Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

  • Energy Efficiency Programs for Large Savings in the Next Decade

    Energy Efficiency Programs for Large Savings in the Next Decade

    El crecimiento de la demanda eléctrica en Estados Unidos reabrió el debate sobre cómo atenderla sin disparar las tarifas. Tras permanecer casi estancadas entre 2005 y 2020, las ventas vuelven a subir por centros de datos, cargas industriales y electrificación de vehículos y edificios, y las tarifas promedio ya aumentaron 29 % desde 2020, con proyecciones de alzas de 15 % a 40 % para el segmento residencial hacia 2030. Frente a ese escenario, los programas de eficiencia pueden ampliarse en pocos años, mientras que una turbina de ciclo combinado exige pedidos con tres a siete años de anticipación y una nueva central nuclear no estaría lista antes de la década de 2030. Además, buena parte del ahorro pasado provino de la iluminación LED, de modo que las oportunidades se desplazan hacia otros frentes y los programas deben diversificarse. El análisis cubre 13 áreas, elegidas junto con expertos y patrocinadores, y se apoya en casos de programas líderes con participación, ahorros, costos y lecciones aprendidas.

    Los resultados son contundentes. Entre 2026 y 2035, los programas reducirían el consumo proyectado de 2035 en 574 TWh, cerca de 12 % de los 4.937 TWh previstos y más que todo el consumo de Texas en 2024, y además recortarían 1.700 TBtu de combustibles. La reducción de pico alcanzaría 173 GW en verano y 108 GW en invierno, equivalente a más de 100 centrales nucleares grandes. Industria aporta 165 TWh, reformas comerciales 99 TWh y eficiencia en distribución, mediante optimización de tensión y transformadores de núcleo amorfo, 96 TWh, que juntas suman más del 60 % del total, mientras termostatos inteligentes y aire acondicionado lideran la reducción del pico. Si se incluye el cambio de combustibles por bombas de calor, el ahorro neto de electricidad baja a cerca de 10 %, y la demanda invernal sube 36 GW. Aun así, el ritmo requerido, cerca de 60 TWh nuevos por año, es más del doble del que lograron las empresas en 2024, con unos 24 TWh.

    En costos, la mayoría de los programas cuesta menos de USD 0,05 por kWh ahorrado y más de la mitad menos de USD 0,03, muy por debajo de las tarifas minoristas de 2025 (USD 0,17 residencial, 0,13 comercial y 0,09 industrial) y del costo aproximado de USD 0,08 por kWh de un ciclo combinado nuevo. Solo algunos programas residenciales superan USD 0,08. Los casos industriales muestran qué funciona: Energy Trust of Oregon ahorró 17,9 % de las ventas industriales de su área desde 2018, Focus on Energy asigna a cada cliente grande un asesor dedicado y organiza convocatorias competitivas de proyectos, y Bonneville Power Administration obtuvo cerca de 1,8 % anual. En edificios comerciales destacan los acuerdos plurianuales de Eversource con grandes clientes, la gestión estratégica de energía de ComEd, que ahorra cerca de 2 % anual por cliente, y los programas aceleradores que acompañan el cumplimiento de estándares de desempeño de edificios.

    Pocas empresas operan hoy a ese nivel, entre ellas buena parte del tercio superior del ranking de ACEEE, y la mayoría necesita ampliar sus programas. Las recomendaciones se dirigen a tres actores: los administradores de programas, que deben revisar los 13 enfoques e incorporar los componentes ausentes; los reguladores, que deben pedir a las empresas reportar qué cambios harán y establecer mecanismos que eviten premiar el aumento de ventas, como el desacople de ingresos e incentivos por ahorro; y los gobiernos, que deben exigir estos programas cuando haya rezagos y complementarlos con códigos de construcción, estándares de equipos y estándares de desempeño de edificios. Para profesionales del sector energético colombiano, ofrece un referente para estructurar portafolios de eficiencia y sustentar su costo frente a nuevas inversiones en generación y redes.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.aceee.org/resource/energy-efficiency-large-savings-oct26

    https://www.aceee.org/wp-content/uploads/2026/10/Energy-Efficiency-Programs-for-Large-Savings-in-the-Next-Decade.pdf

  • Controlled Islanding in Distribution Grids

    Controlled Islanding in Distribution Grids

    La operación controlada de islas en redes de distribución responde a un cambio de paradigma. Históricamente, la formación de una isla se consideró una condición anormal e indeseable por razones de seguridad y de coordinación de protecciones, por lo que la regulación y la operación asumieron una conexión permanente con la red aguas arriba, respaldada por exigencias estrictas antiisla. Hoy, con mayor penetración de recursos distribuidos, tecnologías basadas en electrónica de potencia, almacenamiento y demanda flexible, aparece la posibilidad de gestionar secciones predefinidas de la red como islas supervisadas por el operador, durante un tiempo limitado y con límites eléctricos definidos. Se distingue con precisión entre las islas no intencionales, que siguen siendo un riesgo para personas y equipos, y la isla controlada como estado operativo objetivo, mientras que la formación intencional designa el proceso de transición. La principal barrera no es la viabilidad técnica sino un cambio de mentalidad operativa, respaldado por un marco regulatorio nuevo.

