El capítulo «Domestic Acceptability as a Condition for Ambitious Climate Policies», de próxima publicación como parte del libro colectivo «European and Global Climate Policies: Pursuing Fairness and Carbon Neutrality in an Increasingly Fragmented World», fue elaborado por Simone Borghesi, Albert Ferrari y Lea Heinrich, investigadores de la Florence School of Regulation Climate del Instituto Universitario Europeo en Florencia. El trabajo se inscribe en un momento de creciente fragmentación de la cooperación climática internacional, en el que la profundización de políticas nacionales de descarbonización depende cada vez más de su legitimidad y respaldo político interno, más que de acuerdos multilaterales vinculantes.

El capítulo continúa la línea de investigación consolidada de Borghesi y Ferrari sobre el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS), en la que han documentado con detalle cómo el alza sostenida de los precios del carbono, intensificada tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, generó preocupación creciente por la aceptabilidad social de políticas climáticas más estrictas, particularmente entre los hogares de menores ingresos, más expuestos al gasto en energía y con menor capacidad financiera para adoptar tecnologías bajas en carbono. Su investigación previa muestra que destinar una porción relativamente modesta de los ingresos de subasta del EU ETS a programas de compensación social, entre 11% y 17% según distintos estudios citados por los autores, resulta suficiente para neutralizar los efectos regresivos de la fijación de precios del carbono sobre los hogares vulnerables.

El análisis examina mecanismos concretos de reciclaje de ingresos climáticos implementados en distintas jurisdicciones, entre ellos el Fondo de Modernización y el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, así como experiencias comparadas en California, Alemania, Quebec y el Reino Unido, para extraer lecciones sobre cómo el diseño, la transparencia y la comunicación del uso de estos recursos inciden directamente en el respaldo ciudadano a la fijación de precios del carbono. Un hallazgo recurrente en la investigación de los autores es que el destino etiquetado de los ingresos climáticos, frente a su incorporación al presupuesto general sin trazabilidad, incrementa significativamente la aceptabilidad pública de instrumentos de precio al carbono, al establecer un vínculo visible entre el costo que asume la ciudadanía y el beneficio que recibe a cambio.

Para el sector eléctrico colombiano y la alianza estratégica de redes inteligentes, este capítulo aporta un marco conceptual robusto sobre cómo diseñar mecanismos de compensación social, subsidios cruzados y comunicación transparente de política climática, elementos que resultan centrales en la discusión colombiana sobre modernización de la matriz eléctrica, ajustes tarifarios asociados a la transición energética y eventual profundización de instrumentos de precio al carbono. La evidencia de que la legitimidad política de las políticas climáticas depende tanto de su diseño técnico como de su percepción social ofrece un insumo directamente aplicable al debate nacional sobre cómo sostener en el tiempo reformas regulatorias orientadas a la descarbonización del sector eléctrico.

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