Accelerating Just Transitions for the Coal Sector 

Accelerating Just Transitions for the Coal Sector

Para alcanzar el objetivo adoptado en la COP28 de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el sector de la energía para 2050, es fundamental que se produzca una rápida transición para dejar de utilizar carbón para generar electricidad. No se puede exagerar la magnitud de la tarea: el carbón representa más de un tercio del suministro mundial de energía, en muchos casos procedente de centrales de reciente construcción. Al ser el combustible más intensivo en carbono, el papel del carbón en las emisiones es aún mayor: a nivel mundial, el carbón es responsable de más del 40% de todas las emisiones de CO2 del sector energético. Si las centrales eléctricas y las industrias de carbón existentes siguieran funcionando como lo hacen hoy, «bloquearían» las emisiones empujando al mundo mucho más allá del límite de 1,5 °C. La demanda mundial de carbón creció en 2023, a pesar del rápido crecimiento de la generación de electricidad a partir de energías renovables. El mayor aumento se observó en la República Popular China, seguida de la India y otras economías emergentes y en desarrollo. El creciente uso del carbón, principalmente para la generación de electricidad, ha sido responsable de casi todo el aumento de las emisiones mundiales de CO2 desde 2019. Según las últimas estimaciones de la AIE, el despliegue de energías limpias desde 2019 ha contribuido a evitar una demanda de carbón de unos 580 millones de toneladas equivalentes de carbón al año de media, lo que equivale a la demanda de carbón para generación eléctrica de Indonesia e India juntas. Un número creciente de países ha adoptado compromisos de emisiones netas cero, lo que equivale a eliminar por completo el uso incesante de carbón y otros combustibles fósiles. A finales de 2023, esos compromisos cubrirán más del 85% de las emisiones mundiales del sector energético. Cada vez son más los países que han asumido compromisos específicos para reducir o eliminar el uso del carbón en la generación de electricidad, lo que supone el 30% de la generación actual a partir de carbón, frente a menos del 20% en 2022. La transición al carbón depende de una rápida ampliación de las fuentes de energía de bajas emisiones La reducción de la dependencia de la generación de electricidad a partir de carbón sólo es posible si se desarrollan fuentes alternativas de energía con la rapidez suficiente para satisfacer la creciente demanda de electricidad. En el Escenario de Compromisos Anunciados (APS, por sus siglas en inglés), en el que todos los compromisos climáticos asumidos por los gobiernos de todo el mundo se cumplen íntegramente y a tiempo, casi el 75% de la caída de la generación mundial a partir de carbón durante 2022-2050 se compensa con energía solar fotovoltaica y eólica, seguidas de energía hidroeléctrica y otras renovables y energía nuclear. En la COP28, los gobiernos se comprometieron a triplicar la capacidad renovable para 2030, de acuerdo con el escenario de emisiones netas cero para 2050 de la AIE, lo que, de lograrse, supondría un acelerador crucial en la transición para abandonar la generación a partir del carbón. La última evaluación de los proyectos de energía renovable anunciados indica que, si fructifican, el mundo ya habría recorrido casi tres cuartas partes del camino hacia el objetivo de triplicación. Sin embargo, en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo persisten graves carencias de inversión. Cambiar las centrales de carbón de generación de carga base a un funcionamiento más flexible reducirá el uso de carbón al tiempo que apoyará la integración de fuentes alternativas de generación de electricidad. 

Además de reorientar estas centrales hacia el suministro de apoyo a la red, los países deberían alinear sus protocolos de funcionamiento de la red y sus sistemas de compensación para animar a las centrales de carbón a funcionar de forma más flexible, lo que también puede ayudar a compensar las pérdidas de ingresos asociadas a factores de capacidad más bajos. Algunas centrales se retiran antes de su vida útil, mientras que otras se modernizan con tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) o se queman con combustibles de bajas emisiones, como el amoníaco o la biomasa. La posibilidad de adoptar estos enfoques varía según el país, y podría contemplar una combinación de regulación directa, incentivos financieros y medidas basadas en el mercado. Unas condiciones económicas favorables para las energías renovables no bastarán por sí solas para lograr una transición rápida que permita abandonar el carbón. En muchas regiones, las nuevas energías renovables ofrecen costos de energía nivelados inferiores a los de las centrales de carbón existentes. Sin embargo, este no es el caso en todas partes, y en algunas regiones las centrales de carbón tienen contratos o acuerdos de despacho que las protegen de la competencia del mercado. Resolver estos obstáculos e incentivar la inversión en energía de bajas emisiones es imperativo para desbloquear la transición hacia el abandono de la energía del carbón y aprovechar todo el potencial de las energías renovables. Entre 2023 y 2030, en la EPA, será necesario invertir 890 000 millones de dólares anuales en capacidad y apoyo energéticos de bajas emisiones, como redes y almacenamiento en baterías, y alrededor de un tercio de la nueva capacidad energética de bajas emisiones se dedicará a sustituir la generación de carbón, en lugar de satisfacer la demanda incremental. Movilizar esta inversión depende en gran medida de atraer más inversión del sector privado y de encontrar los mecanismos de financiación adecuados que aborden los problemas que plantea el actual entorno de tipos de interés elevados, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo. Las políticas para facilitar la financiación de las energías limpias deben ir acompañadas de medidas para poner fin a la financiación de nuevas centrales de carbón y financiar la retirada anticipada de algunos activos de carbón. Entre 2023 y 2030, alrededor de 20 gigavatios de centrales eléctricas de carbón que funcionan hoy en día se retirarán antes de cumplir 30 años en la EPA. En el caso de muchas de estas centrales, especialmente en las economías de mercado emergentes y en desarrollo, aún no se han recuperado grandes cantidades del capital invertido en ellas. No existe un plan único para eliminar progresivamente la generación de electricidad a partir del carbón. Se están desarrollando diversos mecanismos de financiación innovadores para ayudar a acortar los periodos de amortización, refinanciar y reestructurar la deuda y ajustar las condiciones contractuales de forma que no se socave la confianza de los inversores. En muchas regiones, estas políticas deben tener en cuenta el papel que desempeña actualmente el carbón para garantizar la seguridad del suministro. Es primordial mantener unos precios asequibles de la electricidad a lo largo de la transición. En la EPA, las inversiones en el sector eléctrico aumentan considerablemente hasta 2030, pero los costos de sustituir la generación de carbón y los servicios del sistema que proporciona por fuentes de bajas emisiones se ven compensados con creces por el ahorro en costos de combustible derivado de la reducción de la demanda de combustibles fósiles a largo plazo. Unos marcos políticos adecuados pueden contribuir a garantizar que los costos de estas inversiones se recuperen a lo largo de un periodo más prolongado, ayudando a reducir el impacto sobre el costo medio por unidad. 

