La transformación de los sistemas energéticos en países de ingresos bajos y medios se desarrolla en un contexto marcado por tensiones simultáneas entre expansión de la demanda, urgencias climáticas y persistentes brechas de acceso. Aunque la generación renovable ha avanzado de forma acelerada en los últimos años, dicho crecimiento no ha sido suficiente para absorber el aumento del consumo asociado a la digitalización, la electrificación del transporte y el uso intensivo de tecnologías durante episodios climáticos extremos. En consecuencia, millones de personas, especialmente en África subsahariana, continúan sin acceso a electricidad o a soluciones modernas de cocción, lo que profundiza desigualdades sociales y limita oportunidades de desarrollo. Frente a este escenario, la acción pública se orienta hacia enfoques integrales que combinan planificación, financiamiento, fortalecimiento institucional y producción de conocimiento aplicado. La expansión del acceso energético no se concibe únicamente como una meta técnica, sino como una condición habilitante para mejorar el bienestar de los hogares, dinamizar actividades productivas y reforzar el capital humano. Por ello, las estrategias de electrificación priorizan tanto la conexión de hogares como el suministro confiable para escuelas, centros de salud y pequeñas empresas, incorporando soluciones fuera de red y mini redes en contextos rurales y de difícil acceso.

De manera paralela, la cocción limpia emerge como un componente indispensable de las políticas energéticas. La sustitución de combustibles tradicionales por tecnologías eléctricas o de gas reduce la contaminación del aire en interiores, mejora la salud pública y disminuye la carga de trabajo doméstico, especialmente para mujeres. Para acelerar esta transición, se han impulsado esquemas de financiamiento basados en resultados que reducen barreras de entrada para los usuarios finales y fomentan modelos de negocio innovadores en mercados desatendidos. Así, el acceso a energía moderna se vincula directamente con equidad social y desarrollo inclusivo. No obstante, garantizar el acceso universal resulta insuficiente sin una transformación estructural del sistema energético. La elevada dependencia global de los combustibles fósiles mantiene altos niveles de emisiones y expone a los países a riesgos económicos y ambientales. En respuesta, las políticas energéticas promueven la expansión de energías renovables, el despliegue de sistemas de almacenamiento y el desarrollo de vectores como el hidrógeno limpio. Estas acciones se acompañan de mecanismos de mitigación de riesgos que facilitan la participación del sector privado y reducen los costos financieros para los Estados.

Asimismo, la eficiencia energética adquiere una relevancia transversal al permitir desacoplar crecimiento económico y consumo energético. Las pérdidas asociadas al uso ineficiente de la energía representan un costo significativo para las economías nacionales y los sistemas públicos. Medidas orientadas a edificios, transporte e industria permiten reducir la demanda futura, aliviar la presión sobre las redes y liberar recursos fiscales que pueden destinarse a inversión social o infraestructura. En sectores industriales intensivos en energía, la planificación de hojas de ruta de descarbonización se articula con mejoras en condiciones laborales y competitividad productiva. La modernización de infraestructuras constituye otro pilar de la transición. Redes eléctricas flexibles, digitalizadas y mejor integradas a nivel regional resultan necesarias para gestionar fuentes renovables variables y responder a picos de demanda. En este proceso, la disponibilidad de datos confiables y herramientas analíticas fortalece la toma de decisiones, mejora la formulación de políticas públicas y aumenta la transparencia regulatoria. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de mercados, marcos normativos y capacidades institucionales crea entornos propicios para inversiones sostenidas.

La cooperación internacional y las alianzas multisectoriales amplifican el impacto de estas intervenciones. La coordinación entre gobiernos, organismos multilaterales, sector privado y comunidades permite escalar soluciones, compartir aprendizajes y adaptar enfoques a realidades locales. En conjunto, la combinación de acceso universal, transición tecnológica, eficiencia energética y fortalecimiento institucional perfila un camino hacia sistemas energéticos más resilientes, equitativos y compatibles con los objetivos climáticos globales.

Para leer más ingrese a:

https://www.esmap.org/ESMAP_2025_Annual-Report

https://www.esmap.org/sites/default/files/2025/Dec/ESMAP-AR2025-web.pdf

La toma de decisiones regulatorias en el sector energético europeo se apoya en la necesidad de procesos estructurados, proporcionales y sustentados en evidencia. En este contexto, la evaluación de impacto regulatorio se configura como una metodología que permite ordenar el análisis, justificar intervenciones públicas y reforzar la legitimidad de las autoridades reguladoras independientes. En lugar de replicar modelos diseñados para gobiernos centrales, el enfoque se orienta a una adaptación coherente con los mandatos específicos, los recursos disponibles y la naturaleza técnica de estas instituciones.

En primer lugar, la evaluación de impacto se concibe como un marco integral que articula tres dimensiones interrelacionadas: la estructuración de decisiones, la recopilación y análisis sistemático de información, y la participación ordenada de las partes interesadas. De este modo, la regulación deja de apoyarse exclusivamente en precedentes o intuiciones técnicas y pasa a sustentarse en una secuencia lógica que comienza con la identificación precisa del problema, continúa con la comparación de alternativas y culmina con una justificación transparente de la opción seleccionada. Además, este enfoque permite dejar trazabilidad del razonamiento seguido, lo que fortalece la rendición de cuentas ante tribunales, actores del mercado y la sociedad.

Por otra parte, el carácter independiente de las autoridades reguladoras introduce condiciones particulares. Sus mandatos suelen ser más acotados, sus estructuras organizativas más ligeras y sus competencias se concentran en regulación secundaria. En consecuencia, la evaluación de impacto debe aplicarse con un criterio de proporcionalidad, ajustando la profundidad del análisis a la magnitud de los efectos esperados. Así, decisiones técnicas de bajo alcance admiten evaluaciones simplificadas, mientras que intervenciones con efectos amplios sobre tarifas, inversión o protección al consumidor exigen análisis más detallados. Asimismo, la complementariedad con los niveles gubernamentales resulta determinante. Las evaluaciones realizadas por gobiernos nacionales o instituciones europeas suelen abordar impactos macroeconómicos, sociales o ambientales de amplio espectro. Frente a ello, las autoridades sectoriales concentran su aporte en el examen técnico y económico del funcionamiento de los mercados energéticos. Esta división de tareas evita duplicaciones innecesarias y refuerza la coherencia del sistema regulatorio en su conjunto.

En relación con la calidad del proceso, surge la necesidad de equilibrar independencia y control. Dado que la supervisión externa de carácter político puede erosionar la autonomía regulatoria, se promueve el fortalecimiento de mecanismos internos de aseguramiento de calidad. Entre ellos se incluyen revisiones internas, procesos de evaluación entre pares y ejercicios de análisis ex post. Estas prácticas permiten mantener estándares elevados sin comprometer la independencia institucional. De manera complementaria, la asignación de recursos y el desarrollo de capacidades condicionan la efectividad del enfoque. La adopción gradual, el aprendizaje entre reguladores y el uso compartido de herramientas analíticas facilitan la incorporación progresiva de la evaluación de impacto en la rutina institucional. Con ello, se evita que el proceso se convierta en un ejercicio meramente formal y se garantiza que el análisis aporte valor real a la toma de decisiones.

La participación de actores externos se integra desde las etapas iniciales, no solo como mecanismo de consulta, sino como fuente de información para contrastar supuestos y evaluar la viabilidad práctica de las medidas. No obstante, esta participación debe diseñarse con cuidado para evitar sobrecarga administrativa o desequilibrios en la representación de intereses. La metodología propuesta se estructura en una secuencia mínima que incluye filtrado inicial, definición del problema, construcción del escenario de referencia, análisis de opciones, evaluación de impactos, verificación de factibilidad y formulación de la decisión. Esta arquitectura metodológica ofrece una base común que favorece coherencia, transparencia y aprendizaje continuo. En conjunto, el enfoque descrito consolida una regulación más consistente, comprensible y alineada con los desafíos del sector energético contemporáneo.

