La inversión pública puede ser una potente herramienta para que los países sean más resilientes frente a los eventos climáticos y avancen hacia la descarbonización de sus economías, aspectos fundamentales para cumplir con las metas nacionales de adaptación y mitigación y con los compromisos del Acuerdo de París. Para lograr que la inversión pública cumpla esta importante función, es necesario impulsar la adopción de buenas prácticas y herramientas que incorporen la dimensión climática en todas las etapas de la gestión de los recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura y los servicios públicos. Con ese fin, esta publicación presenta posibles cursos de acción y propone un marco de intervención orientado a integrar la acción climática dentro de los procesos que rigen la gestión de la inversión pública. Esto incluye: i) adoptar estrategias nacionales de adaptación y descarbonización como herramientas para orientar las inversiones; ii) establecer estrategias de financiamiento climático que faciliten el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha los proyectos prioritarios; iii) integrar la gestión de riesgos frente a eventos climáticos en la gestión de la inversión pública (GIP); iv) utilizar el precio social del carbono en las evaluaciones de costo beneficio de los proyectos; v) aplicar taxonomías de inversiones verdes; y vi) adoptar procesos de priorización de las inversiones resilientes y bajas en carbono. Asimismo, este documento presenta una síntesis de los principales hallazgos, desarrolla las herramientas y buenas prácticas identificadas y propone re- comendaciones de interés para los responsables nacionales de la GIP. Esta monografía fue elaborada por un equipo de consultores externos y especialistas de las Divisiones de Gestión Fiscal y de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión pública puede ser un instrumento poderoso para lograr una mayor resiliencia frente al cambio climático y avanzar hacia la descarbonización de las economías, aspecto que resulta fundamental para que los países cumplan con el Acuerdo de París (AP) y con sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). Para lograr que la inversión pública cumpla este propósito, es necesario que sus responsables adopten nuevas prácticas y herramientas de gestión que les permitan integrar la acción climática en los procesos de planificación, asignación de recursos e implementación de los proyectos públicos. Este informe inicia con una presentación de los principales desafíos que enfrenta la inversión pública para dar respuesta a los riesgos climáticos y de transición. Seguidamente, identifica y desarrolla los aspectos técnicos de un conjunto de herramientas y buenas prácticas que, de acuerdo con la experiencia internacional, resultan útiles para integrar la acción climática en las instituciones, procesos y sistemas de gestión de la inversión pública (GIP). El informe explica la importancia de implementar estas herramientas de manera integral a la vez que se generan las capacidades institucionales para su correcta aplicación.
Además de los riesgos económicos y fiscales relacionados con los eventos climáticos extremos, los países de ALC deberán enfrentar importantes desafíos asociados a la transición hacia economías descarbonizadas y el alineamiento de las inversiones con las metas establecidas en el AP. A nivel global, se prevé aumentar la producción de combustibles fósiles en un promedio del 2% anual. Este porcentaje representa más del doble de la producción compatible con el objetivo del AP de que la temperatura global no suba más de 1,5°C hasta 2030. Esta situación ilustra la falta de alineación actual de las inversiones en el sector de energía con las metas del AP. Una situación similar se registra en los sectores de transporte, desarrollo agrícola y forestal, desarrollo urbano y gestión de suelos que, junto con la energía, son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo. En general, los países de ALC se enfrentan a la difícil decisión de continuar realizando inversiones que impactan negativamente en el medio ambiente y generan emisiones de GEI o transfor- mar sus economías y lograr una transición energética ordenada y justa. Esto último, además, podría impactar positivamente en el crecimiento económico y en la generación de empleo, particularmente en sectores como las energías alternativas, el transporte limpio, la agricultura sostenible y otros. Según el informe macroeconómico de 2021 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invertir en una transición justa y ordenada ofrece la oportunidad de incrementar el PIB de los países de ALC en un 1% anual y de crear 15 millones de nuevos empleos hasta 2030, debido a las transformaciones estructurales que ocurrirían en la economía del desarrollo sostenible de entre el 5% y el 11%. La magnitud de los recursos requeridos para atender la crisis climática implica que los países de ALC deberán realizar importantes esfuerzos en tres direcciones: a) reorientar los recursos existentes hacia infraestructuras resilientes y bajas en carbono, a la vez que se atienden otras necesidades básicas; b) mejorar la calidad de las inversiones públicas y privadas, de forma que estas incluyan la dimensión climática en su diseño e implementación, y c) ampliar el acceso a recursos financieros para llevar a cabo nuevas inversiones. Dicho de otra forma: a) se requiere mejorar la eficiencia asignativa de las inversiones, de manera que los recursos se orienten a los sectores con mayor impacto positivo en materia climática y desarrollo sostenible; b) se debe mejorar la eficiencia técnica de las inversiones para lograr mejores resultados con los mismos recursos, incluyendo más resiliencia y menos emisiones de GEI; y c) se deben apalancar más recursos financieros mediante la conformación de portafolios de proyectos que tengan un impacto positivo en materia climática.
El informe destaca la importancia de integrar la acción climática en las decisiones de inversión pública para abordar los desafíos del cambio climático y lograr un desarrollo sostenible. El informe señala que la inversión pública juega un papel crucial en la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, ya que puede catalizar la inversión privada, fomentar la innovación y generar empleo verde. Una de las principales conclusiones del informe es que la integración de la acción climática en la gestión de la inversión pública requiere un enfoque integral que abarque todas las etapas del ciclo de inversión, desde la planificación y el diseño hasta la implementación y el seguimiento. Esto implica la adopción de políticas y marcos normativos que promuevan la inversión sostenible, así como la integración de consideraciones climáticas en la evaluación de proyectos y la asignación de recursos. Además, el informe destaca la importancia de la colaboración entre diferentes actores, incluidos gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales, para garantizar una gestión efectiva de la inversión pública en el contexto del cambio climático. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y técnica de los países en desarrollo para integrar la acción climática en sus políticas de inversión pública y promover la transferencia de tecnología y conocimiento. En resumen, el informe subraya que la integración de la acción climática en la gestión de la inversión pública es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y resiliente al clima. Insta a los gobiernos y otros actores relevantes a tomar medidas concretas para incorporar consideraciones climáticas en sus decisiones de inversión y a trabajar juntos para enfrentar los desafíos del cambio climático de manera efectiva y equitativa.
Para leer más ingrese a: