Desde febrero de 2022, los acontecimientos geopolíticos han dejado clara la necesidad de Europa de diversificar sus fuentes de energía y evitar una dependencia excesiva de las importaciones de combustibles fósiles. La caída de los flujos de gas natural ruso a Europa en 2022 supuso la mayor crisis de suministro en la historia de los mercados mundiales del gas. Provocó un aumento significativo de los precios de la electricidad y los servicios de calefacción para los consumidores de todo el continente. Dada la gran dependencia europea del gas natural importado, restablecer la seguridad energética es un objetivo primordial. Pero la forma de lograr la seguridad está sujeta a muchas incertidumbres. Aunque Asia Central no depende tanto de las importaciones de gas como otras partes de la región de Europa y Asia Central (EAC) del Banco Mundial, no se ha librado de una crisis energética. La crónica falta de inversión y las condiciones invernales más duras en décadas provocaron importantes cortes de electricidad y calefacción durante el invierno de 2022/23. Incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, el suministro de gas ruso a Europa era cada vez menos confiable. Desde 2022, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha una serie de medidas para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y acelerar el desarrollo de fuentes alternativas de energía a través del plan REPowerEU. Siguiendo el modelo de la UE, varios países de la CEPA iniciaron sus propios esfuerzos para promover la seguridad energética y diversificar las fuentes de energía. Los esfuerzos de la Unión Europea por aumentar las energías renovables y desvincularse de las importaciones de gas ruso están dando sus frutos. La Agencia Internacional de la Energía calculó en diciembre de 2022 que el déficit de suministro de gas de la UE para 2023 ya se había reducido a la mitad -menos de 30.000 millones de metros cúbicos (bcm)- gracias a medidas de ahorro energético, inversiones en infraestructuras y la aceleración del despliegue de energías renovables y bombas de calor. Desde entonces, la brecha ha seguido reduciéndose. El compromiso permanente con la mejora de la eficiencia energética, el mayor despliegue de las energías renovables, la diversificación de las importaciones de gas y las medidas de ahorro han llevado las reservas de gas a un nivel confortable en diciembre de 2023. El éxito de la Unión Europea constituye un buen ejemplo para la región de la CEPA. Sin embargo, las industrias intensivas en energía han sufrido en toda la región. La crisis energética no ha terminado. Las medidas para ayudar a los consumidores a hacer frente a los altos precios de la energía no se han reducido del todo, lo que ha provocado un aumento de las subvenciones, y persiste la incertidumbre sobre el suministro de gas natural a largo plazo. Sin embargo, una grave escasez de gas se limita ahora a los peores escenarios. El Banco Mundial ha desarrollado un modelo para proyectar una vía óptima al menor costo para que la CEPA alcance el objetivo de energía neta cero en 2060. En conjunto, los 23 países incluidos en el modelo producen casi una décima parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El informe tiene en cuenta el profundo impacto que la guerra de Ucrania ha tenido en la seguridad energética representando los flujos comerciales de energía sobre la base de los flujos y capacidades de los gasoductos a mayo de 2023 y bajo una prueba de estrés. Este novedoso análisis ofrece perspectivas no contempladas en trabajos anteriores, centrados principalmente en la Unión Europea. 

El informe está organizado como sigue. La Parte 1 repasa las perspectivas de seguridad energética a corto plazo. La Parte 2 presenta la visión del escenario Net Zero 2060 para la región, seguida de una visión detallada, basada en modelos, de lo que se necesitará para descarbonizar la región. Este informe es el primero de una serie de informes del Banco sobre la transición energética en la CEPA, por lo que su alcance y extensión son limitados. Los dos próximos documentos (i) detallarán los obstáculos a la ampliación de las energías renovables en la CEPA y proporcionarán asesoramiento político para hacer frente a estos obstáculos y (ii) investigarán los aspectos macroeconómicos de la transición energética presentando las oportunidades de crecimiento económico, incluidas las opciones políticas, de mercado y regulatorias con estudios de casos, y la relevancia de la capacidad institucional y la gobernanza. Los futuros trabajos sobre los aspectos macroeconómicos, fiscales, financieros y climáticos (daños y adaptación) de la transición energética pueden ampliar y enriquecer los resultados presentados en este informe. Este informe se centra en la región ECA, concretamente en aquellos países de la región con los que el Banco Mundial trabaja más estrechamente. Los países de la región representan el 6,3% de la población mundial, el 7% del PIB mundial (2019), casi el 10% de las emisiones energéticas mundiales y el 16% de las extracciones de combustibles fósiles. Los 23 países se dividen en siete subregiones: Asia Central, el Cáucaso, la UE, Rusia y Bielorrusia, Turquía, Ucrania y Moldavia, y los Balcanes Occidentales. La información presentada está diseñada para ayudar a las partes interesadas a priorizar estrategias y políticas para la transición hacia sistemas energéticos limpios y seguros. El informe también destaca las oportunidades de inversión inmediatas y a largo plazo derivadas de la transición energética en la región. En general, el sistema energético de la región es vulnerable a las crisis de suministro, así como a las crisis estacionales de demanda derivadas de las sequías y olas de calor estivales y las olas de frío invernales. Los Balcanes Occidentales y Asia Central son especialmente vulnerables a la posible escasez de gas natural, debido a su déficit de infraestructuras y a los bajos niveles de comercio transfronterizo. La disponibilidad limitada de almacenamiento subterráneo de gas natural agrava la exposición a las crisis de suministro de gas en algunas partes de la región de la CEPA. Los Balcanes Occidentales y los países de la UE, donde la cobertura de almacenamiento es del 12% y el 19% del consumo, respectivamente, son especialmente vulnerables. Las reformas de las subvenciones y las tarifas requieren una planificación a largo plazo y una red de seguridad para proteger a la población vulnerable, pero pueden estar bien alineadas con los esfuerzos de descarbonización. Por ejemplo, las inversiones en eficiencia energética pueden contrarrestar los efectos de la supresión de las subvenciones reduciendo el consumo de energía de los hogares, al tiempo que mejoran los niveles de confort térmico y reducen el subcalentamiento, frecuente en los Balcanes Occidentales y Asia Central.

