La adopción de la inteligencia artificial en los gobiernos se proyecta como un cambio profundo en la manera en que se gestionan los servicios públicos, se diseñan las políticas y se asegura la transparencia institucional. A diferencia del sector privado, donde la implementación avanza con mayor rapidez, los gobiernos enfrentan un conjunto de desafíos propios que condicionan el ritmo y la escala de uso de estas tecnologías. Sin embargo, la evidencia acumulada demuestra que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar la asignación de recursos y fortalecer la relación con los ciudadanos, siempre que se gestionen los riesgos asociados.

En primer lugar, la automatización de tareas repetitivas representa una de las aplicaciones más inmediatas. Procesos como la gestión de datos, la clasificación de documentos o la atención de consultas básicas pueden delegarse en sistemas de aprendizaje automático. Esto permite liberar tiempo de los funcionarios para que se concentren en actividades que requieren juicio humano o mayor complejidad analítica. Además, la personalización de los servicios se vuelve más accesible mediante algoritmos capaces de adaptar contenidos y respuestas a las necesidades específicas de cada persona, lo que incrementa la percepción de cercanía y eficiencia en la administración pública. Junto a la automatización, otro beneficio es la capacidad de la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones. A través del análisis de grandes volúmenes de información, se incrementa la precisión en la elaboración de políticas y en la previsión de escenarios futuros. Por ejemplo, en la gestión fiscal o en la detección de fraudes, los sistemas de reconocimiento de patrones logran identificar irregularidades que de otro modo pasarían inadvertidas. En el ámbito de la justicia o la gestión de riesgos, la predicción de cargas de trabajo o la anticipación de emergencias permite actuar de manera más preventiva.

La inteligencia artificial también abre nuevas oportunidades para reforzar la rendición de cuentas. Los sistemas de detección de anomalías y los modelos predictivos facilitan el monitoreo constante de transacciones públicas, reduciendo la probabilidad de corrupción o uso indebido de fondos. De manera complementaria, las tecnologías de anonimización y de protección de datos amplían la publicación segura de información abierta, fomentando así la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. No obstante, estas oportunidades conviven con riesgos significativos. Algoritmos sesgados pueden derivar en decisiones discriminatorias o injustas, afectando derechos fundamentales. La falta de transparencia y explicabilidad genera desconfianza en los ciudadanos, especialmente cuando las decisiones automatizadas tienen un impacto directo en sus vidas. A ello se suma la posibilidad de que una dependencia excesiva en sistemas automatizados amplíe las brechas digitales y perpetúe errores sistémicos. Además, en contextos con recursos limitados, existe la amenaza de que los gobiernos intenten sustituir capacidades humanas en lugar de complementarlas, lo que podría deteriorar la calidad del empleo público y debilitar la relación entre funcionarios y ciudadanos.

Los retos de implementación son otro factor central. Los gobiernos suelen enfrentar infraestructuras tecnológicas desactualizadas, marcos regulatorios rígidos, presupuestos ajustados y falta de personal capacitado. Todo ello ralentiza la transición hacia un uso más extendido de la inteligencia artificial. Además, la ausencia de marcos de referencia claros para medir impactos y evaluar riesgos dificulta tanto la rendición de cuentas como la ampliación de proyectos exitosos. A pesar de estas limitaciones, se observan tendencias positivas. En áreas como la administración tributaria, la lucha contra la corrupción y la prestación de servicios públicos, los gobiernos están aplicando proyectos piloto que demuestran el potencial transformador de estas herramientas. Los aprendizajes derivados de estas experiencias iniciales resultan esenciales para construir estrategias más coherentes y sostenibles. La cooperación internacional, la creación de capacidades digitales y la inversión en infraestructuras seguras aparecen como condiciones indispensables para avanzar hacia un uso más sistemático y responsable.

Cabe destacar que no adoptar estas tecnologías también entraña riesgos. Una lenta incorporación de la inteligencia artificial puede ampliar la brecha entre el sector público y el privado, generando desigualdades en la provisión de servicios y reduciendo la capacidad del Estado para responder a las expectativas de la ciudadanía. Por ello, más allá del entusiasmo o el escepticismo, la adopción debe ser estratégica, gradual y acompañada de mecanismos de control que garanticen que los beneficios se distribuyan de manera justa. La inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar la gestión pública en términos de eficiencia, transparencia y calidad de los servicios. Sin embargo, para que este potencial se materialice es indispensable reconocer y gestionar los riesgos, invertir en capacidades institucionales y establecer marcos de gobernanza claros. Solo de esta forma la innovación tecnológica podrá traducirse en un fortalecimiento del contrato social entre el Estado y la ciudadanía.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/en/publications/governing-with-artificial-intelligence_795de142-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287/795de142-en.pdf