El Florence School of Regulation analiza el Citizens’ Energy Package desde una perspectiva social y plantea que la transición energética solo será legítima si reconoce que los hogares no viven la energía de la misma manera. El texto sostiene que la energía no es una mercancía neutra: define confort, salud, estabilidad económica y acceso a oportunidades. Por eso, un diseño regulatorio que trate al consumidor como un bloque homogéneo puede reproducir o profundizar desigualdades. El artículo subraya que variables como género, ingreso, estructura familiar, calidad de la vivienda y otras vulnerabilidades condicionan la forma en que cada persona accede, usa y paga la energía. En medio de crisis de precios y mayor pobreza energética, esta lectura adquiere relevancia política y regulatoria inmediata.

La pieza también ubica el nuevo paquete dentro de una trayectoria europea más amplia. Recuerda que el enfoque centrado en ciudadanos se fortaleció con el paquete de energía limpia de 2019, con normas de eficiencia posteriores, con la estrategia de integración del sistema energético y con la actualización de la directiva de electricidad en 2024. En ese marco, el paquete ciudadano aparece como un instrumento para continuar la agenda de transición justa, apoyar regiones afectadas por la salida del carbón y articular electrificación y digitalización en términos amigables para el usuario. El punto distintivo es que no basta con habilitar participación de consumidores y comunidades; se requiere considerar quién puede participar realmente, bajo qué condiciones y con qué barreras materiales o culturales.

Para el sector energético, la discusión es estratégica porque la aceptación social de la transición depende de su capacidad para distribuir beneficios y no solo costos. Medidas de flexibilidad, autoconsumo, rehabilitación de viviendas y electrificación del calor pueden fracasar si dejan por fuera a hogares con menor ingreso, a mujeres con sobrecarga de cuidados o a viviendas ineficientes con baja capacidad de inversión.

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