El objetivo de triplicar la capacidad global de energía renovable para el año 2030, tal como se comprometieron los países del G7 (Grupo de los Siete, Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) en) en la COP28, destaca la relevancia estratégica de estas naciones en el panorama energético mundial. triplicar la capacidad global de energía renovable para 2030, como se comprometió en la COP28. A pesar de las adiciones récord de energías renovables en 2023, la trayectoria actual no cumple con el objetivo de triplicación, especialmente para la energía eólica, hidroeléctrica, geotérmica y bioenergía. Los países del G7 deben acelerar significativamente la implementación de energías renovables, tanto a nivel nacional como apoyando a las economías emergentes. Los desafíos clave incluyen la expansión de la red, financiamiento, integración de almacenamiento y desarrollo de la fuerza laboral. El informe recomienda fortalecer las políticas existentes, introducir nuevas medidas de apoyo, aumentar las inversiones en redes y almacenamiento, y mejorar la colaboración internacional. Se necesita una acción urgente del G7 para abordar las barreras de implementación y mantener al mundo en una trayectoria de 1.5°C para cumplir con el compromiso de triplicación para 2030. Por otro lado, el informe proporciona información clave y visualizaciones de datos relacionados con el objetivo de triplicar la capacidad de energía renovable a nivel global para 2030. Destaca la importancia de marcos habilitadores y aborda las barreras para alcanzar esta meta. El informe identifica áreas clave donde se necesitan marcos habilitadores para abordar las barreras para la triplicación de la capacidad de energía renovable para 2030. Además, presenta datos sobre tasas de recorte para energía solar, eólica y eléctrica renovable variable por país, así como inversiones en redes de transmisión, restricciones o atrapamiento de energía en la red y longitud de líneas planificadas/completadas para Alemania. También aborda la inversión de los países del G7 en redes de transmisión y distribución, la capacidad anticipada de energía solar y eólica en los planes de expansión de operadores de sistemas de transmisión y la comparación con la capacidad esperada de implementación real en 2030. En resumen, el informe destaca la necesidad de políticas habilitadoras, inversiones en infraestructura de red, abordar los desafíos de integración, gestionar los costos de capital, despliegue de almacenamiento de energía y desarrollo de habilidades laborales para lograr la triplicación de la capacidad de energía renovable para 2030.

La búsqueda de triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030, como se comprometieron los países del G7 en la COP28, destaca la relevancia estratégica de estas naciones en el panorama energético global. Sin embargo, el camino hacia este objetivo enfrenta desafíos significativos. Aunque el objetivo colectivo del G7 establece una meta de 11.2 TW de capacidad de energía renovable para 2030, con los países del G20 aportando alrededor de 9.4 TW, las metas individuales del G7 para la energía solar fotovoltaica (aproximadamente 980 GW) y la energía eólica marina (127 GW) no alcanzan la meta general del G7 de agregar 150 GW de energía eólica marina y al menos 1 TW de energía solar fotovoltaica para 2030. Las expectativas actuales de despliegue basadas en políticas existentes para los países del G7 proyectan una capacidad instalada acumulativa de alrededor de 1,410 GW para 2030, lo que supone una brecha de 868 GW (38%) en comparación con lo necesario para un camino hacia los 1.5°C alineado con la meta de triplicar la capacidad global de energía renovable. Para cumplir con la parte del G7 de la meta de triplicación, se necesitan 275 GW adicionales de capacidad en comparación con las expectativas actuales, incluyendo 105 GW de energía solar fotovoltaica, 128 GW de energía eólica terrestre y 41 GW de energía eólica marina. Aun después de cumplir con las metas individuales de los países, habría una brecha adicional de 527 GW entre las metas colectivas del G7 y alcanzar un camino hacia los 1.5°C, lo que resalta la necesidad de políticas más sólidas y coordinación entre los países del G7. En este contexto, se deben abordar dos desafíos para lograr la meta de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, como se establece en el camino hacia los 1.5°C. En primer lugar, las políticas actuales no se espera que impulsen una aceleración suficiente en nuevas adiciones de capacidad de energía renovable para alcanzar la meta de 2030, lo que dejaría un déficit de alrededor de 2,260 GW. En segundo lugar, existe un desequilibrio en el crecimiento proyectado de diferentes tecnologías renovables, con la energía solar fotovoltaica esperando contribuir con una proporción mucho mayor de lo previsto en el camino hacia los 1.5°C. Aunque la capacidad total objetivo se logre, una dependencia excesiva de la energía solar fotovoltaica debido al bajo desempeño de otras tecnologías podría resultar en una generación eléctrica insuficiente de fuentes renovables en 2030. Esto se debe a que la energía solar fotovoltaica tiene un factor de capacidad más bajo que otras renovables, por lo que se necesitaría más capacidad de energía solar fotovoltaica para generar la misma cantidad de electricidad. La acción temprana para ajustar políticas y tasas de despliegue es determinante para aumentar la probabilidad de cumplir con el objetivo de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030.

El estudio enfatiza la importancia de alinear la planificación, expansión y modernización de la red eléctrica con el esperado crecimiento en el despliegue de energía renovable para alcanzar el objetivo de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030. Para abordar este desafío, se ofrecen varias recomendaciones para los países del G7, como integrar la planificación de energía y los programas de red, introducir un enfoque integrado considerando recursos solares, eólicos, de almacenamiento y de demanda, agilizar los procesos de permisos, evolucionar la operación y gestión de la red, y apoyar la inversión en infraestructura de red en economías emergentes y en desarrollo. Se destaca la necesidad de una acción radical debido al lento progreso en la modernización y expansión de la red en algunos países del G7. Se sugiere que estos países trabajen hacia el logro de los objetivos existentes establecidos por los operadores de transmisión y distribución, pero también aborden urgentemente la probable brecha en la capacidad de la red para absorber y transmitir la capacidad y generación renovables requeridas. Esto se puede lograr mediante un enfoque en tecnologías que mejoren la red, la flexibilidad de la demanda y el almacenamiento de energía. Se recomienda que los países del G7 implementen políticas y programas de apoyo para acelerar el despliegue de almacenamiento de electricidad a escala de red, aumentar la flexibilidad de la demanda y escalar rápidamente las tecnologías que mejoran la red. El documento, a su vez, discute los desafíos financieros para la energía renovable y las inversiones en infraestructura eléctrica, destacando la necesidad de abordar la demanda de proyectos bancables, la disponibilidad de fondos suficientes y el costo de financiamiento, especialmente en mercados emergentes y economías en desarrollo. El análisis se centra en el significativo aumento en el costo promedio ponderado de capital (WACC) para proyectos de energía renovable, particularmente en 2023 y 2024, debido a factores como problemas en la cadena de suministro, alta inflación y condiciones macroeconómicas deterioradas. Se destaca que el aumento del WACC en 2023 fue de alrededor de 1.0-1.6 puntos porcentuales en Europa y África, pero el impacto real se sentirá en 2024, con un aumento adicional de 0.8-3.3 puntos porcentuales en Europa y hasta 6.5 puntos porcentuales en algunos países africanos. El documento proporciona cifras específicas del WACC por país para proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre en 2022-2024, mostrando una clara tendencia al alza en los mercados. Se enfatiza la necesidad de identificar y mitigar los impulsores específicos de riesgo que agregan primas al costo de capital, como el riesgo país, el riesgo cambiario, el riesgo político/regulatorio, el riesgo de contraparte y otros. Se proporciona una tabla que describe varios riesgos de inversión y herramientas de mitigación potenciales para reducir el costo de capital y atraer más financiamiento privado para proyectos de energías renovables, especialmente en mercados emergentes y economías en desarrollo.

