El informe analiza el potencial de mercado, costos, riesgos y oportunidades de las baterías de flujo redox de vanadio (VRFB) como solución de almacenamiento de energía. Se explora un modelo de negocio circular para el uso del vanadio en VRFB, que implica el arrendamiento del electrolito de vanadio. Las VRFB son una prometedora tecnología de almacenamiento de energía a largo plazo, con ventajas sobre las baterías de iones de litio, como una mayor vida útil y menor riesgo de incendio, aunque actualmente tienen costos iniciales más altos. Se proyecta que el mercado global de VRFB crezca significativamente, alcanzando aproximadamente 27 GWh anuales para 2030, impulsado por la creciente adopción de energías renovables y la necesidad de almacenamiento a largo plazo. Se propone un modelo de negocio circular de «arrendamiento de vanadio», donde una entidad pública arrienda electrolito de vanadio a los fabricantes/operadores de VRFB y lo recupera tras su uso para su reciclaje. Este modelo podría proporcionar beneficios como menores costos iniciales, captura de valor doméstico y ventajas ambientales a través del reciclaje del vanadio. El informe analiza la viabilidad técnica, costos, impactos económicos, aspectos regulatorios y las implicaciones ambientales y sociales de implementar este modelo, utilizando a Sudáfrica como estudio de caso. Se evalúan diferentes escenarios para el establecimiento de instalaciones de arrendamiento y reciclaje de electrolito de vanadio para apoyar el despliegue de VRFB en Sudáfrica. Los hallazgos indican que el modelo circular podría ser económicamente viable y apoyar los objetivos de energía renovable y sostenibilidad de Sudáfrica si se implementa estratégicamente. De igual forma, el informe investiga la aplicabilidad de un modelo de negocio circular para el vanadio a lo largo de su cadena de valor de extracción y transformación para la fabricación de almacenamiento de energía y baterías. Se centra en el modelo de arrendamiento para las VRFB, que se espera jueguen un papel cada vez más importante en la descarbonización de los sistemas energéticos debido a sus capacidades de almacenamiento de energía de larga duración, modularidad y adaptabilidad a diferentes sitios. La inversión en un modelo de arrendamiento de una instalación de 1 MWh durante 20 años resulta económicamente viable, con retornos positivos. Se proponen dos modelos de negocio para la propiedad circular del vanadio, cada uno con tres escenarios de arrendamiento: arrendar el electrolito de vanadio a los fabricantes de baterías VRFB o directamente a los usuarios finales, ya sea a través de un arrendamiento único a largo plazo o múltiples arrendamientos a corto plazo, con la opción de enfocarse en una región geográfica específica. Los modelos de arrendamiento ofrecen varias ventajas, como la reducción de los costos iniciales, una mayor circularidad al minimizar los desechos y maximizar la utilización de los recursos, y la escalabilidad potencial a otros minerales críticos. Además, se estima que la demanda anual de VRFB en Sudáfrica alcanzará alrededor de 270 MWh para 2030, con un potencial de ingresos de producción de R6.47 mil millones a lo largo de la cadena de valor, y la creación de aproximadamente 5,100 empleos directos e indirectos.

Las VRFB representan una prometedora solución de almacenamiento de energía para energías renovables debido a su larga vida útil, alta profundidad de descarga y capacidad para cargar y descargar muchas veces con una degradación mínima. El proceso de fabricación de las VRFB incluye la preparación del electrolito, ensamblaje de celdas con membranas de intercambio iónico y electrodos de carbono, y la integración del sistema. Los materiales clave para producir el electrolito de vanadio son el pentóxido de vanadio (V2O5) y el ácido sulfúrico, siendo el V2O5 el mayor contribuyente al costo. La obtención de V2O5 a bajo costo es clave, y los productores de vanadio están integrándose verticalmente en la fabricación de electrolitos para garantizar disponibilidad y estabilidad de precios. Actualmente, la capacidad operativa instalada de VRFB a nivel mundial es de 341.55 MWh, con Japón, China, EE. UU., Corea del Sur y Alemania como los principales países. Sin embargo, se espera un aumento significativo en la capacidad hasta alrededor de 2,700 MWh, con China planeando las mayores instalaciones. Las VRFB ofrecen ventajas como su larga vida útil, alta profundidad de descarga, ausencia de riesgo de incendio, y la posibilidad de reciclar el electrolito y recuperar el vanadio al final de la vida útil de la batería. Se destacan dos opciones para reciclar el vanadio: reciclar directamente el electrolito o recuperar el vanadio de electrolitos no reciclables. Además, las VRFB tienen una huella de CO2 menor comparada con las baterías de iones de litio. Por otro lado, el platino es un metal precioso raro y valioso, 30 veces más escaso que el oro, difícil de encontrar en la corteza terrestre y muy apreciado por sus propiedades únicas, como la resistencia a la corrosión y su alto punto de fusión. Aproximadamente el 75% del suministro de platino proviene de fuentes primarias (minería), mientras que el 25% restante proviene de fuentes recicladas. Sudáfrica es el mayor productor, seguida de Rusia y Zimbabue. Las principales aplicaciones del platino incluyen los autocatalizadores (36% de la demanda), procesos industriales (34%), joyería (26%) y productos de inversión como barras y monedas (4%). Muchas industrias optan por arrendar el platino en lugar de comprarlo para reducir los costos de capital y los riesgos. Existe una cadena de valor circular para el platino que abarca la extracción, beneficio, purificación, fabricación de productos, uso final y reciclaje. El reciclaje del platino es económicamente viable debido a su alto valor y a los menores costos en comparación con la minería de fuentes primarias, además de reducir el impacto ambiental. El platino reciclado proviene principalmente de catalizadores automotrices gastados, productos químicos usados, joyería vieja y dispositivos electrónicos. En resumen, el documento resalta la escasez, el valor, las diversas aplicaciones y la importancia del reciclaje de este preciado metal en varias industrias.

Por otro lado, el documento proporcionado analiza un modelo financiero para un modelo de negocio propuesto de fabricación de baterías de vanadio circulares (CVBM). Se asume un financiamiento del 100% mediante deuda por parte de un inversor especulativo en commodities de vanadio, sin componente de capital. El análisis se centra en la Tasa Interna de Retorno del Proyecto (IRR), que representa el retorno antes de considerar los costos de financiamiento. Se realizó un análisis de sensibilidad sobre diversos impulsores de ingresos y costos, incluyendo la tasa de arrendamiento, el precio del vanadio, el pago inicial del cliente, el costo de financiamiento de la deuda, el gasto de capital (costo del vanadio), los costos de conversión, los costos de reprocesamiento y la previsión de inflación. Las suposiciones del caso base arrojan un costo nivelado de almacenamiento de US$5.05c/kWh y una IRR del proyecto del 3.6%. El análisis de sensibilidad mostró que el costo nivelado de almacenamiento y la IRR del proyecto son más sensibles a cambios en la tasa de arrendamiento, el precio del vanadio, el pago inicial del cliente y el gasto de capital. El costo de financiamiento de la deuda y los retornos de capital requeridos deben compararse con la IRR del proyecto para evaluar el perfil de retorno probable para los inversores. Se proporciona una matriz de riesgo a alto nivel, destacando la estructura de financiamiento como un riesgo clave y sugiriendo estrategias de mitigación, como involucrar un Vehículo de Propósito Especial (SPV) para el financiamiento. En un análisis más amplio de la viabilidad económica del modelo de negocio de vanadio circular para las VRFB, se realizó un análisis de costo-beneficio (CBA) utilizando precios económicos y precios reales durante 20 años. El CBA consideró el valor presente neto (NPV), la relación beneficio-costo (BCR) y la tasa interna de retorno (IRR) como criterios de evaluación. Los costos incluían fluctuaciones en el precio de las materias primas, transporte, almacenamiento, daños por manipulación y pérdida de vanadio durante la conversión. Los beneficios incluían la ausencia de costos de extracción para la empresa de arrendamiento, mayor vida útil y durabilidad de las VRFB, y potenciales ingresos del arrendamiento y reciclaje del vanadio. Se identificaron riesgos, tales como el reciclaje efectivo del electrolito, costos de envío, valor terminal del vanadio y tasas de arrendamiento atractivas. Se sugirieron estrategias de mitigación, como regímenes de devolución definidos, proximidad a instalaciones de reprocesamiento, sondeo de mercado para tasas de arrendamiento y transferencia de propiedad del vanadio a los inversores. El análisis busca proporcionar una evaluación objetiva de la viabilidad económica del CVBM cuantificando costos, beneficios y riesgos, considerando además factores ambientales y sociales más allá del modelado financiero. Asimismo, el análisis económico de un modelo de negocio circular de vanadio para VRFBs en Sudáfrica muestra viabilidad económica, con un Valor Presente Neto (NPV) positivo de $6,751, una relación beneficio-costo (BCR) de 1.02, y una tasa interna de retorno (IRR) de 3%, superando la tasa de descuento de 2.41%. Este análisis considera que los beneficios cuantificables superan los costos en el periodo de 20 años evaluado. Sin embargo, se señala que varios beneficios y costos no pudieron ser cuantificados. El análisis regulatorio resalta que, aunque las políticas energéticas de Sudáfrica buscan facilitar la descarbonización y apoyar la industria del vanadio, el marco legal actual carece de directrices específicas para la implementación de VRFBs y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Las barreras regulatorias en las leyes de minería, energía, medio ambiente e industria deben ser abordadas para crear un entorno favorable para un modelo de negocio circular de vanadio comercialmente viable.

