Las normas de desempeño de edificios (BPS) han emergido como una política relevante en Estados Unidos para reducir el consumo energético y las emisiones del sector de la construcción. Estas normas establecen metas de eficiencia o de intensidad de carbono para edificaciones existentes, con plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento. En este contexto, las empresas de servicios públicos se convierten en actores estratégicos, capaces de facilitar tanto la adopción como el cumplimiento de las BPS mediante programas específicos y modelos de crédito que reconozcan su aporte.

El papel de las utilidades se manifiesta en dos dimensiones. Por un lado, pueden apoyar a las jurisdicciones en la fase de adopción de las políticas, proporcionando datos energéticos, asistencia técnica y educación. Muchas ciudades carecen de capacidad institucional para diseñar y aplicar normas complejas, por lo que la experiencia de las empresas de energía resulta valiosa. Al compartir información agregada sobre consumo de edificios, se facilita la definición de metas realistas y sectoriales. Además, la capacitación y el acompañamiento técnico permiten que los gobiernos locales comprendan mejor los elementos de eficiencia y reduzcan costos de implementación. Por otro lado, las utilidades pueden contribuir al cumplimiento de las BPS por parte de los propietarios de edificios. Esto incluye incentivos basados en medidas, programas de operación y mantenimiento, financiamiento y apoyo para acceder a otras fuentes de crédito. En particular, los edificios con recursos limitados, como viviendas asequibles, escuelas o centros comunitarios, enfrentan mayores barreras para cumplir con las exigencias. Dirigir programas hacia estos sectores asegura que la transición sea más equitativa y que los beneficios se distribuyan de manera amplia.

El diseño de programas enfrenta retos importantes. Uno de ellos es la escala, dado que las BPS suelen cubrir un número de edificios mucho mayor que el de los programas tradicionales de eficiencia. Otro reto es la capacidad de los propietarios para cumplir, pues muchos carecen de personal especializado o de financiamiento suficiente. Asimismo, las regulaciones pueden limitar las ofertas que las utilidades pueden implementar. Superar estas barreras requiere estrategias flexibles, coordinación con bancos verdes y agencias locales, y desarrollo de la fuerza laboral para asegurar disponibilidad de contratistas capacitados. En otra instancia, un aspecto crítico es la atribución de ahorros y la evaluación de resultados. Las utilidades necesitan mecanismos que les permitan recibir crédito por su contribución a las metas de las BPS. Esto implica establecer líneas de base claras, evitar la doble contabilización de ahorros y ajustar los plazos de evaluación para que coincidan con los ciclos de cumplimiento de las normas. De esta manera, se incentiva a las empresas de energía a invertir en programas de apoyo, al tiempo que se garantiza transparencia en la medición de impactos.

Las BPS representan una oportunidad para transformar el sector de edificios hacia un futuro más eficiente y bajo en carbono. Las utilidades, mediante programas bien diseñados y modelos de crédito adecuados, pueden ser socios esenciales en este proceso. Al proporcionar datos, asistencia técnica, incentivos y financiamiento, contribuyen a que tanto jurisdicciones como propietarios de edificios logren cumplir con las metas establecidas. La coordinación entre reguladores, gobiernos locales y empresas de energía permitirá maximizar los beneficios ambientales y sociales de estas políticas, asegurando que la transición hacia edificaciones sostenibles sea inclusiva y efectiva.

Para leer más ingrese a:

https://www.aceee.org/white-paper/2026/01/designing-utility-programs-and-credit-models-bps-support

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/designing_utility_programs_and_credit_models_for_bps_support_0126.pdf