El informe analiza la transición hacia una energía neta cero en Europa y Asia Central para el año 2060. Se destaca la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de energía, mientras se garantiza la seguridad y la sostenibilidad energética. El informe subraya que la transición hacia una energía neta cero requerirá cambios significativos en la infraestructura energética, así como en las políticas y regulaciones. Se enfatiza la importancia de invertir en tecnologías limpias y renovables, como la energía solar y eólica, así como en la eficiencia energética y la electrificación de sectores clave como el transporte y la industria. Además, el informe destaca la necesidad de una mayor cooperación regional en materia de energía, así como de políticas y marcos regulatorios coherentes a nivel nacional e internacional. Se resalta la importancia de la participación de múltiples partes interesadas, incluidos gobiernos, empresas y la sociedad civil, en la planificación y ejecución de la transición hacia una energía neta cero. En resumen, el informe ofrece una visión integral de los desafíos y oportunidades que presenta la transición hacia una energía neta cero en Europa y Asia Central, y destaca la importancia de acciones decisivas y coordinadas para lograr este objetivo crucial para la seguridad y la sostenibilidad energética en la región.  

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La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) es una inversión monumental en la economía energética estadounidense que cambia fundamentalmente los supuestos subyacentes y las opciones de solución en los planes de recursos integrados (IRP) a largo plazo de las empresas eléctricas. Los planes de recursos, aunque a menudo no son decisorios, constituyen una base de datos fundamental para fundamentar las decisiones de las empresas eléctricas. Por ello, es importante integrar las oportunidades de financiación que presenta la IRA en los procesos de planificación. No hacerlo aumenta el riesgo de que las hipótesis y soluciones inexactas conduzcan a decisiones de inversión mal informadas y a costos innecesarios para los clientes. Desde que se aprobó la IRA en agosto de 2022, las empresas de servicios públicos y los reguladores han comenzado a desarrollar enfoques para comprender cómo la ley ha cambiado sus supuestos previos en diversos lugares y decisiones. Este recurso es una guía práctica para reguladores y empresas de servicios públicos que deseen optimizar los beneficios de la IRA en las prácticas de planificación de recursos para mantener un servicio eléctrico confiable y de menor costo para los clientes en su estado o territorio de servicio. Este recurso es el resultado de meses de colaboración entre reguladores, expertos del sector y personal del RMI a través de la primera cohorte de Colaboración Reguladora (Reg Lab) del RMI. Esperamos que las ideas recogidas de los debates facilitados puedan informar a la comunidad más amplia de reguladores y planificadores de recursos a medida que adaptan la planificación a un mundo posterior a la Ley de Reducción de la Inflación. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) alteró profundamente el curso del sector eléctrico cuando se promulgó en 2022. La IRA podría suponer más de 400.000 millones de dólares de financiación federal a través de créditos fiscales, préstamos y subvenciones -inversiones que están preparadas para reducir el costo de la modernización del sector eléctrico para satisfacer las necesidades del siglo XXI; apoyar la transición a recursos más limpios y baratos para el suministro de electricidad; crear y mantener puestos de trabajo cualificados y bien remunerados; y abordar algunas de las injusticias a las que se han enfrentado las comunidades de justicia energética y medioambiental en este país durante más de un siglo. Gran parte de los beneficios previstos de la IRA sólo se materializarán si las partes interesadas del sector energético aprovechan plenamente la IRA. Las jurisdicciones en las que las empresas de servicios públicos, los reguladores, los funcionarios estatales de energía y otras partes interesadas en el sector energético actúen con decisión para garantizar que se utilicen los fondos de la IRA serán las más beneficiadas. Los reguladores estatales son cada vez más conscientes de su papel a la hora de permitir la aplicación de la IRA en sus estados. Aunque las disposiciones de la IRA prometen grandes beneficios a los clientes, las empresas de servicios públicos -los principales usuarios previstos de la financiación de la IRA- pueden no tener suficientes incentivos para maximizar estos beneficios potenciales sin orientación reguladora. Gran parte de la industria eléctrica sigue operando dentro de un marco regulador que fue diseñado para los retos de principios del siglo XX; la regulación tradicional crea un incentivo perverso conocido como «sesgo de capex», que anima a las empresas de servicios públicos a realizar grandes y costosas inversiones de capital, como nuevas centrales eléctricas de carbón y gas, que inicialmente proporcionaban energía a un creciente número de contribuyentes. 

Sin embargo, hoy en día abundan las alternativas más baratas y la energía eléctrica es casi universal, por lo que el sesgo de capex continuado incentiva a las empresas de servicios públicos a construir sistemas más caros de lo necesario, pasando por alto gastos de funcionamiento como los recursos del lado de la demanda, incluida la eficiencia energética de los clientes, y las tecnologías de mejora de la red (GET) que actúan como eficiencia energética para la red. Sin cambios en el marco regulador, las empresas de servicios públicos carecen de incentivos para buscar soluciones rentables que no contribuyan a su cuenta de resultados y pueden ser hostiles a la competencia. Esto, junto con el hecho de que las disposiciones de la IRA son en su mayoría «zanahorias» (recompensas) con pocos «palos» (castigos), significa que la industria de servicios eléctricos, y otras partes interesadas, tendrán que estar atentos para garantizar que los servicios públicos persiguen todas las oportunidades significativas para aprovechar los fondos federales para asegurar el camino más asequible, confiable y equitativo hacia un futuro de energía limpia. La IRA afecta a todos los elementos del ámbito regulador de las empresas de servicios públicos, desde la planificación y la adquisición de recursos hasta los programas para clientes y la fijación de tarifas. Este informe se centra en el ámbito regulador en el que la IRA aparece en primer lugar: el proceso de planificación. La planificación de recursos es una oportunidad crítica y, en la mayoría de los Estados, periódica para trazar una trayectoria de sistemas eléctricos confiables y de menor costo. Esto incluye el desarrollo de previsiones de la demanda de energía y la identificación de carteras de recursos de oferta y demanda que puedan satisfacer las necesidades de la red de una manera que cumpla objetivos predeterminados (por ejemplo, menor costo, alineado con la política estatal). Los requisitos de planificación varían según el estado, pero en la mayoría de los estados que exigen IRP, la planificación debe actualizarse cada 2-3 años y abarcar hasta 20 años en el futuro. La planificación, cuando se lleva a cabo correctamente, permite a las empresas eléctricas y a las partes interesadas abordar las necesidades futuras del sistema eléctrico y las tendencias en el desarrollo y despliegue de la tecnología, explorando las incertidumbres y su impacto. En muchos Estados, la base de datos establecida a través de los procesos de planificación se utiliza para apoyar las decisiones de inversión. Esto hace que la planificación sea un lugar ideal para que las empresas de servicios públicos exploren los cambios en las tendencias y las oportunidades que presenta la IRA. Sin embargo, para garantizar que las disposiciones de la IRA proporcionen el mayor beneficio posible a los clientes en consonancia con los objetivos reguladores, será necesario adaptar los planes y los procesos de planificación. Toda la planificación posterior a la IRA debe cambiar. Los planificadores deben interpretar lo que ha cambiado a causa de la IRA y hacer nuevos supuestos, más precisos y actualizados, y aprovechar el proceso de planificación para evaluar si existe un potencial más proactivo para utilizar la financiación de la IRA con el fin de reducir los costos para los contribuyentes en futuras inversiones. Las normas y directrices que rigen la planificación de los recursos de las empresas eléctricas varían considerablemente de un Estado a otro. Los estatutos y las normas reguladoras de la mayoría de los estados establecen requisitos de procedimiento sobre cómo debe llevarse a cabo la planificación, qué se incluye en un IRP presentado, cómo examinará el plan la comisión y hasta qué punto los resultados de la planificación están vinculados a las decisiones de adquisición. En la mayoría de los Estados, las comisiones tienen una función definida en la revisión de los planes de recursos de las empresas de servicios públicos, aunque estas funciones varían significativamente de unas jurisdicciones a otras.

