La expansión de la infraestructura pública digital ha transformado la manera en que los Estados diseñan políticas fiscales e instrumentos de inclusión social, particularmente en países con altos niveles de informalidad. En este marco, la combinación de sistemas de identificación digital, plataformas interoperables y pagos electrónicos permite desarrollar mecanismos de redistribución más precisos y accesibles. A partir de esta convergencia tecnológica, se abren nuevas posibilidades para reducir efectos regresivos asociados a impuestos indirectos y mejorar el alcance de las transferencias públicas. El impuesto al valor agregado representa una fuente relevante de recaudo en Brasil, aunque su incidencia desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos ha generado debates persistentes. Frente a esta tensión, la devolución personalizada del impuesto se plantea como una alternativa orientada a compensar dichas cargas sin debilitar la sostenibilidad fiscal. Mediante el uso de infraestructura digital existente, es posible identificar beneficiarios, calcular montos diferenciados y ejecutar pagos directos de forma eficiente, lo que redefine la relación entre política tributaria y protección social.

En el contexto brasileño, este esquema se apoya en una infraestructura pública digital ampliamente extendida, que incluye registros administrativos integrados y sistemas de pago instantáneo de uso masivo. Gracias a esta articulación, los reembolsos pueden realizarse de manera directa en cuentas individuales, reduciendo fricciones operativas y tiempos de espera. Asimismo, la rapidez de las transferencias refuerza la percepción de efectividad de la política, lo que incide positivamente en su aceptación social. Por otra parte, la implementación del programa en Brasil genera efectos que trascienden el ámbito fiscal. Al requerir el uso de cuentas digitales para recibir los reembolsos, se incentiva la incorporación de sectores históricamente excluidos al sistema financiero formal. De manera paralela, el contacto recurrente con pagos electrónicos promueve una mayor familiaridad con herramientas digitales, lo que amplía el acceso a otros servicios financieros y fortalece la integración económica.

No obstante, el diseño de este tipo de esquemas exige atender múltiples dimensiones. La precisión en la identificación de beneficiarios depende de la calidad y actualización de los datos administrativos. Al mismo tiempo, la confianza de la población en el manejo de la información personal influye directamente en la participación. En este escenario, la transparencia institucional y la protección de datos adquieren especial relevancia para sostener el funcionamiento del programa y evitar exclusiones involuntarias. Desde el punto de vista operativo, la automatización de procesos en Brasil reduce costos administrativos y minimiza errores asociados a la intermediación manual. Aun así, persisten limitaciones vinculadas a la brecha digital, especialmente en territorios con menor conectividad o bajos niveles de alfabetización tecnológica. Por ello, la implementación del programa se acompaña de esfuerzos de comunicación y asistencia que buscan facilitar el acceso y uso de los canales digitales.

El análisis del esquema brasileño muestra que la personalización de la devolución permite orientar los recursos hacia quienes enfrentan mayores restricciones económicas. Al diferenciar montos según características socioeconómicas, se mejora la capacidad redistributiva del instrumento frente a mecanismos uniformes. De igual forma, el aprovechamiento de infraestructura existente evita la creación de sistemas paralelos, lo que favorece la eficiencia y la escalabilidad. Más allá del caso de Brasil, la experiencia ofrece aprendizajes relevantes para otros países interesados en modernizar sus sistemas fiscales y de protección social. La reutilización de infraestructura pública digital, combinada con coordinación interinstitucional, facilita la implementación de políticas más precisas y adaptables. En conjunto, este enfoque evidencia cómo la integración entre tecnología y política pública puede contribuir a una mayor equidad, eficiencia administrativa e inclusión financiera.

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