La transición energética europea se desarrolla en un contexto donde la expansión acelerada de fuentes renovables enfrenta marcos regulatorios diseñados para un sistema eléctrico muy distinto al actual. En lugar de estructuras orientadas a la descentralización, la flexibilidad y la participación de múltiples actores, persisten esquemas normativos pensados para mercados centralizados y tecnologías convencionales. Por ello, se propone un enfoque de diagnóstico que permita evaluar de forma sistemática la capacidad real de los marcos legales para facilitar la integración de energía solar, eólica y almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. En este sentido, el despliegue de renovables no depende únicamente de la disponibilidad de recursos naturales, sino también de la coherencia institucional entre normas, procedimientos administrativos y estructuras de gobernanza. Aunque la Unión Europea ha fijado objetivos ambiciosos, la materialización de estos planes se ve limitada por barreras regulatorias que ralentizan proyectos, incrementan la incertidumbre para los inversores y fragmentan los mercados. Así, se identifican obstáculos asociados a la planificación territorial, los procesos de permisos y la expansión de las redes eléctricas, los cuales operan de manera transversal sobre todas las tecnologías.

Por un lado, la planificación espacial define dónde puede desarrollarse la infraestructura energética y bajo qué condiciones. Cuando los planes territoriales incluyen zonas claramente habilitadas para renovables, se reduce el riesgo jurídico y se acortan los tiempos de aprobación. En cambio, instrumentos obsoletos o ambiguos generan conflictos con otros usos del suelo, multiplican recursos legales y debilitan la capacidad de las autoridades locales para gestionar solicitudes de manera eficiente. Además, la diversidad de modelos de gobernanza (centralizados, descentralizados o cooperativos) explica por qué las experiencias varían tanto entre países y regiones. Por otro lado, los procesos de permisos representan una de las fuentes más persistentes de retrasos. En numerosos casos, los proyectos deben atravesar múltiples instancias administrativas, con competencias superpuestas y ausencia de ventanillas únicas. Como resultado, los plazos de aprobación pueden extenderse durante varios años, incluso antes de que se conozcan con certeza las condiciones de acceso a red o los precios de mercado. Esta secuencia obliga a los promotores a asumir costos elevados en fases tempranas, lo cual incrementa el riesgo financiero y desalienta nuevas inversiones.

Asimismo, los cuellos de botella en las redes eléctricas constituyen otra dimensión crítica. Las reglas vigentes tienden a priorizar inversiones tradicionales en infraestructura física, mientras relegan opciones como la digitalización, la gestión inteligente de la demanda o las conexiones compartidas. De esta forma, se desaprovechan soluciones más flexibles que podrían optimizar el uso de la capacidad existente y acelerar la integración de proyectos híbridos, como plantas solares con almacenamiento. Del mismo modo, se analizan barreras específicas para distintos segmentos del mercado. En la energía solar, por ejemplo, los sistemas a gran escala enfrentan restricciones de uso del suelo y procedimientos de evaluación ambiental extensos. Las soluciones innovadoras, como la agrovoltaica o la solar flotante, se ven afectadas por vacíos legales sobre su admisibilidad y por incertidumbres en torno a esquemas de remuneración. En el ámbito eólico, tanto en tierra como en mar, aparecen limitaciones vinculadas a distancias mínimas, autorizaciones aeronáuticas y asignación de espacios marítimos. En cuanto al almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, el principal desafío reside en la obtención de licencias ambientales y en la integración de estos proyectos dentro de los mercados eléctricos.

A partir de este diagnóstico, se plantea la necesidad de herramientas que permitan a las autoridades evaluar su propio desempeño regulatorio. Mediante cuestionarios estructurados y sistemas de puntuación, se facilita la identificación de debilidades, la comparación entre territorios y el seguimiento de avances en el tiempo. Más allá de la medición, este enfoque busca promover una cultura de reforma continua, donde la regulación se adapte de manera progresiva a las exigencias de la transición energética. La transformación del sistema energético europeo requiere no solo inversiones en tecnología, sino también una reconfiguración profunda de los marcos institucionales. La planificación territorial coherente, los procedimientos administrativos ágiles y las reglas de mercado transparentes constituyen pilares para lograr una integración efectiva de las renovables. A través de un diagnóstico riguroso y comparativo, se abre la posibilidad de construir entornos regulatorios más compatibles con un sistema eléctrico descentralizado, flexible y orientado a la sostenibilidad.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/10/diagnostic-toolkit-for-reducing-regulatory-barriers-to-solar-wind-and-pumped-hydro-storage-in-the-european-union_acd0b286/15f4aed4-en.pdf