El informe aborda la implementación y gestión de la Ley de Reducción de la Inflación, una medida destinada a mitigar los efectos adversos de la inflación en la economía. El informe destaca la importancia de una planificación cuidadosa y detallada para garantizar que la ley se implemente de manera efectiva y eficiente. Otro aspecto crucial abordado en el informe es la necesidad de asegurar la coordinación efectiva entre las diferentes agencias gubernamentales y partes interesadas involucradas en la implementación de la ley. Esto incluye la creación de mecanismos de comunicación claros y eficientes, así como la asignación de responsabilidades específicas a cada entidad involucrada. Además, el informe destaca la importancia de garantizar la transparencia en el proceso de implementación, mediante la divulgación regular de información sobre el progreso hacia los objetivos de reducción de la inflación. En resumen, el informe destaca la importancia de una planificación cuidadosa y detallada para garantizar el éxito de la Ley de Reducción de la Inflación. Esto incluye el establecimiento de objetivos claros y medibles, la coordinación efectiva entre las partes interesadas y la transparencia en el proceso de implementación. Al seguir estas recomendaciones, se puede aumentar la probabilidad de que la ley logre sus objetivos de reducir la inflación y mejorar la estabilidad económica.  

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Se prevé que entre 2022 y 2030 el tráfico de datos se multiplique por seis. Una de las mayores implicaciones es la necesidad de un aumento correspondiente de los recursos informáticos. A medida que los despliegues de redes 5G aumentan en volumen y escala a nivel mundial, muchos operadores también están invirtiendo fuertemente en la automatización de la red para manejar cargas de trabajo de gestión de red cada vez más complejas. En el centro de la mayoría de las estrategias de automatización está la introducción de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AM) en la red. Las redes de telecomunicaciones ya tienen una serie de casos de uso para la IA, empezando por la IA generativa en operaciones y centros de llamadas, y avanzando hasta la IA/ML desplegada en la RAN. La utilización de IA/ML en la RAN requiere una actualización significativa de los actuales chipsets de banda base, con un mayor número de núcleos y motores de IA en los diseños. Por tanto, la IA en la red impulsará una oleada de demanda de recursos informáticos. Esto se manifestará en todos los ámbitos, desde los dispositivos hasta los bordes y las nubes centrales. El aumento de la computación requiere mejoras en los diseños de los semiconductores y en los procesos de fabricación para seguir el ritmo del creciente tráfico digital. Aunque se han logrado avances significativos en este campo, existen limitaciones en cuanto al suministro y el costo de la energía que consumen con los procesos actuales. unque se han logrado avances significativos en este campo, existen limitaciones en cuanto al suministro y el costo de la energía que consumen con los procesos actuales. Además, los nuevos diseños de chipsets deben conectarse a nuevas redes y redes IoT, y ser capaces de reducir el consumo de energía en comparación con los índices actuales. Los nuevos diseños de chipsets deben realizarse con la sostenibilidad como principio básico. No basta con introducir mejoras en los procesos existentes para impulsar la eficiencia energética. Hay que hacerlo desde la base, y esto empieza con el proceso de descarbonización de la computación. Las mejoras informáticas pueden conferirse a múltiples niveles de la pila mediante chipsets más eficientes. Esto se traduce en una reducción general del consumo energético de la red. Esto empieza en el chipset y se extiende a la nube y, en última instancia, a los dispositivos, ya sean de consumo (por ejemplo, teléfonos inteligentes y tabletas) o industriales. Las arquitecturas RISC y CISC (X86) han dado prioridad a la eficiencia energética en sus sucesivos diseños. Los diseños Arm, en particular, han avanzado mucho al adaptar los diseños de los chips y los algoritmos de procesamiento a los dispositivos específicos en los que se ejecutan, ya sea un smartphone, un centro de datos en la nube o un punto de carga de vehículos eléctricos (VE). RISC ha crecido enormemente a partir de los diseños de referencia de Arm y ahora se incluye en una gran mayoría de smartphones, dispositivos IoT e infraestructuras de centros de datos/nube. RISC ha crecido enormemente a partir de los diseños de referencia de Arm y ahora se incluye en una gran mayoría de smartphones, dispositivos IoT e infraestructuras de centros de datos/nube. La escala respalda el efecto de flujo de las ganancias de eficiencia energética (hasta un 40 % en RISC) en la pila de computación. Por eso es tan importante elegir la arquitectura informática adecuada. La asociación de Arm con RedHat y sus contenedores OpenShift que utilizan CPU Neoverse apunta explícitamente a la eficiencia energética como punto de venta único para los operadores de telecomunicaciones y otros compradores de soluciones inalámbricas privadas. La cuestión es, pues, en qué medida la eficiencia informática puede traducirse en reducciones de energía en estas categorías de infraestructuras. Por extensión, lo mismo ocurre con las emisiones de carbono. Según los modelos de GSMA Intelligence, la cantidad es importante. Las redes de acceso a las telecomunicaciones (fijas y móviles) y la nube representan cada una algo más del 1% del consumo mundial de energía, lo que equivale a unos 300 teravatios (TW) cada una. Desde este punto de partida, si la eficiencia energética mejorara un 5% (gracias a chipsets más eficientes), el consumo global de energía de las redes móviles se reduciría en 9 TW al año. 