En cuanto a la necesidad de abordar riesgos y movilizar financiamiento para apoyar la triplicación de la capacidad de energía renovable en mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDE) para 2030, se destaca el papel de los fondos públicos y las instituciones financieras de desarrollo en mitigar riesgos y mejorar la viabilidad de proyectos de energía renovable en EMDE. Se discuten los tres principales riesgos que impactan el costo de capital: riesgo país, riesgo cambiario y riesgo de contraparte. Se enfatiza la necesidad de enfoques personalizados basados en las diversas circunstancias de los EMDE, así como un mayor financiamiento público y mecanismos de financiamiento combinados. También se resalta la importancia de la certeza de políticas y regulaciones, objetivos claros y una evaluación integral de los riesgos de inversión que incluya externalidades ambientales y sociales. Adicionalmente, el documento menciona la creciente importancia del almacenamiento de electricidad, especialmente el almacenamiento de baterías, para facilitar la integración de energía solar y eólica. Se proyecta un aumento significativo en la capacidad de almacenamiento de baterías para 2030, complementado por la expansión del almacenamiento hidroeléctrico bombeado. Se enfatiza el papel del almacenamiento en proporcionar flexibilidad, seguridad de suministro y servicios económicos, junto con la necesidad de actualizaciones y modernización de la red para acomodar la transición a fuentes de energía renovable.

En general, el documento destaca la importancia estratégica de los países del G7 en el panorama energético global al comprometerse a triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, como se estableció en la COP28. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en el camino hacia este objetivo, especialmente en términos de implementación de políticas, expansión de la infraestructura de red y movilización de financiamiento. La trayectoria actual no cumple con la meta de triplicación, lo que resalta la necesidad de una acción radical y coordinada para acelerar la transición hacia las energías renovables. Se requiere un enfoque integrado que aborde los desafíos financieros, la expansión de la red y la integración de tecnologías de almacenamiento para alcanzar el objetivo de manera efectiva. La colaboración internacional, el fortalecimiento de las políticas existentes y la introducción de nuevas medidas de apoyo son elementos clave para lograr una transición exitosa hacia un sistema de energía renovable más sostenible y resiliente para el futuro.  

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China está dando pasos significativos en su transición energética, con signos visibles de esfuerzos de descarbonización como cielos más claros y un número creciente de vehículos eléctricos. Para el año 2050, la participación de China en las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía disminuirá de un tercio a un quinto, y sus emisiones absolutas se reducirán en un asombroso 70%. Esto se debe principalmente a la sustitución del carbón por energías renovables en la mezcla energética y a la electrificación de la demanda final. China ya es líder en inversiones en energías renovables y multiplicará por más de cinco sus instalaciones de energía renovable para 2050. La mezcla energética pasará del 30% de renovables actualmente al 55% para 2035 y al 88% para 2050, con la energía solar y eólica generando aproximadamente el 38% de la electricidad para mediados de siglo. El uso de energía en China alcanzará su pico en 2030 y se reducirá un 20% para 2050, impulsado por la electrificación y mejoras en la eficiencia energética. Para 2050, China rivalizará con la región Asia Pacífico de la OCDE como la más electrificada globalmente, con la electricidad cubriendo el 47% de la demanda final de energía. La intensidad energética disminuirá en un tercio para 2035 y se reducirá a la mitad para 2050 respecto a los niveles actuales. La independencia energética es una motivación clave detrás de la política energética de China, pero solo se logra parcialmente para mediados de siglo. Aunque el carbón producido domésticamente será reemplazado por renovables producidas localmente en el sector eléctrico, China seguirá importando cantidades significativas de petróleo y gas. Se proyecta que las emisiones en China alcancen su pico en 2026, con una reducción del 30% para 2040. China tiene como objetivo reducir la intensidad de carbono por unidad de PIB en un 65% desde los niveles de 2005 para 2030, pero la proyección muestra una reducción del 59% para entonces. A largo plazo, China está cerca de cumplir su objetivo de neutralidad de carbono para 2060, pero deberá acelerar la descarbonización en algunos sectores para asegurar el cero neto para entonces. 

Este informe ofrece una perspectiva sobre la transición energética de China hacia un futuro de emisiones netas cero para 2050. Destaca el papel crítico de China en la transición energética global, siendo el mayor consumidor de energía del mundo, usuario de carbón y principal instalador de capacidad de energía renovable. Los puntos clave son: se espera que la población de China disminuya, con una población envejecida y una urbanización continua, lo que conduce a cambios en los patrones de demanda energética. Se proyecta que el crecimiento económico en China se desacelere, con un crecimiento promedio del PIB del 2.5% por año hasta 2050. Sin embargo, se espera que el PIB per cápita aumente más del 120% para mediados de siglo. Se anticipan mejoras en la eficiencia energética, con una disminución de la intensidad energética (energía primaria utilizada por unidad de PIB) de 4.8 MJ/USD actualmente a 2.2 MJ/USD para 2050. China prioriza la seguridad energética, la resiliencia y las necesidades sociales sobre el crecimiento económico rápido. Su objetivo es reducir la dependencia de importaciones mediante la transición del carbón a renovables controladas domésticamente y energía nuclear. En el corto plazo, China experimentó un rebote intensivo en carbono en 2023, con un aumento de las emisiones de más del 5% debido al mayor consumo de carbón. Sin embargo, el informe describe varias medidas y objetivos políticos para lograr el pico de emisiones antes de 2030 y cero neto para 2060. La transición a energías limpias, especialmente el continuo auge en instalaciones de energía renovable para que China alcance sus objetivos de reducción de emisiones a corto y largo plazo. La transición energética de China es decisiva no solo para su futuro, sino también para el éxito de la transición energética global y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

China ha implementado diversas políticas para abordar la degradación ambiental, la seguridad energética y la mitigación del cambio climático. El concepto de ‘civilización ecológica’ se ha convertido en una piedra angular de la estrategia nacional de desarrollo de China, enfatizando el desarrollo económico con protección ambiental. Se han adoptado políticas para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, así como para conservar la biodiversidad. En cuanto a la contaminación del aire, China ha declarado una ‘guerra contra la contaminación’ e implementado medidas como límites al consumo de carbón, cambio de carbón a gas/electricidad y mejoras en el control de emisiones en industrias y transporte. Sin embargo, el reciente permiso para nuevas capacidades de carbón para reforzar la seguridad energética ilustra el desafiante equilibrio entre medio ambiente, seguridad energética y prioridades de descarbonización. Los esfuerzos de descarbonización de China ayudan a lograr los objetivos climáticos globales, debido a que es el mayor emisor de carbono del mundo. El cambio climático se ha convertido en un tema de interés nacional, y la motivación para desvincular el crecimiento económico de las emisiones ha sido predominantemente doméstica, impulsada por los impactos del sistema energético dominado por el carbón en la contaminación. Los riesgos climáticos también están recibiendo una atención doméstica creciente debido a los efectos intensificados del cambio climático, como eventos climáticos extremos, que afectan la disponibilidad de agua, el suministro energético y la producción de alimentos. China ha profundizado sus políticas climáticas, con esfuerzos de adaptación intensificados como parte de la estrategia nacional desde 2013. El país ha anunciado objetivos para el pico de emisiones de carbono y la neutralidad de carbono, y ha implementado políticas para promover la energía renovable, la eficiencia energética y las tecnologías bajas en carbono. Sin embargo, el equilibrio entre seguridad energética, estabilidad económica y descarbonización sigue siendo un desafío. En otra instancia, el documento describe las políticas y estrategias de China para lograr su «doble objetivo de carbono» de alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. El marco de políticas «1+N» proporciona orientación del gobierno central y políticas sectoriales específicas para impulsar la reducción de emisiones. Las medidas clave incluyen mejorar la eficiencia energética, aumentar las fuentes de energía no fósil, implementar obligaciones de energía limpia y utilizar mecanismos de fijación de precios del carbono. El sector energético es un foco importante, con políticas que promueven el desarrollo de energías renovables, la expansión de energía nuclear para la seguridad energética, mejoras en la infraestructura de red para la integración de renovables y mejoras en la eficiencia de la energía de carbón mientras se garantiza la seguridad del suministro. Las reformas del mercado de electricidad y gas natural buscan introducir mecanismos de fijación de precios basados en el mercado para permitir un sistema energético flexible y bajo en carbono. A las provincias se les asigna la tarea de desarrollar sus propias estrategias alineadas con el marco nacional. El panorama de políticas abarca diversas iniciativas de oferta y demanda, que van desde I+D dirigida por el estado hasta financiamiento de inversiones e incentivos fiscales, para facilitar la transformación verde y baja en carbono en industrias y sectores clave.

