Después de dos décadas de avances sostenidos en la reducción de la pobreza, América Latina y el Caribe atraviesa un periodo de retroceso. Entre 2000 y 2019, la pobreza en la región se redujo del 45% al 28% de la población. A pesar de estos progresos, la situación de los hogares sigue siendo frágil. La pobreza crónica y la vulnerabilidad económica persisten, mientras que la pobreza transitoria se ha vuelto una preocupación creciente para una importante franja de la población, especialmente para los trabajadores informales y la clase media emergente. La pandemia demostró esta fragilidad, al empujar a 20 millones de personas a la pobreza extrema en tan solo un año, lo que generó un retroceso de 13 años en la lucha contra la pobreza. En este contexto de fragilidad, el cambio climático representa una amenaza adicional para los hogares pobres y vulnerables de la región. El cambio climático se refiere a las modificaciones a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Desde el siglo XIX, el aumento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas con las actividades humanas ha sido el motor principal de este fenómeno. En la actualidad, la temperatura de la Tierra es 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX y las proyecciones prevén una agravación de esta tendencia. Este nuevo escenario climático genera nuevas amenazas para el bienestar de los hogares pobres y vulnerables de la región y se estima que, en ausencia de una respuesta adecuada, el cambio climático podría dejar a 5,8 millones de personas adicionales en la pobreza para el 2030. Esta nota tiene como objetivo identificar los principales desafíos que el cambio climático genera para la reducción de la pobreza en la región y el rol que la protección social puede jugar en este contexto.
El informe identifica las principales amenazas derivadas del cambio climático y las posibles opciones de políticas para enfrentarlas. Los fenómenos directamente asociados con el cambio climático, como el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos y los desastres y la degradación acelerada de los ecosistemas, tendrán consecuencias cada vez más profundas para los activos, los medios de vida y las fuentes de ingreso de los hogares. A su vez, las medidas de descarbonización necesarias para frenar el avance del cambio climático también pueden afectar el bienestar de los hogares a través, por ejemplo, del aumento en los precios de bienes y servicios generado por la supresión de subsidios energéticos o la eliminación de fuentes de ingresos que puede resultar de la reconversión de industrias contaminantes. Más allá de los efectos negativos de corto plazo en los medios de vida de los hogares pobres y vulnerables, estas tres amenazas pueden también generar efectos negativos de mediano y largo plazo, en especial si, para afrontarlas, los hogares toman decisiones y acciones que perjudican su bienestar futuro. En este contexto, los sistemas de protección social pueden jugar un papel importante en los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Esta nota se centra en el rol de las transferencias monetarias no contributivas para dar apoyo a los hogares pobres y vulnerables expuestos a las nuevas amenazas climáticas. Se analiza también el rol que pueden tener los instrumentos de protección social contributiva, como los seguros de des- empleo y las pensiones, en especial para compensar los efectos adversos de las medidas de descarbonización. Frente a los eventos climáticos extremos y los desastres, las transferencias monetarias permiten apoyar los ingresos, el consumo y los medios de vida de los hogares pobres y tienen el potencial de apoyar su resiliencia. Frente a la degradación de los ecosistemas, las transferencias monetarias pueden contribuir a incentivar comportamientos y acciones más respetuosas con el medioambiente a la vez que contribuyen a la reducción de la pobreza en las áreas de intervención. Frente a los efectos adversos de las medidas de descarbonización, las transferencias monetarias, los seguros de desempleo y las pensiones pueden contribuir a apoyar los ingresos y el consumo de los hogares afectados, contribuyendo a que el camino hacia economías de cero emisiones netas sea más justo y equitativo.
Los eventos climáticos extremos y los desastres están aumentando en frecuencia e intensidad, lo que está afectando desproporcionadamente a los grupos más pobres y vulnerables en toda la región. Además, la degradación acelerada de los ecosistemas terrestres, marinos y costeros pone en peligro los medios de vida de millones de personas. Finalmente, las políticas de mitigación necesarias para contener el avance del cambio climático, como, por ejemplo, la eliminación de subsidios energéticos y la reconversión de industrias contaminantes, pueden afectar los niveles de ingreso y de consumo de los hogares. En este documento, se analizan las principales contribuciones que los sistemas de protección social pueden tener en la agenda climática, y las principales brechas y desafíos que deberán superar para responder adecuadamente a estas nuevas amenazas.
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