    Los objetivos son sostener el suministro a cargas críticas, reducir el impacto de apagones extendidos y facilitar una restauración más rápida, con beneficios sobre indicadores de calidad como SAIDI y SAIFI. Para lograrlo, el área debe seleccionarse de antemano mediante una evaluación técnica que considere prioridad de cargas, balance de potencia activa y reactiva, reservas, cortocircuito, protecciones y observabilidad, con puntos de separación y reconexión definidos, interruptores adecuados, sincronización y comunicaciones confiables. La disponibilidad de recursos formadores de red habilita la operación, pero no basta para autorizarla. Entre los desafíos figuran la estabilidad de tensión y frecuencia en sistemas de baja inercia dominados por inversores, la coordinación de protecciones, la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes y la sincronización cuando varias islas deben fusionarse.

    Los pilotos aportan evidencia concreta. En España, el proyecto ALOIS mostró que la generación fotovoltaica por sí sola no garantiza una isla estable, mientras que un inversor de batería en modo formador de red logró estabilizar tensión y frecuencia; la demostración de CoordiNet en Murcia aisló una red rural de 20 kV con 1.179 usuarios mediante una batería de 1,25 MW y 2 MWh apoyada por una planta solar de 1,5 MWp, y sostuvo la isla durante 1,5 horas. En Dinamarca, la isla de Bornholm cuenta con una batería de 30 MW en modo formador de red, con una ampliación de 10 MW en construcción, que respalda la seguridad de suministro y presta servicios de balance. En Finlandia, la microrred industrial de LEMENE combina generación local, baterías y celdas de combustible con una disponibilidad contractual mínima de 98 %. El proyecto australiano ESCRI Dalrymple, con una batería de 30 MW, añadió un modelo comercial que combina servicios regulados y de mercado.

    En el plano regulatorio, el reglamento europeo de emergencia y restauración se limita a la perspectiva del operador de transmisión, y el de requisitos para generadores solo exige capacidad de operación en isla a los módulos de tipo C y D, de modo que la mayoría de los generadores conectados a distribución no la integra. La revisión en curso, conocida como RfG 2.0, contempla la isla con equipos formadores de red mediante hojas de ruta nacionales. Los marcos de Italia y España, que reconocen la resiliencia en la retribución, podrían incorporar la isla controlada como medida válida. Entre los pasos siguientes figuran definir roles y responsabilidades, incluir estos casos de uso en los códigos de red, acelerar la normalización de interoperabilidad y protecciones, impulsar demostraciones a gran escala y establecer metodologías para cuantificar los beneficios de resiliencia. Para operadores de red, reguladores y desarrolladores de microrredes colombianos, ofrece un referente para discutir la operación en isla, especialmente en zonas expuestas a eventos extremos.

    Para leer más ingrese a:

    https://tdeurope.eu/en/e-dso-and-td-europe-publish-joint-paper-on-controlled-islanding-in-distribution-grids/

    https://www.edsoforsmartgrids.eu/content/uploads/2026/10/e.dso_td_europe_joint_paper_controlled-islanding-in-distribution-grids.pdf

  • Plug-in Battery Energy Storage Systems

    Plug-in Battery Energy Storage Systems

    Las baterías enchufables, a menudo combinadas con paneles solares de balcón, son la innovación más reciente entre los recursos energéticos distribuidos. Se trata de unidades que rara vez superan 3 kWh, se conectan a un tomacorriente estándar y pueden exportar energía al circuito del hogar o a la red, de modo que el usuario las compra en línea y las pone en marcha en minutos. Su valor está en ampliar el acceso a energía limpia y asequible para quienes no pueden instalar sistemas fijos, y en aliviar la presión sobre electricistas e instaladores, un oficio con escasez global. La revisión de 23 productos de marcas como Zendure, Marstek, Anker, EcoFlow y BigBlue, complementada con ocho entrevistas a fabricantes, importadores, organismos de normalización y gestores de fin de vida, describe configuraciones acopladas en corriente alterna, híbridas y en corriente continua. La mayoría declara 6.000 ciclos de vida, garantías de 10 a 15 años, módulos de 1,5 a 5 kWh apilables hasta más de 20 kWh y precios de entrada entre 1.000 y 2.000 euros por unidad.

    El límite de exportación por defecto de 800 W, ampliable hasta 2.400 W en algunos equipos con verificación de un electricista, es la principal protección frente a sobrecargas de circuitos y fallas no detectadas, junto con la protección IP65 y la gestión mediante aplicaciones y medidores inteligentes. Sin estos últimos, la gestión se limita a programar encendidos y apagados, y la exportación a la red puede ser inevitable. Pero la información disponible es escasa e inconsistente: solo dos productos informan eficiencia de ida y vuelta, de 93 % y 85 %, sin indicar la norma de ensayo, y apenas uno especifica el estado de salud de la batería al final de su vida útil.

