El documento examina el entorno económico y la inclusión financiera en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPARD). La región ha experimentado un crecimiento superior al promedio latinoamericano y mundial, impulsado por sectores como el turismo y la agroalimentación, además del consumo privado respaldado por remesas. Sin embargo, el crecimiento económico se desaceleró en 2023 debido a la menor dinámica exportadora, la desaceleración global y condiciones financieras internacionales más ajustadas. Aunque la inflación se moderó en 2023 después de alcanzar niveles históricos en 2022, sigue por encima de los promedios históricos en varios países. El informe destaca la importancia del sector financiero para moderar las fluctuaciones del consumo y promover la inversión, siendo la inclusión financiera un requisito previo. Aunque el crédito bancario al sector privado ha crecido en la última década, existen oportunidades para profundizar la inclusión financiera, como lo indican indicadores como márgenes de interés altos, retornos sobre el capital, concentración y costos operativos relativos al ingreso en varios sistemas bancarios. Se identifican políticas que podrían avanzar en la inclusión financiera, como tener una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), niveles educativos y baja concentración de mercado. Las tecnologías financieras digitales también permiten un mayor acceso a servicios financieros. El informe sugiere fortalecer el diseño e implementación de ENIF, mejorar la educación financiera desde temprana edad y medidas para reducir la concentración de mercado y tasas de interés, como promover las fintech, ampliar la cobertura de burós de crédito, mejorar los registros de garantías, reducir barreras de entrada y fomentar la competencia. También se discuten políticas para promover plataformas digitales y dinero móvil, que podrían contribuir a la inclusión financiera al abordar la distancia y costos de cuenta. Varios países han desarrollado plataformas de pagos electrónicos minoristas gestionadas por bancos centrales y accesibles para empresas fintech no bancarias. Las transferencias sociales a través de medios digitales y centros público-privados para discutir la introducción de nuevas tecnologías en el sector financiero también han sido promovidas. De igual forma, el informe destaca operaciones seleccionadas mediante las cuales el Grupo BID ha apoyado la inclusión financiera en CAPARD, trabajando con el sector público, privado y respaldando innovaciones empresariales en etapas iniciales.

El análisis detallado del sector bancario en los países de la región CAPARD revela una serie de características y desafíos que impactan directamente en la dinámica económica y financiera de la región. En términos generales, el crédito juega un papel fundamental en la estructura de activos bancarios, representando en promedio el 58% de estos activos. Sin embargo, esta cifra varía considerablemente entre países, con algunos mostrando una alta participación en títulos públicos o disponibilidades líquidas. Esta diversificación en la composición de activos refleja la adaptabilidad de los bancos a las condiciones económicas y financieras de cada país, así como su capacidad para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades de inversión. Una tendencia notable en el sector bancario de CAPARD es el aumento significativo de la inversión en deuda soberana en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esta estrategia refleja la búsqueda de seguridad y estabilidad por parte de los bancos en un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Aunque esta inversión puede proporcionar cierta protección contra riesgos crediticios, también plantea desafíos en términos de rentabilidad y diversificación de cartera, especialmente en un entorno de tasas de interés bajas o negativas. En lo que respecta a la distribución de crédito, se observa que el crédito a empresas representa aproximadamente la mitad de la cartera de crédito total, lo que subraya la importancia del sector empresarial en la economía de la región. Este segmento incluye empresas de diversos tamaños y sectores, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones, cada una con necesidades financieras específicas que requieren soluciones adaptadas por parte de las entidades financieras. Por otro lado, el crédito a la vivienda muestra una heterogeneidad significativa entre países, con porcentajes que oscilan entre el 6% y el 44% de la cartera de crédito total. Esta variabilidad refleja las diferencias en los mercados inmobiliarios y las políticas gubernamentales relacionadas con la vivienda en cada país, así como las preferencias y capacidades financieras de los hogares para acceder a préstamos hipotecarios. Uno de los aspectos más destacados del sector bancario en CAPARD es la diferencia en los márgenes de interés en comparación con el resto de América Latina y el Caribe (ALC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos márgenes más amplios se traducen en un margen neto de intereses también más alto, lo que sugiere una mayor rentabilidad para los bancos en la región. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el retorno sobre el capital (ROE) no siempre es superior al promedio de ALC debido a otros costos operativos que pueden contrarrestar las ganancias por intereses. Esta situación subraya la importancia de mejorar la eficiencia operativa de los bancos en CAPARD para maximizar la rentabilidad y ofrecer servicios financieros competitivos y sostenibles. Un aspecto crítico que afecta tanto al sector bancario como a la economía en general es la inclusión financiera, tanto de empresas como de hogares. En este sentido, se observan desafíos significativos, como el acceso limitado al crédito para pequeñas empresas y hogares de menores ingresos. Este acceso restringido puede limitar el potencial de crecimiento económico y la capacidad de los sectores más vulnerables de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. En definitiva, el sector bancario en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana enfrenta una serie de desafíos y oportunidades que requieren políticas y estrategias específicas para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La mejora de la eficiencia operativa, el fomento de la competencia, la adopción de tecnologías financieras innovadoras y el fortalecimiento de la educación financiera son elementos clave para avanzar hacia una mayor inclusión financiera y un sector bancario más resiliente y orientado al desarrollo económico y social de la región.