El documento describe el panorama de políticas de China para su transición energética hacia la neutralidad de carbono para 2060. Los puntos clave incluyen: las fuentes de energía renovable como el viento y solar tienen prioridad, con un apoyo y avance político constante. La energía de carbón se asigna un papel complementario en el período de transición hasta 2045. La política favorece el avance de la electricidad renovable, el hidrógeno verde y sus derivados en los sectores de suministro. Las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se reconocen por descarbonizar fuentes fósiles, pero su aplicación y comercialización a gran escala parecen ser una prioridad menor a corto plazo. En el lado de la demanda, las políticas se centran en mejorar los patrones de consumo de energía, cambiar de combustibles fósiles a energía renovable e hidrógeno, y promover la electrificación y eficiencia energética. En el sector manufacturero, las políticas buscan modernizar y actualizar industrias, priorizando industrias emergentes estratégicas como la energía limpia y promoviendo prácticas de economía circular. Para los edificios, las políticas fomentan el cambio de carbón a gas/electricidad, la conservación de energía en edificios nuevos y existentes, y el uso de fuentes de calefacción limpias como bombas de calor y energía solar. En el transporte, las políticas de larga data apoyan el desarrollo y adopción de vehículos de nueva energía (NEVs), incluyendo vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables y de células de combustible, a través de varios incentivos, mandatos y planes de implementación de infraestructura. Sin embargo, los esfuerzos de descarbonización para los sectores de aviación y transporte marítimo avanzan a un ritmo más lento. Se discuten las políticas e iniciativas de China dirigidas a reducir las emisiones y promover una transición energética verde, tanto a nivel nacional como global. Los puntos clave incluyen: regulaciones para controlar los contaminantes atmosféricos de los buques, promover la energía en tierra y desarrollar embarcaciones de energía limpia. Planes para aumentar el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) y mejorar la eficiencia del combustible en la aviación. Expansión del sistema nacional de comercio de emisiones (ETS) de China para cubrir más sectores de alta emisión, con planes de subasta y un límite absoluto de emisiones en el futuro. Proyecciones de precios de carbono más altos, alcanzando los $100/tCO2 en 2030 y $200/tCO2 en 2050, para impulsar los esfuerzos de descarbonización. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI) se está desplazando hacia proyectos de energía verde en el extranjero, con un compromiso de dejar de financiar nuevas plantas de carbón en el extranjero. Énfasis en la competencia de tecnologías limpias y la carrera de política industrial, con China apuntando a mantener su liderazgo en la fabricación de energía renovable. Colaboración con otras iniciativas como la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global (PGII) del G7 para financiar infraestructura sostenible en economías en desarrollo. 

La representación de la transición energética a nivel global en China, está siendo impulsado por políticas gubernamentales, un gran mercado interno y capacidades en toda la cadena de valor de la energía renovable. China representa una parte significativa de las exportaciones globales en células solares, baterías de iones de litio, vehículos eléctricos (EV) e instalaciones de turbinas eólicas. Sin embargo, las tensiones geopolíticas están aumentando, y regiones industrializadas como América del Norte y Europa están implementando políticas para apoyar su posicionamiento estratégico en las cadenas de valor de energía limpia. Se espera que China responda apretando los controles de exportación sobre materiales críticos y alentando a las empresas chinas a internacionalizar sus operaciones. A pesar de las relaciones tensas en el pasado, Estados Unidos y China recientemente se han comprometido a rejuvenecer su diálogo sobre acción climática y transición energética. La Declaración de Sunnyland entre los presidentes Biden y Xi establece el tono para un mayor compromiso en 2024, incluida la cooperación en temas como emisiones de metano, despliegue de energías renovables, captura y almacenamiento de carbono (CCS) y soluciones de ahorro energético. En China, se espera que la demanda de energía se desacelere en los próximos años de esta década debido a factores como cambios demográficos, menor dependencia de la industria pesada y un enfoque en la eficiencia energética. Los combustibles fósiles actualmente satisfacen el 65% de la demanda final de energía, pero se proyecta que su participación disminuya al 38% para 2050, con la electricidad y el hidrógeno ganando mayores participaciones. La fabricación seguirá siendo el sector de demanda energética más grande, seguido por los edificios y el transporte. Aunque se espera que la densidad de vehículos de pasajeros crezca, la urbanización y el transporte público limitarán el aumento. La demanda de aviación es probable que se duplique para 2050 a medida que se expande la clase media. El uso de energía en edificios permanecerá relativamente estable, con un fuerte enfoque en la eficiencia energética, pero la demanda de enfriamiento aumentará significativamente. 

China ha experimentado un cambio significativo en su sector eléctrico, con fuentes de energía renovable como la solar y la eólica superando las instalaciones de plantas de carbón y gas desde 2019. Este cambio ha sido impulsado por la necesidad de reducir la contaminación del aire y promover industrias de energía limpia. En adelante, el sector eléctrico de China se centrará en el crecimiento de las energías renovables asegurando al mismo tiempo la adecuación de recursos y la flexibilidad. Hasta 2030, el carbón seguirá desempeñando un papel importante, representando casi el 50% de la generación de electricidad en la red, a pesar de que su participación se reducirá gradualmente. A partir de 2030 hasta 2050, ocurrirá una transición rápida, con la disminución de la participación del carbón y la compensación de la generación perdida de carbón por parte de la energía eólica y solar. El almacenamiento de electricidad será clave para mantener la adecuación y la flexibilidad, aumentando desde casi cero en 2022 hasta aproximadamente el 4% de la oferta en la red para 2050. A pesar del crecimiento más lento de la demanda eléctrica en comparación con 2010-2020, las prioridades de China para el sector eléctrico están cambiando debido al crecimiento declinante, los objetivos climáticos, las necesidades de seguridad energética y el deseo de liderar en tecnología de energía limpia. Los aspectos clave incluyen mantener la capacidad firme y rampable mientras se incorporan las energías renovables, consolidar la seguridad energética, reducir el uso de carbón mientras se asegura la capacidad de demanda máxima y lograr la descarbonización a través de la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y la expansión nuclear. Para 2050, la energía solar y eólica representarán aproximadamente el 75% de la generación, mientras que la participación del carbón será solo del 3%, con el 93% de la electricidad en la red proveniente de fuentes bajas en carbono.