    Alemania sirve como caso de estudio. Entre 2022 y 2025 las plantas de balcón pasaron de menos de 100.000 a más de un millón de sistemas, con más de 430.000 registrados solo entre 2024 y 2025, y las baterías de menos de 2 kWh representaron 30 % de la capacidad residencial instalada en 2025, que suma 23,16 GWh. Los impulsores incluyen precios elevados de la electricidad tras la invasión rusa de Ucrania, equipos modulares de fácil instalación, reformas legales desde octubre de 2024 que impiden a propietarios y arrendadores bloquear la instalación, y un registro en línea que pasó de 20 datos a solo cuatro. En el plano normativo, Europa lidera la reforma, aunque solo Bélgica ha certificado productos específicos para baterías enchufables; Estados Unidos avanza con leyes estatales y con la norma UL 3700, que aplica solo a baterías de menos de 1 kWh, y Alemania desarrolla su norma sobre la base de VDE V 0126-95:2025-12. Suecia y Hungría, en cambio, prohíben estos sistemas.

    Seis brechas concentran la agenda pendiente: la instalación en espacios habitables, donde un evento de fuga térmica pone en riesgo a los ocupantes y las baterías fijas sí están restringidas; la conexión de varias unidades al mismo circuito sin control de exportación; la ciberseguridad y el soporte de software; la ausencia de registro obligatorio, útil para la respuesta a emergencias, el fin de vida y la planeación de red; la falta de información estandarizada de desempeño; y la ausencia de regulación para estaciones de energía portátiles. Las recomendaciones se organizan en tres ámbitos: producto, con gestión inteligente obligatoria y fichas técnicas comparables; propiedad, con definición de ubicaciones de instalación, derechos de inquilinos y seguros; y red eléctrica, con registro de sistemas y límites de exportación acordes con la capacidad del circuito. Para reguladores y empresas de energía colombianas, ofrece una base para anticipar cómo integrar este tipo de recursos distribuidos de pequeña escala.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.iea-4e.org/edna/publications/plug-in-battery-energy-storage-systems/

    https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2026/03/EDNA-2026-Plug-in-BESS-for-web-update.pdf

  • Permit outcomes and timelines: Comparing state and sub-state permitting authorities for large-scale energy facilities

    Permit outcomes and timelines: Comparing state and sub-state permitting authorities for large-scale energy facilities

    El licenciamiento define el ritmo con que se materializan los proyectos de generación, y sin embargo existen pocos datos empíricos que permitan comparar cómo se comportan los distintos niveles de autoridad. Esta evaluación anual, centrada en proyectos solares y eólicos de 1 MW o más desarrollados sobre todo en terrenos privados de Estados Unidos, recopila de forma manual fechas y resultados de permisos provenientes de autoridades estatales y de condados o municipios, y consolida 1.169 proyectos de 27 estados y 429 condados, con 137.461 MW. De ellos, 1.044 son solares (110.880 MW), 116 eólicos (23.886 MW) y 9 híbridos eólico-solares. La muestra equivale a cerca del 38 % de la capacidad eólica y solar que entró en operación en el periodo analizado y a 15 % de los proyectos, con mayor representatividad en los permisos estatales que en los locales. Los datos llegan hasta marzo de 2026 y el análisis se limita a describir tendencias, sin recomendar políticas específicas.

    En materia de plazos, la diferencia entre niveles de autoridad es marcada. Las autoridades estatales tardan en promedio cerca de un año, 360 días, desde la solicitud hasta la decisión, mientras que las subestatales lo hacen en 189 días; las medianas son 307 y 103 días, y algunos proyectos superan los 1.000 días en ambos niveles. La ventaja local aparece con claridad en Minnesota, Nueva York, Oregón, Carolina del Sur y Wisconsin, estados con suficientes proyectos en ambos niveles. Entre estados, los tiempos pueden variar hasta tres veces, y no se observan diferencias significativas entre proyectos eólicos y solares. Sin embargo, los matices importan: las autoridades locales son más lentas para proyectos solares de más de 100 MW y para los que combinan solar con almacenamiento, y hay evidencia moderada de que sus plazos pasaron de menos de 200 días en 2022 a más de 300 en 2025, mientras que los estatales muestran una ligera reducción.

    El desglose por etapas ayuda a ubicar dónde se concentra la demora. La fase entre la declaración de que la solicitud está completa y la decisión es la más larga en ambos niveles, seguida del tiempo entre el aviso de intención y la presentación de la solicitud, que depende de la preparación del desarrollador. California, Washington, Oregón y Nueva York presentan etapas de revisión de completitud más extensas que la mayoría, lo que podría indicar solicitudes más complejas de preparar. En cuanto a resultados, la gran mayoría de los proyectos obtiene permiso: 87 % en las autoridades estatales y 92 % en las subestatales. Las negaciones son algo más frecuentes en el nivel local y los retiros por parte del desarrollador en el estatal, aunque estos últimos pueden obedecer a causas ajenas al trámite, como costos de interconexión, o a nuevas solicitudes con ajustes. Ohio concentra siete negaciones estatales, más que cualquier otro estado, y los proyectos negados o retirados tienden a tener plazos más largos.