La cifra comparable para los centros de datos es de 17 TW. Si la eficiencia energética de los ordenadores mejorara un 25%, las mismas cifras anuales serían de 47 y 86 TW. Hay salvedades, por supuesto, como la evolución de la cuota de las energías renovables en la combinación energética global y la tasa de crecimiento del tráfico de datos. Las proyecciones dan una idea del orden de magnitud, más que una previsión precisa. Con el mismo aumento de la eficiencia energética (5%, 10%, etc.), el aumento del Desempeño informático en las redes de acceso y los centros de datos aportaría por sí solo el 0,5% del total de las reducciones mundiales de CO2 necesarias para 2030. Esta cifra se eleva al 1,5% y al 2,5% si el aumento de la eficiencia energética es del 15% y del 25%, respectivamente. Esto no incluye el ahorro de emisiones en otras industrias que permite la conectividad 5G (por ejemplo, para IoT u otras aplicaciones B2B como la robótica) y la computación en nube al aumentar la productividad y reducir los residuos. El carbono neto cero para 2050 es el objetivo, y los compromisos con los objetivos netos cero están siendo adoptados por la comunidad de operadores de todo el mundo. Los compromisos han sido asumidos por operadores que en conjunto cubren un tercio de la cuota de mercado mundial, que aumentará en el periodo posterior a la COP26. Los compromisos centrados en la fecha objetivo de 2050 implican la necesidad de reducciones de CO2 del 50% en cada década sucesiva hasta entonces. Algunos grupos de operadores han fijado objetivos más agresivos, como Vodafone (2040), Verizon (2040), Telefónica (2030) y Telia (2030), propiciados por el rápido paso a las energías renovables en sustitución de los combustibles fósiles, especialmente en Europa. Estos compromisos y el aumento previsto del tráfico de datos móviles implican una clara necesidad de seguir invirtiendo en recursos informáticos adicionales. Los recursos incrementales alimentarán una diversidad y un volumen crecientes de puntos finales conectados, así como centros de datos en ubicaciones centrales y periféricas de las redes en un entorno en el que prima el software. La RAN 5G nativa en la nube se trasladará sin duda a la 6G. Por lo tanto, esperamos que las arquitecturas informáticas de aprovisionamiento flexible se conviertan en la norma, ayudadas por la inteligencia artificial que optimiza los recursos en función del lugar y el momento en que se necesitan. Resulta revelador que el 50% de los operadores se consideren competitivamente débiles en cuanto a sostenibilidad en el diseño y comercialización de sus productos, frente a sólo el 30% que se consideran competitivamente fuertes, a pesar del consenso de que la eficiencia energética es ahora un criterio de compra clave para los compradores de tecnología empresarial. La consecuencia para los proveedores de chipsets es que deben trabajar al mismo ritmo que sus socios operadores, así como con el ecosistema informático en general, para corregir esta paradoja. El siglo XXI se perfila como un siglo digital, con un crecimiento sostenido de las comunicaciones y la conectividad a Internet, así como una rápida transformación digital de los sectores empresarial y gubernamental en todo el mundo. Estas tendencias han dado lugar a una inversión continua en la construcción de redes de telecomunicaciones, incluidas las redes móviles y las redes de acceso de banda ancha de línea fija, las redes de transporte de fibra óptica e incluso los sistemas de cable submarino que transportan la mayor parte del tráfico de Internet en todo el mundo.

El informe aborda la necesidad de reducir las emisiones de carbono en el sector de la computación, que representa una parte significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El informe destaca que, si bien se ha prestado mucha atención a la descarbonización de sectores como el transporte y la energía, la computación también desempeña un papel crucial en la transición hacia una economía baja en carbono. En el informe se señala que la industria de la computación debe adoptar un enfoque integral para reducir su huella de carbono, que incluya tanto la producción de hardware como el uso de software. Se destaca la importancia de diseñar hardware más eficiente en términos energéticos, utilizando materiales más sostenibles y reduciendo la cantidad de componentes electrónicos desechados. Además, se menciona la necesidad de optimizar el software para que sea más eficiente en el uso de recursos, lo que puede lograrse mediante la implementación de algoritmos más eficientes y el uso de técnicas de computación de bajo consumo. El informe también destaca la importancia de aumentar la transparencia en la industria de la computación en cuanto a las emisiones de carbono, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre qué productos y servicios utilizan. Se menciona la necesidad de establecer estándares y métricas claras para medir la huella de carbono de los productos y servicios de computación, así como de fomentar la colaboración entre empresas, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para abordar este desafío de manera efectiva. En resumen, «Decarbonising Compute: From the Ground Up» destaca la importancia de abordar la huella de carbono de la industria de la computación de manera integral, y ofrece recomendaciones concretas para lograr una transición hacia una computación más sostenible y baja en carbono.

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El Índice de Sostenibilidad de Telecomunicaciones BCG 2023 analiza el desempeño ambiental de 29 operadores de telecomunicaciones a nivel mundial basándose en sus operaciones de 2022. Aunque la industria ha mostrado progreso en el compromiso con la sostenibilidad y la economía circular/gestión de residuos, persisten desafíos en la reducción de emisiones de CO2 y la intensidad energética debido al aumento del tráfico de datos y la demanda de servicios. El progreso en la habilitación del cliente, aunque impresionante, todavía se encuentra rezagado. El índice revela una imagen mixta de mejoras y áreas que necesitan atención, con los operadores luchando por alcanzar objetivos de sostenibilidad en medio del crecimiento del uso de redes. Por otro lado, el Índice de Sostenibilidad de Telecomunicaciones 2022 indica una mejora general de la industria en la puntuación mediana en 9 puntos, aunque con discrepancias entre las dimensiones medidas. Los compromisos con la sostenibilidad y la circularidad/gestión de residuos aumentaron, mientras que los esfuerzos para reducir emisiones/intensidad disminuyeron. La habilitación del cliente experimentó el mayor avance. El índice, estructurado en torno a cuatro dimensiones, enfatiza la necesidad de reportes precisos y transparencia para abordar grandes brechas de puntuación entre empresas. Los operadores europeos lideran, a pesar de las disminuciones en la puntuación mediana, mientras que los operadores asiáticos y de Medio Oriente muestran avances prometedores, aunque con desafíos en ciertas dimensiones. En general, si bien los operadores están mejorando los marcos de sostenibilidad, surgen nuevos desafíos a medida que se mide el progreso, lo que requiere mejoras continuas y adaptaciones ante las demandas y preocupaciones ambientales en evolución.