El informe proporciona un resumen de las consultas realizadas con las partes interesadas para comprender los riesgos e impactos ambientales y sociales (E&S) asociados con la cadena de valor de las VRFB) en Sudáfrica. Las preocupaciones ambientales clave se concentran en las etapas de minería y producción de extractos de vanadio, incluyendo la emisión de gases, la contaminación del aire y la generación de residuos peligrosos. Las consultas revelaron una comprensión limitada y específica del sector de las VRFB debido a su madurez en evolución y alcance limitado. Sin embargo, los participantes mostraron disposición para proporcionar información sobre los riesgos E&S y las disposiciones actuales. El análisis del flujo de materiales se centró en los requisitos de materias primas para la fabricación del electrolito de vanadio y el proceso de fabricación de VRFB. La evaluación de riesgos E&S se enfocó en el uso de recursos naturales, la generación de efluentes, la emisión de contaminantes y la generación de residuos a lo largo de la cadena de valor de VRFB. Mediante las prácticas primarias en las etapas de minería y procesamiento de vanadio se reducir los impactos ambientales y sociales asociados. Mientras que la participación de las mujeres en el sector minero ha aumentado, su representación en la fuerza laboral de VRFB sigue siendo baja, destacando la necesidad de mejorar el desarrollo de habilidades entre las mujeres. Las consultas revelaron la falta de estudios base sobre diversidad laboral y perspectivas sociales específicas de la cadena de valor de VRFB en ciertas provincias. Sin embargo, se han identificado algunas oportunidades para empresas propiedad de mujeres negras como parte del programa de incubación de Bushveld. Los estudios de evaluación del ciclo de vida (LCA) sugieren que, cuando se conectan a fuentes de energía eólica o solar, las VRFB producen menores emisiones de carbono en comparación con las baterías de iones de litio (LiB) por cada MWh de electricidad producida. En cuanto a los aspectos sociales, el documento destaca los desafíos como el desempleo juvenil, la desigualdad de género en el mercado laboral, particularmente en la minería, y la necesidad de un desarrollo inclusivo y acceso a soluciones de almacenamiento de energía, especialmente en comunidades vulnerables. Se enfatiza el potencial de la tecnología VRFB para promover el desarrollo de pequeñas empresas, el microemprendimiento y el desarrollo de habilidades a través del reciclaje y la adquisición de componentes locales, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de Sudáfrica. La propuesta de establecer un Centro de Excelencia (CoE) para impulsar el crecimiento del mercado de VRFB, promover la investigación y el desarrollo, y abordar los desafíos regulatorios y de políticas también se discute. El CoE estaría compuesto por expertos en almacenamiento de baterías, industria de VRFB, regulación y políticas, entre otras áreas relevantes, para facilitar la implementación de un modelo de negocio circular para las VRFB en Sudáfrica. Además, se analiza la posibilidad de implementar un modelo de arrendamiento circular para el vanadio utilizado en las VRFB, destacando la importancia de involucrar a diversas partes interesadas para apoyar la implementación y ampliación del modelo circular.

En general, se destaca que las VRFB representan una tecnología prometedora para el almacenamiento de energía a largo plazo, particularmente en el contexto de la transición hacia fuentes de energía renovable y la necesidad de sistemas de almacenamiento eficientes y sostenibles. A pesar de los costos iniciales más altos en comparación con las baterías de iones de litio, las VRFB ofrecen ventajas significativas en términos de vida útil, seguridad y la capacidad de reciclaje de sus componentes, lo que las posiciona como una opción atractiva para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala. El informe propone un modelo de negocio circular centrado en el arrendamiento del electrolito de vanadio como una estrategia clave para abordar los desafíos financieros iniciales y maximizar el valor económico y ambiental del vanadio en la cadena de valor de las VRFB. Este modelo, al recuperar el electrolito de vanadio después de su uso para su reciclaje, no solo reduce los costos iniciales para los fabricantes y operadores de VRFB, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental al minimizar los residuos y maximizar la utilización de recursos valiosos. El análisis realizado para Sudáfrica como estudio de caso demuestra que la implementación estratégica de un modelo de negocio circular de arrendamiento de vanadio podría ser económicamente viable y alinearse con los objetivos de energía renovable y sostenibilidad del país. La proyección de un crecimiento significativo en el mercado global de VRFB hasta 2030 refuerza la importancia de explorar modelos de negocio innovadores que impulsen la adopción de tecnologías de almacenamiento de energía más eficientes y sostenibles. Adicionalmente, se destacan los beneficios potenciales adicionales de este modelo, como la captura de valor doméstico, la creación de empleo y el fomento de la inversión en infraestructura de energía renovable. La propuesta de establecer un CoE para impulsar el crecimiento del mercado de VRFB y abordar los desafíos regulatorios y de políticas subraya la importancia de un enfoque integral que combine innovación tecnológica, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. En conclusión, el informe subraya que la implementación exitosa de un modelo de negocio circular para las VRFB no solo puede ofrecer beneficios económicos tangibles, sino que también puede contribuir significativamente a la descarbonización de los sistemas energéticos, promover el desarrollo económico y mejorar la resiliencia y sostenibilidad de las infraestructuras energéticas a nivel nacional e internacional.

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La economía azul de Túnez representa un recurso vital para su desarrollo sostenible, dado el papel significativo que desempeñan los sectores costeros y marinos en su economía y sociedad. Sin embargo, estos sectores enfrentan una serie de desafíos que requieren una atención estratégica y coordinada. Por un lado, las amenazas ambientales, como el cambio climático, la contaminación marina y la degradación de los ecosistemas costeros, plantean riesgos directos para la sostenibilidad a largo plazo de actividades como el turismo costero y la pesca. Estos desafíos son agravados por la falta de una gobernanza efectiva y la necesidad de reformas en políticas y regulaciones para alinearlas con los principios de la economía azul. Además, la falta de inversiones adecuadas y la necesidad de financiamiento innovador para impulsar el desarrollo de sectores como la energía marina renovable y la modernización de la infraestructura acuícola y marítima también son factores críticos que deben abordarse. Para abordar estos desafíos de manera integral, se propone una hoja de ruta que se centra en tres pilares fundamentales. En primer lugar, se destaca la importancia de establecer una base sólida de datos e información para respaldar la toma de decisiones informadas en relación con la economía azul. Esto implica la creación de una base de datos integrada y el uso de análisis para comprender mejor los recursos marinos y costeros, sus usos actuales y potenciales, y los impactos ambientales asociados. En segundo lugar, se aboga por reformas estratégicas, institucionales y fiscales que mejoren la eficiencia de la gestión de los recursos marinos, promuevan la coordinación entre diferentes actores y fortalezcan la capacidad del sector público para apoyar el desarrollo de la economía azul de manera sostenible. Finalmente, se enfatiza la necesidad de fomentar la inversión en sectores clave mediante el desarrollo de políticas de incentivos, la promoción de asociaciones público-privadas y la exploración de instrumentos financieros innovadores, como los bonos azules, para movilizar recursos financieros en apoyo a iniciativas de economía azul. Estos pilares combinados proporcionan un marco integral para avanzar hacia una economía azul más sostenible y resiliente en Túnez, con beneficios tanto económicos como ambientales a largo plazo.