    La base de datos se actualizará cada año para mejorar su representatividad, y los próximos pasos incluyen cruzarla con fechas de interconexión, construcción y operación, analizar las causas de las cancelaciones mediante estudios de caso, identificar los factores que explican la heterogeneidad de plazos entre estados, recopilar datos de costos de permisos y sumar proyectos geotérmicos. Para reguladores, desarrolladores y planificadores colombianos, estos hallazgos ofrecen una referencia concreta para discutir cómo la distribución de competencias entre autoridades nacionales y locales, los plazos máximos por etapa y la preparación de solicitudes pueden influir en la velocidad con que avanzan los proyectos renovables.

    Para leer más ingrese a:

    https://eta-publications.lbl.gov/bibcite/reference/37259

    https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2026-10/lspr_bp2_report_10282026_final.pdf

  • Impact Case Study: Fast-Tracking Mini-Grid Development. The African Model Mini-Grid Regulations Tool

    Impact Case Study: Fast-Tracking Mini-Grid Development. The African Model Mini-Grid Regulations Tool

    Las minirredes son sistemas de generación y distribución distribuida de pequeña escala que atienden zonas remotas sin acceso a la red principal, o donde extenderla resulta prohibitivo, y pueden servir desde 50 hasta 1.000 hogares. Aunque se trata de un modelo todavía incipiente, hoy se reconocen como parte integral de las estrategias gubernamentales de electrificación y como la opción más eficiente en capital para llegar a la población sin servicio en África subsahariana, estimada en 380 millones de personas por el Banco Mundial y en unos 284 millones por la Agencia Internacional de la Energía. La financiación disponible es considerable, pues iniciativas como ASCENT, del Banco Mundial, movilizan USD 15.000 millones para electrificar a 100 millones de personas en 20 países. Sin embargo, sin un entorno regulatorio claro y confiable ninguna empresa ni inversionista ingresa o escala en el mercado, y muchos países aún carecen de capacidades, experiencia o acceso a conocimiento para incorporar las mejores prácticas ya disponibles.

    Los principales riesgos de una minirred son la demanda insuficiente y la terminación anticipada del proyecto por la llegada de la red. El primero se mitiga con un dimensionamiento inteligente, el acople con usos productivos de la energía y, sobre todo, con tarifas que reflejen los costos y admitan flexibilidad según crezca la demanda; el segundo, con planeación integrada de la electrificación desde el inicio y marcos de compensación transparentes si la red llega antes de lo previsto. Concesiones de largo plazo, regulación técnica liviana y licenciamiento agrupado refuerzan esas medidas y contribuyen a reducir las tarifas. La herramienta modelo africana (African Model Mini-Grid Regulations Tool) integra todos estos elementos sin adoptar un enfoque único, pues consolida buenas prácticas para aplicarlas en distintos contextos legislativos, nacionales y de negocio. Se elaboró durante dos años con reguladores de Nigeria, Kenia, Sierra Leona, Uganda, Burkina Faso, Togo y Zimbabue, con consulta a desarrolladores y financiadores para asegurar su bancabilidad, y pasó por una revisión de pares con 15 organizaciones que dejó cerca de 200 comentarios incorporados.

    En materia de tarifas, la herramienta adopta el principio de costo reflectivo y ofrece alternativas como topes tarifarios para atenuar tensiones políticas, métodos de depreciación específicos, capitalización de gastos operativos y periodos de control tarifario multianual que suavizan la curva de precios y apoyan el crecimiento de la demanda. Entre sus innovaciones figuran el acuerdo de proyecto de minirredes, que combina rasgos de una licencia y de una concesión simplificada y puede respaldarse con garantías internacionales como las del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y el mecanismo de aprobación tácita, según el cual una solicitud completa se da por aprobada si la autoridad no responde en el plazo fijado. Además, admite desde la propiedad pública total hasta la privada plena, y de la combinación de permisos o concesión, tarifas y propiedad surgen ocho escenarios y plantillas, guiados por preguntas que orientan el diálogo entre actores nacionales.

    Los resultados iniciales son alentadores. Desde su lanzamiento en mayo de 2025, la herramienta ha recibido el aval de más de 30 organizaciones regionales, nacionales e internacionales, la Comisión de la Unión Africana pidió su adopción más amplia entre los Estados miembros y al menos 10 reguladores manifestaron interés en implementarla. Ya se aplica o está prevista en seis países o jurisdicciones, entre ellos Lesoto, Zimbabue, Congo Brazzaville, el estado de Abia en Nigeria, Somalia y Camerún. El reto de fondo es de escala: electrificar cerca de 115 millones de personas, o 23 millones de conexiones, mediante minirredes hasta 2030 en los países de la iniciativa Mission 300 requeriría entre USD 28.000 y 46.000 millones de inversión. Para reguladores, desarrolladores y empresas de energía colombianas que trabajan en zonas no interconectadas, el caso aporta una referencia concreta de cómo armonizar reglas y reducir la incertidumbre para atraer capital a la electrificación aislada.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.get-transform.eu/wp-content/uploads/2026/09/GET.transform-Impact-Case-Study-Mini-Grids-Sep2026.pdf

