Indonesia ha avanzado de manera significativa en la reforma legal e institucional de sus empresas estatales, buscando integrar la sostenibilidad en la gobernanza y en los marcos de propiedad pública. Estas transformaciones se apoyan en las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de empresas estatales, que ofrecen un marco de referencia para fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la alineación con objetivos ambientales y sociales. A pesar de los progresos, aún persisten desafíos que limitan la coherencia y la efectividad de las políticas de sostenibilidad en el conjunto del portafolio estatal.

El papel del Estado como propietario ha sido reforzado con la Ley de Empresas Estatales de 2025, que incorpora la responsabilidad ambiental y social en la estructura de propiedad y gobernanza. Además, se habilita a los ministerios sectoriales para definir metas específicas en sostenibilidad. Sin embargo, estas prioridades no se traducen todavía en una política de propiedad clara y uniforme que abarque a todas las empresas. Las obligaciones son más consistentes en el sector financiero, mientras que en las entidades no financieras y no listadas las expectativas son menos sistemáticas. Esta disparidad dificulta la supervisión informada y activa, lo que genera riesgos de gestión desigual frente a los objetivos de sostenibilidad.

En cuanto a los directorios y consejos de supervisión, se observa la creación de comités especializados en sostenibilidad en algunas empresas líderes. Estos comités han permitido introducir la temática en la estrategia y en los procesos de control interno. No obstante, la calidad y efectividad de la supervisión varía ampliamente. La dependencia de consultores externos y la falta de competencias específicas en los miembros de los directorios limitan la apropiación de los temas ambientales y sociales. Además, los insumos de auditorías y organismos de control no siempre se convierten en retroalimentación estructurada que impulse ajustes en las metas y prácticas operativas. Por ello, resulta necesario fortalecer la capacitación, clarificar mandatos y formalizar responsabilidades en torno a la sostenibilidad dentro de los órganos de gobierno corporativo.

La transparencia y la divulgación constituyen otro eje central. Algunas empresas han adoptado prácticas de reporte alineadas parcialmente con estándares internacionales como GRI o ISSB. Sin embargo, la falta de armonización y la calidad desigual de los datos reducen la credibilidad y dificultan la agregación de información a nivel de portafolio. Además, la multiplicidad de instituciones receptoras de reportes genera duplicaciones y diluye la rendición de cuentas. Para superar estas limitaciones, se plantea la necesidad de un marco obligatorio y armonizado de divulgación de sostenibilidad, con indicadores comparables y verificación externa progresiva.

Respecto a la conducta empresarial responsable y las relaciones con los grupos de interés, se han dado pasos hacia una mayor integración de la responsabilidad social y ambiental. Algunas empresas han desarrollado mecanismos de participación comunitaria y compromisos de sostenibilidad. Sin embargo, la implementación es desigual, especialmente en lo relativo a mecanismos de quejas, acceso a remedios y debida diligencia en derechos humanos. La falta de divulgación sobre cómo se incorpora la retroalimentación de las comunidades en las decisiones corporativas puede erosionar la confianza. Por ello, se recomienda institucionalizar procesos de participación estructurados, fortalecer los sistemas de denuncia y garantizar la independencia en los mecanismos de supervisión.

Indonesia ha iniciado un proceso de transformación de sus empresas estatales hacia una gobernanza más alineada con la sostenibilidad. Las reformas legales y la creación de estructuras de supervisión son pasos importantes, pero aún se requiere consolidar una política de propiedad coherente, fortalecer las competencias de los directorios, armonizar los sistemas de reporte y garantizar prácticas de responsabilidad empresarial más consistentes. Solo mediante la integración de estos elementos será posible que las empresas estatales contribuyan de manera efectiva a los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y a la creación de valor a largo plazo.

Para leer más ingrese a:

https://www.wri.org/research/ocean-based-climate-action-2025-ndcs-preliminary-update

https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2025-11/the-state-of-ocean-based-climate-action-in-2025-nationally-determined-contributions-a-preliminary-update.pdf