Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

  • Strengthening South-South and Triangular Cooperation for People and Planet, Volume II

    Strengthening South-South and Triangular Cooperation for People and Planet, Volume II

    Frenar y revertir la pérdida de naturaleza exige metas ambiciosas, pero también mecanismos que permitan cumplirlas con recursos limitados. Ese es el terreno de la cooperación Sur-Sur y triangular, reconocida en la Meta 20 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal como vía para el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología, la cooperación científica y la innovación. Esta segunda edición actualiza un primer informe que había codificado siete soluciones en 57 países y las conecta con el Compromiso por la Naturaleza (Nature Pledge) del PNUD, que acompaña a más de 140 países con metas como proteger al menos el 30 % de las áreas terrestres, de agua dulce y marinas, restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados y reducir en al menos USD 500.000 millones anuales los subsidios perjudiciales. Cada experiencia se analiza según tres cambios: de valores globales, de economía y finanzas, y de políticas y prácticas.

    Los primeros casos muestran qué tanto rinde una inversión modesta cuando existe un modelo probado y un socio local sólido. En la apicultura de pequeños Estados insulares, el modelo del colectivo Iyanola, nacido en Santa Lucía, se extendió a nueve países más con USD 598.328 en donaciones del Caribe y USD 1,07 millones en cofinanciación. El resultado incluye 356 personas capacitadas, más de la mitad mujeres, y, en Samoa, un aumento de 85 % en apicultores registrados y colmenas activas que pasaron de 300 a 642. Por su parte, el intercambio sobre comercio ilegal de fauna en el este de África, con USD 150.000, permitió coordinar operaciones entre Etiopía y Somalilandia y rescatar cachorros de guepardo y león, mientras que la gestión de áreas protegidas entre Etiopía, Kenia y Tanzania, con USD 180.000, capacitó a más de 70 profesionales. En Asia Central, un memorando trilateral firmado en 2021 y un acuerdo bilateral de 2024 sostienen el monitoreo conjunto del leopardo de las nieves, con una inversión de USD 4 millones en el proyecto de Tien Shan Occidental en Kirguistán.

    A continuación, otros casos amplían la mirada hacia la gobernanza, los datos y las finanzas. Los diálogos multisectoriales de BES-Net, que reúnen ciencia, política y práctica en ocho países entre los que figura Colombia, acumulan 80 acciones de restauración y reforma de políticas hasta 2024, y Kazajistán se incorporó como miembro pleno a IPBES ese año. Junto con el enfoque de género aplicado a las estrategias nacionales de biodiversidad en siete países, la trazabilidad digital resulta especialmente cercana al sector energético: Colombia, Ecuador y Costa Rica codiseñaron desde 2024 un producto mínimo viable que combina datos geoespaciales e inteligencia artificial para verificar parcelas de café libres de deforestación, con estimaciones de USD 200.000 aportados por Corea, y compartieron sus aprendizajes con Etiopía. Asimismo, los intercambios entre Indonesia y China en 2025 abordaron economía circular, conversión de residuos en energía y finanzas verdes, con instrumentos como los bonos islámicos de biodiversidad y los marcos integrados de financiamiento nacional.

    De estas experiencias se desprenden lecciones prácticas: la apropiación local y el liderazgo nacional, el aprendizaje entre pares con condiciones similares, los acuerdos formales que convierten la cooperación ocasional en acción sostenida, el codiseño con infraestructura abierta y modular, y la flexibilidad ante estructuras de gobierno diferentes. Por lo tanto, la demanda de cooperación Sur-Sur y triangular tenderá a crecer en innovación digital, finanzas de biodiversidad, planeación con enfoque de género, economía circular y gestión transfronteriza, con redes regionales fortalecidas y una integración sistemática en la programación del PNUD. Para los profesionales del sector energético colombiano, su lectura ofrece referencias sobre cómo escalar soluciones entre países, articular finanzas verdes y datos abiertos, y vincular la acción climática con comunidades y territorios.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.undp.org/publications/strengthening-south-south-and-triangular-cooperation-people-and-planet-volume-ii

  • Multi-Country Programme Document (2023-2027)

    Multi-Country Programme Document (2023-2027)