La discusión sobre el reporte y los compromisos de sostenibilidad en la industria global de las telecomunicaciones refleja un panorama en evolución donde se observa un esfuerzo por parte de las compañías por comprender y abordar su impacto ambiental. Se destaca que si bien las telcos han logrado reducir sus emisiones directas (Alcance 1) e indirectas de energía (Alcance 2), la atención creciente hacia las emisiones indirectas (Alcance 3) está proporcionando una imagen más completa y precisa de su huella ambiental. Este enfoque en una mayor transparencia y detalle en el reporte es crucial, dado que permite a las compañías comprender mejor su impacto completo y, en consecuencia, diseñar estrategias y planes de acción más efectivos para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Es importante destacar que el compromiso con la sostenibilidad es considerado como la primera dimensión evaluada en un índice que sigue el desempeño de las telcos, y aunque la industria ha sido percibida como lenta en abordar su impacto ambiental en el pasado, se están observando progresos significativos. Los informes y puntuaciones de las compañías muestran una mejora sustancial en la transparencia, el nivel de detalle y la frecuencia de los reportes de sostenibilidad en comparación con años anteriores. Este aumento en la precisión y la exhaustividad de los reportes refleja una comprensión más profunda de la importancia de evaluar y comunicar adecuadamente el impacto ambiental de las operaciones de las telcos. A pesar de estos avances, queda trabajo por hacer, y es por ello que alcanzar objetivos intermedios se convierte en un paso crucial para evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y comunicar de manera transparente el progreso a las partes interesadas. En este sentido, las métricas para rastrear el impacto climático de la industria, especialmente las relacionadas con la reducción de emisiones absolutas de Alcances 1 y 2, son de suma importancia. Aunque se han observado mejoras en este aspecto, la gestión del creciente consumo energético generado por el tráfico de datos sigue siendo un desafío significativo para las telcos. 

De igual forma, se aborda la sostenibilidad en la industria de las telecomunicaciones, señalando que las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3 probablemente continúen aumentando a corto plazo debido a la expansión de las redes, pero que datos de emisiones más precisos ayudarán a establecer mejores objetivos de reducción. La industria genera residuos electrónicos de dispositivos, redes e infraestructura, que contienen metales valiosos, por lo que participar plenamente en la economía circular mediante la obtención responsable de materiales, la gestión jerárquica de residuos y el aprovechamiento de materiales es crucial. Sin embargo, la industria necesita asumir un papel más fuerte al proporcionar informes más detallados y accionables sobre la generación y gestión de residuos. Aunque más del 90% de las compañías de telecomunicaciones informan sobre el manejo de residuos, el nivel de detalle y transparencia de los informes no ha mejorado mucho en los últimos años. Algunas empresas no revelan qué se considera residuo, cómo se maneja o las tasas de reciclaje. Solo el 45% menciona el reciclaje de equipos de red y pocos proporcionan datos sobre cómo se manejan los equipos o los impactos de los esfuerzos de reciclaje. A pesar de ello, las compañías están aumentando la conciencia sobre la economía circular entre ellas y los clientes, mientras también expanden programas de devolución y reducen métricas de intensidad de residuos. Las telecomunicaciones europeas continúan liderando con tasas de reciclaje más altas y más iniciativas circulares, probablemente debido a los esfuerzos regulatorios en curso. Por otro lado, se discuten varios temas relacionados con los esfuerzos de las compañías de telecomunicaciones hacia la sostenibilidad y la circularidad, observando que los programas de reciclaje y devolución de las telcos europeas apenas comienzan a ser adoptados en otros lugares. Se menciona que los requisitos de informes sobre residuos y métricas de circularidad varían ampliamente entre regiones, lo que dificulta las comparaciones, y se alienta a los líderes de la industria a estandarizar estas métricas y su informe. Además, se analiza cómo las telcos pueden contribuir a la reducción de emisiones de carbono al apoyar los esfuerzos de los clientes minoristas y comerciales a través de productos y servicios relevantes, y al cuantificar la evitación de emisiones de sus clientes. Se encontró que solo el 59% de las telcos informan estas métricas y que los datos informados a menudo carecen de completitud y detalle respecto a objetivos específicos y definiciones de métricas de habilitación. Aunque el progreso en esta dimensión de habilitación del cliente quedó rezagado con respecto a otros, se observó el mayor aumento interanual.

El documento, a su vez, aborda el reporte de compañías de telecomunicaciones sobre métricas de sostenibilidad relacionadas con su impacto ambiental y esfuerzos para habilitar la descarbonización de los clientes. Destaca que un alto porcentaje de telcos ahora incluyen carteras de productos ambientales en sus informes y mencionan esfuerzos para minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, se señala la necesidad de mayor transparencia para comprender plenamente la contribución a la sostenibilidad. Aunque la industria avanza en la presentación de métricas para ayudar a otras industrias a descarbonizarse, los operadores deben identificar métricas que reflejen con mayor precisión los esfuerzos de habilitación del cliente y el éxito en la descarbonización resultante. A pesar de que la huella de carbono de las telecomunicaciones es menor que la de otras industrias, los avances continúan en áreas ambientales clave. Dada su función en la habilitación de la conectividad, los proveedores deben fortalecer los esfuerzos en el papel crítico de ayudar a los clientes en la lucha contra el cambio climático. Los operadores deben acelerar tanto la presentación de informes como el logro de resultados de sostenibilidad para comprender mejor el progreso, lo que requiere mejorar la precisión y la completitud de los informes mientras continúan reduciendo emisiones, uso de energía y migrando hacia energías renovables. La captura de emisiones de Alcance 3 aguas arriba y aguas abajo también es importante. Finalmente, impulsar la gestión de residuos, los esfuerzos de economía circular y el reporte sobre estos temas es esencial para reflejar el verdadero valor de habilitación del cliente. Un reporte más detallado, completo y transparente puede ayudar a los clientes a reducir sus emisiones de Alcances 1 y 2. Además, se discute el Telco Sustainability Index, que mide el desempeño de sostenibilidad de los operadores de telecomunicaciones. Aunque el progreso en todas las dimensiones fue significativo en años anteriores, este año fue más lento, pero los avances de la industria siguen mostrando su compromiso con la sostenibilidad. El objetivo del índice es proporcionar información operativa detallada sobre cómo funcionan los operadores de telecomunicaciones y dónde lideran o quedan rezagados en sostenibilidad. Los autores esperan que este índice ayude a los operadores de telecomunicaciones a mejorar tanto sus esfuerzos de sostenibilidad como el reporte de sostenibilidad, que es el camino más seguro hacia un futuro sostenible para la industria y nuevas oportunidades comerciales.

