La descarbonización del sector transporte representa un desafío perentorio para América Latina y el Caribe, puesto que esta actividad genera aproximadamente el 40% de las emisiones regionales de dióxido de carbono. Debido a que el transporte por carretera es responsable del 92% de dicho impacto, la electrificación del parque vehicular y el fortalecimiento del transporte público se posicionan como estrategias medulares para alcanzar los compromisos climáticos nacionales. En este contexto, los incentivos fiscales actúan como herramientas de política destinadas a corregir fallas de mercado y acelerar la transición hacia tecnologías de cero emisiones. No obstante, la adopción masiva de vehículos eléctricos enfrenta barreras económicas y de infraestructura significativas, tales como el alto costo inicial de adquisición, la autonomía limitada de las baterías y la escasez de estaciones de recarga públicas. Por consiguiente, el diseño de marcos normativos e industriales adecuados resulta vital para aprovechar las ventajas estratégicas de la región, que incluyen una matriz energética mayoritariamente limpia y la posesión de más de la mitad de las reservas globales de litio.

En tal sentido, un mapeo realizado en dieciséis países de la región revela que la mayoría de los esfuerzos se concentran en incentivos a la demanda, utilizando principalmente exenciones arancelarias e impositivas sobre la compra y venta de vehículos eléctricos. Puesto que estos instrumentos son de administración relativamente sencilla y no implican desembolsos presupuestarios directos, se han vuelto la opción preferida para intentar reducir la brecha de precios con los vehículos de combustión interna. Por añadidura, el 68% de los países analizados incluye incentivos específicos para el transporte público, reconociendo su impacto directo en los sectores de menores ingresos y su eficiencia en la reducción de emisiones urbanas. Igualmente, naciones con industrias automotrices desarrolladas, como Brasil y México, han implementado estímulos para la fabricación nacional de componentes y el ensamblaje de vehículos, buscando integrar la economía regional en las cadenas de valor globales de tecnologías limpias. Sin embargo, el respaldo fiscal a la infraestructura de recarga y a la investigación y desarrollo sigue siendo limitado, lo que podría condicionar la sostenibilidad de la transición en el mediano plazo.

Bajo este esquema, la revisión de experiencias internacionales en China, Estados Unidos y Alemania ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de combinar incentivos fiscales con reformas regulatorias estrictas en materia de emisiones. Por ejemplo, el sistema de doble crédito en China y los créditos tributarios de la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos demuestran que el apoyo gubernamental debe ser dinámico y ajustarse periódicamente según la madurez del mercado. Asimismo, resulta esencial evaluar los impactos distributivos para asegurar que los beneficios no se concentren únicamente en los estratos de mayores ingresos, promoviendo en su lugar una movilidad inclusiva. Por esta razón, la sostenibilidad fiscal de estas políticas requiere un análisis exhaustivo de costo-beneficio que contemple la pérdida de ingresos por impuestos a los combustibles frente a las ganancias en salud pública y estabilidad climática. Finalmente, la coordinación multinivel entre gobiernos nacionales y locales se vuelve un requisito obligatorio para desplegar redes de carga eficientes y consolidar una cultura de transporte sostenible que proteja el valor social y ambiental de las ciudades.

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