En la COP21 de la CMNUCC, celebrada en 2015, las Partes decidieron que antes de 2025 se fijaría un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG, por sus siglas en inglés) sobre financiación de la lucha contra el cambio climático, a partir de un mínimo de 100 000 millones de USD anuales, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. El programa de trabajo ad hoc sobre el NCQG comenzó a principios de 2022 y concluirá en 2024. En este contexto, el presente documento presenta conclusiones clave que pueden contribuir a informar los últimos meses de los debates internacionales relativos al NCQG. En primer lugar, el documento hace un balance de los datos disponibles, destacando que la acción por el clima en los países en desarrollo requiere niveles significativos de financiación que pueden obtenerse de una amplia y complementaria gama de fuentes existentes y potenciales. En segundo lugar, el documento estudia la forma en que el NCQG podría recoger diversos elementos individuales, agrupados en tres grupos: financiación pública internacional, financiación privada y esfuerzos nacionales. Sin adelantarse a la futura estructura del NCQG, el debate de este documento ilustra cómo reflejar potencialmente tanto la importancia de la financiación pública internacional como la necesidad de aumentar la financiación privada, reconociendo al mismo tiempo que la magnitud y la eficacia de dicha financiación dependen de los contextos nacionales y de las acciones de todas las Partes. En tercer lugar, el documento explora cuestiones relacionadas con el seguimiento y la evaluación de los avances hacia el futuro objetivo. Éstas indican que, si bien algunos elementos pueden seguirse en términos monetarios, otros requerirían otro tipo de indicadores cuantificados o información cualitativa. Estas consideraciones también ponen de relieve que, aunque los datos y la información procedentes del Marco de Transparencia Mejorada del Acuerdo de París serán fundamentales, se necesitarán otras fuentes para que dichas evaluaciones de progreso sean lo más exhaustivas y pertinentes para las políticas como sea posible. En la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en 2015, las Partes decidieron establecer un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG) sobre financiación climática, a partir de un mínimo de 100 000 millones de USD anuales, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. El NCQG debe decidirse antes de finales de 2024. Los debates que comenzaron en 2022 siguen su curso, abordando aspectos críticos del NCQG, como su cuantía potencial, su alcance y su estructura. El contexto en el que se está desarrollando el NCQG ha cambiado considerablemente desde que se fijó el objetivo de 100.000 millones de dólares en 2009. Por un lado, las iniciativas relacionadas con el clima tanto en el sector financiero público como en el privado se han ampliado significativamente, junto con un aumento general de los esfuerzos mundiales por el clima. Por otro lado, los efectos climáticos y la vulnerabilidad a los mismos han aumentado en todas las zonas geográficas, junto con las presiones económicas, como la creciente carga de la deuda en muchos países en desarrollo. Este contexto cambiante hace aún más complejo el proceso de establecer un nuevo objetivo que sea a la vez ambicioso y alcanzable. 

Para garantizar que el NCQG tiene en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, es importante comprender las necesidades de financiación para la acción climática y las fuentes de financiación existentes. Determinar las necesidades de financiación de la acción por el clima no es sencillo, y las estimaciones actuales a nivel agregado siguen planteando muchos retos e incertidumbres debido a la diversidad de las metodologías utilizadas y a las limitaciones de los datos. A pesar de estos retos, las estimaciones y proyecciones existentes sugieren que, para 2030, las necesidades medias anuales de financiación de la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo podrían oscilar entre 550 000 y 2 500 000 millones de dólares. La combinación estratégica de diferentes fuentes de financiación es imprescindible para ampliar la financiación de la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo y garantizar su utilización eficiente y eficaz. La financiación pública de la lucha contra el cambio climático es fundamental para las actividades con un alto valor social pero un desempeño financiero directo limitado, como la adaptación y el desarrollo de capacidades, así como para reducir el riesgo de los proyectos y movilizar la financiación privada, que desempeña un papel crucial, especialmente en los sectores y proyectos que pueden generar flujos de ingresos. Financiación diversa. La financiación privada procedente de una amplia gama de instrumentos (subvenciones, deuda, capital, garantías y seguros) y mecanismos de combinación sirve para fines distintos y complementarios. Desde una perspectiva general, las subvenciones pueden apoyar el desarrollo de capacidades y la demostración de proyectos, los préstamos pueden financiar grandes infraestructuras, el capital puede contribuir a la estabilidad de la financiación, y las garantías y los seguros pueden cubrir o reducir diversos tipos de riesgos. A pesar de las crecientes necesidades de financiación para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, las inversiones mundiales rastreadas que apoyan la acción climática promediaron solo 1 265 000 millones USD durante 2021-2022, de los cuales los países en desarrollo representan menos del 20%. Tales estimaciones tienen importantes lagunas de datos, en particular en la financiación pública nacional, las inversiones privadas en sectores como la agricultura y para la adaptación en general. Los datos disponibles indican que los volúmenes globales de inversión destinados a los países menos desarrollados y de renta baja siguen siendo modestos tanto en términos absolutos como relativos, debido en gran parte a las dificultades para acceder a la financiación pública y privada, y a cuestiones relacionadas con el costo del capital. En particular, mientras que el sector privado representa una gran parte de la financiación de la lucha contra el cambio climático en los países de renta alta y en algunos de renta media, es menos frecuente en la financiación de la acción por el clima en la mayoría de los países en desarrollo, y especialmente en los países menos desarrollados. 