    Pocas regiones concentran tantas tensiones del desarrollo sostenible como el Pacífico insular. Catorce países y territorios, dispersos en cerca de 3.000 islas, conviven con una dependencia marcada de los combustibles fósiles, con un desastre de gran escala casi cada año y con pérdidas que, en promedio, alcanzan el 14 % del PIB y afectan al 11 % de la población. A ello se suman una deuda con alto riesgo de sobreendeudamiento en seis economías, un desempleo juvenil estimado en 23 % y una cuarta parte de la población por debajo de la línea de pobreza de necesidades básicas. Sobre ese diagnóstico se construye un programa de cinco años, alineado con el Marco de Cooperación del Pacífico, la estrategia Blue Pacific Continent y la Agenda 2030, que se ejecuta desde las oficinas multipaís de Fiji y Samoa.

    La teoría de cambio se despliega en tres resultados que se refuerzan entre sí. El primero, planeta, articula la gestión de ecosistemas con políticas de clima y gestión de riesgo de desastres que incorporan enfoque de género y de derechos. Sus metas son concretas: pasar de 5 a 10 países con mayor superficie forestal, de 3 a 7 con menores emisiones per cápita y de 44 a 90 los sistemas de alerta temprana funcionales en Fiji. Por su parte, el segundo resultado, prosperidad, apuesta por la economía azul y verde, el empleo equitativo y la transformación digital, con metas como llevar de 1 a 13 los países con presupuestos alineados a los ODS y movilizar inversión azul y verde por USD 80 millones en Fiji. El tercero, paz, se orienta a sistemas de justicia más justos, finanzas públicas transparentes y mayor participación política de las mujeres, un frente exigente si se considera que ocupan apenas 6 % de los escaños parlamentarios.

    El componente energético y digital ofrece los elementos de mayor interés para el sector eléctrico. En materia de acceso, se espera que los países con mayor cobertura de electricidad pasen de 11 a 14, y que la capacidad renovable instalada en Fiji aumente de 5 a 36 MW, mientras que en Samoa pase de 0 a 3 MW. Esas metas se acompañan de eficiencia energética, transporte sostenible, capacitación de talento local, incentivos financieros y un diseño del acceso que atiende las necesidades de las mujeres en los hogares más vulnerables. De igual modo, la agenda digital incluye marcos de política, gobierno electrónico, gobernanza de datos, ciberseguridad y evaluaciones de preparación digital con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, además de herramientas de innovación como la red Accelerator Labs Network y el uso de inteligencia artificial en procesos de consulta.

    La ejecución descansa en un esquema de ejecución nacional, con alianzas que reúnen a gobiernos, agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales, el Fondo Verde del Clima y donantes bilaterales. Los recursos previstos superan los USD 375 millones para la oficina de Fiji y cerca de USD 75 millones en otros recursos para la de Samoa, y se reserva al menos 20 % del presupuesto para intervenciones de género. Además, se anticipan riesgos asociados a amenazas climáticas, tensiones políticas e incertidumbre global, con una estrategia de continuidad y umbrales para reasignar recursos. Para los profesionales del sector energético colombiano, su lectura aporta una mirada práctica sobre cómo se conectan el acceso a energía, la resiliencia climática, la financiación y la inclusión en territorios insulares y comunidades aisladas, un insumo útil para pensar soluciones en zonas no interconectadas.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.undp.org/pacific/publications/multi-country-programme-document-2023-2027

     

  • Digital Economy Trends 2026

    Digital Economy Trends 2026

    Los modelos energéticos, en particular los modelos de evaluación integrada, actúan como cartógrafos de la acción climática: sintetizan factores ambientales, económicos y técnicos, y son la principal herramienta con la que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estima las rutas de mitigación. Lo que consideran posible moldea lo que los gobiernos consideran viable. Sin embargo, su sexto informe de evaluación incluye casi exclusivamente escenarios con crecimiento económico perpetuo, entendido como aumento continuo del PIB y tratado como aproximación del bienestar, aunque la evidencia lo desmiente. Históricamente ese crecimiento ha ido de la mano con mayores emisiones, extracción de materiales y degradación ambiental, y los únicos periodos de descenso absoluto en el uso de recursos coincidieron con recesiones. Una revisión de la literatura concluye que la teoría del crecimiento verde carece de respaldo empírico y que solo sería compatible con el presupuesto de carbono de 2 °C con un crecimiento cercano a cero.

