es posible, a nivel agregado, señalar factores explicativos específicos, es probable que este salto anual refleje tanto el fuerte crecimiento de la financiación pública para el clima entre 2021 y 2022 (que creció en 18.300 millones USD o un 25%), como algunas mejoras en la eficacia de dicha financiación pública para movilizar la financiación privada. Para poner este aumento en perspectiva, la financiación total movilizada para el desarrollo por parte de proveedores bilaterales y multilaterales también creció significativamente en 2022, un 27%, pasando de 48.000 millones USD en 2021 a 61.000 millones. En cuanto a los mecanismos de apalancamiento utilizados por los proveedores bilaterales y multilaterales para las actividades relacionadas con el cambio climático, la mayor parte de la financiación privada para el clima se movilizó a través de inversiones en empresas y sociedades instrumentales, garantías y préstamos sindicados. Sin embargo, los distintos tipos de proveedores de financiación pública tienden a recurrir a mecanismos diferentes, lo que refleja mandatos diferentes, así como la necesidad de adaptar la elección y el uso de dichos mecanismos a los distintos contextos nacionales y sectoriales. Hay una serie de retos que pueden afectar al potencial de movilización de la financiación privada para el clima en los países en desarrollo. Entre ellos se encuentran las condiciones generales que favorecen la inversión en los países beneficiarios (por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, el riesgo político y los entornos normativos, la disponibilidad de conocimientos técnicos, el costo de la diligencia debida y la supervisión), así como la dinámica comercial en algunas áreas de acción climática que carecen de perfiles de riesgo-rentabilidad suficientemente atractivos para atraer la inversión privada a gran escala. Además, los proyectos individuales suelen ser demasiado pequeños para garantizar una financiación comercial significativa. Además, los objetivos, mandatos y modelos operativos de los actores del desarrollo que despliegan financiación pública internacional para el clima tienden a estar dominados por exposiciones del sector público, una participación limitada del sector privado y modelos centrados en préstamos intensivos en capital que limitan el potencial para movilizar financiación privada. Un préstamo en condiciones favorables se concede a un prestatario en condiciones más preferentes que las disponibles en el mercado, incluidos tipos de interés inferiores a los del mercado, períodos de gracia ampliados o una combinación de ambos.

El informe destaca que la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados ha mostrado una tendencia creciente durante el período 2013-2017. En 2013, la financiación total fue de aproximadamente 52,2 mil millones de USD, aumentando a 71,2 mil millones de USD en 2017. Esta tendencia refleja los esfuerzos continuos de los países desarrollados para cumplir con sus compromisos bajo el Acuerdo de París, aunque todavía se encuentran por debajo del objetivo de 100 mil millones de USD anuales que se esperaba alcanzar para 2020. Los flujos financieros han sido dirigidos tanto a la mitigación como a la adaptación, con una mayor proporción destinada a la mitigación debido a su capacidad para atraer inversiones del sector privado. A pesar del enfoque predominante en la mitigación, ha habido un progreso notable hacia la duplicación de la financiación para la adaptación. En 2017, la financiación para la adaptación se estimó en 12,9 mil millones de USD, representando un aumento significativo en comparación con los años anteriores. Este incremento se debe en parte a la creciente concienciación sobre la vulnerabilidad de muchos países en desarrollo frente a los impactos del cambio climático y la necesidad urgente de construir resiliencia. Sin embargo, el informe subraya que se requieren esfuerzos adicionales para cerrar la brecha de financiación y cumplir con las promesas internacionales. Las fuentes de financiación climática incluyen presupuestos públicos, bancos de desarrollo multilaterales, y el sector privado. Los fondos públicos siguen siendo la principal fuente, representando aproximadamente el 74% de la financiación total en 2017. Los bancos de desarrollo multilaterales han jugado un papel crucial al apalancar financiamiento adicional del sector privado a través de mecanismos de cofinanciación y garantías. Sin embargo, movilizar financiamiento privado sigue siendo un desafío debido a los riesgos percibidos y las barreras de inversión en los países en desarrollo. El informe identifica varios retos en la movilización y asignación de financiación climática, incluyendo la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas, y la falta de herramientas y metodologías estandarizadas para rastrear y reportar los flujos financieros. Para abordar estos desafíos, se recomienda una mayor cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades en los países receptores, y la implementación de políticas que faciliten la inversión privada en proyectos de mitigación y adaptación. Además, se enfatiza la importancia de garantizar que la financiación llegue a los países más vulnerables y a las comunidades que más lo necesitan.   

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