  • Transition Metals Outlook 2026

    Transition Metals Outlook 2026

    El análisis abarca diez metales y minerales esenciales para la transición energética: aluminio, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, níquel, paladio, platino y acero. Proyecta la demanda de largo plazo, la capacidad de oferta, la disponibilidad, la seguridad de suministro y las tendencias de precios de corto plazo, combinando previsiones hasta 2035 con dos escenarios de largo plazo desde 2036. El escenario principal, de transición económica, supone que no se adoptan nuevas políticas que afecten los mercados de metales ni se alcanzan metas climáticas de largo plazo, con un calentamiento probable de 2,4 grados centígrados hacia 2100, y la adopción depende de tendencias tecnoeconómicas. El escenario de cero emisiones netas explora un mundo que llega a ese objetivo en 2050 con 1,81 grados de calentamiento. La edición 2026 amplía la modelación de la demanda a 21 mercados, frente a seis el año anterior, actualiza las intensidades de materiales de la energía solar y de los catalizadores, e incluye previsiones de precios para 2027 a 2030 de nueve materias primas.

    El balance de 2026 es más holgado que el de ediciones previas: la mayoría de los metales tendrá capacidad suficiente hasta 2050, siempre que se desarrollen las minas necesarias, mientras que el año pasado tres materiales se encaminaban a déficit. El cobre es la excepción, con un déficit grande desde 2028 que podría requerir 332.000 millones de dólares de nueva inversión minera y que, sin oferta adicional, causaría precios persistentemente altos, sustitución y destrucción de demanda. El litio y el paladio enfrentan déficits transitorios: la nueva capacidad de litio que entra en 2027 debería cerrar la brecha, y el paladio pasa a sobrecapacidad fuerte después de 2034 por la caída de su demanda. La demanda crece en ocho de los diez materiales, con el litio triplicándose y el grafito más que duplicándose hacia 2050 por las ventas de vehículos eléctricos y almacenamiento, mientras que el cobalto y el níquel crecen menos de lo previsto por la evolución de las tecnologías de baterías.

    El informe distingue tres conceptos: capacidad no es disponibilidad, y disponibilidad no es seguridad. Las políticas públicas, como las restricciones al cobalto y al níquel en la República Democrática del Congo e Indonesia, pueden hacer que los metales sean más escasos de lo que sugiere su capacidad. Aun disponibles, ningún país o región es totalmente autosuficiente y China domina la oferta de metal refinado, lo que aumenta el riesgo de los compradores externos; diversificar mejora la resiliencia pero puede tener un costo. Para los metales con sobreoferta, cobalto, litio, manganeso, níquel y paladio, se espera presión a la baja de largo plazo sobre los precios, aunque algunos estén altos hoy, y los productores responderían reduciendo costos, con disciplina de producción y, en algunos casos, recortes de capacidad. El reciclaje se vuelve indispensable: seis de los diez materiales lo requerirán para tener oferta suficiente en 2035 y ocho en 2050, y el reciclaje de metales de baterías crece más rápido que la producción primaria entre 2026 y 2050.

    La tabla de seguimiento de la edición asigna a cada material su balance de mercado de 2026, su perspectiva de precios a doce meses, la disponibilidad de oferta y su exposición a interrupciones, junto con los factores a vigilar, como la duración de las interrupciones en Medio Oriente para el aluminio, las cuotas de exportación del Congo para el cobalto, las cuotas de Indonesia para el níquel y las aprobaciones de nuevas minas para el cobre. Metodológicamente, las cifras se expresan en metal contenido, refinado o equivalente, representan capacidad y no producción, no consideran inventarios y la oferta no responde al precio; los precios son nominales a 30 de septiembre de 2026. Para el sector eléctrico colombiano y la alianza de redes inteligentes, el estudio aporta contexto sobre riesgos de costo y suministro del cobre y el aluminio de las redes, y del litio y el grafito de las baterías de almacenamiento.

    Para leer más ingrese a:

    https://assets.bbhub.io/professional/sites/44/Transition-Metals-Outlook-2026.pdf

  • Transforming operations: Digitalization, electrification and sustainability in the energy transition era

    Transforming operations: Digitalization, electrification and sustainability in the energy transition era

    Modernizar la infraestructura energética mientras crece la demanda y se endurecen las exigencias regulatorias es una tarea que pocas organizaciones saben ordenar. Eaton, con el respaldo analítico de 451 Research y S&P Global Energy Horizons, parte de una premisa clara: la digitalización, la electrificación, la transición energética y la sostenibilidad ya no son agendas separadas, sino una sola trayectoria estratégica. La evidencia proviene de una encuesta a 1.382 responsables de decisión de nivel director o superior, con 345 en cada uno de cuatro sectores: empresas de energía, manufactura e industria, centros de datos y edificios e instalaciones. Las entrevistas, en línea y telefónicas, se hicieron entre octubre y noviembre de 2025 y cubren varias regiones.

