La transición hacia sistemas energéticos basados en fuentes renovables se presenta como una vía para reducir emisiones, mejorar la resiliencia y ampliar el acceso a energía de calidad. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de transformar estructuras históricamente desiguales mediante modelos descentralizados y formas más democráticas de propiedad. No obstante, al observar cómo se están desplegando muchas iniciativas en distintos contextos nacionales, emergen tensiones profundas entre los objetivos declarados de sostenibilidad y las prácticas reales que dominan el sector. Por un lado, las economías industrializadas y algunas potencias emergentes han intensificado su búsqueda de minerales, biomasa e hidrógeno vinculados a la transición energética. Sin embargo, esta dinámica reproduce patrones extractivos de larga data. En lugar de fortalecer capacidades locales, numerosos proyectos consolidan relaciones asimétricas en las que los países proveedores permanecen relegados a los eslabones más bajos de las cadenas de valor. Así, los beneficios económicos, tecnológicos y estratégicos se concentran fuera de los territorios donde se extraen los recursos, mientras las comunidades locales enfrentan impactos sociales, ambientales y territoriales significativos.

Además, la expansión de energías renovables ha estado marcada por una fuerte dependencia de actores privados y por esquemas orientados a la exportación. Como resultado, el suministro energético doméstico, la asequibilidad de la electricidad y la descarbonización efectiva de las matrices nacionales quedan en segundo plano. En muchos casos, los contratos con productores independientes han derivado en precios elevados para los consumidores, incluso en contextos donde el potencial renovable es abundante. A ello se suma la proliferación de megaproyectos controlados por corporaciones extranjeras, que incrementan los riesgos socioambientales y reducen las oportunidades de gobernanza local. Igualmente, se evidencian fallas persistentes en la protección de los derechos humanos y de la tierra. La ausencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, junto con evaluaciones ambientales y sociales débiles o mal implementadas, ha permitido la repetición de conflictos con comunidades locales e indígenas. En consecuencia, la transición energética pierde legitimidad social y se debilita la confianza pública necesaria para avanzar con mayor rapidez y aceptación.

Frente a este panorama, las experiencias impulsadas desde la ciudadanía ofrecen señales alentadoras. La expansión de sistemas solares fotovoltaicos en techos residenciales muestra que es posible acelerar la adopción de energías limpias al tiempo que se reducen costos y se fortalece la autonomía energética de los hogares. No obstante, para que estos avances no profundicen desigualdades existentes, se requieren políticas que garanticen el acceso de sectores de bajos ingresos, zonas rurales y personas que no son propietarias de viviendas. Asimismo, los proyectos comunitarios y aquellos liderados por pueblos indígenas demuestran que existen alternativas viables a los modelos corporativos tradicionales. Allí donde el marco normativo lo permite, estas iniciativas han contribuido a una distribución más equitativa de beneficios, a una mayor aceptación social y a procesos de toma de decisiones más inclusivos. De este modo, la participación directa de las comunidades no solo responde a consideraciones éticas, sino que también incide en la viabilidad y sostenibilidad de largo plazo de la transición.

En este contexto, la acción estatal adquiere una relevancia ineludible. Los gobiernos cuentan con herramientas regulatorias, fiscales e industriales para reorientar el desarrollo de las energías renovables hacia objetivos de equidad y bienestar colectivo. Esto incluye exigir diligencia debida en materia de derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro, fortalecer los procesos de evaluación ambiental, asegurar el consentimiento libre, previo e informado y promover esquemas de propiedad pública o comunitaria. Al mismo tiempo, resulta indispensable avanzar en la captura de oportunidades económicas nacionales, mediante políticas industriales que fomenten el valor agregado local y el empleo digno. El despliegue de energías renovables no garantiza por sí mismo resultados justos o inclusivos. Solo mediante un cambio deliberado en las reglas, los incentivos y las prioridades será posible evitar la reproducción de desigualdades y encaminar la transición energética hacia beneficios compartidos y duraderos.

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