La economía azul se erige como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la resiliencia de Túnez en el panorama económico actual. Este enfoque se refuerza al resaltar la necesidad imperante de realizar inversiones estratégicas en la infraestructura costera y marítima del país, alineadas de manera integral con los objetivos de resiliencia climática y sostenibilidad ambiental. Se debe reconocer que el sector turístico, de vital importancia para la economía tunecina, enfrenta desafíos de relevancia que abarcan desde la obsolescencia de infraestructuras hasta la evolución de las preferencias de los consumidores hacia experiencias de viaje más sostenibles y conscientes del medio ambiente. En este contexto, emergen iniciativas fundamentales como el impulso del turismo sostenible y la adopción de prácticas enérgicas en cuanto a energías renovables, eficiencia energética y gestión eficaz de los residuos, las cuales no solo pueden contribuir a reducir costos operativos, sino también a fortalecer la viabilidad económica y la rentabilidad de esta industria clave. Por otro lado, los sectores pesquero y acuícola de Túnez poseen un potencial exportador significativo que, sin embargo, requiere de una profunda modernización en términos de flotas e infraestructuras para incrementar su productividad, resiliencia y sostenibilidad en el largo plazo. Es vital comprender que el fracaso en la adopción de prácticas sostenibles podría tener consecuencias adversas, como el compromiso del acceso a mercados como el de la Unión Europea, lo cual supondría un riesgo substancial para la estabilidad y el crecimiento económico del país. En este contexto, es esencial destacar los esfuerzos y las estrategias que Túnez ha implementado para integrar la economía azul en su panorama económico nacional, como lo evidencian la Estrategia Nacional de Transición Ecológica, la Estrategia de Desarrollo de Carbono Neutral a Largo Plazo y la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Zonas Costeras. No obstante, es importante reconocer que el éxito en la implementación efectiva de estas estrategias se enfrenta a desafíos significativos de gobernanza, incluyendo la necesidad de alinear intereses diversos entre sectores, actores y entidades, así como abordar de manera eficiente los déficits de información y la urgencia de llevar a cabo reformas estratégicas e institucionales dentro del marco de la economía azul. Estos desafíos subrayan la importancia de una coordinación eficaz, una comunicación transparente y una colaboración activa entre todas las partes interesadas para asegurar un desarrollo sostenible y resiliente en el contexto de la economía azul de Túnez.

La hoja de ruta delineada presenta actividades prioritarias para potenciar el desarrollo sostenible de los sectores pesquero, acuícola, de transporte marítimo y protección ambiental de Túnez dentro del marco de la economía azul. En el sector pesquero, se destacan actividades clave como el desarrollo de protocolos participativos de recolección de datos, la inclusión de pescadores artesanales en la gestión de recursos, el mapeo de stocks comerciales, la actualización de planes de manejo, la implementación de planes de monitoreo y control, y el fortalecimiento del marco legal contra prácticas insostenibles como la «pesca de arrastre besugo». En el ámbito acuícola, se prioriza el establecimiento de zonas asignadas dentro de la planificación espacial marina, el desarrollo de capacidades para la gestión de mortalidad de alevines y la actualización del Plan Maestro de Acuicultura. Para el transporte marítimo, las prioridades incluyen apoyar la renovación de la flota para reducir emisiones, modernizar el marco regulatorio de concesiones portuarias, establecer infraestructura de repostaje de bajo carbono, mejorar los estándares de seguridad y ambientales, y promover la investigación y la innovación. Para fortalecer la protección ambiental y la resiliencia climática, el documento recomienda desarrollar planes de manejo sólidos para áreas marinas protegidas, mapear zonas ecológicamente sensibles, implementar el Plan de Acción Costas Libres de Plástico, ejecutar proyectos de restauración ecológica costera y marina, y establecer un mecanismo de monitoreo sostenible para el progreso de la estrategia. En general, la hoja de ruta tiene como objetivo abordar desafíos como la sobrepesca, la contaminación, los impactos del cambio climático y las deficiencias de infraestructura, al tiempo que promueve prácticas sostenibles, innovación y competitividad en los sectores de la economía azul de Túnez. El documento proporciona un resumen de las áreas de acción prioritarias y las actividades propuestas identificadas en la Hoja de Ruta de la Economía Azul de Túnez. Especifica los sectores clave, las acciones específicas, los niveles de prioridad y los plazos de implementación en tres pilares principales: análisis y diseminación de datos, reformas estratégicas e institucionales, y fomento de inversiones. La hoja de ruta enfatiza el establecimiento de una base de datos integral de la economía azul, el desarrollo del turismo costero sostenible, el uso de datos geoespaciales para monitoreo y promoción de un sector pesquero y acuícola resiliente al clima. También destaca la mejora de la coordinación interinstitucional, la reforma de marcos legislativos, la mejora de la sostenibilidad del transporte marítimo, la conservación de la biodiversidad marina, la reducción de la contaminación y la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Además, el documento analiza la asignación presupuestaria actual del gobierno para sectores relacionados con la economía azul, señalando que solo una pequeña parte (0,45%) está directamente asociada con iniciativas de economía azul. Proporciona cifras presupuestarias específicas para programas marítimos y pesqueros, indicando un financiamiento limitado para estas áreas.

El enfoque de Túnez hacia la economía azul, que abarca los ecosistemas marinos y costeros, ofrece importantes oportunidades para el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático. El país tiene como objetivo aprovechar sus activos costeros a través de estrategias como la captura del potencial de secuestro de carbono azul, la promoción de pesquerías sostenibles y la lucha contra la contaminación plástica. Sin embargo, desafíos como la erosión costera, la escasez de agua y la degradación del ecosistema deben ser abordados. Iniciativas clave incluyen el mapeo y cuantificación de los ecosistemas costeros, el establecimiento de políticas de conservación, la participación de las comunidades locales, la búsqueda de colaboración internacional y la creación de mecanismos de financiamiento como los créditos de carbono azul. La visión a largo plazo de Túnez implica la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima para el año 2050. La implementación efectiva requiere marcos de gobernanza sólidos, colaboración de partes interesadas, capacitación y alineación de incentivos en los sectores público y privado. Este documento ofrece una visión general de los esfuerzos de Túnez para desarrollar una estrategia de economía azul sostenible. Destaca diversos planes nacionales, estrategias y trabajos analíticos realizados por el gobierno tunecino y el Banco Mundial para promover el desarrollo integrado y sostenible de las áreas marinas y costeras. Puntos clave incluyen: la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible de Túnez 2035 tiene como objetivo un crecimiento turístico rápido pero sostenible mientras gestiona riesgos y aumenta la competitividad. El trabajo analítico evalúa los impactos del cambio climático en el desarrollo costero y propone medidas para combatir la contaminación plástica a lo largo de la costa. La Estrategia Nacional de Transición Ecológica y la Estrategia a Largo Plazo de Neutralidad de Carbono delinean planes para la protección ambiental y la resiliencia climática. Los sectores pesquero y acuícola son componentes importantes de la economía azul, con esfuerzos para aumentar las exportaciones y las prácticas sostenibles. El transporte marítimo y el desarrollo portuario también son áreas clave de enfoque para la estrategia de economía azul. El Banco Mundial ha realizado trabajos analíticos sobre el desarrollo de una hoja de ruta, un geoportal y mecanismos de financiamiento para la economía azul de Túnez, incluyendo el potencial de financiamiento innovador como los bonos azules. El compromiso de las partes interesadas, el análisis institucional, la revisión de los gastos públicos y las oportunidades de inversión privada en sectores azules han sido examinados para informar la estrategia. En general, se describe el enfoque integral de Túnez para desarrollar una economía azul sostenible al integrar actividades económicas, protección ambiental y resiliencia climática en áreas costeras y marinas.

