Costa Rica se encuentra en plena transición demográfica hacia una estructura poblacional más envejecida. Las proyecciones muestran un desplazamiento progresivo del déficit de ciclo de vida desde las edades infantiles hacia las edades avanzadas, lo que modifica la presión sobre los sistemas de transferencias y la capacidad de generación de recursos de los hogares. El estudio aplica el marco de las Cuentas Nacionales de Inclusión para ir más allá de los promedios agregados y examinar cómo el consumo, el ingreso laboral y las transferencias públicas se distribuyen de manera desigual según nivel educativo de la jefatura del hogar, cuartiles de ingreso, condición migratoria y sexo.

Los resultados muestran que la capacidad de generar superávit durante la vida laboral está fuertemente estratificada. Los hogares con jefatura de mayor nivel educativo alcanzan ingresos laborales más elevados, mantienen superávits más amplios y prolongados y presentan déficits más moderados en la vejez. En el otro extremo, tres de cada cuatro hogares no logran financiar su consumo a lo largo del ciclo de vida con recursos propios, y la mitad nunca genera un superávit. La desigualdad de género atraviesa todo el ciclo vital: las mujeres registran déficits más profundos y persistentes, asociados a trayectorias laborales interrumpidas y a menor acceso a ingresos propios. Las personas migrantes internacionales, por su parte, presentan menor acceso a prestaciones públicas y trayectorias laborales más largas, lo que configura un patrón distinto de dependencia y contribución.

El análisis de las transferencias públicas confirma su carácter redistributivo, especialmente hacia los hogares de menores ingresos y las edades extremas, aunque resulta insuficiente para compensar las brechas estructurales de generación de ingreso. A partir de estos hallazgos, el documento formula lineamientos de política pública orientados a cuatro ejes: priorizar la educación como base de productividad y reducción de desigualdad; consolidar un sistema nacional de cuidados con enfoque de género y generacional; fomentar el empleo decente para ampliar el superávit durante la vida laboral y reducir el déficit en la vejez; y transformar el sistema de pensiones hacia mayor cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Para profesionales del sector energético y de políticas públicas, el estudio aporta una lectura rigurosa de cómo el cambio demográfico interactúa con la desigualdad socioeconómica y de qué intervenciones pueden modificar de manera estructural la distribución del bienestar a lo largo del ciclo de vida.

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https://www.cepal.org/es/publicaciones/90397-la-desigualdad-economica-lo-largo-ciclo-vida-aplicacion-marco-cuentas-nacionales

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La economía oceánica se ha consolidado como una de las fronteras económicas y de seguridad más relevantes del siglo. Sostiene alrededor del 80 % del comercio mundial, genera más de 3 billones de dólares en valor económico estimado cada año y aporta infraestructura natural para el cambio climático, la seguridad alimentaria, la energía renovable marina y la protección costera. Al mismo tiempo, el calentamiento oceánico, el aumento del nivel del mar, la degradación de ecosistemas y la acumulación de contaminación convierten estos riesgos ambientales en riesgos financieros crecientes. Hasta 4 billones de dólares en infraestructura costera podrían quedar expuestos en la próxima década y las prácticas oceánicas dañinas e insostenibles podrían generar más de 8 billones en pérdidas económicas hacia 2050.

El volumen de financiamiento azul ha aumentado: entre 2015 y 2024 se emitieron aproximadamente 19 mil millones de dólares en bonos azules y relacionados con el agua, con más de la mitad concentrado en 2023-2024, y los fondos de inversión dedicados al océano superaron los 40 en 2025 tras multiplicarse por más de diez desde 2018. Sin embargo, el ritmo sigue siendo insuficiente. Cerrar la brecha del ODS 14 requiere unos 150 mil millones de dólares anuales hasta 2030, y construir una economía oceánica sostenible demanda alrededor de 550 mil millones anuales. El informe sostiene que el desafío no es solo movilizar más capital, sino construir la arquitectura financiera que permita que distintos tipos de capital fluyan hacia oportunidades con características financieras muy diferentes: infraestructura madura, tecnologías emergentes, pequeñas empresas y soluciones basadas en la naturaleza.

A partir del análisis de más de 220 transacciones oceánicas ejecutadas entre 2021 y 2026, se presenta la Ocean Investment Matrix, que mapea patrones de financiamiento por sector según madurez financiera, tamaño de ticket, tipo de proveedores de capital y dependencia de capital catalítico. Se identifican tres barreras estructurales recurrentes: condiciones de política y regulatorias fragmentadas, limitada estandarización de estructuras de inversión e insuficiente integración de información oceánica en las decisiones de inversión. Frente a ellas, se examinan modelos emergentes de soluciones de portafolio, agregación a través de intermediarios financieros, comercialización de innovación oceánica y financiación híbrida orientado a soluciones basadas en la naturaleza. El documento resalta el papel de los actores catalíticos fundaciones, filantropía, oficinas familiares de impacto, inversores de impacto e instituciones financieras de desarrollo— como constructores de mercado capaces de abordar fallas, reducir riesgos y desbloquear capital comercial a mayor escala. Para profesionales del sector energético y de políticas públicas, ofrece una lectura clara de cómo estructurar y escalar inversiones oceánicas que combinen retorno financiero con resultados ambientales y sociales duraderos.

