Las investigaciones han demostrado que los hogares con bajos ingresos tienden a vivir en viviendas más antiguas y menos eficientes, al tiempo que pagan una mayor proporción de sus ingresos en facturas de servicios públicos en comparación con los hogares con mayores ingresos. Décadas de decisiones discriminatorias en materia de planificación energética y de uso del suelo, la exposición a mayores niveles de contaminación, cargas energéticas más elevadas y una mayor probabilidad de vivienda inadecuada sobrecargan a estas familias y comunidades de color, lo que se traduce no solo en pobreza energética, sino también en mayores tasas de mortalidad y enfermedad. Los programas de eficiencia energética son una estrategia para reducir las elevadas cargas energéticas, mejorar las condiciones de vida, mitigar las amenazas para la salud y la seguridad en los hogares, e impulsar las economías locales y la creación de empleo local. Normalmente, estos programas implican actualizaciones de la cobertura, los sistemas de ventilación, la iluminación y los electrodomésticos de un edificio. Estos programas tienen como objetivo reducir el desperdicio de energía, lo que ayuda a los residentes a ahorrar dinero en las facturas de servicios públicos. Según el Departamento de Energía, cada dólar invertido en climatización genera 1,72 dólares en beneficios energéticos y 2,78 dólares en beneficios no energéticos. El estándar de recursos de eficiencia energética de un estado, a menudo denominado EERS, es un mecanismo político que puede ofrecer sólidos programas de eficiencia energética; sin embargo, no está claro hasta qué punto estas políticas EERS promueven la equidad. Las políticas EERS son financiadas por los clientes de los servicios públicos, pero los beneficios de esos fondos pueden no llegar a los hogares de forma equitativa. Los servicios públicos a menudo han exhibido disparidades distributivas en las inversiones de eficiencia energética de bajos ingresos, lo que significa que un porcentaje desproporcionadamente pequeño de dólares del programa de ahorro de energía regresa a las comunidades que más necesitan estos programas.

Este informe examina las formas en que se pueden mejorar las políticas EERS para garantizar que las rentas bajas y otros segmentos de clientes desatendidos reciban un mejor servicio. Un EERS es una ley estatal que exige a las empresas de servicios públicos o a los administradores de programas no relacionados con los servicios públicos que cumplan unos objetivos mínimos de ahorro energético a largo plazo a través de programas de eficiencia energética para clientes, similar al concepto de un estándar de cartera de renovables o un estándar de electricidad limpia, ACEEE define un EERS como una ley estatal que (1) establece objetivos claros a largo plazo para el ahorro de electricidad y/o gas natural, (2) deja claro que los objetivos son obligatorios y (3) incluye financiación suficiente para la plena aplicación de los programas necesarios para alcanzar los objetivos. Las políticas EERS ganaron tracción después de la crisis energética de 2000-2001, cuando los estados pasaron de simplemente financiar programas de eficiencia energética a centrarse intencionadamente en el ahorro de eficiencia energética. Un EERS estándar esboza objetivos específicos de recursos para reducir el uso de electricidad y/o gas natural en un determinado porcentaje del consumo total en una fecha objetivo. En los últimos años, varios estados han cambiado sus marcos políticos EERS para incorporar objetivos adicionales y más explícitos en torno a la equidad y los resultados ambientales. Estos objetivos pueden incluir metas relacionadas con la equidad para reforzar la inversión y la participación entre sectores específicos de clientes. Varios estados también han incorporado objetivos relativos a los gases de efecto invernadero (GEI) o a la neutralidad de los combustibles para apoyar la electrificación, como la eliminación progresiva de los aparatos de calefacción alimentados con combustibles fósiles en favor de los alimentados con electricidad limpia.

El informe analiza los beneficios de la electrificación en términos de reducción de emisiones, mejora de la calidad del aire, ahorro de energía y creación de empleo. Además, presenta una hoja de ruta detallada que describe las acciones necesarias para impulsar la electrificación en el transporte y los edificios.

