El mantenimiento manual de líneas vivas en redes de distribución de 10 kV expone a los operarios a riesgos de choque eléctrico, arco voltaico y radiación electromagnética, además de limitar la eficiencia operativa por la necesidad de ajustes constantes de posición. Desde finales del siglo pasado, países como Japón, Canadá y China han desarrollado robots de operación en tensión que evolucionaron en tres generaciones: equipos sin sensores visuales auxiliares dependientes de la observación directa, sistemas maestro-esclavo con sensores de posicionamiento y, más recientemente, manipuladores hidráulicos de 6 grados de libertad. Pese a estos avances, la mayoría de los prototipos permanece en fase de validación de laboratorio, limitada por dos cuellos de botella: la falta de esquemas maduros de bloqueo ante errores de operación y aislamiento integral, y la baja eficiencia derivada del reemplazo frecuente de herramientas y del ajuste manual previo de la posición del vehículo antes de iniciar la captura de datos. 
 
Para responder a estas limitaciones, se construyó una plataforma robótica de 20 grados de libertad montada sobre un vehículo tipo araña con orugas y aislamiento total, equipado con brazos telescópicos, una unidad de elevación vertical independiente y dos manipuladores insulados de 6 grados de libertad. El sistema completo se organiza en cuatro módulos: una estación maestra con manipuladores de retroalimentación de fuerza y visor de mixed reality (MR); una estación esclava terrestre que ejecuta las órdenes de movimiento; un módulo de percepción multimodal que combina LiDAR Livox Mid70 y cámara binocular ZED 2i para extraer características de conductores y herrajes; y un dron de apoyo que aporta una vista aérea para inspección previa, seguimiento durante la tarea y verificación posterior. Los rieles de elevación independientes, con un recorrido individual de 1,3 m, permiten un rango vertical combinado superior a 2,6 m, suficiente para completar en un solo posicionamiento la conexión trifásica sin reubicaciones repetidas del vehículo. 
 
La propuesta central del trabajo es un marco de seguridad de cuatro dimensiones que integra protección de aislamiento por capas, con umbrales de ruptura superiores a 30 kV y ensayos de tercero certificados a 45 kV durante un minuto sin fuga relevante de corriente; comunicación WiFi6 dual de 2,4 y 5 GHz con protocolo de enlace por handshake cada 2,5 segundos que bloquea el manipulador ante pérdida de señal; restricción de riesgo en la interacción humano-robot mediante fusión de datos LiDAR e infrarrojo bajo ROS con verificación previa de trayectoria; y supervisión de proceso apoyada en inspección aérea antes, durante y después de la intervención. A esto se suma un esquema de retroalimentación visual de fuerza dentro del visor MR, con barras de color codificadas por intensidad de contacto que siguen al extremo operativo del manipulador, reduciendo así el desplazamiento de la mirada del operador entre el objetivo y los indicadores. 
 
Los ensayos de campo, realizados en una base de entrenamiento certificada en Guangzhou con operadores calificados, arrojaron una latencia promedio de video de 98 ms y de señal de control de apenas 12 ms, junto con un error máximo de posicionamiento de 4,4 mm frente a un límite admisible de ±10 mm para trabajos en tensión de 10 kV. El tiempo promedio de operación del sistema robótico se ubicó cerca de 1,74 horas, por debajo del promedio manual documentado de referencia de 2,25 horas, aunque los autores advierten que esta comparación no constituye evidencia estadística rigurosa por las diferencias en las condiciones de prueba. Adicionalmente, la incorporación de retroalimentación visual de fuerza elevó la tasa de éxito en tareas de sujeción y pelado de cable, pasando de un rango de 40 a 50% a 18 de 20 intentos exitosos entre operadores novatos. Estos resultados posicionan al desarrollo como una referencia técnica útil para empresas de energía que evalúan alternativas de automatización robótica orientadas a reducir la exposición de personal en labores de mantenimiento en tensión sobre redes de distribución. 