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https://www.weforum.org/publications/catalytic-blue-finance-building-the-financial-architecture-for-scaling-ocean-investment/

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Catalytic_Blue_Finance_Building_the_Financial_Architecture_for_Scaling_Ocean_Investment_2026.pdf

El avance en divulgación de sostenibilidad e impacto social no se ha traducido en progreso suficiente hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los flujos de fondos sostenibles registraron salidas netas significativas, la asistencia oficial para el desarrollo se contrajo y apenas una fracción de las metas con datos disponibles se encuentra en trayectoria. En este contexto, el informe plantea que la próxima frontera de la economía de impacto no es medir mejor, sino generar demanda efectiva por resultados sociales verificados, de modo que el valor social deje de ser una externalidad y pase a influir en la asignación de capital, las decisiones empresariales y los incentivos de mercado.

La salud se utiliza como caso de prueba porque combina mensurabilidad, materialidad económica y vínculos claros con productividad, resiliencia de la fuerza laboral, continuidad operativa y competitividad. El estrés climático sobre la salud por sí solo pone en riesgo 1,5 billones de dólares de productividad hacia 2050. El análisis de los primeros ciclos de reporte bajo los European Sustainability Reporting Standards muestra que las empresas reconocen cada vez más impactos sociales como materiales (clientes, comunidades afectadas), pero rara vez establecen compromisos cuantificados equivalentes. En promedio identifican más de seis temas materiales y fijan metas medibles solo para tres, concentradas en clima y fuerza laboral propia, dejando en segundo plano comunidades y consumidores. Esta brecha entre reconocimiento y acción constituye la “paradoja del impacto” central del documento.

El informe examina mecanismos emergentes que ya están cerrando esa brecha, como contratos corporativos basados en resultados en salud digital y el programa de créditos de progreso social de Corea del Sur, que ha canalizado más de 53 millones de dólares hacia 468 empresas sociales generando más de 370 millones en valor social verificado. Propone roles diferenciados: los gobiernos deben complementar la transparencia con incentivos, compras públicas y estándares que creen demanda; las empresas deben incorporar resultados medibles en estrategia, aprovisionamiento, cadenas de suministro y finanzas, más allá de la responsabilidad social corporativa; e inversores e intermediarios deben desarrollar verificación, comparabilidad y formación de precios que permitan financiar resultados a escala. Para profesionales del sector energético y de políticas públicas, el texto ofrece una lectura clara de cómo el valor social y ambiental puede integrarse en la lógica de mercado y de qué condiciones institucionales y de incentivos son necesarias para que la divulgación se convierta en demanda efectiva y en reasignación de recursos.

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https://www.weforum.org/publications/the-impact-economy-turning-disclosure-into-demand/

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La subregión andina ingresa al período 2026-2031 con una tensión evidente: nunca antes los países habían acumulado tanta evidencia científica, capacidad técnica y articulación política sobre el vínculo entre salud y cambio climático, y nunca los riesgos climáticos habían amenazado con tanta fuerza la vida, la infraestructura sanitaria, la cohesión social y la estabilidad económica. El aumento de temperaturas, la alteración de los patrones de precipitación, las inundaciones, sequías, incendios forestales y el acelerado retroceso de los glaciares comprometen la disponibilidad y calidad del agua, la seguridad alimentaria, los medios de vida y la carga de enfermedad. Estos impactos tienden a profundizar desigualdades preexistentes y afectan de manera particular a pueblos indígenas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. El sector salud resulta especialmente expuesto, tanto por el daño a su infraestructura como por el incremento de la demanda de servicios vinculados a eventos climáticos extremos y enfermedades sensibles al clima.

El Plan Andino de Salud y Cambio Climático 2026-2031 recoge los aprendizajes del plan anterior (2020-2025) y los proyecta hacia un horizonte más ambicioso. Elaborado de manera participativa por el Comité Andino de Salud para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Cambio Climático, con el apoyo técnico de la OPS, se fundamenta en los enfoques de Una Sola Salud, justicia climática, salud planetaria, determinantes sociales de la salud y salud en todas las políticas. Establece tres líneas estratégicas prioritarias: fortalecer el liderazgo del sector salud en las políticas climáticas y su integración en las agendas ambientales; mejorar la vigilancia, los sistemas de información y la generación de evidencia para orientar la toma de decisiones; e impulsar medidas de adaptación, resiliencia y mitigación orientadas a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y de los sistemas de salud, incluyendo el avance hacia establecimientos de salud resilientes y la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector.

