La producción de estadísticas inclusivas constituye un elemento fundamental para comprender la diversidad de las sociedades y apoyar la formulación de políticas públicas más equitativas. Durante décadas, la ausencia de información sistemática sobre orientación sexual e identidad de género limitó la capacidad de los gobiernos para identificar desigualdades y diseñar acciones específicas dirigidas a poblaciones históricamente expuestas a procesos de exclusión y discriminación. En respuesta a esta situación, diversos países de América Latina y el Caribe han comenzado a incorporar preguntas relacionadas con estas dimensiones en censos y encuestas, impulsando una transformación gradual en los sistemas nacionales de producción estadística.

El análisis regional muestra que la generación de datos sobre orientación sexual e identidad de género está avanzando mediante diferentes estrategias institucionales y metodológicas. A través de la revisión de operaciones estadísticas y del intercambio de experiencias con Oficinas Nacionales de Estadística, se identifican enfoques adoptados para mejorar la visibilidad de las poblaciones LGBTI+ y responder a una demanda creciente de información para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Estos avances han permitido ampliar el conocimiento sobre las condiciones sociales y económicas de grupos que tradicionalmente han permanecido subrepresentados en los instrumentos oficiales de recolección de información.

Junto con los progresos observados, persisten desafíos relacionados con definiciones conceptuales, diseño de preguntas, comparabilidad entre países, aceptación social y desarrollo de capacidades técnicas dentro de las instituciones responsables de la producción estadística. La necesidad de construir consensos metodológicos y fortalecer procesos de recolección, procesamiento y análisis de datos aparece como un requisito para garantizar información confiable y útil para la toma de decisiones. Asimismo, se destaca el valor del intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre países como mecanismo para acelerar la adopción de estándares que permitan mejorar la calidad de las estadísticas vinculadas con diversidad sexual y de género.

Más allá de su dimensión técnica, la disponibilidad de información estadística inclusiva aporta herramientas para fortalecer la igualdad de oportunidades, promover la inclusión social y visibilizar realidades que históricamente han permanecido fuera de los sistemas oficiales de información. La generación de evidencia confiable permite comprender mejor las brechas existentes en ámbitos como educación, empleo, ingresos, salud y acceso a servicios, facilitando la formulación de respuestas institucionales más efectivas. Desde esta perspectiva, el estudio ofrece orientaciones relevantes para organismos estadísticos, entidades gubernamentales y organizaciones interesadas en consolidar sistemas de información más representativos de la diversidad presente en América Latina y el Caribe.

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La economía global atraviesa una etapa marcada por la acumulación de perturbaciones provenientes de distintos frentes, incluyendo conflictos geopolíticos, presiones sobre los mercados energéticos, cambios en las cadenas de suministro y una acelerada transformación tecnológica. A pesar de este entorno complejo, la actividad económica ha mantenido niveles de crecimiento superiores a los inicialmente previstos. La evolución observada durante 2026 refleja una capacidad significativa de adaptación por parte de gobiernos, empresas y mercados, respaldada por medidas de apoyo económico, diversificación de fuentes de abastecimiento y respuestas empresariales orientadas a reducir vulnerabilidades operativas. Este comportamiento permite comprender mejor los mecanismos de resiliencia que han contribuido a limitar el impacto de eventos disruptivos recientes sobre la actividad productiva mundial. 

El desempeño económico reciente ha estado influenciado por la respuesta a las tensiones energéticas derivadas del conflicto en Oriente Medio. La disponibilidad de inventarios, el incremento de suministros provenientes de otras regiones y diversas medidas implementadas por los gobiernos ayudaron a moderar los efectos sobre hogares y empresas. Paralelamente, la expansión de las inversiones vinculadas a la IA impulsó la producción, el comercio y los flujos de inversión en numerosos sectores, aportando un factor adicional de crecimiento. Sin embargo, los riesgos continúan presentes debido a la posibilidad de nuevas alteraciones en los mercados energéticos, incrementos de las tasas de interés de largo plazo, fenómenos climáticos severos y resultados inferiores a los esperados en determinadas inversiones tecnológicas.