En el sector del transporte, el informe identifica la necesidad de promover la adopción de vehículos eléctricos, tanto en el ámbito de los automóviles de pasajeros como en el de vehículos pesados y de transporte público. También destaca la importancia de desarrollar una infraestructura de carga sólida y accesible para respaldar la expansión de los vehículos eléctricos. En el sector de los edificios, el informe enfatiza la importancia de electrificar los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente, así como los electrodomésticos y equipos de uso diario. También sugiere la implementación de prácticas de construcción eficientes desde el punto de vista energético y la mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes. El informe también aborda los desafíos asociados con la electrificación, como el acceso equitativo, la carga de la red eléctrica y la gestión de la demanda. Proporciona recomendaciones para superar estos desafíos y promover una transición exitosa hacia la electrificación. En resumen, el informe de ACEEE destaca los beneficios de la electrificación en los sectores del transporte y los edificios y presenta una hoja de ruta para impulsar la electrificación y descarbonizar estos sectores. El informe destaca la importancia de promover la adopción de vehículos eléctricos, desarrollar una infraestructura de carga sólida y electrificar los sistemas de energía en los edificios. Además, aborda los desafíos asociados y ofrece recomendaciones para superarlos.

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https://www.aceee.org/research-report/u2301  

https://www2.aceee.org/l/310911/2023-05-15/3s2lzcs  

Para cumplir los objetivos climáticos a largo plazo, los edificios existentes deben ahorrar mucha energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los programas para fomentar la eficiencia energética en la rehabilitación integral de los edificios existentes llevan décadas funcionando, e incluso los mejores programas rara vez consiguen mejorar anualmente más del 1-2% de los edificios elegibles. Se necesitan enfoques nuevos y más agresivos. Uno de ellos son las normas obligatorias de rendimiento de los edificios (BPS), que exigen que los edificios existentes cumplan algún objetivo de rendimiento (intensidad energética o de carbono, calificación de rendimiento, etc.), y los propietarios disponen de varios años para hacer que los edificios cumplan las normas. Este tipo de políticas se aplican a edificios comerciales e industriales de alto consumo energético en Tokio, a edificios de alquiler en Boulder (Colorado) y el Reino Unido, y a oficinas en los Países Bajos. En 14 jurisdicciones de Estados Unidos y Canadá se han adoptado políticas para edificios comerciales y/o multifamiliares. Francia cuenta con una ley de normas de rendimiento residencial, cuyos detalles de aplicación aún se están ultimando. Otras jurisdicciones están estudiando políticas similares. En este documento se revisan los fundamentos de las normas obligatorias de eficiencia de los edificios y se resume el trabajo realizado hasta la fecha en las jurisdicciones especificadas, incluidas las decisiones clave que han tomado y los resultados disponibles. También se discuten brevemente las propuestas emergentes. A lo largo del documento, se centra en las normas de rendimiento de todo el edificio. No se centra en los requisitos de evaluación/auditoría energética, retrocomisión o mejora de la iluminación. Muchas jurisdicciones han adoptado estos otros requisitos como un paso más allá de la evaluación comparativa de edificios, pero no llegan a ser normas de eficiencia energética de edificios enteros. En algunos casos (por ejemplo, la ciudad de Nueva York), las jurisdicciones con estos otros requisitos han pasado a adoptar normas de edificios completos. También observa que la línea que separa las normas de eficiencia energética para edificios completos de las normas parciales puede ser difusa en ocasiones. Por ejemplo, Reno tiene una norma de eficiencia energética para todo el edificio, pero las auditorías energéticas o las mejoras limitadas son una vía alternativa de cumplimiento, que permite a los propietarios evitar los objetivos de eficiencia energética para todo el edificio.

Los edificios representan alrededor del 39% del consumo energético de Estados Unidos (EIA 2023) y el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Estados Unidos (la proporción de GEI es menor porque las emisiones de GEI no energéticas proceden desproporcionadamente de otros sectores, como la agricultura, la industria y el transporte). Para alcanzar los objetivos a largo plazo para frenar el cambio climático, se necesitaran grandes reducciones en el uso de energía de los edificios residenciales y comerciales. Algunas de estas reducciones pueden provenir de la construcción de casas y edificios nuevos más eficientes, acciones que son alentadas por códigos avanzados de energía de construcción que han sido o están siendo adoptados en muchos estados.

Sin embargo, dado que alrededor del 66% del parque de edificios comerciales y el 60% del inventario de viviendas en 2050 estarán en edificios que se construyeron antes de 2023 (análisis de ACEEE utilizando datos de EIA 2023), la modernización de la mayoría de los edificios existentes debe ser una estrategia clave.