El Plan reconoce el valor de los saberes y prácticas de los pueblos indígenas como fuente de aprendizaje para la adaptación y la resiliencia a nivel local, y promueve un diálogo respetuoso entre estos conocimientos y la evidencia científica. Propone resultados esperados, acciones clave e indicadores, así como orientaciones para su incorporación en planes operativos anuales. Dirigido a autoridades sanitarias, equipos técnicos de los ministerios de salud, organismos de integración subregional y organizaciones asociadas, ofrece un marco común que permite alinear esfuerzos, fortalecer capacidades y avanzar hacia sistemas de salud más resilientes, sostenibles y equitativos en un contexto climático cada vez más desafiante. Para profesionales del sector energético y de políticas públicas, constituye una referencia útil sobre cómo integrar la dimensión climática en la planificación sanitaria y territorial de manera coordinada y con enfoque de equidad.

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https://iris.paho.org/items/dac39c01-0ebf-4c43-856b-6262bb59e7c3

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Los gobiernos locales de la Región de las Américas enfrentan desafíos crecientes para mejorar la salud, el bienestar y la equidad de sus poblaciones en un contexto de alta desigualdad y rápida transición demográfica. Se proyecta que hacia 2050 cerca del 25 % de la población de América Latina y el Caribe tendrá 60 años o más, mientras Canadá y Estados Unidos ya superan el 20 % de población envejecida. En este escenario, los municipios se consolidan como actores estratégicos porque pueden acercar políticas y servicios a las comunidades, detectar necesidades territoriales y actuar de manera integral sobre los determinantes sociales de la salud. La Organización Panamericana de la Salud impulsa dos plataformas complementarias: el Movimiento Regional de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS), que reúne a más de 4.000 gobiernos locales de 17 países, 14 redes y representantes de 20 ministerios de salud, y la Red Mundial de la OMS de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores (GNAFCC), que en la Región concentra más de la mitad de sus miembros mundiales (más de 1.000 ciudades y comunidades en 18 países y territorios).

El MCCS se organiza en torno a 30 criterios regionales agrupados en seis áreas de acción política: liderazgo y gobernanza local, acción intersectorial, participación comunitaria, acceso a servicios básicos, entornos saludables e inclusivos, y gestión de emergencias y cambio climático. Uno de esos criterios promueve explícitamente el envejecimiento saludable e invita a integrarse a la GNAFCC. Esta última se centra en ocho dominios —espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión, participación cívica y empleo, comunicación e información, y servicios de apoyo comunitario y de salud— y utiliza el Protocolo de Vancouver para establecer líneas de base con participación activa de las personas mayores. Ambas iniciativas comparten gobernanza multinivel, intersectorialidad y una mirada de curso de vida que reconoce que los entornos saludables y amigables benefician a todas las edades.

El documento analiza las sinergias funcionales entre ambas plataformas, identifica oportunidades de pertenencia simultánea y propone cuatro vías concretas de adhesión o articulación. Ofrece materiales orientadores, una carta modelo para adhesión conjunta y formularios de aplicación, con el objetivo de facilitar procesos coordinados, evitar solapamientos y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales. La articulación responde a un propósito común: mejorar la calidad de vida de todas las personas mediante políticas públicas participativas que aborden los determinantes sociales de la salud y construyan territorios más equitativos, inclusivos y resilientes. Para profesionales del sector energético y de políticas públicas, el texto aporta una referencia clara sobre cómo las agendas de salud, envejecimiento y desarrollo local pueden integrarse de manera coherente en el nivel municipal, generando mayor eficiencia en el uso de recursos y mayor impacto en el bienestar colectivo.

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https://iris.paho.org/items/b8741ab2-c13e-4035-8eaa-962b2595dd97

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La salud mental juvenil en entornos digitales se presenta como un desafío estructural para las democracias iberoamericanas, donde la aceleración tecnológica y la mediación algorítmica de la vida cotidiana han transformado las formas de información, relación, construcción de identidad y ejercicio de ciudadanía de las personas jóvenes. Cerca de 16 millones de adolescentes en la región, equivalentes al 15 % de esa población, viven con algún trastorno mental, y la ansiedad y la depresión concentran casi la mitad de los diagnósticos. La prevalencia de ansiedad pasó del 5,5 % a comienzos de los años 2000 al 7,3 % en 2021, mientras la depresión aumentó del 3,5 % al 4,4 %, cifras superiores a las de los países de la OCDE. Uno de cada cinco jóvenes presenta trastornos vinculados al uso intensivo de redes sociales y más del 60 % experimenta ansiedad digital, en un contexto de exposición promedio superior a las tres horas y media diarias. Esta hiperconectividad coexiste con brechas de conectividad significativa, inversión pública inferior al 3 % del gasto en salud destinada a salud mental y escasez de recursos especializados, lo que limita la prevención, detección temprana y atención oportuna, especialmente fuera de las zonas urbanas.

