IRENA plantea que la expansión de soluciones de cocción limpia requiere una combinación de financiamiento asequible, enfoque pragmático y mejor información para inversionistas. El punto de partida es de gran magnitud social y sanitaria: alrededor de 2.100 millones de personas en el mundo siguen sin acceso a cocción limpia, y unas 900 millones viven en África subsahariana. La dependencia de combustibles tradicionales expone especialmente a mujeres y niños a contaminación intradomiciliaria asociada con enfermedades, muertes prematuras y fallecimientos infantiles. El artículo recuerda que existen alternativas basadas en renovables y combustibles más limpios, como estufas mejoradas de biomasa, pellets, biogás, etanol y cocción eléctrica, con beneficios en salud, ambiente, eficiencia de combustible y gasto energético.
Pese a ello, la adopción continúa rezagada por un problema central de asequibilidad. Los hogares que más necesitan estas soluciones suelen pertenecer a segmentos de bajos ingresos y enfrentan barreras para asumir costos iniciales. IRENA estima que cerrar la brecha de acceso hacia 2030 exige inversiones anuales cercanas a 8.000 millones de dólares, pero apenas una fracción de ese monto ha sido movilizada. Durante discusiones previas a la decimosexta asamblea de la agencia, gobiernos y actores del sector coincidieron en que no bastará con esperar capital externo. La vice directora general de IRENA subrayó la necesidad de combinar gasto doméstico e instrumentos internacionales, incluidos subsidios y préstamos concesionales, sin menospreciar el papel crítico de estos últimos.
La agencia también identifica un problema de absorción: aunque algunos recursos existen, los destinatarios finales encuentran dificultades para captarlos por falta de proyectos bancables, altas tasas de interés, requisitos estrictos y escasa información clara para inversionistas. En respuesta, IRENA resalta la importancia de garantías que reduzcan costo financiero y de datos más completos sobre destino e impacto de las inversiones. La discusión se ubica plenamente en la convergencia entre política social, acceso a energía, salud pública y transición justa.
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