En la EPA, los precios medios de la electricidad en todo el mundo se reducen en más de una quinta parte entre 2022 y 2050, aunque el ahorro varía según la región en función de los niveles iniciales, la tarificación del carbono y el crecimiento de la demanda de electricidad. La aceleración de la transición al carbón afectará a los trabajadores y a las comunidades que dependen de él. Por esta razón, es esencial un compromiso exhaustivo de las partes interesadas y un conjunto de políticas para gestionar los impactos negativos, incluyendo la asequibilidad de la energía, el acceso a la energía y el desarrollo socioeconómico. Estas políticas deben abarcar la creación de oportunidades de trabajo digno, el apoyo a los trabajadores afectados por las transiciones energéticas y el respeto de los principios y derechos laborales fundamentales. Varios países, como Canadá, la República Checa, Alemania, España y Sudáfrica, han convocado grupos de trabajo o comisiones nacionales para evaluar los efectos socioeconómicos de las transiciones al carbón. Los compromisos nacionales para reducir las emisiones y descarbonizar la generación de energía, si se cumplen en su totalidad, conducirán inevitablemente a la pérdida de puestos de trabajo en el sector del carbón, especialmente en la minería. En la EPA, el empleo total en el sector del carbón disminuye de 7,8 millones de personas en todo el mundo en la actualidad a 5,6 millones en 2030. Algo más de la mitad de esas pérdidas de empleo se deben a la caída de la producción de carbón, mientras que el resto es atribuible a la mecanización, la automatización y otras mejoras de la productividad laboral. Los descensos del empleo en el sector del carbón se han superado en el pasado en algunas partes de Europa y Norteamérica, y más recientemente en China. Gestionar las consecuencias económicas y sociales de las transiciones del carbón es vital para seguir avanzando en la reducción de las emisiones del sector energético. Los nuevos planteamientos políticos están demostrando su eficacia, como las ayudas a los ingresos a corto plazo, la educación y la formación, y las nuevas oportunidades profesionales para los trabajadores del carbón despedidos. A finales de 2023, sólo el 14% de los trabajadores del carbón en los países dependientes del carbón estaban cubiertos por estas políticas de transición justa, aunque esto representa una mejora de 10 puntos porcentuales con respecto a 2022. Las repercusiones sociales y económicas del abandono del uso del carbón para la generación de electricidad varían mucho de un país a otro y dentro de un mismo país, en función de la dotación de recursos, la estructura de la economía, el nivel de desarrollo económico y la importancia de la industria del carbón en los mercados de trabajo locales. La exposición nacional al carbón, medida por nuestro Índice de Exposición a la Transición del Carbón (CTEI), es mayor en Indonesia, seguida de Mongolia, China, Vietnam, India y Sudáfrica. Muchas regiones carboníferas de esas y otras economías emergentes se caracterizan por bajos niveles de diversificación económica, lo que limita las oportunidades de actividades y empleos alternativos. Las políticas de transición del carbón deben tratar de amortiguar el impacto de la pérdida de puestos de trabajo, apoyando al mismo tiempo el desarrollo económico con medidas como la industrialización o iniciativas de rehabilitación medioambiental.

 

El informe aborda la transición justa en el sector del carbón, destacando la necesidad de políticas y acciones específicas para mitigar los impactos sociales y económicos adversos. Se reconoce que la reducción de la dependencia del carbón es fundamental para abordar el cambio climático, pero también se enfatiza que esta transición debe ser equitativa y justa para las comunidades y trabajadores afectados. El informe destaca que la transición justa no se trata solo de reemplazar los empleos perdidos, sino también de garantizar que las comunidades afectadas tengan acceso a nuevas oportunidades económicas y sociales. Se subraya la importancia de la participación de las partes interesadas, incluidos los trabajadores, las comunidades locales y los gobiernos, en la planificación y ejecución de la transición. En cuanto a las políticas específicas, el informe sugiere una serie de medidas, como programas de reentrenamiento y recualificación para los trabajadores del carbón, apoyo financiero para la diversificación económica en las regiones mineras y mecanismos de gobernanza para garantizar una transición justa. También se destaca la importancia de la colaboración internacional y la transferencia de conocimientos y tecnologías para apoyar la transición justa en los países en desarrollo. En resumen, el informe de la IEA destaca la importancia de abordar los desafíos sociales y económicos asociados con la reducción del uso del carbón y ofrece recomendaciones concretas para acelerar una transición justa en el sector del carbón.

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