Esto pone de relieve el papel fundamental que desempeña el apoyo internacional continuado a la creación de capacidades locales y el respaldo a políticas nacionales que creen entornos propicios para que el sector privado invierta en soluciones con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resistentes al cambio climático. Dentro de cada grupo, este documento presenta posibles opciones para reflejar elementos específicos en un texto de decisión del NCQG. Dado que en las deliberaciones en curso aún no han convergido las desventajas de las opciones sin prejuzgar el resultado de las negociaciones en curso. Este documento también establece posibles indicadores principales para supervisar el progreso de los posibles elementos dentro de los tres grupos. Estos incluyen indicadores monetarios cuantitativos (financiación pública, financiación privada movilizada), así como métricas cuantitativas y cualitativas no monetarias. El seguimiento de estos diversos indicadores plantea problemas de disponibilidad de datos y transparencia, en particular en lo que respecta a la financiación privada más allá de la movilizada por la financiación pública internacional, así como a los aspectos cualitativos de los esfuerzos nacionales y las repercusiones de las políticas. Además, las deliberaciones del NCQG deben tener en cuenta el objetivo de «reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el marco del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza, incluso alineando los flujos financieros con una trayectoria hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima». Es importante que el NCQG esté diseñado para reflejar la evolución del panorama económico y financiero mundial, reconociendo los cambios significativos que se han producido desde 2009, cuando se fijó inicialmente el objetivo de 100 000 millones USD. Entre ellos se incluyen los rápidos avances de las tecnologías verdes, la expansión del sector de las finanzas verdes, la mejora de la situación socioeconómica de muchos países y una mayor concienciación global sobre los problemas del cambio climático, tal y como se refleja en los compromisos climáticos más firmes de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Sin embargo, es igualmente importante tener en cuenta los crecientes efectos adversos del cambio climático, así como las crisis económicas y la inestabilidad de la última década, que han influido en la disponibilidad y la dirección de los flujos financieros y han agravado la vulnerabilidad de algunos países. Es importante tener en cuenta este panorama cambiante para garantizar que el NCQG sea adecuado para reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático.

El informe examina la evolución y el estado actual de la justicia ambiental a nivel global. Este documento se divide en varias secciones que abordan desde la historia y los conceptos clave de la justicia ambiental hasta las prácticas nacionales y los retos en la identificación y tratamiento de preocupaciones ambientales. El informe comienza con una breve historia de la justicia ambiental en diferentes regiones del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, América Latina, Asia-Pacífico y África. Se destacan los pilares conceptuales de la justicia ambiental, que incluyen la justicia distributiva, procedural y de reconocimiento. Estos conceptos son esenciales para entender cómo se distribuyen los beneficios y cargas ambientales, cómo se toma en cuenta la participación de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones y cómo se reconoce y respeta la diversidad cultural y social de las comunidades afectadas . A nivel nacional, el informe identifica varias aproximaciones directas e indirectas que los países utilizan para abordar la justicia ambiental. Las aproximaciones directas incluyen políticas y programas específicos diseñados para mitigar los impactos ambientales en comunidades vulnerables, mientras que las indirectas pueden involucrar la integración de preocupaciones de justicia ambiental en políticas más amplias de desarrollo sostenible y planificación urbana . El documento también discute los métodos para identificar y evaluar las preocupaciones de justicia ambiental. Esto incluye el uso de herramientas y mapas de desventajas ambientales, como el mapa de desventaja por inundaciones y la herramienta de evaluación ambiental EJScreen, que ayudan a identificar comunidades y grupos en riesgo. Además, se destacan los desafíos en la evaluación y tratamiento de estas preocupaciones, tales como la falta de datos adecuados y la necesidad de indicadores tanto monetarios como cualitativos para una evaluación completa y relevante . El documento explora cómo el nuevo objetivo cuantificado colectivo (NCQG) podría incorporar diversos elementos individuales agrupados en tres categorías: financiamiento público internacional, financiamiento privado y esfuerzos nacionales. Se discuten las limitaciones y roles de diferentes actores e instrumentos, así como las consideraciones cualitativas que pueden fortalecer aún más la provisión de financiamiento público . Finalmente, el informe aborda las cuestiones relacionadas con el seguimiento y evaluación de los progresos hacia el NCQG. Se reconoce que mientras algunos elementos pueden ser seguidos en términos monetarios, otros requerirán diferentes tipos de indicadores cuantificados o información cualitativa. Además, se subraya la necesidad de diversas fuentes de datos para una evaluación completa y pertinente de los progresos realizados .  

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