La digitalización es un elemento fundamental para la gobernanza del siglo XXI, dado que contribuye a que los Estados mejoren la calidad y cobertura de los servicios públicos que proporcionan, e incrementen la integridad de sus actividades en favor de la sociedad. Si bien la pandemia del COVID-19 ha sido un reciente acelerador de la digitalización, tanto el sector público como el privado iniciaron el siglo XXI con esfuerzos de inversión importantes en infraestructura tecnológica, sistemas digitales y talento humano con el objetivo de mejorar su gestión y sus servicios. Los ciudadanos han podido contar con acceso fácil y eficiente a más servicios e información, a través de canales novedosos de comunicación con los gobiernos y las empresas. Conscientes de que la digitalización es una herramienta que impulsa la eficiencia, agilidad y transparencia en el funcionamiento del sector público, y que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población de América Latina y el Caribe (ALC), desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se promueve la implementación de tecnologías digitales en los países de la región. Junto con las oportunidades descritas, el proceso de digitalización trae consigo complejidades y desafíos. A medida que aumenta la digitalización de las infraestructuras y los servicios urbanos, se incrementa también su exposición a los riesgos y vulnerabilidades inherentes al ciberespacio, lo que abre la puerta a actores maliciosos y ciberataques que buscan damnificar áreas críticas, como los sectores de agua y saneamiento (AyS), salud, energía y transporte, entre muchos otros. Un ataque cibernético dirigido a dependencias del sector de AyS tiene la capacidad de entorpecer o hasta interrumpir las operaciones de ciudades completas, lo que puede producir daños significativos y, en determinados casos, irreparables o catastróficos a los sistemas de tecnología estatales. Esto puede dejar a la población sin suministro de agua por periodos de varias horas o hasta días, y aumentar el riesgo de contraer enfermedades asociadas a la ingesta de agua no tratada o contaminada, todo lo cual pone en peligro la vida de las personas. Al mismo tiempo, ciertas prácticas tradicionales de las infraestructuras digitalizadas, como el monitoreo, recolección de datos y creación de registros extensos, pueden ser explotadas por ciberdelincuentes que busquen hacerse con la información confidencial de dichas instalaciones de tratamiento de agua para fines ilícitos, divulgar datos de clientes y provee- dores, encontrar puntos vulnerables en la gestión de la empresa o el Estado, quebrantar la cadena de suministro o incluso vender la información a competidores en el mercado negro. Los motivos por los cuales la infraestructura en AyS se enfrenta a este tipo de amenazas a diario son tan variados como los métodos de ataque empleados por los ciberdelincuentes. Intereses personales, políticos, económicos, entre otros, impulsan a los criminales a desarrollar nuevas herramientas y métodos para estudiar los sistemas y hallar vulnerabilidades que les permitan aumentar la frecuencia y sofisticación de estos incidentes.
A medida que las tecnologías digitales se expanden y añaden mayor valor a las infraestructuras del sector de AyS, los delincuentes cibernéticos intentan aprovecharse de la infraestructura interconectada y atacan los sistemas de control industrial (SCI), las computadoras especializadas que gestionan las operaciones de control de caudal, el tratamiento de aguas residuales y otros sistemas. Los ataques cibernéticos aumentan en frecuencia, volumen y sofisticación. Sin embargo, la escasa concientización y reticencia a invertir en ciberseguridad debido a sus costos, junto con la falta de atención y de requisitos normativos, hacen que las empresas de servicios públicos no inviertan lo suficiente en ciberseguridad, con el consecuente aumento de su vulnerabilidad a sufrir ataques cibernéticos, lo que puede generar terribles consecuencias. Las empresas prestadoras de servicios de suministro de agua de todo el mundo ya enfrentaron una amplia gama de ataques, desde el secuestro de datos (ransomware) y la interferencia en los SCI hasta la manipulación de la operación de válvulas y caudales, la alteración de las fórmulas de tratamientos químicos, además de otros intentos por dañar potencialmente la maquinaria e interferir en las operaciones. Entrevistas realizadas durante la preparación de esta publicación revelaron que algunas entidades de América Latina y el Caribe ya sufrieron un ataque cibernético que afectó sus operaciones, aunque la recuperación se logró rápidamente. No obstante, la propia capacidad de una entidad para clasificar un evento operativo como incidente cibernético depende en gran medida de su infraestructura digital, sus capacidades forenses y su conciencia cibernética.
El informe destaca que las infraestructuras de agua y saneamiento son cada vez más dependientes de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que las expone a posibles ataques cibernéticos. Estos ataques podrían tener consecuencias graves, como la interrupción del suministro de agua potable o el vertido de aguas residuales no tratadas en el medio ambiente. El estudio identifica los principales riesgos cibernéticos a los que se enfrenta el sector, como el acceso no autorizado a sistemas de control, la manipulación de datos, la interrupción del suministro de agua o el sabotaje de las infraestructuras. También se analizan casos de ataques cibernéticos a infraestructuras de agua y saneamiento en otros países para resaltar la importancia de la ciberseguridad. Además, el informe proporciona recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad en el sector de agua y saneamiento. Estas recomendaciones incluyen la implementación de medidas técnicas y organizativas, como el uso de sistemas de autenticación fuerte, el cifrado de datos, la segmentación de redes y la capacitación del personal en ciberseguridad. También se destaca la importancia de establecer políticas y regulaciones claras en materia de ciberseguridad y de fomentar la colaboración entre los diferentes actores involucrados, como los operadores de infraestructuras, los reguladores y las agencias gubernamentales. En resumen, el informe subraya la importancia de proteger las infraestructuras de agua y saneamiento de las amenazas cibernéticas en América Latina y el Caribe. Proporciona un análisis detallado de los riesgos cibernéticos en el sector y ofrece recomendaciones concretas para fortalecer la ciberseguridad y garantizar la continuidad y la calidad de los servicios de agua y saneamiento en la región.
Para leer más ingrese a: