La descarbonización industrial en Estados Unidos plantea retos estructurales que requieren soluciones innovadoras para acelerar la adopción de tecnologías limpias. El sector industrial representa una proporción significativa de las emisiones nacionales de dióxido de carbono, y su participación relativa aumentará en las próximas décadas debido al ritmo más lento de descarbonización en comparación con otros sectores. En este contexto, los contratos por diferencia (CfD) se presentan como una herramienta que puede reducir el riesgo financiero asociado a la producción limpia, facilitar la inversión y promover la competitividad económica.

El CfD es un acuerdo entre dos partes en el que se garantiza un precio mínimo por unidad de producto bajo en emisiones. Si el precio de mercado cae por debajo del valor pactado, el gobierno cubre la diferencia; si supera ese umbral, el productor devuelve el excedente. Esta estructura no implica la compra directa del producto, sino que ofrece certidumbre de ingresos, lo que resulta especialmente útil para tecnologías emergentes con altos costos iniciales y riesgos tecnológicos. El diseño puede ser unilateral, bilateral o híbrido, y su duración suele alinearse con los ciclos de amortización de activos industriales. La aplicación de CfD en el ámbito industrial permite abordar tres frentes simultáneos: incentivar tecnologías de primera generación (FOAK) y posteriores (NOAK), reducir la exposición al riesgo de mercado y acelerar la demostración de soluciones innovadoras. Para lograrlo, es necesario definir objetivos claros, establecer criterios de elegibilidad, seleccionar índices de referencia adecuados y diseñar mecanismos de subsidio que respondan a la evolución del mercado. Además, se deben considerar factores no monetarios, como beneficios sociales o ambientales, e incorporar sistemas de verificación de emisiones que contemplen análisis de ciclo de vida.

La experiencia europea ofrece referencias útiles. Países como Alemania y Países Bajos han implementado CfD para apoyar tecnologías como captura y almacenamiento de carbono, producción de acero limpio y procesos industriales de baja intensidad de carbono. Estos casos muestran que el diseño institucional, la coordinación entre agencias y la interacción con otros incentivos son elementos que deben considerarse desde el inicio. En Estados Unidos, la aplicación de CfD requeriría adaptar el marco legal existente, definir la agencia responsable de implementación y establecer criterios que eviten duplicidad de subsidios. La Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía son candidatos naturales para asumir esta tarea, dada su experiencia en programas de innovación tecnológica y regulación ambiental. Comparado con otros instrumentos, como créditos fiscales, compras públicas verdes o estándares de desempeño, el CfD ofrece ventajas en términos de eficiencia fiscal, descubrimiento de precios y movilización de capital privado. Sin embargo, también presenta limitaciones: puede debilitar señales de mercado, generar sobrecompensaciones si no se ajusta adecuadamente y mostrar rigidez frente a cambios tecnológicos o sociales. Por ello, su diseño debe ser flexible, transparente y orientado a resultados verificables.

Existen dos variantes principales de CfD aplicables a la industria: el contrato por producto (PCfD), que se basa en el precio de mercado del bien producido, y el contrato por carbono (CCfD), que se centra en el valor de la reducción de emisiones. Ambos modelos pueden adaptarse a distintos sectores, dependiendo de si se busca incentivar la producción limpia directamente o recompensar la mitigación de emisiones. La elección entre uno u otro dependerá del tipo de mercado, del nivel de madurez tecnológica y de los objetivos específicos de política pública. La transición industrial requiere mecanismos que combinen certidumbre económica con incentivos a la innovación. El CfD, al ofrecer estabilidad de ingresos sin intervenir directamente en el mercado físico, permite que tecnologías emergentes compitan en igualdad de condiciones. Su aplicación, si se diseña con criterios técnicos y sociales bien definidos, puede contribuir a reducir emisiones, fortalecer la competitividad y acelerar la transformación del sector manufacturero hacia modelos más sostenibles.

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