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El documento es una nota de antecedentes adjunta al Informe sobre Cambio Climático y Desarrollo de Egipto (CCDR). Destaca la importancia de abordar la igualdad de género en los esfuerzos de Egipto hacia la adaptación al cambio climático y el desarrollo con bajas emisiones de carbono. Egipto ha lanzado una ambiciosa Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050 para apoyar una economía más verde, integrando el cambio climático en diversos sectores como energía, transporte, agricultura y recursos hídricos. La COP27, celebrada en Egipto, subrayó la necesidad de una «transición justa» que asegure empleos dignos mientras se impulsa la economía verde. Sin embargo, persisten las desigualdades de género en Egipto, y las mujeres enfrentan limitaciones en sectores afectados por el clima como la agricultura, la gestión del agua y el acceso a la energía. El cambio climático puede exacerbar estas desigualdades y modificar las normas sociales. Liberar el potencial de las mujeres para contribuir a la acción climática requiere eliminar restricciones sociales y legales, mejorar habilidades y redes, aliviar las limitaciones del hogar, abordar las barreras institucionales, mejorar el acceso al capital y los mercados, y aumentar la representación y la toma de decisiones de las mujeres. Además, se destacan intervenciones específicas para empoderar a las mujeres en la acción climática, como promover el liderazgo femenino, proporcionar capacitación y desarrollo de habilidades, facilitar el acceso a financiamiento y mercados, abordar la violencia de género e integrar el enfoque de género en las políticas y programas climáticos. Egipto necesita priorizar la acción climática sensible al género, recolectar datos desagregados por género y colaborar con las partes interesadas para asegurar la plena y equitativa participación de las mujeres en la transición verde. A pesar de los avances en la igualdad de género, como el aumento de la representación política de las mujeres y la reducción de la tasa de mortalidad materna, persisten desafíos como la baja participación femenina en la fuerza laboral y la alta tasa de desempleo entre las mujeres. Es clave apoyar el rol de las mujeres como consumidoras, empleadas y empresarias en los sectores de energía limpia para facilitar una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. En resumen, integrar las consideraciones de género en las acciones relacionadas con el cambio climático mejora su sostenibilidad y efectividad a largo plazo, reconociendo los desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Egipto.

El impacto del cambio climático y las normas sociales cambiantes en Egipto, especialmente en el contexto de la Cuenca del Nilo y las áreas costeras, presenta un panorama complejo y desafiante, particularmente para las mujeres. En el ámbito pesquero, las mujeres están mayormente involucradas en la venta y el comercio de pescado, a menudo como asistentes informales de parientes masculinos, sin poder de decisión ni control sobre las ganancias. El cambio climático agrava estos desafíos a través de la contaminación, la reducción del flujo de agua y el aumento de las temperaturas, afectando la captura de peces y los medios de vida de las comunidades pesqueras. Además, la subida del nivel del mar y las inundaciones costeras impactan directamente las tierras agrícolas más fértiles, afectando el bienestar y los medios de vida de las comunidades, donde las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en la agricultura y la pesca. Las mujeres enfrentan un acceso limitado a recursos, información y participación en las instituciones de gobernanza local. A medida que el cambio climático destruye los medios de vida existentes y provoca la migración masculina, la carga de trabajo de las mujeres se intensifica, asumiendo tareas agrícolas tradicionalmente masculinas. Aunque este cambio en los roles de género ha mejorado la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, también puede aumentar el riesgo de violencia contra ellas debido a la percepción de amenazas al rol tradicional de los hombres como proveedores. Por otra parte, es importante abordar las restricciones que impiden la plena participación económica de las mujeres, especialmente en la adaptación al cambio climático y el desarrollo con bajas emisiones de carbono. Para ello, es necesario eliminar las limitaciones sociales y legales, mejorar las habilidades y redes, abordar las barreras institucionales para acceder a empleos y mejorar el capital y los mercados para las emprendedoras en agricultura y energía limpia. Las normas sociales y las creencias culturales relacionadas con los roles de género obstaculizan el empoderamiento de las mujeres, limitando su movilidad, horas de trabajo y sectores de empleo. Iniciativas nacionales, campañas de comunicación y la participación de los hombres ayudan a desafiar estas normas. Las reformas legales, como la eliminación de restricciones laborales y el abordaje de la violencia contra las mujeres, pueden incentivar oportunidades iguales y cambiar mentalidades. Aunque las mujeres están bien representadas en los campos de STEM en Egipto, se necesita mejor capacitación para ayudarlas a tener éxito en los empleos de la economía verde. Mejorar la educación académica y vocacional, identificar las necesidades de habilidades y estandarizar las calificaciones a través de asociaciones público-privadas son recomendados. Las intervenciones dirigidas a las mujeres deben facilitar la exposición temprana a carreras en energía limpia, proporcionar mentoría y oportunidades de networking, y abordar las barreras institucionales en la contratación y promoción. Además, mejorar el acceso al capital, los mercados y los recursos productivos para las emprendedoras en agricultura y energía limpia es esencial para su participación en el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

En Egipto, las mujeres enfrentan desafíos significativos para acceder a financiamiento, mercados y oportunidades laborales, especialmente en los sectores de agricultura y energía limpia. Los bajos niveles de inclusión financiera se evidencian en que solo el 31% de los hombres y aún menos mujeres poseen cuentas bancarias. Sin embargo, se están realizando esfuerzos para aumentar el acceso de las mujeres a las finanzas a través de iniciativas del Banco Central de Egipto, el Consejo Nacional para la Mujer y organizaciones de desarrollo, promoviendo la microfinanciación, programas de ahorro y préstamos digitales, y proporcionando educación financiera. Además, las mujeres emprendedoras encuentran barreras en el acceso a la contratación pública, como altos requisitos de capital, acceso limitado al crédito, sesgos de género y falta de información. Entre las posibles soluciones se incluyen la simplificación de los procesos de contratación, el establecimiento de objetivos para empresas propiedad de mujeres y la introducción de sistemas de contratación electrónica. Para ayudar a las mujeres a acceder a los mercados y oportunidades laborales remuneradas en las cadenas de valor de la agricultura y la pesca, se proponen iniciativas de certificación de sostenibilidad, mecanismos de pago alternativos y la promoción de oportunidades en diferentes segmentos de la cadena de valor. Es clave reducir la brecha digital de género y proporcionar a las mujeres habilidades y herramientas digitales para establecer mercados de energía limpia, con iniciativas recientes del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información para mejorar el acceso a internet en áreas rurales y establecer parques tecnológicos, así como esfuerzos para fortalecer la educación básica y la Formación Técnica y Profesional (TVET). Promover la representación y la toma de decisiones de las mujeres en organizaciones de agricultores, la gobernanza de recursos naturales y las asociaciones de usuarios de agua es fundamental. La participación de las mujeres en estas áreas garantiza que las estrategias de adaptación aborden sus necesidades y cultivos, y aprovechen su conocimiento y habilidades para una adaptación y mitigación efectivas al cambio climático. Ejemplos de iniciativas exitosas incluyen un proyecto en Nepal que capacitó a mujeres marginadas en pruebas de suelo, selección de semillas, agricultura orgánica y acceso al mercado. Avanzando, se sugieren pasos específicos para que el Gobierno de Egipto (GoE) aumente el rol de las mujeres y niñas en la resiliencia y adaptación climática. Estos incluyen integrar dimensiones de igualdad de género en las políticas climáticas, abordar la desigualdad de género a múltiples niveles (macro, institucional e individual), realizar evaluaciones de género para proyectos de inversión pública verde, facilitar la entrada y permanencia de las mujeres en la economía baja en carbono, mejorar la rendición de cuentas y el monitoreo de la inclusividad de la economía verde, y apoyar la inclusión de las voces de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Es destacable que las recientes estrategias del GoE, como la Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático 2050 y la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de la Mujer, reconocen la importancia de empoderar a las mujeres como agentes de cambio en la adaptación climática y el desarrollo sostenible.

Por tanto, abordar la igualdad de género es necesario para que Egipto logre sus objetivos de adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono. La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050 y la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de la Mujer representan pasos significativos hacia una economía más verde e inclusiva. Sin embargo, persisten desafíos importantes, especialmente para las mujeres en sectores como la agricultura, la gestión del agua y la energía limpia, donde enfrentan barreras sociales, legales e institucionales. Es fundamental implementar medidas que eliminen estas restricciones, mejoren las habilidades y redes de las mujeres, y faciliten su acceso al capital y los mercados. Además, promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en organizaciones de gobernanza de recursos naturales es esencial para asegurar que las estrategias de adaptación sean efectivas y equitativas. Las iniciativas específicas que fomentan el liderazgo femenino y mejoran la inclusión financiera y digital son pasos necesarios para liberar el potencial de las mujeres como agentes de cambio en la lucha contra el cambio climático. La colaboración continua entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades internacionales es vital para garantizar una transición justa y equitativa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima en Egipto.