El informe analiza una variedad de medidas y enfoques para mejorar la eficiencia energética en los edificios. Estos incluyen la implementación de códigos y estándares más estrictos, la adopción de tecnologías avanzadas y sistemas inteligentes de gestión de energía, la promoción de la eficiencia energética en la planificación y el diseño de edificios, y la promoción de la participación de los usuarios finales en la gestión de la energía. El informe también destaca la importancia de políticas y programas efectivos para impulsar la eficiencia energética en los edificios. Recomienda la implementación de incentivos financieros, programas de capacitación y concienciación, y la mejora de la medición y la transparencia de los datos energéticos de los edificios. Además, el informe aborda el papel de las políticas gubernamentales y las alianzas público-privadas en la promoción de la eficiencia energética en los edificios. Destaca la importancia de la colaboración entre los diferentes actores, incluyendo gobiernos, industria, organizaciones no gubernamentales y usuarios finales, para lograr avances significativos en este ámbito. En resumen, el informe presenta una estrategia integral para reducir el desperdicio de energía en los edificios. Destaca la importancia de mejorar la eficiencia energética a través de la implementación de medidas tecnológicas, políticas efectivas y la colaboración de múltiples actores. El informe enfatiza que la eficiencia energética en los edificios es esencial para abordar los desafíos del cambio climático y promover la sostenibilidad.

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ttps://www.aceee.org/research-report/b2303  

https://www2.aceee.org/l/310911/2023-05-17/3s2mbbp  

E.DSO, Europacable y T&D Europe vuelven a unir fuerzas con una declaración común sobre la ambición de la Comisión Europea (CE) de aumentar la capacidad de fabricación de tecnologías netas cero de la Unión Europea (UE). Los cofirmantes acogen con satisfacción la Ley Industrial Cero Neto (NZIA) y el Marco Temporal de Ayuda Estatal de Crisis y Transición (TCTF) para acelerar la transición de los sectores industriales netos cero de la UE hacia la neutralidad climática para 2050. Como se propone, la NZIA es un comienzo positivo de un plan estratégico holístico y a largo plazo necesario que detalla el apoyo financiero y regulatorio específico para abordar todos los desafíos globales actuales y futuros, asegurando un ecosistema industrial construido por la UE y garantizando una autonomía estratégica a medida para cada sector clave identificado.

Esto definitivamente ayudará a cumplir los objetivos climáticos de la UE, garantizar el acceso de la UE a un suministro seguro y sostenible de esas tecnologías, salvaguardar la resiliencia del sistema energético de la UE y contribuir a la creación de empleo de calidad. Para que esto suceda, E.DSO, Europacable y T&D Europe piden un enfoque abierto, inclusivo y pragmático centrado en los siguientes aspectos:

·Asegurarse de que todas las tecnologías habilitadoras desde la transmisión hasta la distribución estén representadas como «tecnologías de red» bajo las tecnologías estratégicas netas cero.

1. Alcanzar las necesidades de despliegue anual de la Unión para las tecnologías de la red solo se puede lograr con inversiones en la planificación futura.
2. Aclarar cómo la Ley permitirá que la inversión cumpla con el ambicioso objetivo de la UE de fabricar tecnologías de redes a nivel nacional.

El informe destaca la importancia de abordar las emisiones de carbono en el sector industrial y promover la transición hacia una industria de bajas emisiones de carbono. Analiza la Ley Industrial Net Zero Act (NZIA) y propone enmiendas para fortalecer y mejorar su efectividad en la reducción de emisiones. Las enmiendas propuestas se centran en varios aspectos clave de la NZIA. Estas enmiendas abordan aspectos técnicos, regulatorios y de gobernanza relacionados con la descarbonización del sector industrial. En términos técnicos, las enmiendas propuestas se centran en la promoción de tecnologías limpias y de baja emisión de carbono en los procesos industriales. Se propone impulsar la adopción de tecnologías como la electrificación, la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y el hidrógeno renovable. En cuanto a los aspectos regulatorios, las enmiendas propuestas buscan establecer objetivos claros y ambiciosos de reducción de emisiones para el sector industrial. Se propone la implementación de mecanismos de incentivos y regulaciones que fomenten la adopción de prácticas sostenibles y tecnologías limpias. En términos de gobernanza, las enmiendas propuestas buscan fortalecer la cooperación y la colaboración entre los diferentes actores, incluyendo a los operadores de redes de distribución, los fabricantes de equipos y los responsables políticos. Se enfatiza la importancia de una coordinación efectiva y una planificación integral para lograr la descarbonización del sector industrial. En resumen, el informe presenta las enmiendas propuestas por E.DSO, Europacable y T&D Europe a la Ley Industrial Net Zero Act (NZIA). Estas enmiendas se centran en aspectos técnicos, regulatorios y de gobernanza para fortalecer y mejorar la efectividad de la NZIA en la reducción de emisiones en el sector industrial. El informe destaca la importancia de promover tecnologías limpias, establecer objetivos ambiciosos y fomentar la cooperación entre los diferentes actores para lograr una industria de bajas emisiones de carbono.