El contexto general de las discusiones sobre sostenibilidad en la industria de las telecomunicaciones revela un panorama dinámico donde las empresas están cada vez más comprometidas con la comprensión y abordaje de su impacto ambiental. A medida que avanzan en la reducción de emisiones directas e indirectas y en el fomento de la economía circular, enfrentan desafíos persistentes, como la gestión del creciente tráfico de datos y la necesidad de una mayor transparencia en el reporte de sus acciones. Aunque han mejorado sus esfuerzos en habilitar la descarbonización de los clientes, queda trabajo por hacer para alinear completamente sus prácticas con objetivos sostenibles a largo plazo. El análisis de índices de sostenibilidad y métricas ambientales refleja un progreso gradual, pero también resalta la necesidad de una acción continua y adaptativa ante las demandas cambiantes y crecientes preocupaciones ambientales. En resumen, la industria de las telecomunicaciones se encuentra en un camino de mejora constante hacia una gestión más responsable y sostenible de sus operaciones, reconociendo la importancia de esta evolución tanto para su propio desarrollo como para el bienestar del planeta.

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 El siguiente documento explora en detalle la imperativa necesidad de una infraestructura de servicios públicos robusta para respaldar la creciente electrificación de las flotas de camiones. Con el aumento de la prevalencia de vehículos eléctricos, se destaca que los camiones y autobuses representan una porción considerable de las emisiones de transporte. Aunque la disponibilidad de camiones eléctricos está en ascenso, especialmente en categorías como las furgonetas de reparto y los autobuses de tránsito, se resalta que este cambio hacia la electrificación presenta desafíos significativos en términos de demanda de energía que las empresas de servicios públicos deben abordar. Un aspecto clave es el considerable aumento en las necesidades de energía, por tanto, los sitios de carga para flotas de camiones pueden requerir varios megavatios de potencia, equivalente a la demanda de grandes fábricas. Esto se debe a las grandes baterías de los camiones y al hecho de que múltiples vehículos pueden cargar simultáneamente en una flota. Se señala que, para satisfacer estas necesidades, se requerirán actualizaciones en la distribución eléctrica, como la instalación de nuevos transformadores, alimentadores y, en algunos casos, la construcción de subestaciones completas. Además, se menciona que la planificación de estas actualizaciones de infraestructura lleva años, lo que subraya la importancia de que las empresas de servicios públicos comiencen a evaluar las necesidades de carga de sus clientes y las incorporen en sus planes de distribución a largo plazo, abarcando períodos de 10 a 20 años. El documento también ofrece estudios de casos de empresas de servicios públicos y estados líderes que están adoptando una postura proactiva frente a este desafío emergente, destacando ejemplos en California, Nueva York, Massachusetts, Illinois y el noroeste del Pacífico. Se hace hincapié en que estos esfuerzos de planificación anticipada son cruciales para permitir la electrificación efectiva de vehículos medianos y pesados en el plazo necesario para reducir las emisiones de transporte. En resumen, la integración de flotas de camiones eléctricos en la red eléctrica requiere una planificación cuidadosa y a largo plazo por parte de las empresas de servicios públicos, en colaboración con los reguladores y las partes interesadas, para garantizar una transición suave hacia un futuro más sostenible. 

El documento destaca la crítica necesidad de que la infraestructura de servicios públicos respalde la electrificación de las flotas de camiones. Por ejemplo, la Inflation Reduction Act ofrece un crédito fiscal federal del 30% de hasta $40,000 por vehículo eléctrico de tamaño medio o pesado. Además, a finales de 2022, se estimaba que más de 5,000 vehículos de tamaño medio y pesado de cero emisiones estaban circulando en las carreteras de Estados Unidos. También se destaca que se estima un aumento del 56% en la carga máxima para las empresas de servicios públicos de California para 2035 debido en gran medida a los vehículos eléctricos, lo que requerirá hasta $50 mil millones en infraestructura adicional de distribución. Estas cifras resaltan la magnitud del desafío y la inversión necesaria para facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible.

Principio del formulario Las empresas de servicios públicos necesitan planificar sus sistemas de distribución para satisfacer la demanda localizada de energía de los cargadores de vehículos eléctricos, que se concentrarán en lugares como los depósitos de flotas. Las necesidades de energía para camiones y autobuses son generalmente mayores que para automóviles porque los camiones tienen baterías más grandes. Por ejemplo, una batería de autobús de tránsito Tesla almacena de 220 a 660 kWh mientras que una batería de automóvil Tesla Model 3 almacena 82 kWh. Una flota de tránsito de 100 autobuses en un aeropuerto utiliza 13 MW de potencia de cargadores lentos y rápidos, similar a una gran fábrica. Una estimación para alimentar una flota de 200 furgonetas de reparto en un centro de cumplimiento de Amazon es de aproximadamente 4 MW. Los camiones eléctricos actuales de 18 ruedas consumen hasta aproximadamente 250 kW pero el Tesla Semi consume alrededor de 1 MW. Se está desarrollando un estándar para la carga de 1 MW y a veces incluso de 2 MW por vehículo. Una propuesta sugiere instaladores cada 100 millas a lo largo de la I-5 en California, cada uno con una carga pico de 23.5 MW. Un estudio estimó que las flotas en paradas de camiones en Massachusetts y Nueva York para 2045 requerirán al menos 5 MW y algunas pueden necesitar hasta 40 MW. Satisfacer estas necesidades de energía a menudo requerirá mejoras en los sistemas de distribución, alimentadores y subestaciones, a veces incluso incluyendo nuevas subestaciones que cuestan $4-35 millones. Las pautas generales establecen que las cargas superiores a 5 MW generalmente requieren mejoras en la distribución mientras que las cargas superiores a 10 MW pueden requerir bancos de transformadores nuevos o mejoras en subestaciones.