China se encuentra en medio de una transformación energética significativa, marcada por cambios sustanciales en la producción y uso de metanol, hidrógeno y amoníaco, así como en la transición general hacia fuentes de energía más limpias. Actualmente, el metanol se emplea principalmente en la producción química, pero se espera que su uso como combustible de transporte, especialmente en la industria marítima, experimente un aumento considerable. Se proyecta que China producirá 5,5 millones de toneladas de metanol para uso energético para 2030 y alrededor de 60 millones de toneladas para 2050, mayormente a partir de fuentes no fósiles. Por su parte, la producción de hidrógeno mediante electrólisis, junto con energía solar fotovoltaica y eólica en tierra, experimentará un crecimiento tremendo en China, alcanzando 30 millones de toneladas para 2050. Para mediados de siglo, el 80% tanto del hidrógeno para materias primas como para energía se basará en hidrógeno de bajo carbono. Aunque China cuenta con una parte significativa de la capacidad mundial de producción de amoníaco, principalmente a partir de producción basada en carbón, la brecha de costos entre la producción de amoníaco basada en fósiles y en electrólisis en China se considera la más pequeña del mundo, lo que indica un potencial para una transición hacia una producción de amoníaco más verde. En el contexto de la transición energética de China, se proyectan tendencias futuras en el consumo de carbón, petróleo y gas natural. Se espera que el uso de carbón en China disminuya significativamente, pasando de 8 gigatoneladas de emisiones de CO2 en 2022 a 1,8 gigatoneladas en 2050, aunque aún representará el 11% de las emisiones energéticas globales en 2050. Para alcanzar la meta de 1,5°C, China debe reducir de manera significativa la participación del carbón en su mezcla energética a cifras de un solo dígito para 2035 y considerar su eliminación completa para 2045. Sin embargo, China continúa aprobando nuevas plantas de energía a base de carbón a un ritmo rápido. Por otro lado, la demanda de petróleo se espera que alcance un plateau alrededor de 2025, antes de declinar en un 71% para 2050, impulsado por la electrificación en el sector del transporte. China ha aumentado sus importaciones de petróleo, siendo Rusia y Arabia Saudita proveedores importantes. En cuanto al gas natural, se proyecta un crecimiento en su consumo hasta mediados de la década de 2030, antes de declinar a 500 mil millones de metros cúbicos en 2050, impulsado por la expansión de energías renovables. En resumen, China está realizando esfuerzos significativos para alejarse de los combustibles fósiles, especialmente del carbón, mientras aborda los desafíos y la dependencia continua en estas fuentes de energía.

El panorama actual y futuro de la producción y uso de metanol, hidrógeno y amoníaco en China, junto con la transición energética del país, refleja una trayectoria marcada por inversiones agresivas en infraestructura energética. China ha invertido enérgicamente en infraestructura energética en las últimas dos décadas, impulsada por la creciente demanda de electricidad, una tendencia que se espera continúe debido a las condiciones financieras favorables, especialmente para proyectos de energía limpia. Si bien las inversiones en carbón disminuirán, China continuará financiando nuevos proyectos de carbón a tasas competitivas hasta la década de 2030. Sin embargo, las inversiones en energías renovables y energía nuclear recibirán financiamiento estable y competitivo a lo largo del período previsto. El país busca la autosuficiencia y seguridad energética, confiando más en fuentes energéticas domésticas como el carbón y las renovables, aunque aún importa cantidades significativas de petróleo y gas natural. Más allá de la infraestructura energética, China invierte considerablemente en manufactura de energía limpia, minería de minerales críticos y en investigación y desarrollo (I+D) energético. Las inversiones en tecnologías emergentes como la producción de hidrógeno verde y el almacenamiento de energía también están creciendo rápidamente, con China a la vanguardia en estos sectores. En cuanto a la transición energética y las políticas de cambio climático, China está duplicando sus inversiones en el sector energético para 2050, con un cambio hacia generación de energía no fósil como las renovables, que alcanzarán alrededor de $250 mil millones al año para 2050. Además, China está invirtiendo en infraestructura energética en el extranjero, principalmente a través de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, con un enfoque creciente en proyectos eólicos y solares. Las inversiones en captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) aumentarán progresivamente a partir de la última parte de esta década, totalizando más de $100 mil millones o el 20% de las inversiones globales en CCS para 2050, dirigidas principalmente hacia la producción de amoníaco y metanol. El documento resalta los esfuerzos de China para abordar el cambio climático y avanzar hacia una economía baja en carbono, con una mezcla de políticas dirigidas a varios sectores e industrias.

En general, el documento destaca el enfoque multifacético de China hacia la transición energética, que involucra regulaciones nacionales, fijación de precios del carbono, cooperación internacional y medidas de política industrial para promover tecnologías de energía limpia. China está dando pasos significativos en su transición energética, evidenciados en esfuerzos hacia la descarbonización como cielos más claros y un creciente número de vehículos eléctricos. Para el 2050, la participación de China en las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía disminuirá de un tercio a un quinto, y sus emisiones absolutas se reducirán en un asombroso 70%. Esto se debe principalmente a la sustitución del carbón por energías renovables en la mezcla energética y a la electrificación de la demanda final. China ya es líder en inversiones en energías renovables y multiplicará por más de cinco sus instalaciones de energía renovable para 2050. La mezcla energética pasará del 30% de renovables actualmente al 55% para 2035 y al 88% para 2050, con la energía solar y eólica generando aproximadamente el 38% de la electricidad para mediados de siglo. El uso de energía en China alcanzará su pico en 2030 y se reducirá un 20% para 2050, impulsado por la electrificación y mejoras en la eficiencia energética. Para 2050, China rivalizará con la región Asia Pacífico de la OCDE como la más electrificada globalmente, con la electricidad cubriendo el 47% de la demanda final de energía. La intensidad energética disminuirá en un tercio para 2035 y se reducirá a la mitad para 2050 respecto a los niveles actuales. La independencia energética es una motivación clave detrás de la política energética de China, pero solo se logra parcialmente para mediados de siglo. Aunque el carbón producido domésticamente será reemplazado por renovables producidas localmente en el sector eléctrico, China seguirá importando cantidades significativas de petróleo y gas. Se proyecta que las emisiones en China alcancen su pico en 2026, con una reducción del 30% para 2040. China tiene como objetivo reducir la intensidad de carbono por unidad de PIB en un 65% desde los niveles de 2005 para 2030, pero la proyección muestra una reducción del 59% para entonces. A largo plazo, China está cerca de cumplir su objetivo de neutralidad de carbono para 2060, pero deberá acelerar la descarbonización en algunos sectores para asegurar el cero neto para entonces. Este informe ofrece una perspectiva sobre la transición energética de China hacia un futuro de emisiones netas cero para 2050, destacando el papel crítico de China en la transición energética global y puntos clave como cambios demográficos, crecimiento económico, reducción de intensidad energética y énfasis en tecnologías y políticas energéticas limpias.  

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El informe resalta la complejidad interconectada de las transiciones energéticas, trascendiendo más allá de simples avances tecnológicos y sustitución de combustibles. Estas transiciones representan una reorientación fundamental de nuestra relación con la energía, requiriendo cambios significativos en las estructuras organizativas y operativas de los sistemas energéticos. La importancia de involucrar a comunidades diversas en la comprensión de sus roles y opciones para moldear los sistemas energéticos del futuro se destaca como un punto a considerar. El informe, basado en entrevistas con expertos, analiza las implicaciones de la recuperación post-pandémica y la guerra en Ucrania en los sistemas energéticos de diferentes regiones, identificando desafíos, oportunidades y respuestas estratégicas a las recientes crisis. Se enfoca en gestionar los compromisos entre seguridad energética, equidad y sostenibilidad, las tres dimensiones del marco del Trilema Energético Mundial. Si bien los países europeos siguen entre los mejores en los índices generales, las entrevistas revelan desafíos debido a un nuevo tipo de shock energético impulsado por la demanda, exacerbado por la guerra en Ucrania. Esto ha llevado a una re-priorización de la seguridad energética y la asequibilidad sobre la sostenibilidad a corto plazo, aunque el compromiso a largo plazo con la descarbonización permanece fuerte. El informe subraya la necesidad de caminos de transición energética diversos e inclusivos, reconociendo que no hay una solución única para todos. Destaca la importancia de catalizar transiciones energéticas más justas, rápidas y amplias involucrando a más personas y comunidades en la comprensión de sus roles y opciones. 