El análisis también examina las implicaciones de estos factores sobre inflación, finanzas públicas y perspectivas regionales de crecimiento. Aunque se espera una estabilización gradual de las condiciones económicas internacionales, persisten desafíos relacionados con el costo de la energía, las presiones inflacionarias y las restricciones fiscales que enfrentan numerosos países. Bajo este escenario, se plantea la necesidad de mantener políticas monetarias orientadas a preservar la estabilidad de precios, al tiempo que los mecanismos de apoyo gubernamental deben centrarse en los grupos más afectados y conservar incentivos que favorezcan una utilización más eficiente de los recursos energéticos. Estas consideraciones adquieren especial relevancia para economías que continúan enfrentando elevados niveles de vulnerabilidad frente a choques externos.

Más allá de la coyuntura inmediata, la publicación destaca la importancia de impulsar reformas estructurales que fortalezcan la productividad, mejoren la capacidad de adaptación de las economías y promuevan un crecimiento más sostenible en el largo plazo. El fortalecimiento de la resiliencia ante interrupciones futuras exige avanzar en diversificación económica, innovación, desarrollo tecnológico y seguridad energética. Desde una perspectiva estratégica, los hallazgos proporcionan herramientas útiles para gobiernos, entidades financieras, centros de análisis y empresas interesadas en comprender la evolución del contexto económico internacional y anticipar los factores que influirán sobre la inversión, el comercio y el crecimiento durante los próximos años.

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https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-interim-report-september-2026_f751d02b-en.html

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La relación entre ciudadanos y administraciones públicas influye directamente sobre el acceso efectivo a derechos, oportunidades y servicios esenciales. Trámites como la obtención de documentos de identidad, el registro de hechos vitales, la solicitud de beneficios sociales o la gestión de permisos representan algunos de los puntos de contacto más frecuentes entre las personas y el Estado. Bajo este contexto, mejorar la experiencia de los usuarios no solo contribuye a incrementar la eficiencia administrativa, sino que también fortalece la confianza institucional y favorece una mayor inclusión social. La evaluación realizada entre los países de la OECD permite comprender cómo diferentes gobiernos están avanzando hacia modelos de atención más centrados en las personas, orientados a simplificar procesos y reducir las cargas administrativas que afrontan los ciudadanos en sus interacciones con entidades públicas.

La implementación de servicios administrativos centrados en las personas supone un cambio de enfoque respecto a modelos tradicionales basados principalmente en la estructura de las instituciones. La prioridad pasa a ser la comprensión de las necesidades, capacidades y expectativas de los usuarios, promoviendo mecanismos que faciliten la navegación de los servicios públicos y reduzcan las dificultades asociadas a procedimientos complejos. En este sentido, la accesibilidad, la inclusión y la simplicidad adquieren especial relevancia para garantizar que todos los grupos poblacionales puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Asimismo, la coordinación entre entidades públicas emerge como un factor determinante para ofrecer servicios más integrados y coherentes, evitando duplicidades y mejorando la experiencia ciudadana.

La investigación también examina cómo los países están implementando la Recomendación de la OECD sobre Servicios Administrativos Públicos Centrados en las Personas adoptada en 2024. Los resultados muestran avances en gobernanza, integración de servicios, diseño centrado en el usuario y mecanismos de mejora continua, aunque persisten oportunidades para fortalecer la interoperabilidad institucional, la coordinación de procesos y la capacidad de responder a necesidades sociales cada vez más diversas. Estas acciones adquieren mayor relevancia en entornos caracterizados por cambios demográficos, nuevas expectativas ciudadanas y una creciente demanda de servicios públicos accesibles, oportunos y transparentes. 

Más allá de los aspectos operativos, la construcción de servicios públicos más simples, accesibles e integrados contribuye al fortalecimiento del tejido social mediante una interacción más cercana entre ciudadanos e instituciones. La reducción de barreras administrativas puede favorecer una mayor participación ciudadana, mejorar el acceso a programas públicos y generar condiciones más equitativas para distintos grupos de población. Desde una perspectiva estratégica, los hallazgos proporcionan orientaciones útiles para gobiernos y organizaciones interesadas en impulsar procesos de modernización institucional que prioricen el bienestar de las personas, fortalezcan la cohesión social y promuevan una prestación de servicios públicos más inclusiva, eficiente y orientada a resultados.