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https://www.edsoforsmartgrids.eu/edso-publications/e-dso-europacable-t-d-europe-amendments-to-net-zero-industrial-act-nzia  

https://www.edsoforsmartgrids.eu/images/publications/EDSO_Europacable_TD_Europe_Proposed_amendments_NZIA_TCTF_FINAL.pdf  

Como representante de los mayores Operadores de Sistemas de Distribución Europeos (DSOs), E.DSOs apoya los esfuerzos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para reformar el Diseño del Mercado Eléctrico hacia una nueva realidad libre de fósiles, y así, proteger a los clientes de subidas de precios desproporcionadas que afecten a sus facturas de electricidad y aumentar la competitividad de las industrias europeas facilitando las posibilidades de invertir en medidas de tecnología limpia necesarias para alcanzar la senda de cero emisiones netas. El informe muestra en particular en lo que respecta a las enmiendas propuestas que hacen hincapié en la necesidad de inversiones anticipadas en infraestructuras de red, el reconocimiento del papel de los gestores de redes de distribución en la reducción de los picos de carga y su limitación a un mecanismo de crisis, los esfuerzos para distinguir más claramente entre el contador principal y otros dispositivos de medición, así como la inclusión de incentivos para el uso compartido de la energía a nivel local.

El informe destaca la importancia de adaptar el diseño del mercado eléctrico a la creciente integración de las energías renovables y los sistemas de distribución inteligentes. Señala que la reforma del diseño del mercado eléctrico de la UE es fundamental para garantizar una transición energética eficiente, sostenible y segura. También presenta una serie de enmiendas propuestas por E.DSO para mejorar el diseño del mercado eléctrico de la UE. Estas enmiendas abordan diferentes aspectos, como la regulación de la flexibilidad, la participación de los operadores de distribución en el mercado, la gestión de la congestión en las redes de distribución y la promoción de la eficiencia energética. En cuanto a la regulación de la flexibilidad, el informe propone un marco claro y armonizado que permita a los operadores de distribución aprovechar los recursos de flexibilidad, como el almacenamiento y la demanda flexible, para gestionar de manera eficiente la oferta y la demanda de electricidad. En cuanto a la participación de los operadores de distribución en el mercado, el informe propone facilitar su acceso directo al mercado mayorista de electricidad y promover su papel como agregadores de demanda y suministradores de servicios de flexibilidad. En relación con la gestión de la congestión en las redes de distribución, el informe sugiere la implementación de mecanismos que permitan la gestión activa de la congestión a nivel local, como la valoración económica de la congestión y la asignación de derechos de acceso. En cuanto a la promoción de la eficiencia energética, el informe propone la inclusión de incentivos y señales de precio adecuadas para fomentar la participación activa de los consumidores y la implementación de medidas de eficiencia energética. En resumen, el informe presenta las enmiendas propuestas por E.DSO para mejorar el diseño del mercado eléctrico de la UE. Estas enmiendas se centran en aspectos como la regulación de la flexibilidad, la participación de los operadores de distribución, la gestión de la congestión y la promoción de la eficiencia energética. Estas propuestas tienen como objetivo garantizar una transición energética eficiente y sostenible en el contexto de la creciente integración de las energías renovables y los sistemas de distribución inteligentes.

