El Instituto de Recursos Mundiales advierte que uno de los mayores problemas actuales para la expansión de energía limpia en Estados Unidos no está únicamente en el financiamiento o en los permisos federales, sino en las leyes locales que determinan dónde pueden ubicarse los proyectos. El contexto es de demanda eléctrica en ascenso por electrificación, crecimiento acelerado de centros de datos, necesidades industriales y reemplazo de infraestructura envejecida. Aunque el país avanzó con fuerza en instalación de energías limpias durante el año previo, el instituto considera que el ritmo debe aumentar para responder al nuevo crecimiento de carga. Sin embargo, grandes proyectos eólicos y solares enfrentan crecientes restricciones. A finales de 2024, al menos 450 condados en 44 estados habían adoptado restricciones severas sobre localización de renovables, 16% más que el año anterior.
El artículo explica que la localización es el proceso que define dónde puede desarrollarse nueva infraestructura energética y que, en la práctica, muchos gobiernos locales controlan normas de zonificación y uso del suelo que terminan habilitando o bloqueando proyectos. Un análisis citado indica que 37 estados permiten a autoridades locales fijar estándares de localización para parques solares y eólicos, ya sea de forma exclusiva o condicionada. Esas normas pueden referirse a ubicación, ruido, altura y otros criterios que deben cumplirse para obtener permisos. El problema es que varias jurisdicciones han endurecido o pausado nuevas instalaciones, incluso prohibiéndolas temporalmente. WRI insiste en que el tema dejó de ser técnico para convertirse en un obstáculo crítico y crecientemente conflictivo, alimentado por desafíos sociales e institucionales además de los regulatorios.
La salida propuesta no es ignorar a las comunidades, sino construir nuevas estrategias de capacidad local, transparencia y beneficios compartidos. El instituto sostiene que el equilibrio consiste en asegurar que la energía limpia se construya y, al mismo tiempo, que las comunidades anfitrionas perciban beneficios reales.
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