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El entorno económico global atraviesa una etapa de ajuste caracterizada por una mayor capacidad de adaptación frente a perturbaciones sucesivas de origen geopolítico, geoeconómico y tecnológico. Las percepciones recopiladas entre economistas de alto nivel muestran una mejora significativa en las expectativas generales respecto a meses anteriores, reflejando una mayor confianza en la capacidad de las economías para absorber choques externos. Sin embargo, esta resiliencia no implica la desaparición de los riesgos. Los conflictos geopolíticos continúan siendo la principal fuente de incertidumbre, mientras los mercados financieros, las cadenas de suministro y la evolución de los costos energéticos mantienen elevados niveles de atención por parte de responsables de política pública y líderes empresariales.

La capacidad de respuesta observada en los últimos años ha estado asociada principalmente a medidas de apoyo fiscal, diversificación económica, flexibilidad en las cadenas de suministro y avances tecnológicos. No obstante, las restricciones fiscales acumuladas limitan la posibilidad de repetir intervenciones de magnitud similar en el futuro. Bajo este escenario, la resiliencia futura dependerá cada vez más de la innovación tecnológica, la capacidad de adaptación de los mercados energéticos y el fortalecimiento de redes de suministro más flexibles. China y Estados Unidos aparecen como las economías mejor posicionadas para enfrentar eventuales perturbaciones, mientras otras regiones continúan expuestas a mayores vulnerabilidades derivadas de factores estructurales y coyunturales.

La IA ocupa un lugar central dentro de las perspectivas económicas globales. La gran mayoría de los economistas consultados anticipa una expansión sostenida de su adopción durante los próximos años y espera que sus beneficios comiencen a materializarse en términos de productividad en múltiples industrias. Adicionalmente, las inversiones asociadas a infraestructura digital, especialmente centros de datos, están adquiriendo relevancia como motor de crecimiento económico. Pese a ello, también surgen interrogantes relacionados con la generación de empleo, el consumo energético y la aceptación social de estas infraestructuras. Simultáneamente, se proyecta un aumento de las inversiones en energía nuclear, energías renovables y combustibles fósiles, reflejando la necesidad de garantizar seguridad energética mientras avanzan los procesos de transformación tecnológica.

Las perspectivas regionales continúan mostrando diferencias importantes. India y el sudeste asiático lideran las expectativas de crecimiento, seguidos por otras regiones emergentes con balances relativamente favorables. Por el contrario, Europa mantiene las valoraciones más débiles, aunque con señales de mejora respecto a evaluaciones anteriores. La fragmentación geoeconómica seguirá condicionando la evolución del comercio internacional y de la inversión extranjera directa, aunque los flujos globales muestran capacidad de adaptación mediante la reconfiguración de mercados y socios comerciales. Para empresas, inversionistas y formuladores de política, el análisis proporciona una visión estratégica sobre las tendencias que podrían definir la competitividad, la inversión y el crecimiento económico mundial en el corto y mediano plazo.

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La Agenda de Acción del PNUD, presentada bajo el liderazgo de su administrador Alexander De Croo, propone situar el desarrollo en el centro de la prevención, la respuesta, la recuperación y la transición frente a las crisis. El diagnóstico describe un mundo en convulsión: el conflicto global se duplicó en cinco años, hay 61 conflictos estatales activos en 36 países, 117,2 millones de personas están desplazadas por la fuerza y las pérdidas por catástrofes naturales alcanzaron 417.000 millones de dólares en 2024, con 63% sin asegurar. A ello se suma que 3.300 millones de personas viven en países que destinan más recursos a intereses de deuda que a salud o educación, y que la asistencia oficial para el desarrollo cayó 23% en 2025, con nuevos descensos previstos para 2026.

El documento estructura la respuesta en tres frentes y cinco pilares. El primer frente, prevenir y prepararse, combina inteligencia de riesgo, sistemas de alerta temprana, planificación de infraestructura resiliente al clima y economías preparadas para la crisis. Un ejemplo es Somalia, donde se escala un sistema nacional de alerta multiamenaza para pasar de 20% de cobertura a todo el territorio hacia 2030, con la meta de reducir 42% las muertes por desastres. El segundo frente, responder y recuperar, se apoya en la plataforma RAPIDA, capaz de generar datos de daños y necesidades en 72 horas mediante análisis geoespacial, imágenes satelitales e inteligencia artificial, como se aplicó tras el terremoto de Myanmar de 2025. Incluye además la restauración de servicios esenciales, entre ellos los energéticos, y la expansión de energía renovable descentralizada. El tercer frente, transitar y transformar, traslada progresivamente el liderazgo a instituciones nacionales y locales, con casos como la estrategia de reactivación de ingresos y mercados en Gaza, que apunta a apoyar hasta 20.000 mipymes y generar hasta 100.000 empleos.