    El panorama digital muestra más intención que madurez. Aunque 98 % reporta algún grado de adopción de tecnología digital operativa, solo 20 % la tiene extendida, 48 % ejecuta una estrategia de transformación y 50 % apenas la considera. Además, únicamente 23 % afirma contar con personal con dominio digital, mientras 73 % aún construye esas habilidades. La nube (80 %) y la ciberseguridad (78 %) encabezan las tecnologías desplegadas, seguidas por internet de las cosas (42 %), plataformas de gestión de energía (37 %), inteligencia artificial generativa (34 %) y aprendizaje automático (31 %). Los motores principales son la optimización de procesos (46 %), la reducción de riesgos (45 %) y la eficiencia energética (42 %), y los frenos más citados son las preocupaciones financieras (32 %), el cumplimiento normativo (31 %) y la privacidad y seguridad de los datos (31 %).

    En transición energética y electrificación, la ejecución también es desigual. Solo 28 % tiene una estrategia integral para toda la empresa, 40 % opera programas limitados o pilotos y 29 % todavía evalúa opciones; entre las empresas de energía la estrategia formal llega a 31 %, frente a 19 % en la industria. Las capacidades más buscadas son la electrificación en sitio (35 %), las renovables en sitio (33 %), el almacenamiento local (31 %) y las microrredes y recursos distribuidos (21 %). Para 46 % la prioridad es la generación en sitio y la electrificación de plantas, y las demoras de interconexión, la complejidad de modernizar instalaciones existentes y los sistemas eléctricos heredados son las restricciones principales. En sostenibilidad, 43 % adoptó marcos de reporte y 38 % usa financiamiento ligado a criterios sostenibles, aunque medir y verificar el avance sigue siendo la barrera más citada (33 %).

    Los resultados por sector aportan matices para el planificador eléctrico. En los centros de datos, conseguir energía de la red es un reto operativo para 49 %, y sus respuestas combinan mejor uso de la capacidad de cómputo (46 %), generación alterna en sitio (38 %), traslado a regiones con energía disponible (36 %) y renovables con baterías (31 %). Entre las empresas de energía, las prioridades de inversión son la operación digital (40 %), la flexibilidad y resiliencia (35 %) y el almacenamiento (35 %), y 22 % espera que los centros de datos sean la mayor fuente de tensión en las redes. Frente a ello, las recomendaciones piden integrar datos de tecnología operativa y de la información, alinear indicadores energéticos y digitales para evitar inversiones varadas, y pasar de la gestión reactiva de la congestión a una planeación proactiva del crecimiento de la carga. Para los profesionales colombianos, el análisis ofrece un punto de comparación útil para avanzar hacia un sector eléctrico confiable, sostenible y resiliente.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.eaton.com/content/dam/eaton/markets/data-center/documents/eaton-s-and-p-whitepaper-en-us.pdf

  • Different Dimensions of Artificial Intelligence and Urban Energy Efficiency: Interpretable Machine-Learning Evidence from Chinese Cities

    Different Dimensions of Artificial Intelligence and Urban Energy Efficiency: Interpretable Machine-Learning Evidence from Chinese Cities

    Mejorar la eficiencia energética urbana, entendida como la capacidad de las ciudades de transformar energía y otros insumos en producto económico limitando las salidas ambientales no deseadas, es central para conciliar desarrollo y sostenibilidad. La inteligencia artificial puede apoyar el pronóstico, el control de procesos y la programación de equipos, pero su efecto neto no es automático: servicios más eficientes pueden volverse más baratos y más usados, lo que genera un efecto rebote parcial o, en el extremo, la paradoja de Jevons, y la propia inteligencia artificial consume electricidad en cómputo e infraestructura. Dos argumentos teóricos explican por qué sus dimensiones aportan información distinta: las tecnologías de propósito general requieren inversiones complementarias en prácticas organizativas y habilidades, y la capacidad de absorción condiciona qué tan bien se asimila la tecnología. La atención de política señala prioridades sin garantizar ejecución, las patentes registran invención sin demostrar despliegue local y las empresas pueden ofrecer tecnologías cuyo uso depende de clientes e infraestructura.

    El estudio usa un panel balanceado de 279 ciudades chinas de nivel prefectura entre 2006 y 2023, con 5022 observaciones ciudad-año. La eficiencia energética urbana se mide con un modelo de medida basada en holguras con superficiencia y productos no deseados, que combina trabajo, capital y energía como insumos, el producto interno bruto como producto deseable y contaminantes industriales como productos no deseados; la energía de cada ciudad se estima distribuyendo los totales provinciales con luces nocturnas satelitales. La inteligencia artificial se representa con tres indicadores: atención de política, medida por menciones en los informes de gobierno de cada ciudad; capacidad de innovación, medida por las patentes anuales; y desarrollo industrial, medido por el número de empresas del sector. Estos se evalúan junto con 12 factores urbanos convencionales, como ingreso, urbanización, densidad, inversión, infraestructura vial y de información e investigación y desarrollo. Se comparan ocho algoritmos con validación cruzada de cinco pliegues, y se complementa con validaciones por ciudad y cronológica.

