El cambio climático trae aparejadas consecuencias económicas, sociales y ambientales significativas en diversos sectores de la economía, las cuales pueden generar barreras para el desarrollo. El Climate Change Knowledge Portal informa que entre 1981 y 2020 alrededor de 180 millones de personas fueron afectadas por eventos climáticos como sequías, inundaciones, tormentas y deslizamientos en América Latina y el Caribe (ALC). Pese a su importancia, la capacidad institucional de los gobiernos de ALC para responder a los desafíos climáticos es baja en comparación con el resto de las regiones a nivel mundial, según evidencia el Índice de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame. De acuerdo con datos de este Índice para 2019, ALC se encuentra entre las regiones peor preparadas y con menor capacidad institucional para atender los desafíos climáticos. Ello incluye la falta de capacidad para manejar las situaciones de desastres, así como la posterior recuperación (rehabilitación y reconstrucción). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que construir la infraestructura necesaria para enfrentar la crisis climática en ALC requiere un gasto anual de entre un 2% y un 8% del producto interno bruto (PIB) de la región hasta 2030. Actualmente, la inversión anual en infraestructura en ALC es ligeramente inferior al 3% del PIB, lo cual demuestra que existe una gran brecha de financiamiento para implementar infraestructura resiliente al clima y descarbonizar las economías de la región. Por ese motivo, incorporar criterios de cambio climático en todo el ciclo de gestión de la inversión pública (GIP) es una tarea prioritaria para los Sistemas de Inversión Pública de la región. Varios países de ALC han iniciado esta tarea, y sus experiencias han arrojado enseñanzas destacables, las cuales pueden servir de orientación al resto de los países de la región en sus propios esfuerzos en esta materia. En este documento se analizan las iniciativas puestas en marcha por los gobiernos de Argentina, Costa Rica y Colombia para incorporar criterios climáticos en la GIP y se busca sistematizar las lecciones aprendidas. El análisis de los tres estudios de casos abarca cinco dimensiones clave de la GIP: planificación, coordinación entre entidades, evaluación y selección de proyectos, presupuesto y gestión del portafolio, y gestión de riesgos. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios públicos y análisis exhaustivos de documentos. Los resultados de este trabajo revelan que, si bien la planificación, incluyendo criterios climáticos, muestra avances significativos en los países estudiados, la coordinación con gobiernos subnacionales sigue siendo un desafío generalizado para los sistemas de inversión pública. En lo que respecta a la evaluación ex ante y la selección de proyectos, se han integrado criterios climáticos mediante la actualización de guías metodológicas, aunque persiste la necesidad de contar con información estandarizada a nivel de proyectos para garantizar una selección que incorpore aspectos climáticos. En cuanto a la fase presupuestaria, se han identificado experiencias concretas en la implementación de marcadores presupuestarios relacionados con el cambio climático. Sin embargo, se observa una falta de avances significativos en la evaluación ex post. Este rezago no se limita únicamente a la incorporación de aspectos climáticos, sino que refleja un estancamiento generalizado en la práctica de la evaluación ex post en los sistemas de inversión pública. Finalmente, en lo que atañe a la gestión de riesgos, se destacan la existencia de planes y políticas de gestión del riesgo de desastres, así como diferentes niveles de avance en la integración de criterios climáticos en el manejo de riesgos fiscales. Sobre la base de la experiencia de los tres países considerados, así como de la experiencia internacional relevante y de la literatura disponible, se extraen las consideraciones clave. En primer lugar, la integración de la acción climática en los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) es un proceso gradual y está condicionado por la madurez de cada sistema. 

La planificación de inversiones con criterios de cambio climático debe respaldarse en estrategias nacionales y planes participativos, en cuyo caso la coordinación entre entidades adquiere una importancia crucial, especialmente en países descentralizados. En este sentido, la creación de unidades coordinadoras de alto nivel ha demostrado ser útil para facilitar esta coordinación. Por otro lado, la experiencia de aquellos que ya han incorporado criterios climáticos en sus evaluaciones ex ante es valiosa y subraya una creciente necesidad de información sistematizada a nivel de proyectos en los SNIP. En el ámbito presupuestario, es esencial identificar proyectos que contribuyan a los objetivos climáticos para movilizar recursos hacia inversiones resilientes. Además, es crucial que la gestión de inversiones aborde los criterios climáticos desde el inicio del ciclo de proyectos, lo cual podría requerir ajustes normativos que faciliten esta inclusión en el sistema. Finalmente, la variabilidad en la madurez de los SNIP y en la integración de criterios climáticos en el sistema resalta la necesidad de diagnósticos estandarizados para priorizar acciones en la gestión de inversiones. El presente documento está organizado en cuatro secciones. La segunda sección describe la relación entre la inversión pública y el cambio climático, y presenta los principales marcos de evaluación, guías y/o manuales que han desarrollado los organismos multilaterales para orientar a los países en la inclusión de criterios climáticos en los ciclos de inversión. La tercera sección describe los tres estudios de casos considerados, utilizando una metodología desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite analizar la incorporación de criterios climáticos en las distintas fases de la GIP. Finalmente, la cuarta sección expone las principales enseñanzas que se desprenden de los estudios de casos. La relación entre la inversión pública y el cambio climático opera en dos direcciones. Por un lado, el cambio climático y los eventos naturales extremos generan daños directos a la infraestructura, causando interrupciones en los servicios y resultando en costos económicos estimados en miles de millones de dólares anuales. Por otro lado, el tipo de infraestructura que se construya hoy afectará tanto las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) como la capacidad de los países para enfrentar desastres naturales en las próximas décadas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inversión pública verde y resiliente comprende la inversión en infraestructura que sea baja o nula en carbono, resista los impactos relacionados con el clima, aborde los riesgos relacionados con el clima en el diseño y la operación de la infraestructura, incorpore la preparación y la capacidad de respuesta ante desastres naturales, tenga impactos positivos en el medio ambiente local (como la calidad del agua y el aire) y los recursos naturales (como los bosques, los ecosistemas y la biodiversidad), entre otros. Incorporar criterios de cambio climático y resiliencia en los ciclos de inversión pública es una medida que puede contribuir al cierre de la brecha de infraestructura resiliente. Además, permite evitar costos provenientes de desastres naturales que pueden llegar a ser cuatro veces superiores al costo de adoptar medidas de resiliencia. Dada su importancia, organismos multilaterales como el BID, el FMI y el Banco Mundial han desarrollado marcos de evaluación, guías y/o manuales para orientar a los países con respecto a las mejores prácticas sobre la inclusión de criterios climáticos en las distintas etapas del ciclo de inversión. 