Para leer más ingrese a:

https://www.ceer.eu/publication/guidelines-of-good-practice-on-the-regulatory-decision-making-process/

https://www.ceer.eu/wp-content/uploads/2025/12/RDM-Guidelines-final_final.pdf

Los sistemas energéticos insulares enfrentan condiciones estructurales particulares derivadas de su aislamiento geográfico, su alta dependencia de combustibles importados y su exposición recurrente a fenómenos climáticos extremos. Estas características han generado históricamente elevados costos de generación, vulnerabilidad ante interrupciones del suministro y limitadas opciones de diversificación energética. Frente a este escenario, la transición hacia modelos energéticos más resilientes emerge como una respuesta orientada a fortalecer la seguridad energética, reducir riesgos económicos y mejorar la sostenibilidad ambiental de las islas. En este contexto, la adopción de energías renovables adquiere una relevancia creciente como alternativa a los sistemas basados en combustibles fósiles. La disponibilidad de recursos solares, eólicos, marinos y geotérmicos en muchas islas permite avanzar hacia matrices energéticas más diversificadas y menos expuestas a la volatilidad de precios internacionales. No obstante, la integración de estas fuentes variables requiere transformaciones profundas en la planificación, la operación y la gobernanza del sistema eléctrico, con el fin de garantizar estabilidad y continuidad del servicio.

A partir de esta premisa, el fortalecimiento de la resiliencia energética se concibe como un proceso integral que combina infraestructura robusta, marcos institucionales adecuados y participación activa de los actores locales. La resiliencia no se limita a la capacidad de resistir impactos climáticos, sino que incorpora la posibilidad de anticipar riesgos, adaptarse a condiciones cambiantes y recuperarse con rapidez tras eventos disruptivos. En consecuencia, las estrategias energéticas insulares deben articularse con políticas de gestión del riesgo, ordenamiento territorial y desarrollo socioeconómico. Asimismo, el almacenamiento de energía y las redes eléctricas inteligentes aparecen como elementos habilitadores de sistemas más flexibles. Estas soluciones permiten gestionar la variabilidad de las renovables, optimizar el uso de la generación local y mejorar la respuesta ante fallas o emergencias. De forma complementaria, los sistemas descentralizados y las microrredes ofrecen oportunidades para reforzar la autonomía energética de comunidades aisladas, hospitales, centros de emergencia y otras infraestructuras críticas.

La dimensión económica también ocupa un lugar relevante en la transformación energética insular. Aunque las inversiones iniciales en tecnologías renovables y almacenamiento pueden resultar elevadas, los análisis de largo plazo muestran reducciones sustanciales en costos operativos y en la exposición a choques externos. Además, el desarrollo de proyectos energéticos locales contribuye a dinamizar economías insulares mediante la creación de empleo, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la retención de valor dentro del territorio. Por otra parte, el diseño de marcos regulatorios y mecanismos financieros adecuados condiciona la viabilidad de estas transiciones. La alineación entre políticas energéticas, incentivos de inversión y esquemas de financiamiento concesional facilita la movilización de capital y reduce barreras para proyectos de menor escala. Al mismo tiempo, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias entre islas permiten acelerar el aprendizaje colectivo y adaptar soluciones a contextos específicos.

La participación comunitaria se presenta como un componente transversal del proceso. La aceptación social de los proyectos, la apropiación de las tecnologías y la incorporación de conocimientos locales fortalecen la sostenibilidad de las iniciativas energéticas. En este sentido, los enfoques participativos favorecen modelos donde los usuarios no solo consumen energía, sino que también intervienen en su producción y gestión. La construcción de sistemas energéticos resilientes en islas requiere una visión integrada que combine renovables, almacenamiento, gobernanza adaptativa y desarrollo de capacidades. Este enfoque permite avanzar hacia modelos menos vulnerables, más sostenibles y alineados con los objetivos de desarrollo a largo plazo, en un contexto marcado por el cambio climático y la incertidumbre global.