Para leer más ingrese a:

https://www.mdpi.com/1424-8220/26/14/4535 
https://www.mdpi.com/1424-8220/26/14/4535/pdf?version=1784275251 

El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI, por sus siglas en inglés) 2026, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, representa la cuarta edición basada en la metodología aprobada por los Estados miembros en 2023, la cual estará vigente hasta el próximo ciclo de revisión que comenzará en 2027. El propósito central del índice es medir el avance de los países hacia lo que la UIT denomina conectividad universal y significativa, entendida como la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a internet en condiciones óptimas, a un costo asequible, en cualquier momento y lugar. Para lograrlo, el índice combina diez indicadores distribuidos en dos pilares: la conectividad universal, que abarca el uso de internet por parte de individuos y hogares junto con las suscripciones de banda ancha móvil, y la conectividad significativa, que reúne aspectos de infraestructura, tráfico de datos y asequibilidad de los servicios. 

Los resultados de la edición 2026 confirman patrones observados en años anteriores. Con un puntaje promedio global de 79 sobre 100 para las 159 economías analizadas, el mundo ha avanzado de manera sustancial hacia la conectividad universal y significativa, aunque las disparidades siguen siendo pronunciadas. La brecha entre el país con el puntaje más bajo (25) y el más alto (100) alcanza los 75 puntos, mientras que existe una correlación fuerte entre el nivel de desarrollo digital y el ingreso económico: las economías de bajo ingreso promedian apenas 42 puntos, frente a 69 en las de ingreso medio-bajo, 83 en las de ingreso medio-alto y 93 en las de alto ingreso. Europa y la Comunidad de Estados Independientes se destacan como las regiones con mejor desempeño y mayor homogeneidad interna, mientras que África registra el promedio regional más bajo, con apenas 59 puntos, aunque también exhibe el mayor progreso relativo desde 2023, con una mejora de 9 puntos. 

Un hallazgo particularmente relevante para la formulación de políticas públicas es la diferencia en el ritmo de avance entre los dos pilares del índice. El pilar de conectividad significativa, cuyo desempeño depende en gran medida del despliegue de infraestructura por parte de los operadores, ha mostrado mejoras más rápidas que el pilar de conectividad universal, que refleja el comportamiento y la adopción efectiva por parte de los consumidores. Esto sugiere que, pese a que la infraestructura de cobertura móvil sigue expandiéndose a buen ritmo, persisten barreras de uso relacionadas con las habilidades digitales, la confianza y la percepción de valor del internet, factores que el índice reconoce no poder capturar plenamente por limitaciones en la disponibilidad de datos comparables internacionalmente. 

El informe concluye con un llamado a fortalecer las capacidades estadísticas nacionales, señalando con preocupación que la cobertura del índice se redujo de 169 economías en 2023 a 159 en 2026, como consecuencia del deterioro en la disponibilidad de datos oficiales sobre tecnologías de la información y las comunicaciones. Este llamado cobra especial relevancia para países en desarrollo, incluyendo a Colombia, en la medida en que la calidad de la información estadística resulta indispensable para diseñar intervenciones de política pública dirigidas a cerrar brechas de acceso y uso, y para dimensionar con precisión el terreno sobre el cual se construyen las estrategias de digitalización que hoy transforman sectores como el energético. 

Para leer más ingrese a:

https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/idi2026/ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICT_MDD-2026-PDF-E.pdf 

El estudio Cloud & AI, encargado por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnologías de la Comisión Europea, responde a una preocupación creciente en el bloque comunitario: la computación en la nube y la inteligencia artificial se han vuelto elementos centrales para la economía europea, la prestación de servicios públicos y la resiliencia tecnológica de la Unión, al tiempo que persiste una brecha significativa frente a otras potencias digitales. Estudios paralelos citados en el contexto del análisis señalan que, pese a contar con un producto interno bruto comparable, Europa dispone de apenas la mitad de la capacidad de centros de datos que Estados Unidos, mientras que tres proveedores no europeos concentran más del 70% del mercado de servicios en la nube del continente. Este desequilibrio motivó a la Comisión a anunciar su intención de preparar una Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, orientada a ampliar la capacidad de cómputo disponible en los Estados miembros y mejorar el acceso al llamado «capital computacional», especialmente para pequeñas y medianas empresas innovadoras. 

Para sustentar esa iniciativa con evidencia empírica, el consorcio liderado por Technopolis Group, junto con Wavestone, Timelex, STL Partners, OpenForum Europe y Kapa Research, desarrolló un trabajo de campo extenso entre finales de 2025 y mediados de 2026. La investigación se concentró en cuantificar la capacidad existente y proyectada de cómputo en la nube, diferenciando entre infraestructura de propósito general y aquella optimizada específicamente para cargas de trabajo de IA, como el entrenamiento y la inferencia de modelos. Este ejercicio de cuantificación incluyó variables poco exploradas hasta ahora en los debates de política pública, como el consumo hídrico y energético asociado a los centros de datos y su efecto en la generación de empleo, tanto de forma directa como en cadenas de valor conexas. 

Más allá de las cifras de capacidad, el informe profundiza en los obstáculos estructurales que enfrentan los Estados miembros para expandir su infraestructura digital. Entre ellos destacan las barreras que dificultan la prestación transfronteriza de servicios en la nube, la lentitud y heterogeneidad de los procesos de permisos para construir nuevos centros de datos, y las limitaciones de las redes eléctricas para absorber la demanda energética creciente que trae consigo la expansión de la IA. También se examinan las prácticas de dependencia tecnológica, o lock-in, a lo largo de toda la cadena de cómputo de IA, un fenómeno que preocupa particularmente a los formuladores de política por su potencial de perpetuar la dependencia de proveedores externos. El estudio explora además las iniciativas públicas y privadas que facilitan el acceso a financiamiento para la expansión de centros de datos, así como los esfuerzos del sector público para adoptar principios de «dinero público, código público». 

El valor estratégico de este trabajo radica en que sus conclusiones no quedaron como un ejercicio meramente académico, sino que alimentaron directamente el documento de trabajo que acompaña la Evaluación de Impacto de la propuesta de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, adoptada por la Comisión el 3 de junio de 2026. Dicha ley plantea metas ambiciosas, como triplicar la capacidad de centros de datos de la Unión Europea en un plazo de cinco a siete años y garantizar que, para 2035, toda la infraestructura crítica esté alojada en centros de datos europeos. Para el sector energético colombiano, este informe resulta relevante en la medida en que anticipa el tipo de tensiones que enfrentarán los sistemas eléctricos ante la expansión acelerada de infraestructuras de cómputo intensivas en energía, un desafío que ya se discute en foros europeos y que probablemente marcará también la agenda regulatoria de otras regiones del mundo en los próximos años.  

Para leer más ingrese a:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/20ebcf22-9787-11f1-9262-01aa75ed71a1/language-en

La economía móvil de Asia Pacífico atraviesa una etapa de transformación en la que la conectividad deja de ser el fin último para convertirse en la plataforma que sostiene la inteligencia artificial, la confianza digital y la resiliencia de las infraestructuras críticas. En 2025, el sector móvil aportó un billón de dólares a la economía regional, cifra que se proyecta crecer a una tasa anual compuesta del 6,1% hasta alcanzar 1,4 billones en 2030, superando el ritmo de expansión del PIB regional. Este impulso se sostiene en casi 2,7 mil millones de conexiones y 1,8 mil millones de usuarios únicos de internet móvil, equivalentes a más del 60% de la población, además de haber sustentado cerca de 18 millones de empleos directos e indirectos durante el año. 
 
Uno de los ejes centrales del análisis es la manera en que los operadores están reconfigurando su papel frente al despliegue de redes 5G y el auge de la inteligencia artificial. En lugar de limitarse a vender conectividad, las compañías están asegurando infraestructura apta para IA, desarrollando capas de orquestación que permiten programar el cómputo distribuido y empaquetando aplicaciones de IA para uso empresarial. Casos como los de SoftBank, SK Telecom o Singtelilustran cómo la inversión en centros de datos, cloud soberano y modelos de lenguaje locales está dando forma a ecosistemas de IA soberana, en un contexto donde la demanda energética de estos centros podría aumentar 165% para 2030 según estimaciones citadas en el informe. 
 
La confianza digital también ocupa un lugar destacado, en la medida en que el porcentaje de consumidores que reportaron haber sido víctimas de estafas pasó del 31% en 2024 al 45% en 2025. Frente a este panorama, los operadores están migrando de una postura reactiva hacia la prevención por diseño, incorporando IA para detectar patrones de fraude, voz clonada y mensajes de phishing en tiempo real, además de establecer alianzas de colaboración transfronteriza para enfrentar cadenas de fraude cada vez más sofisticadas. 
 
Por otra parte, la resiliencia de red se posiciona como un asunto estratégico ante un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, fragmentación de cadenas de suministro tecnológico y presiones sobre los sistemas energéticos. El documento describe cómo operadores en Japón, Filipinas y otros mercados están diversificando fuentes de energía, adoptando arquitecturas Open RAN para reducir la dependencia de proveedores únicos y desplegando conectividad híbrida satelital para zonas remotas o afectadas por desastres naturales. El informe ofrece además un conjunto de recomendaciones de política pública orientadas a cerrar la brecha de uso de internet móvil, optimizar la gestión del espectro para las próximas generaciones de tecnología y fortalecer la colaboración entre gobiernos, industria y sociedad civil como condición para sostener el crecimiento digital de la región en la próxima década. 

Para leer más ingrese a:

https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/asiapacific/ 

https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/wp-content/uploads/2026/08/The-Mobile-Economy-Asia-Pacific-2026.pdf 

Cerrar la brecha digital en zonas rurales y comunidades aisladas exige, cada vez más, decisiones regulatorias precisas sobre cómo integrar la tecnología satelital dentro de estrategias nacionales de conectividad. Ese es el eje central de este informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que examina en detalle las experiencias de cinco mercados emergentes (Brasil, Indonesia, Kenia, Nigeria y Sudáfrica) para entender qué combinaciones de política pública, regulación y financiamiento han permitido avanzar hacia una conectividad satelital más asequible y sostenible. 
 
El análisis documenta cómo la llegada de constelaciones de órbita baja ha transformado radicalmente estos mercados, antes dominados casi exclusivamente por satélites geoestacionarios. En Brasil, por ejemplo, el operador de constelación baja se convirtió en el mayor proveedor de banda ancha satelital para consumidores individuales en apenas dos años, superando a proveedores tradicionales que llevaban casi una década en el mercado. En Indonesia, el gobierno impulsó su propio satélite geoestacionario de gran capacidad mediante una alianza público-privada respaldada por financiamiento multilateral, logrando reducir el precio de la capacidad satelital muy por debajo de los estándares internacionales para tecnologías de alto rendimiento. Kenia, por su parte, ilustra un caso de crecimiento acelerado del sector privado, donde la llegada de una constelación de órbita baja generó un incremento superior al 150% en la capacidad satelital utilizada en apenas un año, obligando al regulador a revisar sus marcos de licenciamiento y tarifas. 
 
Más allá de las cifras de mercado, el informe identifica cuatro barreras estructurales comunes a los cinco países: la asequibilidad de los servicios y equipos, que sigue representando una proporción considerable del ingreso promedio en zonas rurales; las preocupaciones sobre soberanía digital derivadas de la creciente dependencia de operadores extranjeros dominantes; las brechas de infraestructura eléctrica que limitan la operación de terminales satelitales en regiones remotas; y la escasez de capacidad técnica local para gestionar y mantener sistemas satelitales complejos. Frente a estos desafíos, el documento resalta el papel decisivo de las alianzas público-privadas, como la establecida entre el operador estatal brasileño y compañías satelitales internacionales para conectar más de 12.000 instalaciones públicas, o el modelo indonesio que combina financiamiento gubernamental con la experiencia técnica de operadores privados bajo esquemas de concesión de largo plazo. 
 
El informe también subraya que ninguna solución tecnológica funciona de manera aislada: los planes nacionales más exitosos, como el Plan Maestro Digital de Kenia o la política de conectividad de Sudáfrica, integran la tecnología satelital dentro de estrategias híbridas que combinan fibra óptica, redes móviles y conectividad inalámbrica según las condiciones geográficas de cada zona. Las reformas regulatorias orientadas a agilizar el licenciamiento, actualizar los marcos normativos para constelaciones emergentes y permitir modelos de negocio innovadores aparecen, de forma consistente, como condición habilitante para que la inversión privada complemente los esfuerzos públicos. Para profesionales del sector energético colombiano interesados en infraestructura de telecomunicaciones para zonas no interconectadas, el informe ofrece referencias concretas sobre modelos de financiamiento combinado, fondos de servicio universal y marcos regulatorios flexibles que podrían adaptarse a las necesidades de conectividad de zonas rurales y aisladas en Colombia, particularmente en su interacción con la electrificación y la energía distribuida. 

Para leer más ingrese a:

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-GLOBAL_REP-2026-PDF-E.pdf

La inteligencia artificial se ha vuelto parte estructural de las redes celulares actuales, y no solo como una herramienta auxiliar de análisis. Bajo el paradigma O-RAN (Open Radio Access Network), el Controlador de Inteligencia de Radio, conocido como RIC, utiliza algoritmos de aprendizaje automático para optimizar funciones críticas de la red en tiempo real: la asignación de recursos de radio, el balanceo de carga entre celdas y la gestión de la eficiencia energética del sistema. Este artículo, elaborado por un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga y de la empresa The Laude Technology Company, parte de una constatación incómoda: la misma dependencia de datos que hace posibles estas optimizaciones también abre una superficie de ataque que hasta ahora ha recibido menos atención de la que merece desde la perspectiva energética. 
 
El razonamiento central del trabajo se desarrolla en dos etapas. Primero, los autores reconocen que actores malintencionados pueden manipular las propiedades de los datos que alimentan estos modelos para inducir un desempeño degradado o directamente erróneo en las funciones de la red, un fenómeno bien documentado en la literatura de aprendizaje automático adversarial. Segundo, y este es el aporte distintivo del estudio, señalan que las estrategias de mitigación desarrolladas para defenderse de estos ataques, aunque efectivas, no son gratuitas: exigen una carga computacional adicional que se traduce en un consumo energético que rara vez se contabiliza, incluso en un momento en que la industria de telecomunicaciones presta cada vez más atención a su huella energética. 
 
Para sustentar este argumento, el equipo caracteriza empíricamente el consumo energético asociado a la aplicación de una técnica de defensa específica frente a ataques sobre los modelos de aprendizaje automático que operan dentro del RIC. Este ejercicio de caracterización busca hacer visible un costo que las evaluaciones de seguridad convencionales tienden a dejar fuera de sus métricas, centradas casi exclusivamente en la efectividad de la defensa frente al ataque, sin considerar el gasto energético que dicha defensa implica en la práctica. 
 
La conclusión que se desprende de este ejercicio no es meramente técnica sino también estratégica para quienes diseñan y operan redes celulares: existe una tensión de tres vías, difícil de resolver de manera simultánea, entre la precisión de los modelos de inteligencia artificial, su robustez frente a manipulaciones adversariales y su eficiencia energética. Reforzar cualquiera de estos tres atributos tiende a comprometer alguno de los otros dos, lo que obliga a operadores y fabricantes de equipos a tomar decisiones explícitas de compromiso en lugar de asumir que la seguridad se puede añadir sin costo energético adicional. Para profesionales del sector energético colombiano involucrados en telecomunicaciones, redes inteligentes o infraestructura crítica que incorpora inteligencia artificial, el estudio ofrece un llamado de atención relevante: la ciberseguridad de los sistemas digitales que soportan la operación de infraestructuras críticas, incluidas las redes eléctricas inteligentes, no puede evaluarse únicamente en términos de eficacia frente a amenazas, sino que debe incorporar también su costo energético como una variable de diseño de primer orden. 