En un mismo sentido, se discute sobre las necesidades de carga de vehículos eléctricos para camiones medianos y pesados en Estados Unidos. Se señala que la infraestructura de carga será particularmente importante en áreas urbanas, a lo largo de las principales rutas de camiones y en ciertas regiones como el corredor California-Texas, Florida, la Costa Oeste y el Noreste. Estas áreas se proyectan que tendrán una demanda eléctrica sustancial de camiones eléctricos para 2030. Se proporcionan estudios de casos sobre programas y políticas de carga de camiones eléctricos en varios estados, con un enfoque en California, donde las agencias estatales y organizaciones han estado financiando proyectos de demostración para camiones y autobuses eléctricos durante años. Se discuten programas dirigidos por dos empresas de servicios públicos de California – Southern California Edison y Pacific Gas & Electric – que ayudan a financiar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos para flotas medianas y pesadas. Ambos programas cubren algunos costos de la empresa de servicios públicos y del cliente para instalar cargadores y requieren que las flotas adquieran un número mínimo de vehículos eléctricos. Se espera una mayor participación en estos programas a medida que aumenta la disponibilidad de vehículos y las regulaciones exigen la electrificación. Se está trabajando con las flotas para planificar las necesidades de carga y las mejoras en los sistemas de distribución. Paralelamente, se discuten los esfuerzos de PG&E para comprender y planificar la electrificación de flotas en California. Se señala que PG&E está recopilando datos detallados sobre las flotas actuales, utilizando pronósticos de agencias estatales y encuestando a los propietarios de flotas para incorporarlos en una herramienta de pronóstico geoespacial. Esta herramienta informa el plan de distribución anual de PG&E y la evaluación de necesidades de la red mirando 10-12 años hacia el futuro. PG&E anticipa que las necesidades de las flotas requerirán algunas mejoras en la red en planes futuros. También se discuten programas y pilotos en Nueva York para apoyar la electrificación de flotas. Las empresas de servicios públicos están llevando a cabo programas de preparación de vehículos ligeros y pilotos de vehículos medianos/pesados. Un procedimiento está examinando barreras y programas potenciales a gran escala. Las escuelas deben comprar autobuses de emisión cero a partir de 2027 y hacer la transición completa para 2035. Con Edison y National Grid están brindando servicios de asesoramiento y pilotos, aunque la adopción ha sido limitada debido a los altos costos para el cliente. Ambas empresas de servicios públicos están analizando las ubicaciones de las flotas y manteniendo conversaciones con las flotas para comprender los impactos futuros en la red. El expediente de la NYPSC está considerando expandir incentivos e implementar una planificación proactiva de la red. Estudios recientes encontraron que las inversiones de las empresas de servicios públicos pueden beneficiar a todos los clientes y que muchos alimentadores de distribución requerirán mejoras para soportar flotas electrificadas.

El análisis detallado aborda la implementación de programas y planes de electrificación de flotas de vehículos eléctricos en diversos estados de los Estados Unidos. En Massachusetts, se destaca la presencia de programas de electrificación de flotas por parte de las empresas de servicios públicos National Grid y Eversource. National Grid ha desarrollado un programa integral que incluye estudios de flotas, incentivos para infraestructura, descuentos por carga realizada fuera de horas pico, y rebajas en los cargos por demanda. Por su parte, Eversource amplió su programa en el año 2023 para incluir servicios de asesoramiento de flotas y cobertura de costos de preparación. Además, en Massachusetts se ha establecido un Consejo Asesor de Modernización de la Red para revisar los planes de modernización de las empresas de servicios públicos, con estudios en curso sobre las necesidades de electrificación en el Puerto de Boston y los costos totales de actualización de la distribución eléctrica. Asimismo, al abordarse la electrificación de flotas de vehículos comerciales incluye la participación de diversas entidades y empresas clave en este ámbito. La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) y el Departamento de Transporte de California (Caltrans) están involucrados en la implementación de programas y políticas para promover la adopción de vehículos eléctricos en flotas comerciales en el estado. El Consejo Estadounidense para una Economía Eficiente en Energía (ACEEE) y el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) han realizado análisis y estudios sobre la electrificación de flotas de vehículos. Además, empresas como National Grid y Portland General Electric (PGE) han desarrollado programas para respaldar la transición de flotas comerciales a vehículos eléctricos. UPS se destaca como una empresa que está explorando la electrificación de su flota de vehículos de reparto. En el ámbito de la fabricación de vehículos eléctricos, se menciona a Tesla y Rivian, empresas reconocidas por su innovación en tecnología de vehículos eléctricos, incluyendo camiones y autobuses, lo cual es relevante para la electrificación de flotas comerciales. En Illinois, una nueva ley ha exigido a las empresas de servicios públicos desarrollar planes de «electrificación beneficiosa», incluyendo para flotas de vehículos. Se han llevado a cabo talleres para discutir las necesidades y oportunidades de las flotas, y Commonwealth Edison ha presentado un plan que se centra en comunidades de bajos ingresos e incluye incentivos para vehículos, infraestructura y educación. Este plan asigna la mayor parte de los fondos a incentivos para vehículos y una parte a incentivos para infraestructura y tecnología. La importancia de una planificación proactiva para preparar las redes eléctricas para la creciente demanda de electrificación de flotas, especialmente de camiones, se destaca como un aspecto fundamental, enfatizando la necesidad de una gestión efectiva de los impactos en la red y los costos asociados a medida que la electrificación de flotas comerciales se expande.

