La intersección entre la fragilidad institucional, el conflicto armado y la variabilidad climática configura un escenario de vulnerabilidad extrema que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más empobrecidas del planeta. Se estima que, para el año 2030, aproximadamente 400 millones de personas en situación de pobreza extrema residirán en entornos afectados por la fragilidad, el conflicto y la violencia, lugares donde la capacidad de respuesta ante desastres naturales es mínimamente operativa. Esta realidad impone lo que se denomina una triple carga: la exposición a riesgos climáticos severos, una resiliencia sistémica erosionada y una deficiencia estructural en los indicadores de cohesión social y paz. El hecho de que el 40% de los habitantes en estos contextos enfrenten riesgos climáticos elevados —una tasa que duplica la de naciones más estables— evidencia que el cambio ambiental no es un fenómeno aislado, sino un multiplicador de amenazas que profundiza las crisis existentes. Por añadidura, la falta de preparación institucional y financiera en estos países crea un círculo vicioso donde los choques climáticos, como sequías o inundaciones, derivan inevitablemente en crisis humanitarias, desplazamientos masivos y una pérdida de hasta el 4% del Producto Interno Bruto acumulado apenas tres años después del evento. Bajo esta perspectiva, resulta indispensable entender que la acción climática tradicional, diseñada para entornos estables, fracasa en estos territorios si no se integran de forma deliberada las dinámicas de paz y los factores sociales desde la fase de planificación hasta la ejecución técnica.

A la luz de esta problemática, surge la oportunidad de transformar los ciclos de vulnerabilidad en trayectorias de resiliencia mediante la búsqueda de los denominados triple dividendos: ganancias climáticas acompañadas de resultados positivos en paz y bienestar social. Para alcanzar estos objetivos, se propone un marco operativo que prioriza inversiones en tres áreas determinantes: la cohesión social, el fortalecimiento institucional y la creación de oportunidades socioeconómicas vinculadas a medios de vida resilientes. En este sentido, las intervenciones que fomentan la participación comunitaria en la gestión de recursos naturales, como el agua y la tierra, han demostrado ser eficaces no solo para mitigar riesgos ambientales, sino para reducir disputas territoriales y reconstruir la confianza en las autoridades locales. Por ejemplo, proyectos de restauración de paisajes en Burundi o de gestión de cuencas en Sri Lanka evidencian que, cuando las comunidades perciben que los beneficios del proyecto se distribuyen de manera justa y transparente, el apoyo a las inversiones climáticas se vuelve sostenible y duradero. Asimismo, el enfoque en el empleo y los medios de vida actúa como un punto de entrada vital, dado que en entornos frágiles la mayoría de la población depende de sectores sensibles al clima, como la agricultura de secano o el pastoreo, y la carencia de alternativas económicas viables suele alimentar el reclutamiento por parte de grupos armados o la participación en economías ilícitas.

Dicho lo anterior, la efectividad de estos programas depende críticamente de un entendimiento profundo y continuo del contexto, puesto que en los entornos de conflicto las condiciones políticas y de seguridad pueden mutar con extrema rapidez. La flexibilidad y la gestión adaptativa se posicionan como principios operativos necesarios para evitar la maladaptación, la cual ocurre cuando una medida de ajuste ambiental termina aumentando involuntariamente la vulnerabilidad o creando nuevos riesgos para grupos específicos. El caso de la expansión de sistemas de riego en Afganistán ilustra este peligro, donde la extracción excesiva de aguas subterráneas agotó los acuíferos e intensificó las tensiones transfronterizas y tribales por el recurso hídrico. Por lo tanto, los actores climáticos deben adoptar enfoques sensibles al conflicto, mientras que las organizaciones humanitarias y de desarrollo deben reconocer y medir las contribuciones climáticas implícitas en su labor de fortalecimiento de la resiliencia. De manera complementaria, el sistema de financiamiento global requiere una reforma para capturar mejor estos beneficios integrales, dado que actualmente solo una fracción mínima de los recursos climáticos se destina a objetivos de construcción de paz o sostenibilidad social. Al alinear los flujos financieros, armonizar la planificación nacional y empoderar a los implementadores locales con herramientas flexibles, es posible asegurar que la transición ecológica contribuya efectivamente a la estabilidad y al desarrollo humano en las regiones más volátiles del mundo.

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