El análisis sobre los niveles de educación financiera en varios países de América Central y el Caribe, comparándolos con el promedio del G20, revela una serie de hallazgos importantes. Por ejemplo, se observa que el conocimiento sobre el cálculo de intereses simples y compuestos en préstamos es limitado, con muchos encuestados sin poder responder correctamente a preguntas relacionadas. Asimismo, el entendimiento sobre la relación entre riesgo y retorno, así como la diversificación, está ligeramente por debajo del promedio del G20. Sin embargo, existe un buen entendimiento sobre la inflación, posiblemente debido a las altas tasas de inflación durante el período de la encuesta. En términos generales, la educación financiera, medida por el porcentaje de personas que respondieron correctamente 5 o más preguntas, varía desde un 31% en Guatemala hasta un 46% en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, pero aún por debajo del promedio del G20. También se identifica una brecha de género, donde los hombres superan a las mujeres, aunque esta brecha es menor que el promedio del G20 en la mayoría de los países. En cuanto a las implicaciones políticas, se destaca que la educación financiera en las escuelas puede mejorar el comportamiento crediticio y la acumulación de activos en la vida adulta, lo que respalda la incorporación de la educación financiera en los currículos escolares como una medida estratégica. En otro análisis, se profundiza en los factores que determinan las tasas de interés en el sector financiero de la región CAPARD. Estos factores incluyen los altos costos administrativos en comparación con estándares internacionales, la concentración del mercado que sugiere menor competencia y posibles extracciones de rentas, la pérdida esperada de la cartera crediticia debido a la probabilidad de impago y la exposición al riesgo, y el margen de rentabilidad, que tiende a ser mayor en mercados menos maduros y con menos competencia como CAPARD. En este contexto, se enfatiza la importancia de promover la competencia y la entrada de nuevos participantes en el sector financiero para mejorar la eficiencia y reducir las tasas de interés. Otro aspecto analizado es la inclusión financiera en CAPARD y las barreras que limitan la competencia. Se mencionan los altos márgenes de intermediación y los costos de cambio para los clientes al cambiar de proveedor, y se proponen medidas como reducir la tasa de encaje, adelgazar costos administrativos bancarios y fomentar la portabilidad entre bancos. Además, se resalta el papel de las tecnologías financieras digitales (Fintech) para impulsar la inclusión financiera al reducir costos y facilitar el acceso a servicios financieros, aunque se advierte sobre la necesidad de regular adecuadamente estos nuevos servicios para mitigar riesgos. Del mismo modo, se aborda el auge de las tecnologías financieras digitales en la región CAPARD, como los pagos digitales, los bancos digitales y el dinero móvil, que han experimentado un aumento significativo durante la pandemia de COVID-19. Estos avances tecnológicos ofrecen oportunidades para diversificar los servicios financieros y mejorar la inclusión financiera, pero también plantean desafíos regulatorios y de seguridad que deben abordarse de manera efectiva para garantizar un desarrollo sostenible del sector financiero en la región.