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 En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales, el documento propone ilustrar el camino hacia la acción climática mediante el uso de la inteligencia artificial (IA). El documento tiene como objetivo proporcionar a los responsables políticos, empresas y líderes climáticos una comprensión clara de cómo la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a abordar los desafíos ambientales. Destaca el potencial de la IA para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la adaptación y la resiliencia climática. Basado en entrevistas a expertos e investigaciones anteriores de organizaciones que trabajan en IA y temas climáticos, el informe subraya la urgencia de acelerar la acción climática, puesto que las políticas actuales probablemente resultarán en un calentamiento de más de 2.8 grados Celsius. La IA podría mitigar el 5-10% de las emisiones para 2030 si las aplicaciones existentes se escalan. Se destaca que la IA puede contribuir a la acción climática mediante la reducción de emisiones, la guía de adaptaciones a los impactos climáticos y la provisión de capacidades para apoyar la modelización climática, la investigación y la educación. Ejemplos existentes incluyen el uso de información curada por IA para estrategias climáticas, análisis predictivos para emitir advertencias de inundaciones y herramientas de optimización para medir y reducir la huella de carbono de las organizaciones. Sin embargo, el uso de energía de la IA y sus posibles impactos, como el consumo de agua y los desechos electrónicos, deben ser gestionados cuidadosamente. Los responsables políticos tienen un papel importante que desempeñar en maximizar los beneficios de la IA para la acción climática mientras se minimizan los riesgos. Las políticas críticas incluyen fomentar el intercambio de datos y el acceso a la tecnología, promover el despliegue de IA ambientalmente responsable y definir las prioridades del sector público y privado para acelerar las aplicaciones de IA del mundo real para el clima.

A lo largo del documento, se exploran diversas facetas en las que la IA puede contribuir significativamente a la mitigación y adaptación al cambio climático. Uno de los aspectos destacados es el papel de la IA en la agricultura sostenible, donde se evidencia cómo esta tecnología puede optimizar procesos agrícolas, desde la gestión del riego hasta la predicción de cosechas, promoviendo así prácticas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, se mencionan proyectos pioneros que emplean la IA para reducir las emisiones de aviones al minimizar las estelas de condensación, lo que podría tener un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono de la industria de la aviación. Otro aspecto crucial abordado en el informe es el papel de la IA en la remoción de carbono, tanto a través de enfoques naturales, como la reforestación, como mediante tecnologías avanzadas de captura y almacenamiento de carbono. Ejemplos concretos, como el uso de sensores remotos y algoritmos de IA para monitorear la captura de carbono en ecosistemas, ilustran el potencial de esta tecnología para impulsar la acción climática a escala global. Además de su contribución a la mitigación, la IA también se destaca en el informe por su papel en la adaptación y resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Proyectos que utilizan modelos de IA para predecir y gestionar riesgos climáticos, como inundaciones y sequías, demuestran cómo esta tecnología puede ayudar a anticipar y responder de manera más efectiva a eventos extremos. En última instancia, el informe subraya la importancia de abordar los desafíos éticos y medioambientales asociados con el uso de la IA, como su consumo energético y sus posibles impactos en la privacidad de los datos, y aboga por estrategias integrales que maximicen los beneficios de esta tecnología mientras se minimizan sus riesgos. 

El documento, a su vez, aborda diversas problemáticas relacionadas con el impacto ambiental de la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos, resaltando la importancia de considerar factores como la tecnología, la arquitectura y la ubicación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas con la IA. Se destaca la necesidad de abordar el consumo de agua en los centros de datos para refrigeración, así como la gestión adecuada de los residuos electrónicos generados por esta tecnología. Además, se discuten los riesgos éticos y sociales asociados con la IA, como el sesgo injusto, la falta de transparencia y los posibles impactos ambientales negativos, enfatizando la importancia de la diversidad en el desarrollo de la IA y la inclusión de consideraciones ambientales y sociales en su implementación. Por otro lado, se proponen recomendaciones políticas para facilitar y orientar el uso de la IA en la acción climática, destacando la necesidad de promover la disponibilidad de datos, infraestructura tecnológica y talento globalmente, así como de fomentar el uso responsable de la IA para abordar los desafíos climáticos. Se sugiere el establecimiento de políticas que incentiven la recopilación y compartición de datos climáticos, la inversión en infraestructura tecnológica esencial y la transparencia en las operaciones de IA, con el objetivo de maximizar el potencial de la IA para la acción climática de manera equitativa y sostenible. Asimismo, se exploran diversas iniciativas gubernamentales y organizacionales destinadas a acelerar la acción climática mediante la IA, destacando la importancia de desarrollar infraestructura tecnológica, apoyar la investigación y el desarrollo en este ámbito, y capacitar a los actores relevantes para aprovechar el potencial de la IA en la lucha contra el cambio climático. Se resalta el papel crucial del sector público en liderar estos esfuerzos y servir de ejemplo para el sector privado en la aplicación efectiva de la IA para abordar los desafíos climáticos.

Por otra parte, se profundiza en la discusión sobre cómo los responsables de políticas pueden impulsar la adopción de la inteligencia artificial (IA) para abordar el cambio climático, identificando una brecha entre el reconocimiento de la importancia de la IA en la acción climática y su implementación práctica. Se presentan diversas estrategias que podrían ser adoptadas por los encargados de formular políticas para promover el uso de la IA en el ámbito climático. Entre estas estrategias se incluye la integración de soluciones y conocimientos de IA en los planes estratégicos para sectores específicos y territorios, con ejemplos concretos de gobiernos que ya están utilizando la IA para mapear el potencial de expansión de energía solar y así informar sobre códigos de construcción más sostenibles. Además, se plantea la importancia de definir sectores y casos de uso prioritarios para acciones locales y regionales de IA, citando ejemplos de países que ya están identificando áreas clave como la eficiencia energética y la agricultura de precisión en sus estrategias nacionales de IA. El informe también sugiere la implementación de soluciones de IA prioritarias en el sector público para abordar desafíos climáticos específicos, junto con la promoción de la adopción de la IA por parte del sector privado, identificando y abordando los obstáculos que podrían estar frenando una implementación más amplia de la IA en este ámbito. En última instancia, se subraya la necesidad de adaptar las estrategias de política a diferentes sectores y jurisdicciones, proporcionando ejemplos específicos de acciones políticas en áreas como edificaciones, energía, transporte, electricidad y agricultura para fomentar la adopción de la IA en la lucha contra el cambio climático; el documento presenta un panorama completo de cómo la IA puede ser una herramienta en la lucha contra el cambio climático, ofreciendo soluciones innovadoras y escalables para enfrentar uno de los mayores desafíos de la actualidad.

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