Para leer más ingrese a:

https://arxiv.org/pdf/2608.12431v1

La transición energética depende cada vez más de la capacidad de los gobiernos y las industrias para medir, en tiempo casi real, cómo se mueven las cadenas de suministro de tecnologías limpias. Ese es el hilo conductor del informe elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, en colaboración con el grupo de expertos en investigación y desarrollo de la Agencia Internacional de Energía, que recoge las conclusiones de un taller realizado en noviembre de 2025 en Petten, Países Bajos, con participación de responsables de política pública, industria y academia. 
 
El documento parte de una premisa clara: sin datos de calidad, granulares y oportunos, no es posible diseñar política pública basada en evidencia para un mercado de tecnologías limpias que se acerca a un billón de dólares anuales en movimiento. Frente a esa necesidad, el informe documenta un conjunto de metodologías digitales que están transformando el monitoreo de estas cadenas. Bruegel, un centro de análisis económico con sede en Bruselas, desarrolló un sistema que utiliza inteligencia artificial y un marco de grafos de conocimiento para leer miles de comunicados de prensa y noticias industriales no estructuradas, identificar automáticamente inversiones, ubicaciones de plantas y capacidades anunciadas, y vincular esa información entre sí. El sistema procesa cada texto varias veces para extraer identificadores únicos y complementa el análisis con imágenes satelitales que confirman si una planta anunciada realmente pasó de la fase de proyecto a la de construcción física. 
 
El JRC aplicó una lógica similar al mapeo de la cadena de suministro eólica, recurriendo a una fuente de datos poco explorada hasta ahora: los certificados internacionales de tipo que exige la Comisión Electrotécnica Internacional para validar la calidad de los modelos de turbinas, y que enumeran explícitamente a los proveedores de cada componente interno. Con esta técnica fue posible analizar certificados que cubren 38% de las instalaciones eólicas de la Unión Europea entre 2022 y 2025, revelando información granular sobre el origen real de piezas críticas, como los frenos de rotor, que rara vez se producen en Europa o China. Paralelamente, la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea describió cómo debió negociar la creación de doce nuevos códigos arancelarios específicos para tecnologías limpias, ya que los códigos existentes agrupaban de manera indiferenciada componentes tecnológicamente distintos, como paneles solares y sus celdas bajo un mismo código de producción. 
 
Estas herramientas digitales alimentan, a su vez, tableros de monitoreo como el desarrollado para el seguimiento de la Ley de Industria Net-Zero europea, que visualiza en tiempo real el estado de los proyectos de manufactura frente a la meta de cubrir 40% de la demanda interna con producción doméstica para 2030. El informe advierte, sin embargo, que la automatización tiene límites claros: la inteligencia artificial puede procesar los «trazos gruesos» de la información, pero la verificación humana sigue siendo indispensable para corregir errores, resolver inconsistencias y comunicar los resultados de manera comprensible a quienes toman decisiones. Esta misma tensión atraviesa el debate sobre estandarización internacional, ejemplificado en el desarrollo de la norma ISO 22366 sobre resiliencia energética, que busca ofrecer un lenguaje común para que gobiernos, entidades financieras y empresas evalúen de forma comparable la solidez de sus redes de suministro. Para profesionales del sector energético colombiano interesados en la aplicación de inteligencia artificial y herramientas digitales a la gestión de activos y cadenas de suministro, el informe ofrece ejemplos concretos y replicables sobre cómo transformar datos dispersos y no estructurados en información accionable para la toma de decisiones. 

Para leer más ingrese a:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC147825 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC147825/JRC147825_01.pdf