En cuanto a los desafíos energéticos enfrentados por diferentes regiones del mundo y sus esfuerzos por equilibrar el Trilema Energético de seguridad, equidad y sostenibilidad, se observan dinámicas variadas. Europa experimentó un shock energético impulsado por la demanda tras la invasión de Ucrania y tuvo que reevaluar sus fuentes de energía, centrando la atención en la diversificación y las energías renovables, pero también enfrentando tensiones entre necesidades inmediatas y objetivos ambientales a largo plazo. América del Norte aborda el trilema a través de la resiliencia de infraestructuras, la equidad energética impulsada por la comunidad y la sostenibilidad ambiental, gracias a políticas como la Ley de Reducción de la Inflación. América Latina y el Caribe enfrentan desafíos complejos en el equilibrio entre seguridad, equidad y sostenibilidad en medio de cambios climáticos y políticos, confiando en subsidios para la asequibilidad mientras exploran fuentes de energía diversas y sostenibles. Asia busca la independencia energética, explorando energías renovables mientras lidia con la dependencia del carbón, y equilibrando el crecimiento económico con transiciones hacia energías limpias. Oriente Medio y los Estados del Golfo están transitando de la dominancia tradicional en petróleo y gas hacia energías renovables y nucleares, invirtiendo en fuentes energéticas diversas e iniciativas globales. África enfrenta una demanda creciente, desafíos de seguridad y una transición hacia energías más limpias, con esfuerzos hacia la adopción de energías renovables e integración regional. El informe resalta el Índice del Trilema Energético Mundial, que mide el desempeño del sistema energético integrado, y lo compara con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, mostrando el desempeño consistente de los países nórdicos en todos los índices. Enfatiza la importancia del Marco del Trilema Energético Mundial como una herramienta de navegación para líderes energéticos en la gestión de demandas competidoras y el seguimiento del progreso.

El informe del Consejo Mundial de Energía sobre el Trilema Energético en 2024 destaca la profunda e interconectada naturaleza de las transiciones energéticas, que van más allá de los avances tecnológicos y la sustitución de combustibles. Estas transiciones representan una reorientación fundamental de nuestra relación con la energía, requiriendo cambios significativos en las estructuras organizativas y operativas de los sistemas energéticos. El informe subraya la importancia de involucrar a diversas comunidades en la comprensión de sus roles y opciones para moldear los sistemas energéticos del futuro. Se basa en entrevistas con expertos para discutir las implicaciones de la recuperación pospandémica y la guerra en Ucrania en los sistemas energéticos de diferentes regiones. Identifica desafíos, oportunidades y respuestas estratégicas a las recientes crisis, con un enfoque en gestionar los trade-offs entre seguridad energética, equidad y sostenibilidad, las tres dimensiones del marco del Trilema Energético Mundial. Europa enfrentó un shock energético impulsado por la demanda tras la invasión de Ucrania y tuvo que reevaluar sus fuentes energéticas, centrándose en la diversificación y las energías renovables, pero también en tensiones entre necesidades inmediatas y metas ambientales a largo plazo. América del Norte aborda el trilema a través de la resiliencia de la infraestructura, la equidad energética impulsada por la comunidad y la sostenibilidad ambiental, impulsada por políticas como la Ley de Reducción de la Inflación. América Latina y el Caribe enfrentan desafíos complejos en el equilibrio entre seguridad, equidad y sostenibilidad en medio de cambios climáticos y políticos, dependiendo de subsidios para la asequibilidad mientras exploran fuentes de energía diversas y sostenibles. Asia busca la independencia energética, explorando energías renovables mientras lidia con la dependencia del carbón, y equilibrando el crecimiento económico con las transiciones hacia energías limpias. El Medio Oriente y los Estados del Golfo están pasando de la dominancia tradicional del petróleo y el gas a energías renovables y nucleares, invirtiendo en fuentes energéticas diversas e iniciativas globales. África enfrenta una demanda creciente, desafíos de seguridad y una transición hacia energías más limpias, con esfuerzos hacia la adopción de energías renovables e integración regional.

El informe aborda diferentes aspectos de la transición energética en África y Asia, resaltando los desafíos y oportunidades en estas regiones. En África, están cobrando importancia los enfoques descentralizados y locales, con instituciones locales desempeñando un papel fundamental en la creación de mercados para nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades regionales. La aprobación social es decisiva, especialmente para la eliminación del carbón. Sudáfrica ha tomado medidas para apoyar a los trabajadores afectados por el cierre de plantas de carbón. Se observan señales positivas como políticas de apoyo, creciente demanda, reducciones de costos en energías renovables y acceso a financiamiento, impulsando un mayor financiamiento del sector privado e inversión en la transición energética de África. Sudáfrica ha aumentado los umbrales de capacidad y flexibilizado los requisitos de licencias, lo que ha llevado a un aumento en los proyectos de energías renovables. África está demostrando un creciente compromiso con la cooperación regional y la diplomacia energética a través de iniciativas como el Pool de Energía de África Austral y los esfuerzos de la Comisión de la Unión Africana y AUDA-NEPAD para crear cohesión institucional y un mercado eléctrico único. La competencia geopolítica también está dando forma al panorama energético de África, con las inversiones de China superando las de los países occidentales. Sin embargo, existen planes del Banco Africano de Desarrollo, la UE y los EE. UU. para invertir en un corredor estratégico para competir con el acceso de China a minerales clave. En Asia, la seguridad energética es una fuerza impulsora, con países buscando independencia energética y abordando desafíos de infraestructura envejecida. El cambio climático representa una amenaza para la seguridad energética, lo que lleva a una mayor demanda de refrigeración y la necesidad de futurizar la infraestructura. La geopolítica global también impulsa la cooperación regional. La equidad energética es otro foco, con muchos países asiáticos al alcance de la electrificación universal. Los subsidios energéticos se ven como la base de la equidad, y los mercados energéticos interconectados y las respuestas de gestión de demanda local son elementos fundamentales. La sostenibilidad ambiental es una prioridad, con la gobernanza climática global manteniendo la visión a largo plazo en foco. La implementación de vehículos eléctricos y el auge del hidrógeno se están acelerando. Gestionar el Trilema Energético Mundial en Asia requiere abordar el contexto humano, garantizando la estabilidad política y social a través del crecimiento económico. El notable desarrollo económico de la región en la última década ha estado estrechamente ligado a su crecimiento sin precedentes en el consumo de energía, sacando a millones de la pobreza e impulsando el crecimiento industrial.

El informe analiza los desafíos que enfrenta la región de América Latina y el Caribe en la gestión del trilema energético de seguridad, equidad y sostenibilidad ambiental. La crisis de Ucrania ha reforzado el enfoque de la región en los combustibles fósiles para la seguridad energética, lo que ha llevado a un aumento en la exploración de petróleo y gas, incluso cuando los impactos del cambio climático como las sequías plantean riesgos para la alta dependencia de la región en la energía hidroeléctrica. El sector minero de la región está bien posicionado para capitalizar la demanda global de minerales críticos como el litio y el cobre, fundamentales para la transición energética. La equidad energética sigue siendo una preocupación clave, con los subsidios siendo un mecanismo primario para mantener la asequibilidad en medio de la inestabilidad política y económica. La sostenibilidad ambiental se destaca por la alta participación de renovables en la región, especialmente la hidroeléctrica, pero el cambio climático plantea desafíos. El surgimiento de bonos vinculados a la sostenibilidad y ESG está desbloqueando financiamiento para transiciones energéticas sostenibles, respaldado por marcos para guiar las inversiones. Gestionar el trilema implica fomentar asociaciones público-privadas, adoptar visiones a largo plazo resilientes a los cambios políticos y mejorar la capacidad institucional, mientras se navega la creciente influencia de la sociedad civil en proyectos energéticos.

