La urgencia por reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero ha llevado a una convergencia internacional sin precedentes en torno a la expansión acelerada de las energías renovables. En este contexto, se ha establecido un objetivo colectivo para triplicar la capacidad instalada de energía renovable y duplicar la tasa promedio anual de mejora en eficiencia energética antes de 2030. Esta meta, respaldada por casi 200 países, se fundamenta en el escenario de 1,5°C desarrollado por IRENA, que plantea una hoja de ruta técnica y política para mantener el aumento de la temperatura global dentro de límites seguros. Durante 2024, se designó a IRENA como la entidad responsable de monitorear y reportar el progreso hacia estos objetivos. Esta labor se realiza en colaboración con las presidencias de las conferencias climáticas, el equipo legado del Consenso de Emiratos Árabes Unidos y la Alianza Global de Renovables. El seguimiento anual permite evaluar avances, identificar brechas y proponer ajustes que mantengan el rumbo hacia una transición energética equitativa.

Los datos más recientes muestran que el objetivo de alcanzar 11,2 teravatios de capacidad renovable instalada para 2030 sigue siendo viable. En 2024 se registraron incrementos históricos por tercer año consecutivo, lo que refleja un impulso sostenido en la adopción de tecnologías limpias. Sin embargo, persisten desequilibrios tanto en la distribución geográfica como en el tipo de tecnologías implementadas. Mientras algunas regiones avanzan rápidamente, otras enfrentan barreras estructurales que limitan su participación. Además, la concentración en ciertas fuentes, como la solar fotovoltaica, puede generar vulnerabilidades si no se diversifica el portafolio energético. Para que la transición energética sea efectiva y justa, es necesario abordar estas disparidades. Esto implica fortalecer la cooperación internacional, facilitar el acceso a financiamiento, y promover políticas que integren criterios sociales y ambientales en la planificación energética. La inclusión de comunidades vulnerables, el respeto por los derechos territoriales y la creación de empleos dignos son elementos que deben incorporarse en cada etapa del proceso.

El seguimiento también destaca la importancia de mejorar la eficiencia energética. Aumentar la tasa de mejora anual requiere inversiones en infraestructura, innovación tecnológica y cambios en los patrones de consumo. Las medidas de eficiencia no solo reducen emisiones, sino que también alivian la presión sobre los sistemas eléctricos, especialmente en contextos de alta demanda. La colaboración entre actores públicos y privados se vuelve indispensable para sostener el ritmo de expansión. Los mecanismos de mitigación de riesgos, como los respaldados por instituciones financieras internacionales, permiten que proyectos renovables sean más atractivos y viables en mercados emergentes. Asimismo, la transparencia en la gobernanza energética y la estabilidad regulatoria son condiciones que favorecen la inversión y la participación ciudadana. A medida que se acerca 2030, el desafío no radica únicamente en alcanzar cifras agregadas, sino en garantizar que el despliegue de energías renovables contribuya a una transformación profunda del sistema energético global. Esto requiere una visión integrada que combine ambición climática con justicia social, resiliencia territorial y sostenibilidad económica. La oportunidad está en convertir los compromisos multilaterales en acciones concretas que beneficien a todas las regiones y sectores de la sociedad.

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