Las recomendaciones de política para promover la inclusión financiera en la región de CAPARD son fundamentales para impulsar el acceso equitativo a servicios financieros mediante tecnologías digitales. En este sentido, la identificación adecuada de usuarios y una conectividad digital sólida son pilares clave para garantizar la efectividad de las iniciativas. Además, el desarrollo de plataformas de pagos electrónicos por parte de los bancos centrales y el fomento del uso de medios de pago digitales para transferencias gubernamentales son estrategias efectivas para ampliar la participación en el sistema financiero. La educación financiera enfocada en tecnologías digitales y los marcos regulatorios que incentiven el uso de plataformas digitales y dinero móvil son elementos complementarios que fortalecen la inclusión financiera de manera integral. En este contexto, herramientas regulatorias como los centros de innovación financiera y los areneros regulatorios (sandboxes) desempeñan un rol al facilitar un entorno propicio para la innovación mientras se garantiza la estabilidad del sistema financiero. Ejemplos concretos de iniciativas exitosas en la región, como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) en Costa Rica y el Sistema de Pagos Masivos (Transfer365) en El Salvador, demuestran el impacto positivo de estas políticas en la inclusión financiera. En otro sentido, la discusión sobre herramientas y medidas regulatorias aborda la necesidad de un enfoque integral para promover la inclusión financiera y la adopción de servicios financieros digitales en regiones como CAPARD. La alineación de los requisitos KYC (Conozca a su cliente) para el cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), la regulación de sistemas de pago y medios digitales, y la promoción del uso de pagos electrónicos son acciones esenciales para crear un entorno propicio para la inclusión financiera. Del mismo modo, la regulación de criptomonedas y activos digitales, junto con permitir que entidades no bancarias ofrezcan servicios financieros con requisitos prudenciales adecuados, son medidas que contribuyen a ampliar el acceso a servicios financieros seguros y eficientes. Es fundamental garantizar la protección del consumidor, la privacidad de datos y los estándares de ciberseguridad, al tiempo que se fomenta la competencia y la interoperabilidad en los servicios financieros digitales. Siendo así, se destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la regulación adecuada para mitigar riesgos y proteger a los consumidores en la era digital.

En definitiva, aunque la región ha experimentado un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano y mundial, impulsado por sectores como el turismo y la agroalimentación, así como el consumo privado respaldado por remesas, se enfrenta a desafíos como la desaceleración del crecimiento en 2023 debido a factores como la menor dinámica exportadora y condiciones financieras internacionales más ajustadas. A pesar de la moderación de la inflación en 2023, que había alcanzado niveles históricos en 2022, sigue siendo alta en varios países. El informe destaca la importancia del sector financiero para moderar las fluctuaciones del consumo y promover la inversión, siendo la inclusión financiera un requisito previo. Aunque ha habido avances en la inclusión financiera, con un crecimiento del crédito bancario al sector privado en la última década, aún existen oportunidades para profundizarla, especialmente en términos de márgenes de interés altos, rentabilidad sobre el capital, concentración y costos operativos. Se identifican políticas potenciales para avanzar en la inclusión financiera, como una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), mejor educación financiera, y medidas para reducir la concentración de mercado y tasas de interés, incluyendo promover las fintech y ampliar la cobertura de burós de crédito. Además, se destacan las tecnologías financieras digitales como facilitadoras de un mayor acceso a servicios financieros, junto con iniciativas como plataformas de pagos electrónicos minoristas y transferencias sociales digitales. Estos hallazgos y recomendaciones subrayan la importancia de políticas integrales para promover la inclusión financiera y fortalecer el sector bancario en CAPARD, impulsando así un crecimiento económico inclusivo y sostenible en la región.

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