El mercado laboral colombiano ha atravesado un proceso de transformación profunda desde el inicio de su adhesión a la OCDE, logrando reducciones notables en la informalidad, aunque este progreso muestra señales de estancamiento en el periodo reciente. A finales de 2025, la tasa de trabajadores que no contribuían al sistema de pensiones se situaba en un 57%, una mejora considerable frente al 70% registrado en 2011, pero la tendencia de descenso se detuvo a partir de mediados de 2024. Las zonas rurales continúan siendo las más afectadas por esta problemática, con niveles de informalidad que alcanzan el 84%, lo que evidencia una brecha estructural persistente entre el campo y la ciudad. Frente a esto, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la «Economía Popular», integrando actividades productivas informales en circuitos económicos formales mediante programas de apoyo financiero, formación y acceso a compras públicas.

Bajo esta perspectiva, la reforma laboral de 2025 representa el cambio normativo más ambicioso de los últimos años, con el propósito de alinear la legislación nacional con los estándares internacionales de trabajo decente y justicia social. La nueva ley establece el contrato a término indefinido como la modalidad predeterminada de empleo, restringiendo severamente el uso de contratos de duración determinada para evitar la precariedad y el abuso en la subcontratación. De igual manera, se han modificado las regulaciones sobre la jornada laboral, redefiniendo el trabajo nocturno y aumentando progresivamente el pago de recargos por labores en domingos y festivos. No obstante, el incremento de los costos no salariales y la carga administrativa asociada a estas medidas han generado preocupación sobre la posible desincentivación de la creación de empleo formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

A la par de lo mencionado, la aplicación efectiva de la ley laboral requiere un sistema de inspección robusto y dotado de recursos suficientes. Aunque el presupuesto para estas tareas ha experimentado fluctuaciones, se ha implementado un nuevo «Modelo de Inspección Rural» que combina visitas de cumplimiento con asistencia preventiva para las empresas en áreas remotas. El uso de herramientas digitales para la gestión de casos y la recaudación de multas ha mejorado la eficiencia administrativa, aunque persisten desafíos en la detección de formas de contratación que encubren relaciones laborales reales bajo esquemas civiles, como ciertos contratos de servicios sindicales en el sector salud. La formalización de trabajadores mediante acuerdos voluntarios entre el Ministerio de Trabajo y los empleadores ha ganado terreno como una alternativa para regularizar vínculos laborales sin recurrir únicamente a sanciones.

Prosiguiendo con este análisis, el panorama de la negociación colectiva y el diálogo social en Colombia sigue siendo débil, con una densidad sindical de apenas el 4.7% en 2024, la más baja entre los países de la organización. La fragmentación sindical y la persistencia de pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados dificultan la consolidación de convenios de beneficio general. Por otro lado, la violencia contra líderes sindicales continúa siendo una preocupación grave, a pesar de la creación de unidades especializadas de protección y de los esfuerzos por reducir la impunidad en los casos de homicidios y amenazas. Finalmente, la política de incrementos sustanciales al salario mínimo, si bien busca proteger el poder adquisitivo, ha provocado una compresión salarial que reduce los incentivos para la adquisición de habilidades y la progresión profesional, situando a Colombia con el ratio salario mínimo-mediana más alto del grupo.

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https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-colombia-2026_bf7ac38f-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/07/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-colombia-2026_a3d8f618/bf7ac38f-en.pdf