    Para ilustrar cómo operan estos supuestos, se examinan dos modelos de código abierto. En el primero, el PIB y la población se introducen como datos externos, normalmente alineados con las trayectorias socioeconómicas compartidas, todas con PIB creciente hasta 2100; en el segundo, el PIB se calcula internamente, pero su productividad se calibra para reproducir esas mismas proyecciones. En ambos, la función de utilidad aumenta con el consumo por habitante, de modo que más consumo equivale a más bienestar. El resultado es que los modelos priorizan las consideraciones económicas agregadas sobre la equidad, favorecen las soluciones tecnológicas sobre las sociopolíticas y dejan solo a la tecnología como palanca para reducir emisiones. Además, el desarrollo de modelos se concentra en mayor resolución espacial, temporal y tecnológica, y casi ningún esfuerzo cuestiona el supuesto de crecimiento.

    Esa dependencia tecnológica tiene un costo. Evitar 1,5 °C exige en estos escenarios retirar en promedio 6 gigatoneladas de dióxido de carbono al año hacia 2050 y 13 hacia 2100, varios órdenes de magnitud por encima de los 2 millones de toneladas anuales que en 2025 se removieron por medios distintos de la silvicultura, a través de biocarbón, bioenergía con captura, meteorización mejorada y captura directa de aire, con cuestionamientos de viabilidad, ecológicos y de justicia. Algunos estudios proponen incluso controlar la población para que el cálculo cierre. Frente a ello, se presentan el decrecimiento, que rechaza el crecimiento como principio organizador y redistribuye recursos, y la suficiencia, que prioriza el consumo que mejora el bienestar. Un trabajo con uno de esos modelos para Australia mostró que un consumo menor reduce emisiones, requerimientos de infraestructura y necesidad de remoción.

    La propuesta central es modelar directamente las necesidades materiales del bienestar: entre 2.000 y 2.150 kilocalorías diarias, 60 metros cuadrados por hogar con confort térmico, 50 litros de agua por persona al día, atención de salud, educación, comunicación y entre 5.000 y 15.000 pasajeros-kilómetro anuales de movilidad. Estas necesidades demandan menos energía por habitante que el consumo actual de la mayor parte del mundo, aunque la desigualdad puede duplicar la energía requerida. Se plantea asegurarlas primero y, con energía adicional de cero emisiones, atender otras demandas; mantener escenarios de crecimiento como punto de comparación, con el crecimiento como resultado y no como supuesto, y evaluar en todos si esas necesidades se cumplen y para quién. Para el sector energético colombiano, el análisis ofrece un marco para cuestionar los supuestos de demanda que sustentan la planeación de largo plazo.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2026.1984182/full

    https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2026.1984182/pdf

  • Structural green growth assumptions in energy system models obscure alternative transition strategies

    Los modelos energéticos, en particular los modelos de evaluación integrada, actúan como cartógrafos de la acción climática: sintetizan factores ambientales, económicos y técnicos, y son la principal herramienta con la que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estima las rutas de mitigación. Lo que consideran posible moldea lo que los gobiernos consideran viable. Sin embargo, su sexto informe de evaluación incluye casi exclusivamente escenarios con crecimiento económico perpetuo, entendido como aumento continuo del PIB y tratado como aproximación del bienestar, aunque la evidencia lo desmiente. Históricamente ese crecimiento ha ido de la mano con mayores emisiones, extracción de materiales y degradación ambiental, y los únicos periodos de descenso absoluto en el uso de recursos coincidieron con recesiones. Una revisión de la literatura concluye que la teoría del crecimiento verde carece de respaldo empírico y que solo sería compatible con el presupuesto de carbono de 2 °C con un crecimiento cercano a cero.

    Para ilustrar cómo operan estos supuestos, se examinan dos modelos de código abierto. En el primero, el PIB y la población se introducen como datos externos, normalmente alineados con las trayectorias socioeconómicas compartidas, todas con PIB creciente hasta 2100; en el segundo, el PIB se calcula internamente, pero su productividad se calibra para reproducir esas mismas proyecciones. En ambos, la función de utilidad aumenta con el consumo por habitante, de modo que más consumo equivale a más bienestar. El resultado es que los modelos priorizan las consideraciones económicas agregadas sobre la equidad, favorecen las soluciones tecnológicas sobre las sociopolíticas y dejan solo a la tecnología como palanca para reducir emisiones. Además, el desarrollo de modelos se concentra en mayor resolución espacial, temporal y tecnológica, y casi ningún esfuerzo cuestiona el supuesto de crecimiento.