En términos técnicos, el informe destaca la importancia de la gestión de la demanda y la planificación de la carga para garantizar una carga equilibrada y eficiente de los vehículos eléctricos. También señala la necesidad de desarrollar una infraestructura de carga inteligente y compatible con la red eléctrica existente. En cuanto a los aspectos regulatorios, el informe destaca la necesidad de establecer un marco normativo claro y armonizado que promueva la integración de los vehículos eléctricos en la red eléctrica. También enfatiza la importancia de las políticas de incentivos, como los programas de tarifas flexibles, para fomentar la adopción de vehículos eléctricos y su carga inteligente. En términos comerciales, el informe destaca la importancia de establecer modelos de negocio sostenibles y rentables para la carga de vehículos eléctricos. Señala la necesidad de facilitar la participación de diferentes actores, como operadores de redes de distribución, proveedores de servicios de carga y fabricantes de vehículos eléctricos, en la cadena de valor de la integración de vehículos en la red eléctrica. El informe también ofrece una serie de recomendaciones para aprovechar al máximo el potencial de los vehículos eléctricos como recursos energéticos. Estas recomendaciones incluyen la colaboración entre diferentes partes interesadas, la promoción de estándares técnicos y de comunicación interoperables, la implementación de políticas de incentivos efectivas y la promoción de la investigación y la innovación en este campo. En resumen, el informe analiza los factores clave que impulsan la integración de los vehículos eléctricos en la red eléctrica. Destaca aspectos técnicos, regulatorios y comerciales, y proporciona recomendaciones para aprovechar al máximo el potencial de los vehículos eléctricos como recursos energéticos. El informe resalta la importancia de una gestión eficiente, un marco normativo claro y modelos de negocio sostenibles para promover una integración exitosa de los vehículos eléctricos en la red eléctrica.

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https://www.edsoforsmartgrids.eu/edso-publications/flow-drivers-for-vehicle-grid-integration  

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El mundo se encuentra en un momento verdaderamente crítico. Para América Latina y el Caribe, y en general para el mundo, este es un momento de enorme riesgo pero también de enormes oportunidades. Ante la convergencia de la crisis provocada por la pandemia y el desafío del cambio climático, un gran impulso en la inversión y en la innovación – centrado en la infraestructura sostenible – puede dar propulsión a una fuerte recuperación económica y devolverle el impulso a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La inversión en infraestructura permitirá que los países logren un crecimiento fuerte, resiliente, sostenible e inclusivo. Esta es la única manera de lograr los objetivos climáticos, pero requiere un enorme aumento en los esfuerzos relacionados con la infraestructura sostenible. Aunque se trata de un gran desafío, es realizable si existe colaboración estrecha entre el sector público, el sector privado y las instituciones internacionales. Efectivamente, la magnitud de la inversión necesaria en los mercados emergentes y los países en desarrollo requiere una estrategia integral de deuda y financiamiento que enfrente las crecientes dificultades de deuda, pero que también unifique todas las fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, públicas como privadas. En este contexto, se necesitara que las instituciones financieras de desarrollo – incluyendo al Banco Interamericano de Desarrollo – estén en el centro de estos esfuerzos. El mundo está en un momento crítico de la historia. Aún antes del CO- VID-19, los mercados emergentes y los países en desarrollo enfrentaban dificultades. Ahora, debido al COVID-19 y a la guerra en Ucrania, los mercados emergentes y los países en desarrollo están bajo una enorme presión. De no hacer nada, se seguirá en la actual trayectoria de bajo crecimiento, baja inversión y gasto público y un aumento de las cargas de los servicios de la deuda en la mayoría, si no en todos, los mercados emergentes. El mundo enfrenta el riesgo significativo de una nueva década perdida para el desarrollo. El mundo está rezagado en prácticamente todos los ODS, y existe el riesgo de no poder cumplir con las transiciones demográfica y de desarrollo que el mundo enfrentará en las próximas tres décadas. Al mismo tiempo, la urgencia y la oportunidad de enfrentar el cambio climático es algo que se presenta con más claridad que nunca. Igualmente importante es el desafío de proteger y restaurar la naturaleza, especialmente en América Latina y el Caribe. Además, hay un dato positivo y es que el mundo ha logrado un cambio significativo en el entendimiento: durante mucho tiempo se piensa en la acción climática como un costo, mientras que ahora se sabe que, en realidad, puede ser una manera de trazar un sendero hacia nuevas y mejores formas de crecimiento.