El apartado sobre cómo financiar la recuperación de otra manera es quizá el más relevante para audiencias de política pública. El PNUD identifica un espacio intermedio sin cobertura: más de 160 millones de personas en crisis quedan fuera del apoyo de emergencia priorizado y aún no acceden a financiamiento de largo plazo. Para cerrarlo, propone usar subvenciones y recursos concesionales como capital catalítico que absorba riesgo temprano, prepare carteras de inversión y atraiga capital público y privado. La organización afirma haber ayudado a alinear más de 63.000 millones de dólares en 27 contextos frágiles, incluidos 1.600 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones movilizados en Ucrania. Instrumentos como el ReStart Fund, la cooperación trilateral con el BEI y ECHO, y la Iniciativa Connecting Business, activa en más de 70 países, ilustran esa lógica de financiamiento mixto y garantías.

Para el sector eléctrico colombiano y la alianza de redes inteligentes, el documento no aporta contenido técnico sobre redes ni utilities. Su valor está en el marco de gestión de riesgo y financiamiento que propone: planificación de infraestructura informada por datos de riesgo, restauración temprana de servicios energéticos, despliegue de generación renovable descentralizada y uso de capital concesional para atraer inversión privada hacia territorios vulnerables. Son elementos aplicables al diseño de estrategias de resiliencia y expansión de infraestructura eléctrica en regiones de Colombia expuestas a eventos climáticos, conflicto o baja cobertura.

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Asia y el Pacífico combina algunas de las concentraciones de biodiversidad más notables del planeta con algunas de las tasas de crecimiento económico y urbanización más rápidas del mundo, una tensión que atraviesa los ocho perfiles de país analizados: Camboya, China, India, Malasia, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka y Tailandia. Todos son parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica y han traducido el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en compromisos nacionales, ya sea a través de Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad recién actualizados, como en Camboya e India, o de políticas equivalentes, como la Política Nacional sobre Diversidad Biológica de Malasia. Pese a este avance normativo, cada perfil identifica una combinación recurrente de obstáculos: brechas de financiamiento persistentes, mandatos institucionales fragmentados y una distancia amplia entre las metas nacionales y su implementación efectiva sobre el terreno. El Compromiso con la Naturaleza del PNUD, organizado en tres cambios sistémicos, valores, finanzas y economía, y política y práctica, busca cerrar precisamente esa brecha.

En el cambio de valores, las experiencias más prometedoras nacen de las propias comunidades. Papúa Nueva Guinea recurre a sistemas tradicionales de áreas restringidas y explora la relación entre género y naturaleza; Mongolia impulsa el liderazgo ambiental de su población joven; Sri Lanka combina ciencia del comportamiento con campañas sobre alimentos autóctonos; Tailandia trabaja por poner a mujeres, jóvenes y comunidades locales en el centro de la toma de decisiones; y China despliega zonas de demostración de innovación vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas estas iniciativas reflejan una comprensión creciente de que el cambio de comportamiento es una condición previa para lograr resultados de conservación duraderos, y no solo un complemento de la regulación.

En el cambio económico y financiero, la región funciona como un laboratorio genuino de finanzas favorables a la naturaleza. Malasia despliega transferencias fiscales ecológicas que premian a los estados por sus resultados de conservación; Tailandia combina un bono soberano ligado a la sostenibilidad con un esquema de tarifas a visitantes en la isla de Koh Tao; China fue pionera en bonos de biodiversidad y mercados de carbono; India avanza con su Fondo de Finanzas Sostenibles; Camboya estructura su Plan de Movilización de Recursos y Financiamiento; Papúa Nueva Guinea creó un Fondo de Biodiversidad y Clima; y Mongolia impulsa créditos ganaderos sostenibles. Estos instrumentos, más que los presupuestos públicos por sí solos, aparecen como la vía más viable para cerrar la brecha de financiamiento de la biodiversidad en la región.