    Esa dependencia tecnológica tiene un costo. Evitar 1,5 °C exige en estos escenarios retirar en promedio 6 gigatoneladas de dióxido de carbono al año hacia 2050 y 13 hacia 2100, varios órdenes de magnitud por encima de los 2 millones de toneladas anuales que en 2025 se removieron por medios distintos de la silvicultura, a través de biocarbón, bioenergía con captura, meteorización mejorada y captura directa de aire, con cuestionamientos de viabilidad, ecológicos y de justicia. Algunos estudios proponen incluso controlar la población para que el cálculo cierre. Frente a ello, se presentan el decrecimiento, que rechaza el crecimiento como principio organizador y redistribuye recursos, y la suficiencia, que prioriza el consumo que mejora el bienestar. Un trabajo con uno de esos modelos para Australia mostró que un consumo menor reduce emisiones, requerimientos de infraestructura y necesidad de remoción.

    La propuesta central es modelar directamente las necesidades materiales del bienestar: entre 2.000 y 2.150 kilocalorías diarias, 60 metros cuadrados por hogar con confort térmico, 50 litros de agua por persona al día, atención de salud, educación, comunicación y entre 5.000 y 15.000 pasajeros-kilómetro anuales de movilidad. Estas necesidades demandan menos energía por habitante que el consumo actual de la mayor parte del mundo, aunque la desigualdad puede duplicar la energía requerida. Se plantea asegurarlas primero y, con energía adicional de cero emisiones, atender otras demandas; mantener escenarios de crecimiento como punto de comparación, con el crecimiento como resultado y no como supuesto, y evaluar en todos si esas necesidades se cumplen y para quién. Para el sector energético colombiano, el análisis ofrece un marco para cuestionar los supuestos de demanda que sustentan la planeación de largo plazo.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2026.1984182/full

    https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2026.1984182/pdf

  • Digitalization, Energy Systems, and Sustainable Development Goals: An Ecological Economic Analysis of EU Member States

    Digitalization, Energy Systems, and Sustainable Development Goals: An Ecological Economic Analysis of EU Member States

    El cambio climático, la digitalización y la transformación del sistema energético se han vuelto ejes inseparables de la agenda europea, y la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible los conecta. La energía sostiene la actividad económica y social, y aun así cerca de mil millones de personas siguen sin acceso a electricidad, mientras que la Agencia Internacional de Energía proyecta un aumento de alrededor de 40% de la demanda mundial hacia 2040, concentrado en economías emergentes. Frente a ello, la digitalización aparece como habilitador: los medidores inteligentes centralizan datos de producción y consumo en tiempo real, el Internet de las cosas conecta dispositivos que se adaptan sin intervención del usuario y la inteligencia artificial permite pronosticar generación y demanda, balancear excedentes y déficits de fuentes renovables y diseñar procesos industriales más eficientes. Además, tecnologías como las cadenas de bloques, las plantas virtuales de energía, las redes inteligentes y el almacenamiento en baterías abren nuevos modelos de negocio, incluso en sistemas aislados.

    El enfoque es exploratorio y predominantemente cualitativo, complementado con una comparación cuantitativa de los 27 Estados miembros. En transición energética se emplea el índice del Foro Económico Mundial, que combina 40 indicadores para medir el desempeño del sistema y la preparación para la transición. Suecia lidera con 78,6 puntos, seguida de Dinamarca con 76,5 y Austria con 75,2, mientras que Polonia (57,7) y Bulgaria (58,6) cierran la tabla. Rumania alcanza 64,3: ocupa el puesto 38 entre 115 países, el 14 de la Unión Europea en desempeño del sistema y el 21 en preparación, lo que indica que apenas inicia el camino. Entre los factores figura el precio residencial de la electricidad, de 38,38 centavos de dólar por kilovatio hora frente a un promedio de 27,22. El índice de pequeñas y medianas empresas verdes, digitales y competitivas la ubica en los puestos 25 y 27 de sus pilares verde y digital, y la reducción de emisiones es la única dimensión en zona de buen desempeño.

