La integración energética en América Latina y el Caribe se presenta como una estrategia que puede potenciar la transición hacia sistemas de bajas emisiones, al tiempo que responde a los retos climáticos, económicos y geopolíticos. La región cuenta con una amplia dotación de recursos, aunque distribuidos de manera desigual, lo que abre la posibilidad de complementariedades entre países exportadores e importadores. En este sentido, la interconexión eléctrica y gasífera ha sido históricamente un motor de cooperación, y en el nuevo escenario global adquiere un valor adicional: facilitar la descarbonización. El proceso de transición energética global está marcado por la necesidad de reducir emisiones, diversificar fuentes y avanzar hacia tecnologías limpias. Sin embargo, las tensiones geopolíticas recientes han modificado las dinámicas de cooperación internacional, generando un giro hacia la regionalización de las relaciones energéticas. En este contexto, América Latina enfrenta la oportunidad de fortalecer sus vínculos internos mediante proyectos de interconexión que permitan aprovechar recursos compartidos y reducir costos.

La región se encuentra ante tres trampas del desarrollo: baja capacidad de crecimiento, desigualdad persistente y debilidad institucional. La transición energética puede convertirse en un catalizador para superar estas limitaciones, siempre que se acompañe de inversiones significativas en energías renovables, almacenamiento, hidrógeno y electromovilidad. Las estimaciones señalan que se requieren entre 215.000 y 284.000 millones de dólares anuales hasta 2030, lo que representa un esfuerzo considerable pero también una oportunidad para dinamizar las economías y promover innovación. En el ámbito eléctrico, los escenarios prospectivos hacia 2050 muestran que una mayor penetración de renovables combinada con nuevas interconexiones regionales genera beneficios económicos y ambientales superiores a los de escenarios aislados. América del Sur aparece como la subregión con mayor potencial, dado su acceso a recursos hidroeléctricos, solares y eólicos, mientras que Centroamérica y México también pueden ampliar su capacidad mediante proyectos de integración.

Respecto al gas natural, se plantea como combustible puente en la transición. La abundancia de recursos no convencionales en Vaca Muerta abre la posibilidad de multiplicar el intercambio sudamericano si se concretan obras de ampliación y nuevas interconexiones con países vecinos. Aunque el gas no es una solución definitiva, puede sustituir fuentes más contaminantes y facilitar la transición hacia sistemas más limpios. La comparación con otras regiones, como la Unión Europea, muestra que la integración energética ha sido un factor decisivo para avanzar en la transición. América Latina puede aprender de estas experiencias, adaptando mecanismos de gobernanza y coordinación que permitan superar barreras políticas y técnicas.

Las conclusiones apuntan a que la integración energética regional no solo mejora la seguridad y la eficiencia, sino que también fortalece la capacidad de enfrentar la crisis climática. Las recomendaciones incluyen promover políticas públicas que impulsen nuevas interconexiones, fomentar la cooperación en tecnologías limpias y asegurar que la transición sea justa e inclusiva. La integración energética en América Latina y el Caribe se configura como una estrategia que combina sostenibilidad, desarrollo económico y resiliencia frente a tensiones globales. La coordinación regional, acompañada de inversiones y políticas adecuadas, puede transformar el régimen energético fósil en uno de bajas emisiones, generando beneficios compartidos y consolidando un camino hacia un futuro más sostenible.

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