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El documento aborda el potencial de la tecnología de captura de carbono a bordo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los buques. Este enfoque se inserta dentro de los esfuerzos de descarbonización de la industria marítima y explora los avances en la cadena de valor de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), así como las consideraciones técnicas, económicas, regulatorias y prácticas para implementar esta tecnología en los buques. Si bien muchos esfuerzos se centran en mejorar la eficiencia energética y cambiar a combustibles neutros en carbono, la captura y almacenamiento o utilización del CO2 producido por combustibles a base de carbono es otra opción viable. La captura de carbono a bordo implica capturar el CO2 en el buque antes de que se emita a través del escape. Se discute la factibilidad técnica de esta captura, incluyendo métodos de captura, el equilibrio entre las tasas de captura y las penalizaciones de combustible, y factores que afectan la factibilidad, como el tamaño del buque, su perfil operativo, la capacidad de la maquinaria y el espacio disponible. Además, se abordan consideraciones económicas, el estado regulatorio (incluyendo regulaciones ambientales, de emisiones de GEI y de seguridad) y consideraciones prácticas. Se resalta que la adopción generalizada de la captura de carbono a bordo depende de su integración dentro de la cadena de valor de CCUS a nivel global, incluyendo la ampliación de redes de infraestructura de CCUS en diferentes geografías y naciones. Asimismo, se destaca la necesidad de regulaciones de emisión apropiadas para acreditar el CO2 capturado y la importancia de la competitividad comercial en comparación con otras alternativas de descarbonización. En resumen, el documento proporciona orientación a armadores, proveedores de tecnología y partes interesadas sobre asuntos centrales relacionados con la captura de carbono a bordo, su potencial y los desafíos y consideraciones para su implementación en la industria marítima.

La necesidad de evaluaciones de riesgo rigurosas y una planificación operativa meticulosa para la captura de carbono a bordo en el transporte marítimo se presenta como un factor clave para minimizar riesgos potenciales. Esto se destaca en la importancia de conectar la captura de carbono a bordo con la cadena de valor más amplia de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Esta cadena de valor está impulsada por grandes emisores de CO2 en tierra, como industrias que consumen combustibles fósiles o producen CO2 como subproducto. Aunque existen 35 proyectos operativos de almacenamiento de carbono en todo el mundo para abril de 2024, principalmente relacionados con el procesamiento de gas natural y la recuperación mejorada de petróleo, la cadena de valor de CCUS está en sus primeras etapas, y la capacidad de almacenamiento de carbono debe aumentar significativamente para alcanzar emisiones netas cero para 2050. La disponibilidad de ubicaciones para la disposición cerca de rutas marítimas es clave para invertir en la captura de carbono a bordo.  Por otro lado, se discuten varias estrategias para acelerar la adopción de la captura y almacenamiento de carbono a bordo (CCUS) en la industria naviera como solución de descarbonización. Se sugiere establecer cadenas de valor cerradas donde los stakeholders acuerden compartir costos y beneficios, fomentando la colaboración y coordinación en toda la cadena de valor de CCUS. Esto no solo crea una demanda estable y reduce riesgos, sino que también puede servir como corredores marítimos verdes. La participación en proyectos más grandes de CCUS en desarrollo puede ayudar a explorar posibilidades, desafíos y ubicaciones óptimas para conectar barcos a la infraestructura planificada. Los primeros movimientos pueden obtener ventajas competitivas, pero enfrentan mayores riesgos, por lo que los incentivos y el apoyo como financiamiento público, subsidios y regulaciones son importantes. En resumen, se abordan varios métodos para la captura de carbono a bordo en embarcaciones de transporte marítimo, destacando el enfoque en la captura post-combustión, aunque se mencionan otros métodos como la captura pre-combustión y la combustión con oxígeno.

El potencial de los sistemas de captura de carbono a bordo (OCC) en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos se discute detalladamente. Se resalta el equilibrio entre la tasa de captura y la penalización de combustible, que se refiere al combustible adicional necesario para operar el sistema de captura y procesamiento. Si bien tasas de captura más altas evitan la liberación de más CO2, también aumentan las demandas energéticas y los requisitos de espacio, lo que podría reducir la capacidad de carga. Encontrar el equilibrio óptimo entre la tasa de captura, la penalización de combustible y las consideraciones operativas es decisivo para hacer que OCC sea una solución factible y efectiva. La tasa de captura puede optimizarse en función de factores como la ruta del barco, la disponibilidad de instalaciones de descarga, el tipo de combustible y las regulaciones de emisiones. Se exploran formas de reducir la penalización de combustible, como la recuperación de calor residual, la integración mejorada de calor y energía, y tecnologías de captura avanzadas. Consideraciones económicas, como costos de capital, costos de combustible, costos operativos, pérdida de capacidad de carga y costos de descarga de carbono, se discuten como factores que influyen en la viabilidad de OCC. Los mecanismos de fijación de precios del carbono y los precios del combustible también se mencionan como factores de precio que afectan la atracción de OCC. Asimismo, se analiza el potencial y la viabilidad de implementar la tecnología de captura de carbono a bordo en la industria naviera como estrategia de descarbonización. Se destacan los principales factores que influyen en la atractividad comercial de esta tecnología, como el costo de las emisiones de CO2 (por ejemplo, el EU ETS) y otros impulsores para la descarbonización como las regulaciones de cumplimiento de emisiones. Estudios de caso realizados por DNV sugieren que la captura de carbono a bordo puede ser económicamente viable y competitiva con alternativas de combustibles neutros en carbono, dependiendo de factores como las penalizaciones de combustible y los costos de disposición de CO2. El documento, adicionalmente, aborda el estado y los desafíos regulatorios que rodean a la captura de carbono a bordo. Mientras que el EU ETS actualmente proporciona incentivos para su uso, hay discusiones en curso en la IMO y a nivel de la UE para establecer un marco regulatorio integral. Las regulaciones de seguridad también están siendo desarrolladas por sociedades de clasificación como DNV para garantizar la implementación segura de esta tecnología en los barcos. Siendo así, se resaltan los beneficios potenciales de la captura de carbono a bordo como estrategia de descarbonización, las consideraciones económicas y los desafíos regulatorios y las incertidumbres que deben abordarse para su adopción generalizada en la industria naviera.

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https://www.dnv.com/maritime/hub/decarbonize-shipping/resources/  

La necesidad actual de una revolución en el servicio de autobuses en las regiones de Inglaterra se hace evidente al considerar el papel que estos desempeñan en la reducción de las emisiones y en la promoción de la prosperidad. El transporte es el sector con mayores emisiones en el Reino Unido, y disminuir los viajes en automóvil promoviendo modos de viaje sostenibles, como los autobuses, es esencial para alcanzar las emisiones netas cero. A pesar de que los autobuses representaban el 60% de los viajes en transporte público antes de la pandemia, los servicios han estado en constante declive, exacerbado por el severo impacto de la pandemia. Para contrarrestar esta tendencia, es imperativo implementar un plan de reactivación de cinco años que incluya medidas como la inversión en autobuses de cero emisiones, la simplificación de tarifas y boletos, la mejora de las medidas prioritarias para autobuses y la integración de servicios con otros modos de transporte. Este plan tiene como objetivo hacer que los autobuses sean más atractivos, convenientes y accesibles, reduciendo finalmente la dependencia del automóvil y fomentando la prosperidad en las regiones. Los desafíos que enfrentan los servicios de autobuses en Inglaterra, como la percepción de falta de fiabilidad y conveniencia, así como la eliminación de muchas rutas, han aislado a quienes no tienen acceso a automóviles. Sin embargo, los autobuses tienen el potencial de ser una opción de transporte más atractiva y ecológica, reduciendo las emisiones y mejorando la calidad del aire. Se deben identificar intervenciones por fases y opciones de financiamiento para generar cambios positivos para los pasajeros y las comunidades, alentando a aquellos que evitan los autobuses a comenzar a usarlos. Las recomendaciones deben apuntar a mantener las tarifas bajas, cambiar los modelos de gobernanza y acelerar la descarbonización de la flota de autobuses. A pesar de las dificultades significativas enfrentadas por los servicios de autobuses privatizados, la contribución económica de los autobuses sigue siendo notable, añadiendo £21 mil millones a la economía cada año y facilitando 3.1 mil millones de viajes en 2022. Un plan de cinco años bien estructurado puede transformar los autobuses en un servicio eficiente, moderno y confiable para todos, logrando emisiones más bajas, mejor calidad del aire y una menor congestión en las carreteras.