    En digitalización, el índice de economía y sociedad digitales evalúa capital humano, conectividad, integración de tecnologías digitales y servicios públicos digitales. Rumania es último en capital humano, con el menor uso de internet de la Unión, y también en integración tecnológica de empresas y en servicios públicos digitales, además de ocupar el puesto 27 en usuarios de gobierno electrónico. En conectividad se ubica en el 15, con el primer lugar en precio de banda ancha, el sexto en cobertura fija y el 21 en banda ancha móvil por la brecha entre ciudades y zonas rurales. En tecnologías empresariales, ocupa el último puesto en intercambio electrónico de información, redes sociales, análisis de grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial. Incluso los líderes, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, enfrentan rezagos en la difusión de inteligencia artificial y escasez de competencias.

    Las conclusiones apuntan a que el sector energético sigue rezagado en digitalización frente a otros ámbitos, pese al potencial de la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes y las soluciones basadas en datos. Se propone usarla para acelerar el abandono del carbón, integrar renovables con transporte, calor, gas e industria y alcanzar cero emisiones netas a mediados de siglo, sin ignorar sus riesgos y verificando que el ahorro energético supere el consumo adicional de las propias tecnologías digitales. La flexibilidad de la demanda y la transformación de consumidores en productores aparecen como palancas pendientes. Para los profesionales del sector energético colombiano, el estudio ofrece indicadores y criterios para valorar la preparación digital de sus sistemas y orientar la inversión en infraestructura, capacidades e institucionalidad.

    Para leer más ingrese a:

    https://media.sciltp.com/articles/2603003353/2603003353.pdf

  • FEMA Review Council Final Report

    FEMA Review Council Final Report

    El cambio climático, la digitalización y la transformación del sistema energético se han vuelto ejes inseparables de la agenda europea, y la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible los conecta. La energía sostiene la actividad económica y social, y aun así cerca de mil millones de personas siguen sin acceso a electricidad, mientras que la Agencia Internacional de Energía proyecta un aumento de alrededor de 40% de la demanda mundial hacia 2040, concentrado en economías emergentes. Frente a ello, la digitalización aparece como habilitador: los medidores inteligentes centralizan datos de producción y consumo en tiempo real, el Internet de las cosas conecta dispositivos que se adaptan sin intervención del usuario y la inteligencia artificial permite pronosticar generación y demanda, balancear excedentes y déficits de fuentes renovables y diseñar procesos industriales más eficientes. Además, tecnologías como las cadenas de bloques, las plantas virtuales de energía, las redes inteligentes y el almacenamiento en baterías abren nuevos modelos de negocio, incluso en sistemas aislados.

    El enfoque es exploratorio y predominantemente cualitativo, complementado con una comparación cuantitativa de los 27 Estados miembros. En transición energética se emplea el índice del Foro Económico Mundial, que combina 40 indicadores para medir el desempeño del sistema y la preparación para la transición. Suecia lidera con 78,6 puntos, seguida de Dinamarca con 76,5 y Austria con 75,2, mientras que Polonia (57,7) y Bulgaria (58,6) cierran la tabla. Rumania alcanza 64,3: ocupa el puesto 38 entre 115 países, el 14 de la Unión Europea en desempeño del sistema y el 21 en preparación, lo que indica que apenas inicia el camino. Entre los factores figura el precio residencial de la electricidad, de 38,38 centavos de dólar por kilovatio hora frente a un promedio de 27,22. El índice de pequeñas y medianas empresas verdes, digitales y competitivas la ubica en los puestos 25 y 27 de sus pilares verde y digital, y la reducción de emisiones es la única dimensión en zona de buen desempeño.

    En digitalización, el índice de economía y sociedad digitales evalúa capital humano, conectividad, integración de tecnologías digitales y servicios públicos digitales. Rumania es último en capital humano, con el menor uso de internet de la Unión, y también en integración tecnológica de empresas y en servicios públicos digitales, además de ocupar el puesto 27 en usuarios de gobierno electrónico. En conectividad se ubica en el 15, con el primer lugar en precio de banda ancha, el sexto en cobertura fija y el 21 en banda ancha móvil por la brecha entre ciudades y zonas rurales. En tecnologías empresariales, ocupa el último puesto en intercambio electrónico de información, redes sociales, análisis de grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial. Incluso los líderes, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, enfrentan rezagos en la difusión de inteligencia artificial y escasez de competencias.