El Medio Oriente y los Estados del Golfo (MEGS) están enfrentando activamente el dilema energético, equilibrando la seguridad energética, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han propuesto establecer un centro regional de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) para lograr la neutralidad de carbono en la producción de combustibles fósiles. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a lograr emisiones netas cero en sus compañías petroleras nacionales para 2050. En Líbano se ha introducido una ley transformadora de Energía Renovable Distribuida, permitiendo al sector privado producir y vender electricidad, facilitando el comercio entre pares y aprovechando el potencial solar del país en medio de desafíos económicos. Mientras que iniciativas como proyectos nucleares y colaboraciones internacionales muestran avances positivos, desafíos como la corrupción, problemas de gobernanza y diversas prioridades de desarrollo requieren soluciones flexibles y contextualizadas. Los Emiratos Árabes Unidos están equilibrando la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental mediante proyectos nucleares, esfuerzos para lograr emisiones netas cero en las compañías petroleras nacionales para 2050, objetivos ambiciosos en renovables, proyectos de hidrógeno y eficiencia energética. El compromiso de los Emiratos con la sostenibilidad ambiental se extiende a la conservación de la biodiversidad y la diversificación económica a través de iniciativas como la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el sector minero. La región de Medio Oriente enfrenta complejos desafíos climáticos, como la desertificación, tormentas de polvo y cambios en los patrones de precipitación, exacerbando la escasez de agua y poniendo a prueba la infraestructura. Se están considerando soluciones basadas en la naturaleza, como la plantación de manglares y el uso de agua de mar para riego. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar reconocen la necesidad de responder a los impactos del cambio climático mientras diversifican sus economías dependientes del petróleo. La Visión 2030 de Arabia Saudita, la Iniciativa Verde Saudita y proyectos como NEOM y el Proyecto del Mar Rojo contribuyen a la diversificación económica y un futuro energético sostenible. El Reino de Arabia Saudita ha puesto su transición energética en el centro de su agenda de diversificación económica, lanzando más de 23 GW de proyectos de energía renovable, con objetivos ambiciosos para la generación de electricidad renovable y almacenamiento de energía. El Reino también está invirtiendo en tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), esfuerzos de reforestación y fabricación de vehículos eléctricos. A medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles, los países del Golfo están considerando su potencial en elementos de tierras raras y el sector minero para estimular el crecimiento económico más allá de los hidrocarburos. El equilibrio del dilema energético en la región de MEGS requiere un enfoque matizado que considere la diversificación económica, la sostenibilidad ambiental y la transformación social, reconociendo la necesidad de cooperación internacional, transferencia de tecnología y un enfoque en las dinámicas y condiciones ambientales únicas de la región. 

El dilema energético de seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental en América del Norte destaca los desafíos para la seguridad energética debido a la infraestructura envejecida, eventos climáticos extremos y la transición a energías renovables. La región está abordando la equidad energética al apoyar a los usuarios de energía de bajos ingresos y alejarse de industrias dependientes del carbón, especialmente para comunidades indígenas como la Nación Navajo. Los esfuerzos para promover la sostenibilidad ambiental incluyen un crecimiento significativo en tecnologías de energía limpia como vehículos eléctricos, energía solar, eólica e hidroeléctrica. Estados Unidos, Canadá y México están adoptando políticas e incentivos para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia un futuro de emisiones netas cero, aunque persisten desafíos en términos de asequibilidad, permisos, problemas de cadena de suministro y factores políticos. México se compromete a agregar 30 GW de capacidad de energía renovable para 2030, invirtiendo alrededor de $48 mil millones para duplicar sus capacidades renovables. Este esfuerzo, anunciado junto con nuevos objetivos climáticos con Estados Unidos, representa un impulso significativo hacia la reducción de emisiones y el fortalecimiento de la sostenibilidad en la región. La Ley de Reducción de Inflación de Estados Unidos (IRA) tiene como objetivo tener un impacto profundamente positivo en la sostenibilidad ambiental al fomentar el crecimiento de energía renovable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la eficiencia energética a través de incentivos financieros y mecanismos de apoyo. La IRA extiende créditos fiscales para mejoras de eficiencia energética, introduce rebajas para electrodomésticos y reformas de hogares de alta eficiencia, y proporciona incentivos atractivos para iniciativas de energía solar y almacenamiento de baterías. La IRA también introdujo un crédito fiscal de producción para instalaciones nucleares existentes para apoyar su generación de electricidad de cero emisiones e incentivos para tecnologías nucleares avanzadas. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la gestión de desechos nucleares, altos costos, complejidad operativa y seguridad. 

Las colaboraciones comunitarias, como las de la región carbonífera de Appalachia, están impulsando inversiones en proyectos de energía renovable y programas de reciclaje para trabajadores carboníferos desplazados, abordando aspectos ambientales, sociales y económicos de la transición energética. Un obstáculo significativo en Estados Unidos es la falta de inversión suficiente en infraestructura de transmisión para distribuir energía renovable en vastas distancias. Aunque la IRA busca abordar esto, su dependencia de agencias federales para la implementación corre el riesgo de enfrentar dificultades burocráticas y retrasos regulatorios. El éxito de los mecanismos de mercado de la IRA depende de esfuerzos paralelos para cambiar el comportamiento del consumidor hacia hábitos energéticamente eficientes. El enfoque de la IRA en energías renovables y modernización de infraestructuras podría mejorar la seguridad energética de Estados Unidos mediante la diversificación, pero también podría introducir nuevas vulnerabilidades, como distorsiones en el mercado, desestabilización de las cadenas de suministro energético y distribución desigual de beneficios entre diferentes grupos sociales y regiones. Además, la dependencia de soluciones de menor costo en el sector energético podría obstaculizar la adopción de infraestructuras de transmisión más costosas pero necesarias. La vulnerabilidad de la IRA ante la política electoral, con opiniones divergentes sobre sus posibles impactos en los costos energéticos, la confiabilidad de la red y la dependencia de otras naciones para minerales, plantea desafíos. Las vulnerabilidades en la cadena de suministro tecnológico, especialmente para paneles solares, transformadores y minerales críticos para la electrónica, son un desafío clave para la transición energética. Gobiernos, servicios públicos, fabricantes y desarrolladores se centran en abordar estos problemas a través de estrategias, créditos fiscales, fondos de inversión y acuerdos de cooperación internacional.

El Índice del Trilema Energético Mundial es un informe anual publicado por el Consejo Mundial de la Energía que mide el desempeño de los sistemas energéticos de 126 países en tres dimensiones: Seguridad Energética, Equidad Energética y Sostenibilidad Ambiental. La Seguridad Energética refleja la capacidad de un país para satisfacer de manera confiable las demandas energéticas actuales y futuras, recuperarse rápidamente de interrupciones y mantener suministros energéticos estables. La Equidad Energética incluye la accesibilidad, asequibilidad y abundancia de energía para todos los ciudadanos. La Sostenibilidad Ambiental se centra en minimizar el daño ambiental y los impactos del cambio climático, reflejando esfuerzos hacia la descarbonización y la mejora de la calidad del aire. El Índice sirve como un recurso para los formuladores de políticas, líderes energéticos y sectores financieros, destacando oportunidades de mejora y facilitando comparaciones del desempeño energético a lo largo del tiempo y entre países. Permite el benchmarking frente a prácticas líderes, evaluar la efectividad de políticas energéticas, priorizar entre necesidades energéticas competidoras, examinar los impactos de estrategias cambiantes y fomentar discusiones sobre innovación política. El Índice proporciona un ranking general y rankings individuales para cada dimensión, así como calificaciones de dimensión de A (más alta) a D (más baja). También incluye un índice histórico para cada dimensión desde 2000, permitiendo análisis de tendencias de desempeño. Aunque eventos o transiciones recientes del mundo pueden no estar completamente capturados debido a retrasos en datos, las tendencias de datos a largo plazo subyacentes proporcionan información valiosa para países que buscan un futuro energético seguro, equitativo y sostenible. De igual forma, el informe proporciona una descripción general de la metodología del Índice del Trilema Energético Mundial, que clasifica a los países según su desempeño en tres dimensiones: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. También incluye una dimensión de contexto nacional. El Índice se calcula utilizando 32 indicadores subyacentes en 11 categorías, con datos obtenidos de organizaciones reputadas como la AIE, Banco Mundial y ONU. El Índice busca capturar el efecto agregado de políticas energéticas implementadas a lo largo del tiempo, proporcionando ideas sobre la eficacia de políticas y decisiones energéticas. Los países pueden subir o bajar en los rankings según cambios en su desempeño energético relativo a otros países, incluso si sus datos subyacentes permanecen iguales. La metodología ha sido revisada para permitir la comparación directa del desempeño de un país año tras año. El Índice está ponderado hacia las dimensiones de desempeño energético, por lo que los cambios en esas áreas tienen un mayor impacto en el ranking de un país que los cambios en el contexto nacional. Las políticas pueden afectar múltiples indicadores a través de las dimensiones, lo que dificulta identificar el impacto de una sola política. El Índice se esfuerza por proporcionar una evaluación equilibrada y contextualmente sensible de las situaciones energéticas de los países.