El transporte público en el Reino Unido está experimentando una transformación significativa a través de un plan integral que busca fomentar la adopción de autobuses de emisión cero, priorizar el transporte público y aplicar medidas de tarificación vial. Este plan incluye la provisión de subvenciones gubernamentales para apoyar la compra de autobuses de emisión cero, la revisión y repriorización del gasto en proyectos de construcción de carreteras, y la creación de una comisión independiente de tarificación vial para recomendar un modelo equitativo de tarificación vial en un plazo de dos años. Además, contempla una inversión de £1 mil millones en medidas de priorización de autobuses, un objetivo de descarbonización del 40% de la flota de autobuses metropolitanos, y el anuncio de un estándar mínimo de servicio para el transporte público. En este contexto, se destaca el éxito de la limitación de tarifas de autobús a £2 introducida en Inglaterra, que resultó en un aumento del 23% en la afluencia de pasajeros durante los fines de semana y un 18% durante los días de semana. Las recomendaciones proponen reducir esta limitación a £1 para los viajes en autobús en toda Inglaterra durante al menos cinco años, financiado a través de la tarificación vial o reorientando el gasto lejos de nuevos desarrollos de carreteras, citando el ejemplo de Cornwall, donde un ensayo de limitación de tarifas llevó a un aumento del 14% en el número de pasajeros en comparación con 2018. En paralelo, se discute el estado de los servicios de autobuses en el Reino Unido y las reformas potenciales para mejorarlos, destacando la privatización de estos servicios en la década de 1980, que ha resultado en un uso en declive. Se menciona el concepto de ‘asociaciones mejoradas’ entre autoridades de transporte locales y operadores de autobuses, donde estos últimos controlan rutas rentables mientras las autoridades respaldan rutas necesarias, pero no rentables. Además, se aboga por permitir a todas las autoridades locales conceder licencias de servicios de autobuses y levantar la prohibición sobre operadores municipales de autobuses, con el objetivo de fortalecer y diversificar las opciones de transporte público. En este contexto, se resalta la experiencia exitosa de Greater Manchester, que ha asumido el control de sus rutas de autobús a través de la ‘Bee Network’, integrando autobuses, tranvías y viajes activos, lo que se espera traiga mejoras significativas para los pasajeros, como mejor información de viaje, horarios y tarifas integradas. Adicionalmente, se destaca la importancia de la descarbonización de la flota de autobuses mediante la transición de diesel a autobuses de emisión cero, especialmente eléctricos, como parte de los esfuerzos hacia la neutralidad de carbono y una mayor calidad ambiental en las áreas urbanas.

La transición hacia autobuses eléctricos es clave para la descarbonización de flotas y se recomienda establecer una fecha límite de 2030 para la venta de nuevos autobuses diésel. Se sugiere incentivar la electrificación comprometiéndose a tener un 40% de autobuses en áreas urbanas de emisión cero para 2030, además de introducir un nuevo esquema de subvenciones centralizado para reemplazar el actual esquema de Áreas Regionales de Autobuses de Emisión Cero (ZEBRA) después de 2025. Se estima que el costo de una subvención gubernamental para la compra de autobuses alcanzar el 40% de emisión cero en áreas metropolitanas durante cinco años es de £593 millones, lo que podría reducir las emisiones en 0.87 MtCO₂e y resultar en menos millas conducidas en automóvil. Aunque se destaca el progreso de Londres en transformar su flota de autobuses a cero emisiones, atribuido a un fuerte liderazgo político y al modelo de franquicia que permite a Transport for London (TfL) solicitar licitaciones a operadores con autobuses eléctricos, persisten desafíos con la electrificación de depósitos debido a demoras en las conexiones eléctricas. Se enfatiza la importancia de las medidas de priorización de autobuses, dado que las velocidades más lentas debido a la congestión aumentan los costos operativos y hacen que los autobuses sean menos confiables. Según una encuesta, la confiabilidad se cita como el factor más importante al elegir entre conducir o tomar transporte público. Se sugiere que por cada £1 gastado en medidas de priorización de autobuses, se obtienen £3.62 en beneficios como viajes más rápidos y acceso a empleos. Se recomienda la segregación de carreteras para autobuses para reducir la congestión, hacer que los viajes en autobús sean más atractivos y evitar que los autobuses frustren a los conductores. Por otro lado, se discuten medidas para mejorar los servicios de autobuses y priorizarlos sobre los vehículos privados para reducir la congestión y aumentar la afluencia de pasajeros. Se recomienda asignar £1 mil millones de financiamiento de autoridades de transporte locales para medidas de priorización de autobuses como carriles dedicados, prioridad en semáforos y esquemas de parque y viaje. A medida que los vehículos eléctricos se vuelven más comunes, el gobierno corre el riesgo de perder ingresos por impuestos a los combustibles. Para financiar mejoras en autobuses, se sugiere introducir una tarificación vial a menos de 2p por milla, lo que podría recaudar £1.6 mil millones anualmente, y redirigir hasta £11.5 mil millones del presupuesto de construcción de carreteras para 2025-2030. Se propone establecer una comisión independiente para desarrollar un modelo justo de tarificación vial para todos los usuarios y revisar proyectos de carreteras planificados para garantizar su compatibilidad con los objetivos climáticos. El documento enfatiza en reformar la tributación vial, con algunos ingresos asignados al transporte sostenible. Se visualiza hacer que los servicios de autobuses de buena calidad sean accesibles como parte de una visión de una sociedad más justa.

En resumen, la necesidad de una revolución en el servicio de autobuses en las regiones de Inglaterra es evidente para reducir las emisiones y promover la prosperidad. Los autobuses pueden convertirse en un medio para la reducción de las emisiones netas cero y en la disminución de la dependencia del automóvil, lo que hace esencial implementar un plan de reactivación de cinco años que incluya medidas como la inversión en autobuses de cero emisiones, la simplificación de tarifas y boletos, la mejora de medidas prioritarias para autobuses y la integración de servicios con otros modos de transporte. Esto no solo hará que los autobuses sean más atractivos, convenientes y accesibles, sino que también mejorará la calidad del aire, reducirá la congestión en las carreteras y fomentará la prosperidad en las regiones. La transición hacia autobuses eléctricos, junto con medidas para mejorar los servicios de autobuses y priorizarlos sobre los vehículos privados, son pasos clave para lograr un sistema de transporte público eficiente, moderno y confiable, al tiempo que se avanza hacia objetivos de sostenibilidad y calidad de vida para todos.

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El informe se centra en el potencial de implementar prácticas de economía circular (EC) en Asia Central, específicamente en la cadena de valor de la construcción en Kazajistán, la cadena de valor agrícola en Uzbekistán y el ecosistema urbano en Almaty. Propone planes de acción y oportunidades de inversión para transitar hacia una economía más circular y eficiente en el uso de recursos. Para la cadena de valor de la construcción en Kazajistán, el informe sugiere adoptar regulaciones y estándares relevantes, inversiones en infraestructura y plataformas de colaboración. Las acciones propuestas incluyen un centro de reciclaje de residuos de construcción y demolición (CDW), producción de materiales de construcción modulares y la bioconversión de residuos alimentarios en alimento para animales y fertilizantes. La necesidad total de inversión se estima en $368 millones hasta 2030, con beneficios potenciales de reducción de la demanda de materiales primarios en 21 millones de toneladas y generación de CDW en un 54% para 2031. En la cadena de valor agrícola de Uzbekistán, el informe busca mejorar la eficiencia de los recursos, la prevención y gestión de residuos. Propone 17 acciones, como la introducción de riego por goteo, tratamiento de aguas residuales ecológico, sustitución de fertilizantes químicos por compost orgánico, gestión del estiércol para generación de electricidad y conversión de botellas de tereftalato de polietileno (PET) en fibras sintéticas. Aunque los costos de implementación son significativos ($860 millones en nueve años), el retorno de la inversión es casi del 100%, y puede aumentar significativamente la resiliencia del sector agrícola frente a las vulnerabilidades climáticas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 34%. Para el ecosistema urbano de Almaty, el informe aborda la excesiva generación de residuos, la falta de infraestructura para el procesamiento de residuos y los procedimientos defectuosos de monitoreo y evaluación. Recomienda 10 acciones con una inversión total de $289 millones durante nueve años, incluyendo auditorías obligatorias de residuos, renovación de edificios de la era soviética, centros de reciclaje de CDW y un portal en línea para apoyar la simbiosis industrial. Los beneficios económicos se estiman en $1.3 mil millones durante el mismo período, con potenciales reducciones en la generación de CDW en un 54% y el consumo total de recursos naturales en un 8% anual. 

