La urbanización en India se desarrolla a una velocidad y una escala que superan la capacidad de los marcos institucionales tradicionales para planificar y gestionar el crecimiento territorial. Este proceso ya no se concentra únicamente en las grandes áreas metropolitanas, sino que se extiende hacia pequeñas ciudades, localidades en transición y espacios periurbanos donde convergen características rurales y urbanas. Esta expansión ha generado un sistema de asentamientos altamente heterogéneo, en el que las diferencias entre territorios son cada vez más marcadas mientras persisten mecanismos de clasificación y gobernanza que continúan respondiendo a una visión binaria entre lo urbano y lo rural. Como resultado, numerosos asentamientos funcionalmente urbanos permanecen excluidos de instrumentos de planificación, esquemas de financiamiento y servicios públicos adecuados. Al mismo tiempo, la fragmentación entre las políticas económicas, la planificación espacial y las inversiones en infraestructura ha favorecido patrones de crecimiento dispersos, incrementando las desigualdades territoriales en acceso a vivienda, transporte, empleo y servicios básicos. Frente a este escenario, se plantea la necesidad de una Política Nacional de Urbanización que permita coordinar las actuaciones de los distintos niveles de gobierno mediante una visión integrada, capaz de reconocer la diversidad del sistema urbano y de orientar el desarrollo hacia ciudades más equitativas, productivas, resilientes y con bajas emisiones de carbono. Esta propuesta parte del reconocimiento de que la urbanización constituye un proceso continuo cuya gestión requiere superar los límites administrativos tradicionales para incorporar relaciones funcionales entre ciudades, pueblos y áreas periurbanas, fortaleciendo simultáneamente la coordinación institucional, la planificación regional y la capacidad técnica de los gobiernos locales.

Sobre esa base, la planificación territorial adquiere una dimensión transversal que integra el desarrollo económico, la infraestructura, el uso del suelo y la sostenibilidad ambiental. El crecimiento urbano acelerado ha evidenciado que muchas leyes y planes vigentes fueron concebidos para contextos muy distintos a los actuales, dificultando la incorporación de nuevas dinámicas asociadas con la expansión de las ciudades y el surgimiento de territorios de transición. Además, la ejecución de proyectos de infraestructura frecuentemente ocurre de manera aislada respecto a los planes territoriales, debilitando la capacidad del Estado para orientar un crecimiento compacto y eficiente. Esta situación también se refleja en la disponibilidad de suelo, donde los elevados costos de adquisición, la fragmentación normativa y la limitada información catastral restringen el desarrollo urbano planificado, mientras que ecosistemas naturales y tierras comunales son transformados sin evaluaciones adecuadas sobre su valor ambiental o social. De forma simultánea, la infraestructura urbana presenta rezagos importantes frente al ritmo de crecimiento poblacional, especialmente en agua potable, saneamiento, drenaje, residuos sólidos, transporte y alumbrado público. Estas brechas afectan con mayor intensidad a pequeñas ciudades, asentamientos periurbanos y comunidades de bajos ingresos, donde la cobertura de servicios resulta inferior y la capacidad financiera de los gobiernos locales limita la operación y el mantenimiento de la infraestructura existente. El documento propone responder a estas limitaciones mediante una planificación espacial integrada, mecanismos de coordinación entre escalas territoriales, actualización de los marcos regulatorios, fortalecimiento del financiamiento urbano y articulación entre transporte, vivienda, infraestructura y desarrollo económico para reducir la expansión dispersa y promover ciudades más conectadas y eficientes.

A medida que estas transformaciones avanzan, la política urbana también debe responder a los desafíos sociales y ambientales derivados del crecimiento acelerado. La escasez de vivienda asequible continúa ampliándose, particularmente entre los hogares de menores ingresos, favoreciendo la consolidación de asentamientos informales ubicados en zonas periféricas con acceso limitado a servicios públicos y mayores niveles de exposición a amenazas climáticas. Esta problemática se relaciona directamente con la localización del empleo, la movilidad cotidiana y las restricciones del mercado formal de vivienda, aspectos que incrementan los costos económicos y sociales para millones de habitantes. De manera simultánea, la expansión urbana sin planificación suficiente intensifica la contaminación del aire, el deterioro de los recursos hídricos, la degradación del suelo y la pérdida de ecosistemas, mientras las áreas periurbanas reciben una presión creciente por actividades industriales, disposición de residuos y ocupación desordenada del territorio. Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad frente a inundaciones, olas de calor y otros fenómenos climáticos cuya frecuencia e intensidad continúan aumentando. No obstante, las estrategias actuales mantienen un enfoque predominantemente sectorial y reactivo, con escasa integración entre planificación territorial, adaptación climática y gestión ambiental. Frente a ello, se plantea incorporar criterios de resiliencia climática dentro de los planes urbanos, fortalecer la infraestructura verde y azul, promover soluciones basadas en la naturaleza, mejorar los sistemas de monitoreo ambiental e integrar la gestión del riesgo dentro de todas las etapas de planificación territorial, considerando especialmente las condiciones diferenciadas de los grupos más vulnerables y de los territorios con menores capacidades institucionales.

Alcanzar un sistema urbano más equitativo exige transformar simultáneamente los mecanismos de gobernanza, financiamiento y coordinación institucional que orientan el desarrollo de las ciudades. Las capacidades administrativas de muchos gobiernos urbanos permanecen limitadas debido a la insuficiente descentralización de funciones, la escasez de personal técnico, la debilidad de las finanzas municipales y la dependencia de transferencias provenientes de niveles superiores de gobierno. Estas restricciones dificultan la implementación de políticas de largo plazo y reducen la capacidad para planificar territorios cuya expansión supera los límites administrativos tradicionales. Por esta razón, se propone establecer una arquitectura de coordinación multinivel que articule al gobierno nacional, los estados y los gobiernos locales mediante criterios homogéneos para clasificar asentamientos urbanos, fortalecer la planificación regional, modernizar los sistemas de financiamiento, consolidar ecosistemas nacionales de datos y promover procesos permanentes de intercambio de conocimiento entre ciudades. Del mismo modo, las recomendaciones enfatizan la necesidad de integrar las políticas sectoriales dentro de una estrategia común, donde la infraestructura, la vivienda, la movilidad, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática sean concebidas como componentes interdependientes de un mismo sistema urbano. Bajo esta perspectiva, la urbanización deja de entenderse únicamente como crecimiento físico de las ciudades para convertirse en un proceso de transformación territorial que requiere instituciones fortalecidas, planificación basada en evidencia, financiamiento sostenible y mecanismos flexibles capaces de adaptarse a la diversidad regional y a las profundas diferencias existentes entre las distintas escalas del sistema urbano de India.

Para leer más ingrese a:

https://wri-india.org/research/equitable-productive-low-carbon-and-resilient-system-cities-india-national-urbanization 

https://wri-india.org/sites/default/files/2026-07/wri-india-nup-report.pdf