Esto incluye: i) adoptar estrategias nacionales de adaptación y descarbonización como herramientas para orientar las inversiones; ii) establecer estrategias de financiamiento climático que faciliten el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha los proyectos prioritarios; iii) integrar la gestión de riesgos frente a eventos climáticos en la GIP; iv) utilizar el precio social del carbono en las evaluaciones de costo-beneficio de los proyectos; v) aplicar taxonomías de inversiones verdes, y vi) adoptar procesos de priorización de las inversiones resilientes y bajas en carbono. Otra herramienta destacada es el C-PIMA del FMI, una extensión del marco de Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública o PIMA (por su sigla en inglés), creado por dicha institución en 2015. La evaluación PIMA tiene como finalidad ayudar a los países a mejorar la gobernanza en la planificación, asignación de recursos e implementación de proyectos de inversión pública. Aunque esta herramienta ha sido útil para los más de 70 países que la aplicaron, el FMI identificó que el PIMA no evaluaba la GIP como un mecanismo de apoyo a la mitigación y adaptación al cambio climático. En respuesta, desarrolló el C-PIMA, el cual agrega la dimensión climática al marco PIMA y evalúa la capacidad de los países para gestionar la infraestructura relacionada con el clima. Hasta el momento, el C-PIMA ha sido aplicado en alrededor de 24 países y ha ayudado a los gobiernos a identificar posibles mejoras en las instituciones y los procesos de inversión pública para construir infraestructura baja en carbono y resiliente al clima. El marco C-PIMA evalúa cinco dimensiones críticas: planificación, coordinación entre entidades, evaluación y selección de proyectos, presupuesto y gestión del portafolio, y gestión de riesgos. Asimismo, el FMI considera otros temas transversales que influyen directamente en la incorporación de criterios de cambio climático en la inversión pública, tales como el marco legal y regulatorio, los sistemas de información y la capacidad institucional del gobierno. Así, un SNIP con sólidos arreglos institucionales proporciona una base firme para integrar la acción climática en la gestión de inversiones (FMI, 2022). Finalmente, el Banco Mundial ha elaborado una guía de referencia para la inversión pública inteligente en relación con el clima. Este instrumento busca orientar a los formuladores de políticas públicas y a los actores del sector privado en sus esfuerzos por alinear la inversión pública con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello, describe las políticas y los elementos estratégicos que se deben considerar para que la inversión pública comprenda criterios climáticos, incluyendo enfoques basados en la madurez de la gobernanza de las instituciones.

El informe examina cómo estos tres países han incorporado criterios climáticos en sus Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP). La integración de la acción climática en la inversión pública es crucial para construir infraestructura resiliente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El documento destaca las lecciones aprendidas en planificación, coordinación, evaluación y selección de proyectos, presupuesto y gestión de riesgos. El cambio climático impone desafíos significativos en la infraestructura pública, generando daños y costos económicos elevados. Para abordar estos desafíos, es esencial que los países incorporen criterios climáticos en sus SNIP. Esto implica incluir estrategias de adaptación y descarbonización en la planificación de inversiones, establecer mecanismos de financiamiento climático, integrar la gestión de riesgos y utilizar herramientas como el precio social del carbono en las evaluaciones de costo-beneficio. El análisis de los casos de Argentina, Costa Rica y Colombia muestra avances importantes, pero también desafíos. La planificación y la inclusión de criterios climáticos han progresado, pero la coordinación entre entidades, especialmente a nivel subnacional, sigue siendo un reto. La evaluación y selección de proyectos han mejorado con la actualización de guías metodológicas, aunque persiste la necesidad de información estandarizada. En el ámbito presupuestario, se han implementado marcadores relacionados con el cambio climático, pero la evaluación ex post aún requiere fortalecimiento. La gestión de riesgos es un área donde los tres países han mostrado avances, con la existencia de planes y políticas para la gestión de desastres y la integración de criterios climáticos. No obstante, la variabilidad en la madurez de los SNIP y en la integración de criterios climáticos resalta la necesidad de diagnósticos estandarizados para priorizar acciones y mejorar la gestión de inversiones. El informe concluye que la integración de la acción climática en los SNIP es un proceso gradual que depende de la madurez de cada sistema. La coordinación entre entidades y la sistematización de información a nivel de proyectos son esenciales para avanzar en esta integración. Además, es crucial identificar y movilizar recursos hacia inversiones resilientes y bajas en carbono desde las primeras fases del ciclo de inversión pública.

https://publications.iadb.org/es/integracion-de-la-accion-climatica-en-la-gestion-de-la-inversion-publica-lecciones-de-argentina  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Integracion-de-la-accion-climatica-en-la-gestion-de-la-inversion-publica-lecciones-de-Argentina-Costa-Rica-y-Colombia.pdf