Todos estos retos son aún más complicados en América Latina y el Caribe que en otras regiones en desarrollo. Primero, debido al legado de baja inversión. La región ha tenido las tasas de inversión más bajas en términos agregados que cualquier otra región, excepto África; y la inversión pública ha sido especialmente baja y volátil. El nivel promedio de formación de capital bruto público en los países de América Latina y el Caribe es de alrededor de 2,8% del PIB. Mientras tanto, los países de Asia invierten en promedio 11,8% del PIB. Es una enorme diferencia, y no sólo es un problema en términos de su capacidad para impulsar el crecimiento sino también como fomento de la competitividad de largo plazo y la capacidad para enfrentar los desafíos futuros, incluyendo al cambio climático.

En segundo lugar, la región es altamente vulnerable al cambio climático. Se ve en las sequías y la escasez de agua; en el aumento de las temperaturas, la variabilidad de las precipitaciones, los riesgos de aumentos en el nivel del mar, etc. Todos estos problemas vienen con una enorme presión de posibles migraciones, tanto internas como externas; y las ciudades mismas, que serán el centro de estas migraciones, no están bien preparadas para el cambio climático. Todo esto significa que América Latina y el Caribe necesita invertir en infraestructura sostenible. Y no es sólo una cuestión de más infraestructura, sino también de mejor infraestructura. La región debe trazar un sendero que le permita atender el acceso y la calidad de los servicios, base de la competitividad, el suministro de servicios sociales y, muy importante, la sostenibilidad, de modo que la infraestructura se ajuste al mundo del cambio climático.

El informe identifica los principales obstáculos para el desarrollo de infraestructuras sostenibles en ALC. Entre estos obstáculos se encuentran la falta de marcos normativos adecuados, la insuficiencia de financiamiento, la falta de capacidad técnica y la necesidad de mejorar la gobernanza en el sector de la infraestructura. Para abordar estos desafíos, el informe ofrece recomendaciones tanto para los bancos multilaterales de desarrollo como para los países de ALC. Algunas de estas recomendaciones incluyen fortalecer los marcos regulatorios y de gobernanza, mejorar la planificación y la gestión de proyectos, promover la participación del sector privado, impulsar la inversión en infraestructura sostenible y fortalecer la capacidad técnica de los países. En resumen, el informe destaca la importancia de la infraestructura sostenible en la región de ALC y el papel fundamental que desempeñan los bancos multilaterales de desarrollo en su promoción. Identifica los desafíos clave que enfrenta la región en este ámbito y ofrece recomendaciones para superarlos. El informe subraya la necesidad de una acción coordinada y colaborativa entre los actores involucrados para impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles en ALC.

Para leer más ingrese a:

https://publications.iadb.org/en/sustainable-infrastructure-challenge-latin-america-and-caribbean-and-role-multilateral-development  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-desafio-de-la-infraestructura-sostenible-en-America-Latina-y-el-Caribe-y-el-papel-de-los-bancos-multilaterales-de-desarrollo.pdf  

La subida de los precios de la energía, consecuencia de la fuerte recuperación económica posterior a la crisis de 1929, y la guerra de Ucrania amenazaron con hacer descarrilar la recuperación posterior a la pandemia. En sus últimas Perspectivas Económicas, la OCDE revisó a la baja sus previsiones de crecimiento mundial para 2023 hasta el 2,2% desde el 3,2% del año anterior. Los precios de la energía han bajado recientemente gracias a un invierno más cálido de lo previsto, lo que ha mejorado las perspectivas económicas. Sin embargo, los precios al por mayor de la energía siguen siendo susceptibles de nuevos repuntes y, aunque la diversificación de las fuentes de energía está en marcha, no todas las fuentes de energía alternativas están plenamente aseguradas. La crisis energética ha supuesto un duro golpe para muchas empresas, algunas de las cuales ya estaban debilitadas por la pandemia. El carbón, el gas natural y la electricidad son insumos críticos para la producción en diversos sectores y un aumento de su precio pone a prueba la rentabilidad de las empresas, obligándolas a ajustar a la baja sus niveles de producción a corto plazo. A medio y largo plazo, los aumentos de los precios de la energía suponen una amenaza para los resultados de las empresas de los sectores más dependientes de la energía, especialmente en los países importadores de combustible, y suscitan preocupación por el riesgo de que los puestos de trabajo se desplacen a regiones con bajos costos energéticos. Los altos precios de la energía también podrían disuadir la inversión, socavando aún más la productividad y la competitividad de las empresas. La respuesta política óptima a una crisis de este tipo es compleja. Los responsables políticos pueden tender a proteger temporalmente a las empresas de las perturbaciones de los precios de la energía para preservar sus resultados económicos y los empleos industriales, a expensas de difuminar la señal de precios necesaria para la transición ecológica. Por el contrario, un objetivo a largo plazo sería reducir la dependencia de los combustibles fósiles, tanto por razones de seguridad energética como de mitigación del cambio climático.