El informe proporciona una visión general de la transición hacia la economía circular (EC) en Asia Central, con un enfoque particular en la ciudad de Almaty, Kazajistán. Resalta la importancia de alcanzar los objetivos climáticos y sectoriales nacionales a través de la circularidad en la cadena de valor agrícola. Las áreas clave de intervención para una transición circular en el sector agrícola se identifican como la circularidad del agua en las operaciones agrícolas, la eficiencia de los recursos y la energía, la utilización de biorrecursos, la circularidad de plásticos y la agricultura de precisión. El informe enfatiza el papel central de las ciudades en la transición hacia la EC, puesto que tienen la capacidad de mejorar la eficiencia energética y de recursos, disminuir la generación de residuos y reducir su huella de carbono. Almaty, con sus 1.9 millones de habitantes y una contribución significativa al PIB de Kazajistán, enfrenta desafíos como la generación excesiva de residuos, la falta de infraestructura para el procesamiento de residuos y procedimientos defectuosos de monitoreo y evaluación. Los sectores de la construcción, la agricultura y la industria se han identificado como prioritarios para el Plan de Acción de Economía Circular (CEAP) de Almaty debido a su intensidad de carbono y su potencial de mejora. Se discuten las barreras y habilitadores en estos sectores, incluyendo factores legales, económicos y tecnológicos. El sector de la construcción enfrenta desafíos como bajas tasas de reciclaje de residuos de construcción y demolición, falta de infraestructura para materiales de construcción alternativos y procesos y tecnologías obsoletos. El sector industrial carece de un sistema de categorización de residuos y una metodología definida para los procesos de tratamiento de residuos, mientras que el sector agrícola carece de incentivos regulatorios para la innovación y la recuperación de materiales de flujos de residuos. Se subraya la importancia de integrar la circularidad en las visiones y regulaciones agrícolas nacionales, así como la necesidad de desarrollar capacidades, aumentar la conciencia, fomentar la investigación y el desarrollo, y promover el intercambio de conocimientos para impulsar la innovación en la transición hacia la EC. De igual forma, se proporciona una panorama general del Plan de Acción de Economía Circular (CEAP) desarrollado para la ciudad de Almaty, Kazajistán. Describe a los actores clave involucrados en el consumo de productos, el reciclaje, el compostaje y las actividades de gestión de residuos. El CEAP identifica proyectos y medidas específicos en tres sectores: construcción, industria y agricultura/procesamiento de alimentos. Estos proyectos buscan abordar problemas como las brechas de infraestructura, la generación de residuos, la utilización de recursos y la falta de innovación. Las acciones propuestas incluyen el establecimiento de centros de reciclaje, la promoción del diseño de edificios modulares, la instalación de plantas para el procesamiento de residuos de construcción y plásticos, la utilización de cenizas de plantas de energía, la implementación de sistemas integrados de gestión de residuos y la conversión de residuos alimentarios en alimento para animales y fertilizantes. La inversión estimada necesaria para estos proyectos es de US$368 millones hasta 2030, con el sector industrial representando la mayoría (84%) de la inversión. Se espera que el CEAP reduzca la demanda de materiales primarios, disminuya la generación de residuos de construcción y demolición, aumente la producción y uso de recursos locales y, en última instancia, reduzca la huella de carbono de Almaty. El informe destaca la relevancia del CEAP de Almaty para otras ciudades de Asia Central, enfatizando la importancia de aprovechar el capital territorial, alinearse con documentos estratégicos y modificar las regulaciones sectoriales para facilitar la transición hacia la economía circular.

Los Planes de Acción de Economía Circular (CEAP) son decisivos para países de Asia Central como Kazajistán y Uzbekistán, así como para la ciudad de Almaty. Estos planes ayudan a trazar el camino hacia la transición circular, proporcionando dirección y aumentando la conciencia entre los actores involucrados. Sin embargo, la transición circular enfrenta barreras como fallos económicos, de mercado y regulatorios, que deben ser abordados a través de programas e incentivos específicos. El informe destaca la necesidad de un enfoque de ciclo de vida, mecanismos obligatorios como la contratación pública verde, esquemas de responsabilidad extendida del productor y prohibiciones sobre el vertido de residuos para acelerar la transición circular. La prevención y gestión de residuos son centrales, requiriendo sistemas integrales de monitoreo y reporte. La motivación económica y la presión de la cadena de valor son impulsores para las empresas, especialmente en sectores orientados a la exportación como la construcción y el agroalimentario. Tanto la financiación pública como la privada, junto con la asistencia técnica, son esenciales debido a que el caso de negocio para modelos circulares a menudo no es claro. El desarrollo de habilidades y los cambios de mentalidad son necesarios en todos los niveles de gobernanza y sectores. El éxito de los CEAPs depende de su implementación, con un potencial significativo de beneficios económicos. Los enfoques regionales, como campañas de concienciación coordinadas y programas de desarrollo de capacidades, podrían reducir costos y facilitar la transición en toda Asia Central. Abordar las lagunas de datos mediante metodologías reconocidas internacionalmente es un requisito esencial para futuros trabajos sobre economía circular en la región. Se recomienda un análisis más detallado que cubra los sectores clave en los cinco países de Asia Central, con un enfoque en la importancia económica, el uso de materiales, la huella de carbono y la participación de los actores interesados.

En definitiva, el informe subraya el inmenso potencial de implementar prácticas de EC en Asia Central, con un enfoque particular en la cadena de valor de la construcción en Kazajistán, la cadena de valor agrícola en Uzbekistán y el ecosistema urbano de Almaty. Para la construcción en Kazajistán, se proponen regulaciones y estándares, junto con inversiones en infraestructura y plataformas de colaboración, destacando proyectos como el centro de reciclaje de residuos de construcción y la producción de materiales modulares. En Uzbekistán, se identifican acciones clave como el riego por goteo y el tratamiento ecológico de aguas residuales, con el potencial de aumentar significativamente la resiliencia agrícola y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Almaty, la CEAP aborda desafíos críticos como la excesiva generación de residuos y la falta de infraestructura de procesamiento, proponiendo auditorías obligatorias de residuos y la renovación de edificios antiguos. A pesar de los significativos costos de implementación, los beneficios económicos y ambientales proyectados justifican la inversión, con estimaciones de reducción de la demanda de materiales primarios y generación de residuos. La transición hacia una economía circular en la región requiere un enfoque integral que incluya el desarrollo de capacidades, la concienciación, la investigación y el intercambio de conocimientos. Asimismo, se destacan las barreras regulatorias, económicas y tecnológicas, proponiendo soluciones como la contratación pública verde y los esquemas de responsabilidad extendida del productor. La colaboración regional y la adopción de metodologías reconocidas internacionalmente son esenciales para superar las lagunas de datos y asegurar una transición efectiva y sostenible hacia una economía circular en Asia Central.

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El informe analiza el futuro del sistema de distribución de gas natural en Illinois mientras el estado se esfuerza por lograr un 100% de energía limpia para 2050 bajo la Ley de Empleos Climáticos y Equitativos (CEJA). Los hallazgos clave y las recomendaciones son claros: las operaciones del sistema de gas no pueden continuar en su forma actual para cumplir con los objetivos de descarbonización de CEJA. La Comisión de Comercio de Illinois (ICC) ha señalado un cambio hacia una supervisión reguladora más estricta, reduciendo las solicitudes de aumento de tarifas y pausando los programas de reemplazo de tuberías. Además, el gas natural renovable (RNG) y el hidrógeno enfrentan desafíos técnicos y económicos significativos como alternativas al gas fósil y no pueden calentar los hogares de Illinois a gran escala de manera realista. El RNG es extremadamente caro y los proyectos actuales enfrentan costos elevados. La modelización de costos muestra que continuar con inversiones habituales en el sistema de gas mientras los clientes se electrifican llevará a tasas crecientes para los clientes restantes, activos varados y costos no recuperados para las empresas de servicios públicos. Una transición no gestionada del gas sería devastadora para las empresas de servicios públicos y los consumidores. El informe recomienda una «transición gestionada» del sistema de distribución de gas mediante políticas que alineen el gasto de capital con la electrificación, proporcionen asistencia de transición para las empresas de gas y los trabajadores, protejan a los clientes restantes de los choques de tarifas y aseguren una transición equitativa para las comunidades desatendidas. Además, el informe destaca los costos y riesgos crecientes asociados con la dependencia de Illinois en el gas metano y la necesidad de una transición gestionada hacia fuentes de energía limpias y renovables. Los cuatro principales servicios de gas de Illinois enfrentan riesgos financieros sustanciales debido a la infraestructura envejecida que requiere reemplazos costosos, con más de $1.5 mil millones gastados anualmente en mejoras de capital. Para 2030, las tarifas de los clientes necesitarían aumentar en un 45% en promedio para cubrir los costos de entrega crecientes, incluso con una base de clientes estable. Para 2035, se requeriría un aumento del 94% en las tarifas. Las empresas de gas están acumulando riesgos de activos varados, que podrían alcanzar los $80 mil millones para 2050 si las inversiones en infraestructura continúan sin un plan de transición. Una transición no gestionada afectará desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y justicia ambiental que no pueden cambiar a alternativas más limpias. Una transición gestionada que involucre supervisión regulatoria, colaboración de las partes interesadas e inversiones coordinadas en tecnologías de energía limpia es clave para garantizar la seguridad, la fiabilidad, la asequibilidad y la equidad durante el cambio energético. La descarbonización a escala de vecindarios, enfocada en la transición de vecindarios enteros a fuentes de energía limpias y electrodomésticos eléctricos, es una estrategia crítica para evitar costos crecientes e inequidades profundas. El informe enfatiza la urgencia de que Illinois planifique e implemente proactivamente una transición gestionada del gas para lograr un futuro energético equitativo, seguro y rentable.

