Desde 2010, el precio promedio de la electricidad en EE. UU. ha aumentado cerca del 30% en términos nominales, aunque ajustado por inflación cayó 8% respecto a 2010 y se ha mantenido casi plano desde 2019. En 2025 las utilities solicitaron incrementos tarifarios por 71.200 millones de dólares hasta 2028. Un análisis del Lawrence Berkeley National Laboratory y The Brattle Group, citado por WRI, atribuye los cambios a múltiples factores: daños e infraestructura por clima extremo, inversiones de modernización y resiliencia de redes, y la volatilidad de combustibles fósiles. La conclusión: no hay un único responsable del aumento y las variaciones dependen de región, tipo de cliente y periodo.

Más allá del debate político sobre centros de datos u otros demandantes, la composición de la tarifa incluye generación, transmisión, distribución, impuestos y cargos. La inversión en distribución ha superado la de transmisión y producción en los últimos años, y la expansión de la demanda tras la pandemia, junto con choques geopolíticos, explica parte de las presiones. Para aliviar precios, WRI sugiere medidas como eficiencia y gestión de demanda, reducción de pérdidas y congestiones, y marcos de inversión que aceleren proyectos con mayor impacto en costos totales del sistema.

Para Colombia, el análisis refuerza la necesidad de diagnósticos regionales: distinguir componentes indexados a combustibles de los asociados a CAPEX de redes, y priorizar intervenciones con retorno en reducción de pérdidas, resiliencia y flexibilidad. Comunicar esta estructura evita culpabilizar un único factor y orienta la regulación hacia señales que equilibren asequibilidad, sostenibilidad y confiabilidad.

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