El siguiente análisis se basa en medidas recientemente actualizadas de los precios sectoriales de la energía estimados a través de los precios de los países y las combinaciones energéticas sectoriales. En comparación con una simple medida de los precios mundiales del petróleo/gas, esta medida tiene la ventaja de tener en cuenta la considerable variación entre países y sectores en la combinación energética y los precios de la energía, que puede estar relacionada, por ejemplo, con las diferencias en la dependencia de la energía importada, la integración en los mercados mundiales de la energía, los cuellos de botella en el suministro debidos a los costos de transporte o las infraestructuras insuficientemente desarrolladas. Una parte sustancial de la variación entre países procede de las diferencias en los impuestos y tasas que se aplican al consumo de energía, como los impuestos medioambientales, así como las normas de exención o los regímenes de descuentos. El debate sobre el impacto de los precios del carbono, y más en general de una política medioambiental estricta, en los resultados de las empresas se caracteriza por dos puntos de vista opuestos. Por un lado, la hipótesis del paraíso de la contaminación, derivada de la teoría del comercio, predice que la política medioambiental aumentará los costos de cumplimiento y desplazará la inversión en eficiencia, reduciendo así la productividad/competitividad de las empresas (posiblemente trasladándola a regiones con menores costos de reducción), por otro lado se predice que unos precios del carbono más elevados tienen efectos positivos en los resultados de las empresas al promover mejoras de la eficiencia y fomentar la innovación en nuevas tecnologías, lo que a su vez aumenta la productividad. Sin embargo, los aumentos de eficiencia debidos a la inversión o la innovación pueden tardar algún tiempo en materializarse, lo que pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque dinámico.

Para promover inversiones en eficiencia energética que aumenten la productividad, los gobiernos deberían centrarse en reducir la incertidumbre política, reducir las restricciones financieras y aumentar la concienciación sobre los retos relacionados con el medio ambiente. Podría ser necesario centrarse especialmente en los sectores de alto consumo energético, combinando incentivos adicionales de descarbonización para las empresas que permanezcan en el mercado con la recualificación de la mano de obra en sectores cuyo tamaño acabará reduciéndose. El informe señala que es esencial que los gobiernos establezcan políticas adecuadas para facilitar la transición hacia un sistema energético más sostenible y para mitigar los impactos negativos a corto plazo. Esto incluye la implementación de medidas para fomentar la eficiencia energética, promover la investigación y desarrollo de tecnologías limpias, y garantizar la disponibilidad de energía a precios asequibles.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/rising-energy-prices-and-productivity-short-run-pain-long-term-gain_2ce493f0-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/2ce493f0-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F2ce493f0-en&mimeType=pdf  

Este informe pone en relevancia una serie de contradicciones políticas que obstaculizan la descarbonización de la calefacción doméstica en el Reino Unido. Se demuestra que sin una visión global y un marco que las guíe, las políticas dispares que se refieren a la calefacción, los edificios y la infraestructura energética dan lugar a una movilización ineficiente e ineficaz de los recursos, la alineación de las partes interesadas y la asignación de responsabilidades. Propone enfoques alternativos que pueden abordar las contradicciones políticas en cuestión. A medida que el Reino Unido avanza hacia su 5º Presupuesto de Carbono, el hogar medio necesitará una reducción adicional de 3,6 toneladas de CO2. Esto exigirá una reducción significativa de la dependencia del gas natural para calentar los hogares. En este informe demuestra a través de tres ejemplos cómo el panorama político del Reino Unido crea contradicciones que debilitan el impulso para una rápida descarbonización de la calefacción y los edificios. Los ejemplos analizados no son exhaustivos, sino un intento de poner de relieve algunas de las principales incoherencias políticas que requieren atención.