En general, el informe ofrece una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el panorama energético global. Destaca la interconexión entre seguridad energética, equidad y sostenibilidad ambiental como elementos clave para abordar la complejidad de las transiciones energéticas en diferentes regiones del mundo. En este contexto, se analiza el impacto de crisis y eventos geopolíticos recientes, como el conflicto en Ucrania y la pandemia de COVID-19, que han generado cambios significativos en los patrones de consumo, la demanda energética y la percepción de riesgos en la seguridad energética. El informe subraya la importancia de políticas y estrategias que fomenten la diversificación de fuentes energéticas, la eficiencia energética y el uso responsable de recursos, así como la necesidad de impulsar la innovación y la colaboración internacional para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito energético. En este sentido, se destacan iniciativas y proyectos emblemáticos que están marcando pauta en la transición hacia sistemas energéticos más limpios, inclusivos y resilientes, evidenciando la relevancia de abordar el trilema energético de manera integral y adaptativa a las realidades y desafíos específicos de cada región.  

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El informe proporciona una visión general y una hoja de ruta para acelerar la implementación de tecnologías avanzadas pero subutilizadas en las redes de transmisión y distribución existentes. Destaca la propuesta de valor de estas «soluciones avanzadas de red», que incluyen el aumento de la capacidad de la red, la fiabilidad, la resiliencia y la integración de recursos de energía limpia. Además, señala la situación actual de las inversiones en infraestructura de red y las tendencias en soluciones avanzadas de red, detallando prioridades para lograr una implementación generalizada, como demostrar valor, abordar barreras regulatorias y desarrollar una fuerza laboral capacitada. Asimismo, identifica desafíos clave como los altos costos iniciales, las incertidumbres regulatorias y las brechas en la fuerza laboral, proponiendo soluciones potenciales que involucran a partes interesadas como empresas de servicios públicos, reguladores, proveedores de tecnología y el Departamento de Energía. En conclusión, sugiere métricas para seguir el progreso, como la utilización de la capacidad de la red, la integración de energía limpia y los niveles de implementación de soluciones, proporcionando detalles adicionales en apéndices sobre programas del DOE, casos de inversión de empresas de servicios públicos, sistemas fundamentales, estudios de casos y supuestos clave. Por otro lado, se aborda la importancia de desplegar tecnologías avanzadas de red a escala para satisfacer la creciente demanda de electricidad y facilitar una transición hacia un futuro energético limpio. Se delinean cuatro prioridades clave para lograr la implementación comercial de estas tecnologías: acelerar despliegues operativos, estandarizar y compartir mejores prácticas, refinar enfoques de planificación e inversión, y alinear modelos económicos e incentivos. Abordar estas prioridades a través de esfuerzos colaborativos entre las partes interesadas puede ayudar a superar la etapa de prueba perpetua de nuevas tecnologías de red y desbloquear sus beneficios a gran escala. Se destaca la oportunidad de aprovechar las inversiones existentes en reemplazo de activos de manera más eficiente para implementar soluciones avanzadas de red sin aumentar los costos para los consumidores residenciales. La conclusión enfatiza la necesidad de que empresas de servicios públicos, reguladores, legisladores, proveedores de soluciones y otras partes interesadas actúen hoy, aprovechando la inversión federal e incentivos políticos, para acelerar la implementación de soluciones avanzadas de red que pueden desbloquear valor a corto plazo y beneficios compuestos a largo plazo.

El despliegue de tecnologías avanzadas en la red eléctrica de Estados Unidos mejora su capacidad de transmisión y distribución en los derechos de paso existentes. La construcción de nueva infraestructura de transmisión suele llevar de 7 a 10 años o más debido a los desafíos complejos de planificación, ubicación y permisos. En contraste, las tecnologías avanzadas pueden ofrecer soluciones de alivio de capacidad más rápidas como puente hasta que la nueva infraestructura esté operativa. Las implementaciones iniciales de estas tecnologías suelen llevar de 1 a 3 años, mientras que la escalabilidad posterior en las operaciones de una empresa de servicios públicos a menudo tarda menos de 3 a 6 meses después de que se haya establecido la infraestructura inicial. Las tecnologías como las clasificaciones dinámicas de líneas y la optimización de topologías tienen aplicaciones más generales, mientras que otras como los conductores avanzados y el control avanzado del flujo de energía tienen aplicaciones más específicas basadas en características de las líneas y el clima. Desplegar estas tecnologías a su máximo potencial podría desbloquear de 20 a 100 GW de capacidad incremental de demanda máxima cuando se instalan individualmente. Además, la adopción generalizada de soluciones avanzadas de gestión de la distribución y recursos energéticos distribuidos podría abordar otro 5-10% de la demanda máxima de 2023 si se despliegan ampliamente. Estas soluciones podrían diferir un estimado de $5-35 mil millones en costos de infraestructura de transmisión y distribución durante 5 años, aliviando los costos para los clientes. Al mismo tiempo, la implementación de tecnologías como sistemas avanzados de gestión de la distribución y sistemas de energía distribuida puede mejorar la confiabilidad al aumentar la conciencia situacional y reducir el tiempo de restauración, lo que contribuye a una mayor resiliencia del sistema ante eventos climáticos severos o ataques físicos/cibernéticos. Siendo así, la adopción de tecnologías avanzadas en la red eléctrica de Estados Unidos presenta oportunidades significativas para aumentar la capacidad, mejorar la confiabilidad y reducir costos, lo que exige una evaluación y despliegue urgentes por parte de reguladores, empresas de servicios públicos y partes interesadas.

La implementación generalizada y el despegue comercial de soluciones avanzadas en la red eléctrica requieren abordar cuatro prioridades fundamentales. En primer lugar, acelerar las implementaciones operativas para construir capacidades y demostrar valor. Esto implica acción por parte de los operadores de red y la industria. En segundo lugar, desarrollar modelos y procesos de planificación que incorporen estas soluciones avanzadas, también requerirá acción de la industria. En tercer lugar, evolucionar los modelos regulatorios para alinear incentivos y asignar costos de manera equitativa, una tarea que corresponde a los reguladores y planificadores. Igualmente, desarrollar nuevos enfoques de inversión que permitan una implementación eficiente. Estas prioridades están interrelacionadas y los aprendizajes de las implementaciones iniciales deberían informar y reforzar una adopción más amplia. Ejemplos hipotéticos ilustran cómo las empresas de servicios públicos identificaron y desplegaron tecnologías avanzadas para abordar sus necesidades y objetivos locales en la red eléctrica. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos identificó oportunidades para utilizar tecnologías avanzadas como HVDC y control de flujo de energía para abordar las necesidades presentes y futuras de la red. Adaptó el paquete de inversiones y el plan de despliegue a las condiciones locales, realizó inversiones de reemplazo de activos para respaldar las soluciones avanzadas y trabajó con reguladores en prácticas de planificación de modernización de la red. Otro ejemplo es el de una cooperativa rural en el Noroeste, que identificó almacenamiento de energía y subestaciones digitales como soluciones clave para mejorar la confiabilidad y prepararse para recursos energéticos distribuidos. Este tipo de enfoque destaca la importancia de adaptar las soluciones a las necesidades locales, agrupar tecnologías complementarias y alinear los incentivos de las empresas de servicios públicos con los beneficios para los clientes. Adicionalmente, el despliegue a gran escala de estas tecnologías avanzadas plantea consideraciones importantes. Por ejemplo, involucrar a las comunidades de manera consistente en los procesos de planificación y modernización de la red para garantizar que sus voces se escuchen. También se debe priorizar la expansión y capacitación de la fuerza laboral relacionada con la red eléctrica, así como asegurar las cadenas de suministro para los componentes de la red. La seguridad de la red, incluyendo la ciberseguridad y la seguridad física, también es esencial. Por tanto, se destaca la necesidad de educación y colaboración para superar los desafíos y aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías avanzadas en la red eléctrica.