El análisis evidencia una paradoja: mientras los países han avanzado en el reconocimiento de la salud mental como prioridad y en la adopción de estrategias de transformación digital, la intersección entre ambos campos permanece débilmente institucionalizada. Las agendas han evolucionado en compartimentos estancos, de modo que la salud mental juvenil rara vez aparece integrada en las estrategias digitales y las políticas tecnológicas no incorporan evaluaciones sistemáticas de impacto psicosocial. Se identifican tendencias estructurales como la sectorialización de la atención, la insuficiente integración del enfoque de derechos digitales, el déficit de indicadores comparables sobre bienestar digital, la coordinación interinstitucional limitada y las asimetrías regulatorias y de capacidad entre países. Al mismo tiempo, se documentan buenas prácticas regionales e internacionales que demuestran la viabilidad de modelos costo-efectivos: plataformas de atención escalonada, herramientas de autoevaluación supervisadas, programas de alfabetización digital crítica y protocolos escolares contra el ciberacoso, siempre que se diseñen con centralidad en la persona, protección robusta de datos, transparencia y articulación intersectorial.

El estudio articula un diagnóstico normativo y programático de los 22 países, un análisis de capacidades institucionales, la incorporación de voces juveniles y el examen de tensiones estructurales emergentes vinculadas al desarrollo sostenible. Propone una arquitectura de políticas que trascienda las respuestas fragmentadas y sitúe el bienestar psicosocial como indicador de la calidad del ecosistema digital y de la transformación tecnológica. Las 15 recomendaciones estratégicas se orientan a integrar la salud mental en las políticas digitales, regular entornos con enfoque de derechos, fortalecer la cooperación regional y traducir los principios de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales en orientaciones operativas. El alcance regional y la mirada prospectiva ofrecen a los profesionales del sector energético y de políticas públicas elementos para comprender cómo la digitalización puede convertirse en aliada del bienestar cuando se orienta por evidencia, derechos y gobernanza activa, en lugar de amplificar desigualdades preexistentes o generar nuevas vulnerabilidades.

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En un contexto de contracción de la ayuda externa y de presiones fiscales crecientes, las economías emergentes y en desarrollo necesitan recaudar más ingresos propios. Los ingresos tributarios se han estancado desde 2010 en torno al 10 % del PIB en países de bajos ingresos, 13 % en ingresos medios-bajos y 19 % en medios-altos, mientras los déficits primarios y las cargas de deuda aumentan. El informe sostiene que no se trata solo de recaudar más, sino de recaudar mejor, mejorando a la vez eficiencia y equidad.

Presenta un marco de frontera fiscal que mapea a los países según su distancia a un equilibrio óptimo entre ingresos, eficiencia y equidad, condicionada por fundamentos estructurales. La mayoría de los países aún no se encuentran en la frontera clásica y pueden avanzar en ambas dimensiones. Las 3T (tecnología, transparencia y confianza) amplían ese espacio de reforma: la tecnología reduce costos de cumplimiento y refuerza la administración; la transparencia facilita gravar a multinacionales y a los actores de mayores ingresos; y la confianza entre políticos, burócratas y ciudadanos facilita reformas políticamente viables.

El análisis cubre el uso creciente de tecnología en la administración tributaria (facturación electrónica, precarga de declaraciones, análisis de riesgo e inteligencia artificial), la tributación de actores económicos de alto nivel y la arquitectura internacional de transparencia, la economía política de la confianza, y aplicaciones a impuestos ambientales e incentivos industriales. Introduce el enfoque del valor marginal de los fondos públicos para evaluar reformas tributarias y de gasto, y muestra cómo los datos administrativos pueden informar políticas económicas y fiscales en tiempo casi real.

La guía de política clasifica a los países según fundamentos estructurales y distancia a la frontera, y ofrece rutas de reforma diferenciadas para impuestos sobre la renta, el consumo y la propiedad. Subraya la necesidad de proteger a los hogares pobres y vulnerables mientras se asegura que quienes tienen mayor capacidad de pago contribuyan de manera justa. El documento constituye una hoja de ruta práctica para formuladores de política que buscan fortalecer la movilización de recursos domésticos de forma eficiente, equitativa y políticamente sostenible.

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https://www.worldbank.org/ext/en/research-publications

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