Los ejemplos que se cubren son:

– El Fuel Poor Network Extension Scheme pone de manifiesto una incoherencia entre la política adoptada para perseguir el objetivo social de reducir la pobreza energética de los hogares que no están conectados a la red de gas y la necesidad de reducir el uso de gas natural para calentar los hogares.

– La metodología de los Certificados de Eficiencia Energética (EPC) da lugar a una incoherencia entre las soluciones tecnológicas que mejorarían la relación costo-eficiencia del uso de la energía en un hogar, y las soluciones que mejor lograrían la descarbonización del calor desde la perspectiva del hogar individual y del sistema (es decir, el área local, y las redes locales de energía).

– Los diferentes mecanismos de financiación de las autoridades locales y los procesos de financiación de las empresas de distribución de gas y electricidad, que no están directamente vinculados a la ordenación territorial local, crean incoherencias entre los factores económicos que informan la ordenación territorial y los que informan la planificación de las inversiones energéticas.

En concreto, los Planes Energéticos Locales (PLA) desempeñan un papel importante a la hora de superar los retos políticos descritos en este informe. Al reunir los elementos de ordenación territorial y planificación energética, y establecer la alineación de las partes interesadas, los LAEP constituyen la base de los enfoques basados en el lugar que pueden lograr una descarbonización efectiva a ritmo y escala. Los LAEPs deberían combinarse con nuevos poderes para las autoridades locales para guiar las soluciones a la pobreza energética que mejor se alineen con las características de sus áreas locales. Por último, los EPC deben reformarse para reflejar con exactitud las emisiones reales de los edificios y proporcionar los incentivos adecuados para que los propietarios de viviendas descarbonicen de la manera más eficiente para sus circunstancias. La descarbonización de los edificios es un elemento esencial de la transición hacia una economía neta cero: en la actualidad, los edificios residenciales representan alrededor del 16 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido. Sin embargo, el ritmo de descarbonización de los hogares se ha ralentizado y las emisiones se han estancado en gran medida desde 2014. Esto es el resultado de la reducción de la financiación de medidas para mejorar la eficiencia energética en los hogares, pero también es sintomático del panorama político más amplio. Lograr la descarbonización de los edificios y de la calefacción a esta escala exige una innovación radical para que la transición resulte cómoda, asequible y eficaz para los hogares. Investigaciones anteriores han indicado que en un tema político tan complejo como la descarbonización del calor, a veces es necesario introducir voluntariamente incoherencias en una combinación de políticas existentes para ayudar a inducir la innovación y el cambio. Al mismo tiempo, estos deben guiarse por una visión compartida que movilice recursos y partes interesadas, y que asigne responsabilidades a quienes estén mejor situados para obtener los resultados requeridos. Esta visión compartida falta actualmente en el panorama político de la descarbonización del calor en el Reino Unido. El informe demuestra cómo la falta de claridad en la política de descarbonización del calor está creando conflictos que obstaculizan el ritmo y la escala de la transición.

El informe señala la falta de incentivos claros para la adopción de tecnologías de calefacción de bajas emisiones. Menciona que las políticas actuales no proporcionan suficientes incentivos económicos y regulatorios para fomentar la adopción generalizada de tecnologías como las bombas de calor y las redes de calefacción urbana. En general, el informe concluye que las contradicciones y las deficiencias en las políticas del Reino Unido obstaculizan la descarbonización del sector de la calefacción. Para lograr una transición exitosa hacia un sistema de calefacción de bajas emisiones, se necesitan políticas más coherentes, un mayor apoyo financiero y una mayor claridad en los incentivos para la adopción de tecnologías de bajas emisiones. El informe ofrece recomendaciones para abordar estas contradicciones y mejorar la política de descarbonización del calor en el Reino Unido. Algunas de estas recomendaciones incluyen la alineación de los objetivos y las estrategias a nivel nacional y local, el aumento del financiamiento disponible y la implementación de incentivos más sólidos para la adopción de tecnologías de calefacción de bajas emisiones.

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https://es.catapult.org.uk/report/assessment-of-uk-policy-contradictions-for-heat-decarbonisation/  

https://es.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2023/05/AssessmentofUKPolicyContradictionsforHeatDecarbonisation_Final.pdf