    El modelo XGBoost obtiene un R2 de 0,787 en validación cruzada, de 0,822 en el conjunto reservado (RMSE de 0,061), de 0,801 al reservar ciudades completas y de 0,809 al entrenar con 2006 a 2017 y probar con 2018 a 2023. La eficiencia media nacional pasa de 0,221 en 2006 a 0,408 en 2023, con dispersión persistente entre ciudades. La interpretación con TreeSHAP indica que el PIB per cápita (21,47%), la urbanización (14,08%) y la infraestructura de información (9,79%) lideran la importancia global. Entre los indicadores de inteligencia artificial, la capacidad de innovación ocupa el puesto 10 (4,23%), el desarrollo industrial el 13 (2,94%) y la atención de política el 15 (0,82%). En el noreste, la capacidad de innovación sube al quinto lugar con 8,78% de la atribución regional, y es la dimensión con mayor heterogeneidad. El desarrollo industrial pesa más en el este. Ninguna de las tres dimensiones muestra un patrón monótono, y las interacciones más fuertes combinan la innovación con la urbanización y el ingreso, y el desarrollo industrial con el ingreso. En las ciudades basadas en recursos, la innovación supera al desarrollo industrial, y en las demás ocurre lo contrario.

    Los autores subrayan que las atribuciones describen patrones del modelo y no efectos causales: la política, las patentes y las empresas son medidas imperfectas de la adopción real, las dos medidas de capacidad están correlacionadas (0,833), la estimación de la energía urbana con luces nocturnas puede introducir error y el diseño observacional no resuelve la endogeneidad. Sugieren evaluar la adopción documentada y distinguir ganancias de eficiencia de reducciones del consumo absoluto. Para el sector eléctrico colombiano y la alianza de redes inteligentes, el estudio muestra que el ingreso, la urbanización y la infraestructura digital condicionan más la eficiencia que la presencia de inteligencia artificial por sí sola, y ofrece un método interpretable para decidir dónde y bajo qué condiciones invertir en gestión inteligente de la energía urbana.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.mdpi.com/1996-1073/19/19/4720

  • The Convergence of Digital and Environmental, Social, and Governance (ESG) Transformation: A Systematic Review of the Dual Impact of Industry 4.0 Technologies

    The Convergence of Digital and Environmental, Social, and Governance (ESG) Transformation: A Systematic Review of the Dual Impact of Industry 4.0 Technologies

    Las tecnologías de la Industria 4.0, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la cadena de bloques, los macrodatos y la computación en la nube, transforman la actividad empresarial al mismo tiempo que crece la presión de inversionistas, sociedad y reguladores por avanzar en sostenibilidad. La investigación inicial subrayó el potencial sinérgico de estas herramientas para mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG), pero la evidencia reciente matiza ese optimismo: las tecnologías que optimizan el consumo de energía pueden ser intensivas en energía, las que facilitan la transparencia pueden agravar problemas de confidencialidad y las que impulsan la eficiencia pueden alterar el mercado laboral. Esa dualidad genera incertidumbre en los mercados financieros y dificulta la valoración de las empresas, y la literatura suele centrarse en una sola tecnología o en una sola dimensión ESG. Por eso se busca sistematizar el impacto de estas tecnologías en el desarrollo sostenible y construir un marco integrado que explique en qué condiciones emergen los efectos positivos y negativos.

    La revisión parte de una búsqueda en Scopus con 3.409 documentos, de los cuales se tomaron los 1.000 más citados al 9 de octubre de 2025 y, tras depurar los centrados en aspectos puramente técnicos, quedaron 757 para el análisis temático y cuantitativo. Por tecnología, predominan los conceptos generales de digitalización (182 trabajos) y de Industria 4.0 (154), seguidos por inteligencia artificial (89), macrodatos (70) y cadena de bloques (70), mientras el internet de las cosas (19), los gemelos digitales (11) y la robótica (4) reciben poca atención. Por dimensión, la ambiental concentra 434 estudios frente a 98 sociales y 60 de gobernanza, y en lo ambiental 352 trabajos reportan efectos positivos, 31 negativos y 51 de compromiso. China domina con 121 estudios empíricos, y el sector industrial reúne 253 trabajos frente a 12 de tecnologías de la información y 10 de salud.

    En lo ambiental, la digitalización optimiza el uso de recursos, habilita la economía circular y mejora el monitoreo de la contaminación, pero los centros de datos consumen mucha electricidad, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y algunos protocolos de cadena de bloques son intensivos en energía, los residuos electrónicos crecen y el efecto rebote puede anular los ahorros. En lo social, la telemedicina, la educación adaptativa y la inclusión financiera amplían el acceso, mientras que la desigualdad digital, la precarización del empleo en plataformas, la automatización y los sesgos algorítmicos generan nuevos costos. En gobernanza, la cadena de bloques y la inteligencia artificial refuerzan la transparencia y la gestión de riesgos, pero amplían el perímetro de ataques cibernéticos, plantean dilemas éticos por la opacidad de los algoritmos y enfrentan rezagos regulatorios. De ahí surgen tres patrones de dualidad digital: la paradoja entre herramienta y huella, la tensión entre eficiencia y equidad y la dependencia del contexto.