    Las conclusiones apuntan a que el sector energético sigue rezagado en digitalización frente a otros ámbitos, pese al potencial de la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes y las soluciones basadas en datos. Se propone usarla para acelerar el abandono del carbón, integrar renovables con transporte, calor, gas e industria y alcanzar cero emisiones netas a mediados de siglo, sin ignorar sus riesgos y verificando que el ahorro energético supere el consumo adicional de las propias tecnologías digitales. La flexibilidad de la demanda y la transformación de consumidores en productores aparecen como palancas pendientes. Para los profesionales del sector energético colombiano, el estudio ofrece indicadores y criterios para valorar la preparación digital de sus sistemas y orientar la inversión en infraestructura, capacidades e institucionalidad.

    Para leer más ingrese a:

    https://media.sciltp.com/articles/2603003353/2603003353.pdf

  • What the ROAD Act Signals for CDBG-DR: Best Practices

    What the ROAD Act Signals for CDBG-DR: Best Practices

    El aumento en la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales ha transformado la inversión federal en recuperación, que dejó de limitarse a reparar y reemplazar. Durante décadas el mandato fue restaurar lo perdido con la mayor rapidez posible, pero con cada evento se vuelve más difícil justificar el costo de reconstruir con estándares del pasado ante más inundaciones, vientos más intensos e incendios forestales más comunes. En 2015, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) lanzó una competencia nacional que, por primera vez, vinculó los fondos de recuperación con resultados de resiliencia, con exigencias de planeación por fases, diseño informado por el riesgo y restauración de ecosistemas. Ese estándar se institucionalizó con el componente de mitigación de CDBG-DR, de 15% de las asignaciones y elevado a 18% en la nueva legislación, y con programas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) como BRIC. Los estados enfrentan, sin embargo, demoras excesivas tras los desastres, escasez recurrente de fondos que obliga a priorizar necesidades urgentes y poca capacidad para justificar y cuantificar el retorno de los proyectos de mitigación.

    La nueva ley, la 21st Century ROAD to Housing Act, busca resolver parte de estos problemas. Al autorizar CDBG-DR por tres años, permite que HUD asigne fondos a las comunidades afectadas dentro de los 90 días siguientes a un desastre declarado por el presidente, frente a los 18 a 24 meses que tomaba el Congreso en aprobar asignaciones suplementarias. La norma exige a HUD definir las zonas propensas a amenazas y a los beneficiarios cumplir estándares de construcción y requisitos de compra de seguros en ellas; obliga a incluir la mitigación en las asignaciones y a planear actividades de reducción de riesgo como parte de la recuperación; permite construcción nueva de vivienda con estos fondos; y autoriza retener una parte de los recursos remanentes para preparar al personal antes del desastre y planear la mitigación de largo plazo. Los beneficiarios pueden usar estos recursos para invertir en datos y planeación confiables, estrategias de participación que atraigan otras fuentes de financiamiento, análisis de costo-beneficio rigurosos y monitoreo de desempeño.

    El análisis define cuatro prácticas de recuperación resiliente. La primera es la planeación y el diseño basados en datos: los planes de acción deben incorporar datos de riesgo científicos que consideren las condiciones futuras proyectadas y no solo los eventos pasados, lo que implica ir más allá de los mapas de inundación de FEMA, y varios estados invierten en medidores de ríos y quebradas para monitorear niveles en tiempo real. La segunda es la participación comunitaria significativa, que ya es un requisito de cumplimiento, con compromiso documentado con poblaciones vulnerables y ciclos de retroalimentación que moldeen el diseño de los programas. La tercera es el análisis de costo-beneficio riguroso, con metodologías aprobadas que resistan el escrutinio federal y demuestren retornos en reducción de riesgo, actividad económica y calidad ambiental. La cuarta es la medición de beneficios y resultados de múltiples dimensiones: los proyectos deben reducir la exposición a amenazas, mejorar la calidad y asequibilidad de la vivienda, estimular la economía y restaurar sistemas naturales, y HUD exige reportar medidas de desempeño de mitigación durante toda la vida de la subvención.