El cambio de política y práctica, por su parte, exige ahora pasar a la implementación a escala: integrar la biodiversidad en la planeación espacial y sectorial de Camboya y Malasia, alinear la gobernanza de la minería, la tierra y el agua en Mongolia, incorporar la naturaleza en la planeación urbana y de riesgo de desastres en India, combinar el fortalecimiento institucional con la construcción de paz en Papúa Nueva Guinea, ampliar áreas protegidas en China, y avanzar en restauración de paisajes ligada a procesos de reconciliación en Sri Lanka, mientras Tailandia trabaja por unificar sus compromisos climáticos y de biodiversidad. Para el sector eléctrico colombiano, esta experiencia regional ofrece lecciones aplicables al diseño de mecanismos de financiamiento sostenible, esquemas de pago por servicios ambientales y estrategias de conservación de ecosistemas asociadas a proyectos de generación e infraestructura energética, en un contexto donde la biodiversidad y la transición energética están cada vez más entrelazadas.

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https://www.undp.org/asia-pacific/publications/nature-pledge-action

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha transmitido presiones a Asia y el Pacífico a través de mercados energéticos, comercio y logística, precios de alimentos y fertilizantes, tipo de cambio, financiamiento y mercados laborales. Esas presiones convergen de forma más directa en las áreas urbanas, donde se concentra la población y la actividad económica. La región alberga más de 2.200 millones de residentes urbanos, cifra que podría aumentar en 1.200 millones hacia 2050, en contextos de desigualdad, informalidad y brechas de acceso a servicios básicos y protección social. Los hogares urbanos dependen del mercado para alimentos, combustible y transporte, y las economías locales se articulan en redes densas de mipymes, mercados, logística y servicios, de modo que los choques de precios y de oferta se transmiten con rapidez a ingresos, bienestar y actividad local.

Los canales de transmisión principales son los precios de la energía, los costos de alimentos y fertilizantes, las disrupciones de comercio y logística, la reducción de remesas y las presiones fiscales y financieras. El tráfico de petroleros por el Estrecho de Ormuz cayó más del 90 % en marzo y la producción del Golfo se recortó de forma significativa; el Brent llegó a 115-120 dólares por barril y los precios del diésel subieron de manera aguda en varios países. Los precios de la urea granular del Oriente Medio se dispararon y elevan el riesgo de menores rendimientos agrícolas y de presiones alimentarias posteriores. Las tarifas de flete contenedor casi se duplicaron en rutas Asia-Estados Unidos y el bunker marino subió alrededor del 55 %. En economías dependientes de remesas del Golfo, como Bangladesh y Nepal, la caída de despliegues laborales y el aumento de repatriaciones amenazan ingresos urbanos. Las presiones fiscales, sobre todo en economías altamente endeudadas o con elevados subsidios energéticos, pueden erosionar la capacidad de sostener servicios urbanos esenciales.

Las simulaciones de equilibrio general computable para 29 economías urbanas muestran que, en el escenario más severo, las pérdidas de PIB urbano alcanzan unos 73.000 millones de dólares y las de consumo unos 143.000 millones, con un aumento de la pobreza urbana de 9,5 millones de personas y cerca de 3,9 millones de empleos urbanos perdidos. Los impactos salariales y de empleo tienen una dimensión de género, y el modelo formal tiende a subestimar las pérdidas entre trabajadores informales, donde se concentra una proporción elevada de empleo femenino. El turismo, las mipymes y los trabajadores migratorios dependientes del Golfo enfrentan riesgos adicionales de medios de vida. Los gobiernos han respondido con rapidez mediante subsidios a combustibles, controles de precios, medidas de reducción de demanda, asequibilidad alimentaria y, en menor medida, protección social dirigida, con efectos directos sobre movilidad, mercados y presupuestos de hogares urbanos de bajos ingresos.

Las recomendaciones se ordenan en tres horizontes. En el corto plazo, proteger a hogares pobres y casi pobres con transferencias y alivio en transporte y servicios, y mantener la continuidad de la movilidad y los servicios esenciales. En el mediano plazo, pasar de medidas amplias a apoyo dirigido a mipymes y trabajadores informales, y fortalecer sistemas de datos urbanos para monitorear precios, medios de vida y servicios. En el largo plazo, construir protección social sensible a choques, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados mediante energía limpia y movilidad eficiente, optimizar sistemas alimentarios urbanos y la distribución de última milla, reforzar la resiliencia fiscal local y incorporar la preparación ante crisis en la planificación y el financiamiento urbanos.

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