Desplegar tecnologías avanzadas en la red eléctrica enfrenta varios desafíos importantes. Uno de ellos es la falta de criterios de evaluación exhaustivos para estas soluciones, lo que dificulta evaluar de manera consistente los costos y beneficios. Una solución potencial sería desarrollar marcos de evaluación estandarizados, guías de costos y beneficios para reguladores y clarificar indicadores clave de desempeño. Otra dificultad radica en la capacidad limitada de las empresas de servicios públicos para revisar propuestas y casos de inversión de tecnologías avanzadas, lo cual se podría abordar estableciendo criterios de evaluación exhaustivos y alineándose en marcos de evaluación. Los modelos de compensación tradicionales para empresas de servicios públicos también generan desincentivos financieros para la implementación de estas soluciones avanzadas, dado que se enfocan en gastos de capital y ventas de energía en lugar de los resultados para los clientes. Soluciones potenciales incluyen regulaciones basadas en el desempeño, permitir retornos sobre gastos operativos y asistencia técnica ampliada para reformas regulatorias. Además, los modelos tradicionales de asignación de costos pueden no alinearse bien con los beneficiarios de estas soluciones avanzadas, lo que podría abordarse explorando estrategias alternativas de asignación de costos. Otro desafío importante es la necesidad de que los operadores de red desarrollen nuevas capacidades organizativas y prácticas operativas para gestionar estas tecnologías avanzadas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre las capacidades específicas necesarias y cómo integrarlas en las estructuras existentes. También hay una falta de políticas estandarizadas, especificaciones y protocolos de datos para la adquisición, instalación, mantenimiento y despliegue de estas soluciones, lo que lleva a soluciones a medida y mayores costos e riesgos de implementación. Para abordar estos desafíos, se proponen varias soluciones potenciales, como desarrollar guías de implementación y operativas, prácticas recomendadas y estándares para estas tecnologías avanzadas. Además, se sugiere proporcionar asistencia técnica y recursos, especialmente para empresas de servicios públicos con recursos limitados. Se destaca la importancia de la colaboración entre diversos actores, incluidas las empresas de servicios públicos, reguladores, el Departamento de Energía (DOE), laboratorios nacionales y proveedores de soluciones. Siendo así, la implementación de tecnologías avanzadas en la red eléctrica enfrenta desafíos significativos pero abordables con soluciones potenciales que van desde la estandarización de evaluaciones y criterios de inversión hasta la colaboración y asistencia técnica entre los actores clave del sector.

El documento describe varios ejemplos hipotéticos de empresas de servicios públicos que desarrollan planes para modernizar su infraestructura de red y desplegar tecnologías avanzadas para abordar diferentes desafíos y objetivos. Estos ejemplos incluyen una cooperativa eléctrica rural, una empresa de servicios públicos municipal urbana y empresas de servicios públicos de diferentes tamaños que buscan mejorar la fiabilidad, la capacidad y la gestión de recursos energéticos distribuidos (DERs). Adicionalmente, se resalta la importancia y los beneficios de desplegar tecnologías avanzadas en la red eléctrica, como la valoración adecuada de sus beneficios, procesos de planificación integrados y evaluaciones económicas rigurosas para justificar inversiones que mejoren el desempeño de la red y los resultados para los clientes. Se proporcionan ejemplos concretos de empresas de servicios públicos que han integrado estas tecnologías avanzadas y han obtenido beneficios significativos en términos de capacidad, flexibilidad, confiabilidad y costos reducidos. El documento también ofrece una visión general de varias tecnologías innovadoras en la red eléctrica y sus implementaciones reales por parte de empresas de servicios públicos y operadores de red en diferentes regiones. Esto incluye sistemas avanzados de gestión de distribución, controladores de flujo de energía, transformadores flexibles, sensores avanzados, sistemas de gestión de recursos energéticos distribuidos, calificación dinámica de líneas, almacenamiento de energía y restauración de servicios, entre otros. Asimismo, se detallan ejemplos específicos de organizaciones que han implementado tecnologías avanzadas en la red eléctrica, como corrección del factor de potencia, subestaciones digitales, optimización de topología, plantas virtuales de energía y optimización voltio-Var. Estos ejemplos destacan mejoras en la eficiencia, reducción de costos y mayor confiabilidad a través de soluciones tecnológicas innovadoras. En otra instancia, se proporcionan supuestos clave, insumos y metodologías para analizar el impacto y la rentabilidad de estas tecnologías avanzadas en diferentes tipos de empresas de servicios públicos. Esto incluye consideraciones sobre la implementación de tecnologías, aumentos de capacidad, costos evitados y beneficios como la postergación de inversiones, mejoras en la confiabilidad y reducción de emisiones, todo ello evaluado a través de análisis de costos y beneficios a largo plazo.

La modernización de la red eléctrica en Estados Unidos se enfrenta a una serie de desafíos y oportunidades. Uno de los principales desafíos es el envejecimiento de la infraestructura de la red, que requiere una actualización significativa para adaptarse a las demandas cambiantes del sector energético. Esto es especialmente relevante en el contexto de la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables, como la energía solar y eólica, y la creciente integración de vehículos eléctricos en la red. Entre las tecnologías clave para esta modernización se encuentran las líneas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC), que ofrecen beneficios operativos y de mercado importantes. Estas líneas mejoran la resiliencia de la red, reducen las pérdidas de transmisión y facilitan la integración de fuentes de energía renovable intermitentes, como la solar y la eólica. Además de las HVDC, otras tecnologías como el almacenamiento de energía y las evaluaciones dinámicas de la capacidad de las líneas de transmisión (DLR) desempeñan un papel clave en la modernización. El almacenamiento de energía, especialmente el de larga duración, es fundamental para integrar de manera efectiva las fuentes de energía intermitentes y mejorar la flexibilidad de la red eléctrica. Las iniciativas regulatorias también son parte integral de este proceso de modernización. La Comisión Federal de Energía Reguladora (FERC) está promoviendo la adopción de tecnologías que mejoren la red y aborden las vulnerabilidades causadas por eventos climáticos extremos. Esto incluye la implementación de tecnologías que optimicen el funcionamiento de la red y reduzcan los costos de congestión. Las compañías eléctricas y los estados también están desempeñando un papel activo en la modernización de la red. Están implementando planes integrales de planificación del sistema de distribución, explorando alternativas a las inversiones tradicionales en infraestructura, y desarrollando planes tarifarios a largo plazo que fomenten la inversión en tecnologías avanzadas para la red. No obstante, junto con estas oportunidades, existen desafíos significativos en términos de recursos humanos y capacidad técnica. La escasez de trabajadores capacitados en tecnologías modernas de la red eléctrica y la necesidad de promover la diversidad y la inclusión en el sector son aspectos clave que deben abordarse para garantizar el éxito continuo de la modernización de la red eléctrica en Estados Unidos.

En definitiva, el informe subraya la importancia de desplegar tecnologías avanzadas en las redes eléctricas de Estados Unidos para abordar los desafíos de capacidad, resiliencia y transición hacia fuentes de energía más limpias. Destaca la necesidad de una acción coordinada entre empresas de servicios públicos, reguladores, proveedores de tecnología y el gobierno para superar barreras regulatorias, financieras y de capacitación laboral. La implementación generalizada de estas soluciones avanzadas no solo mejorará la eficiencia y la confiabilidad de la red, sino que también contribuirá significativamente a la integración de energía renovable y la reducción de emisiones. Se deben aprovechar las inversiones federales y los incentivos políticos para acelerar este proceso y desbloquear el valor tanto a corto como a largo plazo, asegurando así una red eléctrica moderna, resiliente y sostenible para las generaciones futuras.  

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