    La ejecución a este nivel exige con frecuencia capacidad técnica especializada: analistas de datos climáticos, especialistas en costo-beneficio, equipos de participación comunitaria, expertos en cumplimiento de subvenciones y arquitectos de medición de desempeño. Los casos citados incluyen un plan regional de recuperación de vivienda para 17 jurisdicciones de Hampton Roads, que se activó semanas después de su adopción tras un tornado, y el uso de 2,8 millones de dólares de fondos de mitigación para actualizar el mapeo de zonas inundables en Anchorage, Alaska. El documento le aporta al sector energético un marco de planeación de la resiliencia basado en datos de riesgo proyectados, evaluación económica de inversiones de mitigación, participación de las comunidades y seguimiento de resultados, aplicable a la protección de infraestructura de distribución y transmisión frente a eventos climáticos extremos.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.icf.com/insights/disaster-management/road-act-signals-cdbg-dr-best-practices

  • Océanos podrían aportar un tercio de reducciones climáticas necesarias

    Océanos podrían aportar un tercio de reducciones climáticas necesarias

    Las soluciones climáticas basadas en el océano podrían aportar más de un tercio de las reducciones anuales de emisiones necesarias en 2050 para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Además de reducir gases de efecto invernadero, estas acciones pueden generar empleo, proteger ecosistemas, mejorar seguridad alimentaria y fortalecer comunidades costeras. Cada dólar invertido en intervenciones prioritarias podría producir al menos cinco dólares en beneficios globales durante treinta años.

    La expansión de energías renovables marinas constituye una de las mayores oportunidades. La energía eólica offshore, la solar flotante y las tecnologías mareomotrices podrían evitar hasta 3,6 gigatoneladas de emisiones anuales en 2050. Los compromisos mundiales de eólica marina apuntan a 2.000 GW, capacidad suficiente para atender aproximadamente 1.500 millones de hogares al año.

    La descarbonización del transporte marítimo puede aportar hasta 2 gigatoneladas adicionales mediante eficiencia, optimización de rutas, reducción de velocidad y combustibles de bajas emisiones como hidrógeno y amoníaco. El sector transporta cerca del 80% del comercio internacional, por lo que sus decisiones tecnológicas tienen consecuencias globales.

    Los manglares, pastos marinos y marismas almacenan hasta cinco veces más carbono por unidad de superficie que los bosques tropicales. Su conservación también protege costas, pesca, turismo y calidad del agua. La alimentación marina sostenible puede reducir emisiones frente a fuentes terrestres intensivas y ampliar la oferta de proteínas mediante acuicultura responsable y recuperación pesquera.

    Otras posibilidades incluyen almacenamiento de carbono bajo el fondo marino, investigación sobre remoción oceánica, turismo costero limpio y reducción gradual de petróleo y gas offshore. Varias alternativas todavía requieren evaluación ambiental rigurosa antes de desplegarse masivamente.

    El principal obstáculo es financiero. Menos de 1% del financiamiento mundial para desarrollo se dirige al océano, pese a que se necesitan inversiones adicionales cercanas a US$1 billón antes de 2030. Para el sector energético, la economía oceánica ofrece capacidad renovable, nuevas cadenas industriales y soluciones de resiliencia, pero exige regulación estable, infraestructura portuaria, protección ambiental y participación efectiva de las comunidades costeras.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.wri.org/insights/ocean-based-climate-change-solutions

  • Asequibilidad energética comienza antes de llegar la factura

    Asequibilidad energética comienza antes de llegar la factura

    La asequibilidad energética no depende únicamente del valor mensual de la factura. También refleja cómo se planifica la infraestructura, cuándo se ejecutan las inversiones, quién asume los costos y qué herramientas reciben los consumidores para gestionar su consumo. Las decisiones adoptadas años antes de emitir una factura pueden determinar si los hogares acceden a servicios confiables sin sacrificar alimentación, comodidad, seguridad u otras necesidades básicas.

    Una encuesta realizada a 2.000 clientes residenciales muestra la dimensión del problema. El 67% manifestó preocupación moderada por su capacidad para pagar electricidad durante los siguientes doce meses, 50% experimentó dificultades de pago en el último año y 75% expresó frustración por los costos. Muchos clientes realizan ajustes en su estilo de vida, aunque no cumplen los requisitos de los programas tradicionales de asistencia.

    Las presiones provienen de infraestructura envejecida, cadenas de suministro costosas, electrificación y crecimiento de centros de datos. Estas nuevas cargas pueden mejorar la utilización del sistema y distribuir costos entre mayores ventas, pero también pueden exigir inversiones significativas. El resultado depende de la ubicación, velocidad de crecimiento y forma en que los costos sean asignados.

