Los programas de mejora energética en edificios enfrentan una variedad de desafíos que, si no se manejan adecuadamente, pueden influir en el éxito de las iniciativas y afectar tanto a propietarios como a ocupantes. Uno de los obstáculos principales surge cuando los propietarios toman financiamiento adicional para costear las mejoras, debido a que deben comprender los términos y condiciones de dichas deudas, así como su impacto en los gastos futuros. Además, la modificación de los costos de servicios públicos puede generar inquietudes, especialmente si la tarifa de consumo aumenta tras la implementación de sistemas eléctricos o si la estructura de pago corresponde a los inquilinos, propietarios o ambos. La posible elevación de impuestos relacionados con la propiedad constituye otra preocupación, dado que las mejoras en el inmueble suelen traducirse en incrementos fiscales que, si bien pueden incentivar la renovación, también representan una carga adicional, particularmente si se trasladan estos costos a los residentes. Para abordar estas dificultades, las estrategias deben ser multifacéticas. La cooperación con entidades locales y estatales permite aplicar exenciones o rebajas en impuestos, además de coordinar subsidios o incentivos. Del mismo modo, en el diseño del programa, es importante priorizar la protección de la asequibilidad de los alquileres, estableciendo medidas como subsidios, rebajas y otros apoyos económicos que puedan compensar los costos adicionales. La comunicación y el acompañamiento mediante campañas de educación proporcionan conocimientos sobre cómo reducir el consumo de energía, lo cual puede disminuir los gastos recurrentes y mejorar la percepción de valor de las mejoras implementadas.

Por otra parte, en los casos en los que las mejoras energéticas califican como extensas y afectan directamente la vida diaria de los residentes, resulta esencial implementar planes de habitabilidad que garanticen condiciones aceptables durante la ejecución de las obras. Estas planificaciones deben considerar las características específicas del edificio, como su tamaño y si es de propiedad pública o privada, y ajustarse a los tiempos y necesidades particulares de los ocupantes. Para edificios pequeños, la orientación puede centrarse en soluciones personalizadas, mientras que en estructuras mayores, se requieren estrategias que incluyan fases de trabajo y posibles desplazamientos temporales. Para facilitar la implementación y la aceptación del proyecto, los programas necesitan fortalecer su capacidad para colaborar estrechamente con los habitantes y captar sus inquietudes. Esto implica establecer canales claros para la presentación de quejas, realizar inspecciones de control de calidad y mantener una evaluación constante durante todo el proceso. La recopilación de información a través de evaluaciones iniciales y el diálogo con representantes comunitarios ayuda a comprender los impactos en la salud, seguridad y economía de los residentes, permitiendo diseñar medidas que reduzcan las perturbaciones y garanticen condiciones habitables.

Entre las herramientas que se utilizan para salvaguardar los derechos de los ocupantes, aparecen los planes de habitabilidad, que describen las obras a realizar, sus potenciales impactos y las medidas para mitigar molestias como ruidos, presencia de materiales peligrosos o desplazamientos temporales. Estos planes deben ser específicos al tamaño y características del edificio, así como ajustarse a la escala del proyecto en cuestión. En obras de gran escala, por ejemplo, es recomendable coordinar con organizaciones y servicios que puedan asistir en la protección de los residentes afectados. La protección de la economía y bienestar de los ocupantes también se traduce en la necesidad de mantener la asequibilidad. Aquí, los programas pueden recurrir a acuerdos de accesibilidad que aseguren periodos de protección contra aumentos de renta, estableciendo límites compatibles con las condiciones del mercado y la capacidad económica de los habitantes. La regulación de los incrementos anuales en los alquileres proporciona mayor estabilidad y previsibilidad, además de facilitar la planificación tanto para propietarios como para inquilinos.

La integración de estrategias que consideren tanto aspectos técnicos como sociales favorece la ejecución de programas de eficiencia energética sustentables y equitativos. La coordinación con las distintas partes interesadas, la comunicación efectiva y la protección jurídica y económica de los residentes hacen posible que las mejoras en los edificios sean beneficiosas a largo plazo, favoreciendo ambientes saludables y sostenibles, sin que los costos o molestias sean una barrera para su implementación.

Para leer más ingrese a:

https://www.aceee.org/topic-brief/2025/10/energy-upgrade-risk-mitigation

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/r2e2_resource_1.pdf