Para leer más ingrese a:

https://www.irena.org/Publications/2025/Dec/Powering-resilient-islands-Grid-modernisation-toolkit-for-SIDS

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Dec/IRENA_PAR_Powering_resilient_islands_2025.pdf

La Comisión de Integración Energética Regional celebró en noviembre de 2025 su 60ª Reunión de Altos Ejecutivos en Mendoza, Argentina, congregando más de 200 líderes del sector energético latinoamericano. Este encuentro marcó también un momento significativo de renovación institucional, con la elección de nuevas autoridades para el período 2025-2027. El ingeniero Félix Sosa, de Paraguay, asumió la presidencia, mientras que Markpool Francois de Taboada Quenaya, de Perú, fue designado vicepresidente. Paralelamente, se eligió al ingeniero Alejandro Sruoga, de Argentina, como nuevo director ejecutivo para el período 2026-2030.

Durante el evento se abordaron ocho bloques temáticos de alta relevancia sectorial: Regulación energética, seguridad del abastecimiento, integración eléctrica regional, innovación tecnológica, inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital, transmisión, distribución y gestión corporativa del talento humano. Esta agenda amplia reflejó los múltiples desafíos que enfrentan los sistemas energéticos regionales en su proceso de modernización y transición hacia matrices más sustentables. Adicionalmente, se firmaron dos Memorandos de Cooperación estratégicos con GET.transform y Fundación Chile, evidenciando el interés por fortalecer vínculos institucionales y promover la cooperación internacional. La III Jornada de Integración Energética Regional, realizada previamente en Asunción, Paraguay, reunió más de 80 participantes de 17 países para analizar avances y desafíos en la integración de sistemas eléctricos subregionales como SIEPAC, SINEA y SIESUR.

El Informe de Tarifas Eléctricas 2025 reveló disparidades significativas en América Latina, distinguiendo dos realidades de mercado claramente diferenciadas. Los países sin mercados eléctricos competitivos presentan tarifas residenciales promedio de 105 USD/MWh, con rangos entre 60-137 USD/MWh, caracterizándose por subsidios generalizados y precios regulados significativamente inferiores. En contraste, países con mercados mayoristas funcionando registran tarifas promedio de 236 USD/MWh, oscilando entre 166-333 USD/MWh, reflejando mayor influencia de costos reales del servicio y subsidios focalizados en sectores específicos. Esta diferencia tarifaria máxima alcanza 455%, explicada fundamentalmente por estructuras de mercado, políticas tarifarias nacionales, disponibilidad de fuentes primarias de energía y composición del mix de generación, más que por diferencias genuinas en costos de producción. La carga tributaria también presenta variaciones sustanciales, representando entre 17-31% de la tarifa en países sin mercado competitivo, mientras que oscila entre 7-21% en mercados liberalizados.

El análisis del sector educacional brasileño presentó resultados notables en eficiencia energética. Los 19 proyectos implementados en Santa Catarina mediante el Programa de Eficiencia Energética de la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) involucraron 50 empresas distribuidoras de 13 países, con inversiones superiores a 14,1 millones de dólares del programa y 5,4 millones de contrapartida de las instituciones. Estos proyectos generaron economías anuales de 6,14 GWh y reducciones de demanda pico de 1067 MW, equivalentes al consumo de 395 mil residencias o una ciudad mediana durante un mes. Las intervenciones contemplaron sustitución de 70 mil equipamientos ineficientes, principalmente luminarias fluorescentes, mercurio y reactores, además de 336 unidades de climatización. La implementación de tecnologías eficientes resultó en reducciones del 40-60% en carga instalada, disminuyendo costos operativos anuales en 2,75 millones de reales. Más allá de beneficios económicos, estos proyectos evitaron emisiones de 495 toneladas de CO2, equivalentes al plantío de 3500 árboles nativos.

La dimensión educativa se fortaleció mediante capacitación de más de 50 profesores y beneficio directo a 2849 alumnos en 6 centros de educación profesional. La Olimpíada Nacional de Eficiencia Energética involucró 5474 estudiantes de 106 escuelas en 55 municipios, promoviendo consciencia sobre consumo responsable de energía desde fases iniciales de escolaridad.

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https://www.cacier.org.ar/newsroom/archivosrevistas/Revista%20CIER_107_2025.pdf