A medida que los países de América Latina y el Caribe (ALC) trabajan para alcanzar sus metas de acción climática y sus compromisos de mitigación y adaptación establecidos en el Acuerdo de París, es crucial entender el papel del monitoreo, reporte y verificación (MRV) para seguir incentivando el progreso global en el camino hacia la transición verde. Mejorar la calidad de los datos climáticos y la transparencia en la forma en que dichos datos se capturan y se difunden permite a los países fortalecer la gobernanza climática, llevar a cabo intervenciones relevantes en los acuerdos y planes que se han establecido, e incluso aumentar la posibilidad de acceder a instrumentos financieros innovadores basados en resultados. El Acuerdo de París contempla un Marco de Transparencia Reforzado (ETE) que consiste en un conjunto de obligaciones, reglas y procedimientos que establecen cómo los países deben informar sobre su progreso en la implementación de sus compromisos, con el fin de aumentar la confianza y la transparencia respecto a su contribución al esfuerzo global. Esta publicación, producida en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presenta un análisis del estado del arte en gobernanza de datos climáticos y la implementación del ETE en ALC. La publicación consta de cuatro partes. La primera describe el contexto del papel de la transparencia y la gobernanza digital en el desarrollo de la ambición climática. La segunda analiza el estado actual del ETE en una muestra de diez países de la región. La tercera estudia la situación de la gobernanza abierta de datos climáticos y su digitalización en base a una muestra de seis países de América Latina y el Caribe. Finalmente, la cuarta parte del informe presenta sus conclusiones generales y recomendaciones. La importancia del ETE en el marco del Acuerdo de París es crítica, dado que destaca las brechas que han persistido durante décadas en algunos países, así como el progreso alcanzado por otros que ya tienen experiencia en la preparación de sus Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), sus Comunicaciones Nacionales y/o sus Informes de Actualización Bienales (IAB). Esto permite identificar sus necesidades de apoyo a través de programas destinados a fortalecer las capacidades técnicas nacionales; promover la calidad, disponibilidad y periodicidad de la información requerida según los estándares del ETE; y garantizar que estos procesos se combinen con oportunidades de digitalización para certificar los datos. En este contexto, esta publicación analiza el estado de apertura de datos bajo un enfoque basado en datos abiertos y en los requisitos que se deben aplicar para lograr altos estándares de gobernanza digital. La gobernanza de datos climáticos es un paso clave para aprovechar las oportunidades ofrecidas por mecanismos financieros innovadores, basados en la provisión de datos e indicadores que puedan atestiguar el logro de los objetivos y compromisos climáticos de un país. Por ejemplo, los bonos verdes requieren que el emisor del bono comunique de manera transparente los objetivos ambientales o de sostenibilidad climática a los inversionistas, así como que se someta a una evaluación y revisión externa. 

Por lo tanto, contar con un sistema robusto y claro de monitoreo y reporte puede ayudar a los gobiernos a acceder a nuevos instrumentos y consolidar la operacionalización de su acción climática, en alineación con los objetivos establecidos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Como parte de esta estructura cíclica y basándose en la mejor información disponible, la adopción de un enfoque descendente implica que cada país formule sus propias metas climáticas y las comunique a través de una NDC. Las metas se basan en sus inventarios de emisiones, sus proyecciones sectoriales de gases de efecto invernadero (GEI), estudios de su vulnerabilidad al cambio climático, el análisis de escenarios y la consideración de sus propias circunstancias. La NDC presenta las medidas de reducción de emisiones de GEI a las que el país se compromete para alcanzar los objetivos globales del Acuerdo de París, así como las acciones que implementará para construir resiliencia y adaptarse a los efectos del cambio climático. Dentro del marco de la NDC, se realizan diversos ejercicios de planificación, incluido el desarrollo de Estrategias Climáticas a Largo Plazo (LTS) y Planes Nacionales de Adaptación (NAP), que deben buscar alinear las prioridades nacionales y las inversiones con los compromisos climáticos. El Acuerdo de París tiene un conjunto de obligaciones, reglas y procedimientos, conocido como el Marco de Transparencia Reforzado, que establecen cómo los países deben informar sobre su progreso en la implementación de sus compromisos para aumentar la confianza y la transparencia respecto a la contribución que cada país hace al esfuerzo global. De acuerdo con las disposiciones del ETE, todos los países deben presentar un Informe de Transparencia Bienal (ITB) cada dos años. El ITB incluye información específica sobre el alcance de las metas de la NDC y el progreso en su implementación, incluido, entre otros, un INGEI. Para completar su estructura cíclica, el Acuerdo de París incluye una revisión quinquenal (a partir de 2023) que implica una evaluación global del estado de implementación del Acuerdo de París. Esta revisión, también conocida como «Balance Mundial», tiene como objetivo evaluar el progreso colectivo del mundo hacia el cumplimiento del acuerdo.

El informe destaca la importancia de mejorar la ambición climática en América Latina y el Caribe (ALC) a través de la transparencia y la gobernanza digital. El informe resalta que, aunque la región ha realizado progresos significativos en la formulación de políticas climáticas, aún enfrenta desafíos importantes para alcanzar sus objetivos climáticos. Uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de mejorar la transparencia en la acción climática. El informe señala que muchos países de la región carecen de sistemas de información climática robustos y accesibles, lo que dificulta la monitorización y evaluación de sus compromisos climáticos. Además, destaca la importancia de mejorar la comunicación de información climática para garantizar la participación efectiva de todas las partes interesadas en la toma de decisiones climáticas. En cuanto a la gobernanza digital, el informe destaca su potencial para mejorar la eficiencia y la efectividad de las políticas climáticas en la región. Señala que las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, pueden ayudar a mejorar la recolección, análisis y difusión de información climática, lo que facilitaría la toma de decisiones informadas en materia climática. El informe también destaca la importancia de fortalecer la colaboración regional en materia climática. Señala que la cooperación regional puede ayudar a compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como a movilizar recursos para apoyar la implementación de políticas climáticas ambiciosas en toda la región. En este sentido, el informe destaca la importancia de fortalecer el papel del BID como facilitador de la cooperación climática en ALC. En resumen, el informe del BID destaca la importancia de mejorar la transparencia y la gobernanza digital en la acción climática en América Latina y el Caribe. Señala que estos aspectos son fundamentales para fortalecer la ambición climática en la región y garantizar que se logren los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.