El uso de gas metano en Illinois conlleva costos ambientales y sociales significativos, subrayando la necesidad de que el estado alinee sus objetivos climáticos y de equidad con una planificación energética a largo plazo. Las emisiones de metano por el uso de gas han sido subestimadas, resultando en un costo social sustancial estimado en $7.3 mil millones anuales. A pesar de que Illinois ha priorizado políticas de justicia ambiental y asequibilidad energética, la inequidad energética persiste, afectando desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y justicia ambiental. La CEJA busca abordar estas disparidades, pero carece de objetivos específicos para descarbonizar el sector de edificios dependientes del gas, para cumplir los compromisos climáticos. Es imperativo que Illinois establezca metas sectoriales de descarbonización, facilite el acceso a tecnologías de energía limpia para todos los niveles de ingresos y comprometa a las empresas de servicios de gas a reducir emisiones y desarrollar infraestructuras de energía limpia a través de una planificación a largo plazo. Tecnologías competidoras, como las bombas de calor de fuente de aire, están ganando terreno, con ventas superando a las de los hornos de gas en 2022, impulsadas por mejoras tecnológicas, la concienciación del consumidor y los incentivos gubernamentales, como la Ley de Reducción de la Inflación. Illinois es uno de los principales estados consumidores de gas metano en los Estados Unidos, con el 75% de los hogares utilizando gas para calefacción. El estado depende en gran medida del gas importado de otros estados y cuenta con una infraestructura de gas densa, ocupando el tercer lugar en el país en cuanto a millas totales de redes de distribución. Más de un tercio del sistema de distribución existente tiene más de 50 años y necesita ser reemplazado, requiriendo un gasto de capital considerable. Las «Cuatro Grandes» empresas de servicios públicos en Illinois (Ameren, Nicor, North Shore y Peoples) sirven a más del 97% de los clientes de gas del estado. Entre 2014 y 2022, estas empresas aceleraron su gasto de capital en el sistema de gas, invirtiendo más de $9 mil millones y aumentando su planta de gas total en un 84%. Este gasto sustancial, que incluye tasas de retorno garantizadas, se recuperará de los clientes de gas. El mantenimiento del envejecido sistema de gas de Illinois requiere comprometerse con sucesivas olas de reemplazos costosos de tuberías, lo que resultará en un aumento significativo de los costos y tarifas de entrega promedio. El futuro del gas en Illinois es costoso, y el informe examina varios escenarios para futuros gastos de capital y sus posibles impactos en las tarifas y activos no recuperados.

El sector de servicios públicos de gas en Illinois presenta diversos aspectos que requieren análisis detallado, centrándose en las cuatro principales empresas de servicios públicos de gas: Ameren, Nicor, North Shore y Peoples. Uno de los puntos clave es la fijación de cargos fijos por parte de la ICC, que recientemente estableció nuevos cargos fijos para los clientes de calefacción, separados de los cargos variables de entrega. Estos cargos se suman a los recargos y sobrecargos, como el recargo de la Planta de Infraestructura Calificada (QIP) y el recargo de ajuste de gastos incobrables, que han desempeñado un papel significativo en la recaudación de ingresos. Además, las tarifas de suministro, determinadas por el mercado, pueden ser volátiles y afectar la asequibilidad de las facturas, como se observó durante el invierno 2021-2022, cuando las facturas de gas aumentaron considerablemente. En un esfuerzo por abordar las disparidades económicas, la ICC ordenó la implementación de un sistema de tarifas escalonadas (LIDA) para clientes de bajos ingresos, con descuentos que van del 5% al 83% según los niveles de ingresos. Por otra parte, las empresas de servicios públicos tienen diferentes cantidades de redes de distribución, tuberías de transmisión, instalaciones de almacenamiento subterráneas y plantas de reserva, siendo Nicor la más grande en términos de activos de distribución y Ameren la que posee más activos de transmisión y almacenamiento. Este panorama proporciona una visión completa del sector de servicios públicos de gas en Illinois, abarcando aspectos como tarifas, programas de asistencia y detalles de infraestructura. En cuanto a la infraestructura envejecida del sistema de distribución de gas natural en Illinois, especialmente de las empresas Ameren, Nicor, North Shore y Peoples Gas, se destaca que una parte sustancial de las redes de distribución (36%) se instaló antes de 1970, lo que las convierte en tuberías con más de 50 años de antigüedad. Las empresas con sistemas más antiguos son Ameren (42% de tuberías instaladas antes de 1970) y Nicor (35%). Aunque solo un pequeño porcentaje (2%) de las tuberías está oficialmente categorizado como «propenso a fugas» por PHMSA, las empresas reconocen que los materiales más antiguos, como el acero vintage y ciertos tipos de plástico, también representan riesgos a medida que envejecen. Para abordar esto, las empresas han acelerado el gasto de capital, invirtiendo más de $9 mil millones de 2014 a 2022, principalmente en infraestructura de distribución. Sin embargo, se requerirán importantes gastos de capital continuos para reemplazar sucesivas cohortes de tuberías envejecidas. Las empresas también están invirtiendo en infraestructura de transmisión para cumplir con las regulaciones y extender sus redes a través de las asignaciones de extensión de líneas para atraer nuevos clientes.

El impacto de los niveles de gasto de capital por parte de las empresas de gas en Illinois en sus futuros requisitos de ingresos, costos de entrega promedio por cliente y riesgos de activos varados es un tema relevante. En la situación actual de gasto de capital (BaU), se observa un aumento significativo en los requisitos de ingresos y los costos de entrega promedio, más que duplicándose para 2030 incluso con salidas moderadas de clientes. Por otro lado, un gasto de capital plano (sin crecimiento) reduce el aumento en los requisitos de ingresos y los costos de entrega promedio en comparación con BaU, pero aun así, los costos se duplican para mediados o finales de la década de 2030. Un gasto de capital decreciente alineado con las salidas de clientes proporciona el resultado más favorable, reduciendo los requisitos de ingresos acumulativos para 2050 en un 36-42% en comparación con BaU. Sin embargo, los costos de entrega promedio aún se duplican para la década de 2030. Los riesgos de activos varados son sustanciales bajo el gasto de BaU, con saldos de plantas de gas no recuperados aumentando seis veces a $80 mil millones para 2050. Un gasto plano y decreciente puede reducir este riesgo en un 59-67%. Incluso con un gasto decreciente, los activos no recuperados casi se duplican de $13.4 mil millones en 2024 a $26.1 mil millones en 2050 debido al gasto pasado. Nicor tiene el mayor riesgo de activos varados, representando aproximadamente el 50% del total de saldos no recuperados entre las empresas de servicios públicos. Este análisis destaca los desafíos que enfrentan las empresas de servicios públicos en la gestión de costos y activos varados a medida que aumentan las salidas de clientes, subrayando la necesidad de acción regulatoria y política para abordar estos riesgos durante la transición energética. En general, el informe ofrece una visión integral del futuro del sistema de distribución de gas natural en Illinois bajo la Ley de Empleos Climáticos y Equitativos (CEJA). Destaca la necesidad de una transición gestionada del sistema de gas para cumplir con los objetivos de descarbonización, señalando que las operaciones actuales no son sostenibles en su forma actual. Las recomendaciones incluyen una supervisión regulatoria más estricta, programas de asistencia de transición para empresas y trabajadores de gas, y políticas que alineen el gasto de capital con la electrificación. Se resalta la importancia de abordar los costos y riesgos asociados con la infraestructura de gas envejecida y la dependencia del gas metano. Además, se destaca la necesidad de establecer metas sectoriales de descarbonización, facilitar el acceso a tecnologías de energía limpia y comprometer a las empresas de gas en una planificación a largo plazo. La transición hacia fuentes de energía limpias y renovables se presenta como clave para garantizar un futuro energético equitativo, seguro y rentable en Illinois.

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