La evaluación de los planes de transición corporativos por parte de las instituciones financieras enfrenta el reto de incorporar el contexto regional en sus análisis. Aunque las metas de descarbonización y los compromisos climáticos son cada vez más comunes en los reportes empresariales, suelen ignorar las condiciones locales de infraestructura, economía y política que determinan la viabilidad de dichas metas. Este vacío limita la utilidad de los diagnósticos para la toma de decisiones, pues no revela si las estrategias son factibles ni si responden a los riesgos y oportunidades de cada región. Por ello, la regionalización de las evaluaciones se convierte en un paso estratégico para obtener información más específica y accionable. Para lograrlo, es necesario iniciar con el mapeo de la huella de transición de cada empresa, identificando sus activos, actividades críticas y las regiones donde operan. Este ejercicio permite seleccionar las rutas de transición más pertinentes y ubicar los factores de dependencia que condicionan los resultados. Posteriormente, el análisis se enriquece al contrastar las metas corporativas con trayectorias regionales de transición que incorporan proyecciones de tecnología, costos y políticas públicas. Así, se obtiene un panorama más realista que revela brechas de alineación, posibles cuellos de botella y oportunidades de inversión en zonas poco atendidas.

El enfoque multivía y multimétrica se propone como la mejor forma de evaluar la ambición y factibilidad de los objetivos empresariales. Combinar modelos globales con trayectorias nacionales o sectoriales permite diferenciar entre metas que están desfasadas por falta de ambición y aquellas que, aunque parezcan menos ambiciosas, responden a limitaciones de infraestructura o disponibilidad tecnológica en la región. De este modo, las instituciones pueden orientar su estrategia de involucramiento con clientes para reforzar planes de transición y priorizar sectores o activos que requieran mayor apoyo. Además de las metas, las dependencias críticas constituyen un eje central del análisis. Estas se clasifican en tres grandes categorías: tecnológicas, de mercado y de política. Identificarlas es el primer paso para evaluar la viabilidad de un plan de transición. Posteriormente se recomienda analizar su nivel de materialidad, el momento en que podrían convertirse en un riesgo y el grado de control que la empresa tiene para influir en su evolución. Por ejemplo, la dependencia de la expansión de infraestructura para combustibles sostenibles en la aviación europea ilustra cómo el cumplimiento de regulaciones puede verse comprometido si no se resuelven los cuellos de botella de suministro. Las instituciones financieras pueden usar este conocimiento para diseñar estrategias de compromiso con las empresas, fomentar colaboraciones y reducir la exposición al riesgo.

Un obstáculo frecuente es la brecha de datos. La información corporativa suele estar dispersa o incompleta, en especial en economías emergentes. Sin embargo, esto no debe frenar el análisis. Se sugiere complementar la información con datos alternativos de tres tipos: datos de empresas relacionadas o matrices, promedios sectoriales y estadísticas nacionales o regionales. Estas fuentes permiten elaborar aproximaciones tempranas de la alineación de inversiones, intensidad de emisiones o viabilidad tecnológica. Lo importante es emplear estos datos de forma transparente, señalando su carácter de estimación y actualizándolos cuando se disponga de información más precisa. La regionalización de las evaluaciones no necesita aplicarse a todas las empresas de un portafolio de forma exhaustiva. Un enfoque escalonado permite priorizar las compañías más relevantes para las metas climáticas y concentrar recursos en los activos de mayor impacto. A medida que se desarrollen mejores herramientas y bases de datos regionalizadas, el proceso podrá ampliarse y ganar precisión. La colaboración entre gobiernos, empresas, proveedores de datos y sociedad civil será esencial para construir un sistema robusto que haga posible una planificación de descarbonización más efectiva y coherente con las realidades locales.

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