    El diseño tarifario constituye una decisión de asequibilidad. Un mismo aumento produce consecuencias diferentes para una instalación industrial y para un hogar que debe elegir entre energía, vivienda y alimentos. Reguladores y empresas necesitan analizar impactos por segmentos, desarrollar tarifas coherentes con el uso de la red y garantizar que las grandes cargas cubran las inversiones asociadas a su incorporación.

    La fragmentación de los programas también reduce eficacia. Un consumidor puede necesitar asistencia de pago, reparación de vivienda y eficiencia energética ofrecidas por entidades distintas, con reglas y solicitudes separadas. La coordinación con organizaciones comunitarias puede simplificar el acceso y dirigir recursos hacia quienes realmente los necesitan.

    Para las empresas energéticas, mejorar asequibilidad requiere integrar planeación, pronósticos, regulación, financiación y experiencia del cliente. La meta debe ser ofrecer servicios confiables con facturas manejables y razonablemente predecibles, equilibrando inversión, resiliencia y crecimiento económico sin ocultar cómo cada decisión modifica los resultados para diferentes grupos de consumidores.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.icf.com/insights/energy/affordability

  • Doce acciones buscan contener el aumento de tarifas eléctricas

    Doce acciones buscan contener el aumento de tarifas eléctricas

    Las tarifas eléctricas promedio en Estados Unidos aumentaron 29% entre 2020 y 2025, al pasar de 10,59 a 13,63 centavos por kilovatio-hora. Durante el mismo periodo crecieron las inversiones necesarias para reemplazar infraestructura envejecida, atender nuevas cargas y fortalecer la resiliencia. El desafío consiste en modernizar el sistema sin trasladar costos innecesarios a hogares y empresas.

    La primera línea de acción consiste en ampliar eficiencia energética, gestión de demanda y flexibilidad. Estas medidas no eliminan la necesidad de nueva infraestructura, pero reducen presiones durante horas críticas. La estandarización de transformadores y otros equipos también puede disminuir costos, simplificar inventarios y acelerar entregas en cadenas de suministro sometidas a alta demanda.

    La regulación necesita alinear ingresos de las empresas con resultados como confiabilidad, uso eficiente del capital y reducción de costos. Las tarifas para centros de datos y otras cargas de gran escala deben reflejar las inversiones que provocan, evitando trasladarlas a consumidores existentes. Los proyectos digitales pueden superar cientos de megavatios y deben asumir una proporción adecuada de los costos de conexión y expansión.

    La política industrial también influye sobre las facturas. Los aranceles aplicados a acero, aluminio, cobre, madera y equipos aumentan directamente el costo de construir redes. Fortalecer la fabricación nacional puede reducir dependencia, pero requiere estabilidad regulatoria y coordinación con proveedores internacionales confiables.

    Otras acciones incluyen reformar mercados eléctricos, integrar eficiencia con políticas de vivienda, aprovechar mejor la infraestructura instalada y evaluar todas las alternativas antes de construir nuevos activos. La reconducción de líneas existentes, la planeación integrada y herramientas avanzadas de pronóstico pueden ampliar capacidad con menores plazos.

    Finalmente, las decisiones deben considerar el valor durante toda la vida útil y la volatilidad de las facturas, no solamente el costo inicial. Para las empresas energéticas, la asequibilidad exige actuar simultáneamente sobre tecnología, regulación, tarifas, manufactura y planificación. Ninguna medida aislada será suficiente frente al crecimiento de demanda, los riesgos climáticos y las restricciones de suministro.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.utilitydive.com/news/12-actions-tackle-energy-affordability-grid-forward/832673/

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Descripción del semáforo tecnológico

Los documentos se clasifican en varios colores tipo semáforo tecnológico que indican el nivel de implementación de la tecnología en el país

Tecnología en investigación que no ha sido estudiado o reglamentado por entidades del sector.

La tecnología se aplica de manera focal y se encuentra en estudio por parte de las entidades del sector.

La tecnología se aplica de manera escalable y se encuentran políticas y regulaciones focales establecidas.

La tecnología se aplica a través de servicios  y se encuentran políticas y regulaciones transversales establecidas.

La tecnología se aplica de manera generalizada  y se tiene un despliegue masivo de esta.

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