    El modelo integrado combina la teoría de los grupos de interés, la visión basada en recursos, la teoría institucional y el concepto de compromisos entre objetivos, y muestra que el resultado depende del contexto: las empresas de países en desarrollo suelen mostrar efectos positivos más marcados, mientras que las de economías avanzadas enfrentan saturación y efecto rebote, y una regulación sólida favorece mejoras reales, en tanto que instituciones débiles pueden usar la digitalización para el lavado verde. Las conclusiones piden tratar la transformación digital como un proyecto estratégico: evaluar riesgos y oportunidades de cada iniciativa, invertir en activos complementarios como el capital humano, diseñar marcos regulatorios flexibles que incentiven los centros de datos verdes y mitiguen impactos como los residuos electrónicos, y que los inversionistas valoren la calidad de la gestión de riesgos digitales. El trabajo reconoce límites por centrarse en publicaciones muy citadas y por su carácter de revisión. Para profesionales del sector energético colombiano, aporta criterios para evaluar el aporte neto de la digitalización de redes y centros de datos.

    Para leer más ingrese a:

    https://cfjournal.hse.ru/en/article/view/30369/33737

  • OECD Digital Economy and Society Outlook 2026

    OECD Digital Economy and Society Outlook 2026

    Durante años, hablar de transformación digital equivalía a medir cuántas personas y empresas tenían acceso a Internet. Esa lectura quedó corta. Hoy conviven avances veloces en capacidad de cómputo para inteligencia artificial, que redefinen la frontera tecnológica, con fenómenos sociales como la dinámica del tiempo frente a las pantallas, que incide en el rendimiento académico de los niños. La segunda edición de esta perspectiva panorámica se propone orientar el camino por delante con análisis basado en evidencia sobre las tendencias tecnológicas actuales y sus repercusiones, y lo hace en dos movimientos: primero examina las nuevas direcciones de las prioridades, las políticas y la gobernanza digitales, y luego explora las tecnologías que sostienen la transformación y sus efectos económicos y sociales. Un anexo estadístico completa la publicación, que suma 264 páginas.

    Los indicadores de conectividad muestran una base más sólida que hace una década. La fibra representó 51 % de las suscripciones de banda ancha fija en los países de la OCDE en el cuarto trimestre de 2025, frente a 31 % cinco años antes, lo que refleja la migración hacia redes de mayor capacidad. Asimismo, el uso de Internet entre adultos de 55 a 74 años subió de 58 % en 2015 a 87 % en 2025, lo que indica un cierre de la brecha de acceso en ese grupo. Sin embargo, acceder ya no basta: la discusión se ha desplazado hacia la calidad del uso, las competencias y los riesgos asociados a tecnologías cada vez más potentes. Para sectores que dependen de comunicaciones confiables, como el eléctrico con sus redes inteligentes y su medición avanzada, esa migración hacia redes de mayor capacidad es una condición de partida para servicios digitales sólidos.

    La inteligencia artificial concentra buena parte de la atención. Su adopción se acelera en los países de la OCDE, pero persisten brechas importantes entre empresas y entre generaciones: las grandes compañías tienen más del doble de probabilidad de usarla que la empresa promedio, y los jóvenes tienen casi cinco veces más probabilidad que los adultos mayores de emplear inteligencia artificial generativa. El uso individual crece con fuerza y de forma desigual, y la mayor distancia es etaria, con una diferencia de 53,6 puntos porcentuales, mientras que las brechas por nivel educativo y por ingreso rondan los 21 puntos porcentuales cada una. Estos datos muestran que la difusión de la tecnología no se reparte de manera homogénea y que el aprovechamiento de sus beneficios depende de capacidades que no todos los actores comparten. En sectores como el energético, donde la inteligencia artificial empieza a aplicarse a la operación, la planeación y la atención al cliente, la asimetría por tamaño de empresa es una variable que conviene considerar.

    En materia de gobernanza, el análisis plantea que las políticas específicas por tecnología están reconfigurando la manera de regular lo digital. Frente a ello, propone un enfoque sistémico, porque la transformación digital atraviesa sectores y ámbitos de política y exige una mirada de todo el gobierno que cubra acceso, uso, innovación, empleo, sociedad, confianza y apertura de mercados, según el marco Going Digital Integrated Policy Framework. Entre los mensajes figuran adaptar la política y la gobernanza al cambio tecnológico acelerado y apoyar la difusión y el uso efectivo de las tecnologías digitales. Para profesionales del sector energético colombiano, estas conclusiones ofrecen un referente para entender el entorno de políticas digitales en que se desarrolla la digitalización de redes, la gestión de datos y los servicios energéticos, y para anticipar cómo la gobernanza de la inteligencia artificial y la conectividad influirá en las empresas de energía.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-economy-and-society-outlook-2026_022ed474-en.html

    https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/11/oecd-digital-economy-and-society-outlook-2026_457d074d/022ed474-en.pdf

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Descripción del semáforo tecnológico

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Tecnología en investigación que no ha sido estudiado o reglamentado por entidades del sector.

La tecnología se aplica de manera focal y se encuentra en estudio por parte de las entidades del sector.

La tecnología se aplica de manera escalable y se encuentran políticas y regulaciones focales establecidas.

La tecnología se aplica a través de servicios  y se encuentran políticas y regulaciones transversales establecidas.

La tecnología se aplica de manera generalizada  y se tiene un despliegue masivo de esta.

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