Después de dos décadas de avances sostenidos en la reducción de la pobreza, América Latina y el Caribe atraviesa un periodo de retroceso. Entre 2000 y 2019, la pobreza en la región se redujo del 45% al 28% de la población. A pesar de estos progresos, la situación de los hogares sigue siendo frágil. La pobreza crónica y la vulnerabilidad económica persisten, mientras que la pobreza transitoria se ha vuelto una preocupación creciente para una importante franja de la población, especialmente para los trabajadores informales y la clase media emergente. La pandemia demostró esta fragilidad, al empujar a 20 millones de personas a la pobreza extrema en tan solo un año, lo que generó un retroceso de 13 años en la lucha contra la pobreza. En este contexto de fragilidad, el cambio climático representa una amenaza adicional para los hogares pobres y vulnerables de la región. El cambio climático se refiere a las modificaciones a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Desde el siglo XIX, el aumento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas con las actividades humanas ha sido el motor principal de este fenómeno. En la actualidad, la temperatura de la Tierra es 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX y las proyecciones prevén una agravación de esta tendencia. Este nuevo escenario climático genera nuevas amenazas para el bienestar de los hogares pobres y vulnerables de la región y se estima que, en ausencia de una respuesta adecuada, el cambio climático podría dejar a 5,8 millones de personas adicionales en la pobreza para el 2030. Esta nota tiene como objetivo identificar los principales desafíos que el cambio climático genera para la reducción de la pobreza en la región y el rol que la protección social puede jugar en este contexto.

El informe identifica las principales amenazas derivadas del cambio climático y las posibles opciones de políticas para enfrentarlas. Los fenómenos directamente asociados con el cambio climático, como el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos y los desastres y la degradación acelerada de los ecosistemas, tendrán consecuencias cada vez más profundas para los activos, los medios de vida y las fuentes de ingreso de los hogares. A su vez, las medidas de descarbonización necesarias para frenar el avance del cambio climático también pueden afectar el bienestar de los hogares a través, por ejemplo, del aumento en los precios de bienes y servicios generado por la supresión de subsidios energéticos o la eliminación de fuentes de ingresos que puede resultar de la reconversión de industrias contaminantes. Más allá de los efectos negativos de corto plazo en los medios de vida de los hogares pobres y vulnerables, estas tres amenazas pueden también generar efectos negativos de mediano y largo plazo, en especial si, para afrontarlas, los hogares toman decisiones y acciones que perjudican su bienestar futuro. En este contexto, los sistemas de protección social pueden jugar un papel importante en los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Esta nota se centra en el rol de las transferencias monetarias no contributivas para dar apoyo a los hogares pobres y vulnerables expuestos a las nuevas amenazas climáticas. Se analiza también el rol que pueden tener los instrumentos de protección social contributiva, como los seguros de des- empleo y las pensiones, en especial para compensar los efectos adversos de las medidas de descarbonización. Frente a los eventos climáticos extremos y los desastres, las transferencias monetarias permiten apoyar los ingresos, el consumo y los medios de vida de los hogares pobres y tienen el potencial de apoyar su resiliencia. Frente a la degradación de los ecosistemas, las transferencias monetarias pueden contribuir a incentivar comportamientos y acciones más respetuosas con el medioambiente a la vez que contribuyen a la reducción de la pobreza en las áreas de intervención. Frente a los efectos adversos de las medidas de descarbonización, las transferencias monetarias, los seguros de desempleo y las pensiones pueden contribuir a apoyar los ingresos y el consumo de los hogares afectados, contribuyendo a que el camino hacia economías de cero emisiones netas sea más justo y equitativo.

Los eventos climáticos extremos y los desastres están aumentando en frecuencia e intensidad, lo que está afectando desproporcionadamente a los grupos más pobres y vulnerables en toda la región. Además, la degradación acelerada de los ecosistemas terrestres, marinos y costeros pone en peligro los medios de vida de millones de personas. Finalmente, las políticas de mitigación necesarias para contener el avance del cambio climático, como, por ejemplo, la eliminación de subsidios energéticos y la reconversión de industrias contaminantes, pueden afectar los niveles de ingreso y de consumo de los hogares. En este documento, se analizan las principales contribuciones que los sistemas de protección social pueden tener en la agenda climática, y las principales brechas y desafíos que deberán superar para responder adecuadamente a estas nuevas amenazas.

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https://publications.iadb.org/es/proteccion-social-y-cambio-climatico-como-proteger-los-hogares-mas-vulnerables-frente-las-nuevas

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Proteccion-social-y-cambio-climatico-como-proteger-a-los-hogares-mas-vulnerables-frente-a-las-nuevas-amenazas-climaticas.pdf

El proyecto piloto Mapas de riesgos a inversiones resilientes contribuye al esfuerzo que los bancos nacionales de desarrollo (BND) de la región de América Latina y el Caribe (ALC) vienen haciendo para cumplir con su mandato de apoyar la economía nacional en el contexto del cambio climático y de sus potenciales impactos sobre sectores económicos esenciales para el desarrollo de los países. Entender mejor cómo los impactos del cambio climático pueden afectar sus carteras de crédito es primordial para tomar las medidas adecuadas que aumentan la resiliencia climática de sus inversiones y reducen la vulnerabilidad de sus propios prestatarios. Los bancos nacionales de desarrollo (BND) de América Latina y el Caribe (ALC) tienen un rol crucial en el desarrollo de un mercado financiero sostenible, inclusivo y resiliente a los choques y amenazas, como el impacto del cambio climático. Estas instituciones se encuentran en una posición única para canalizar el financiamiento a la economía real y conseguir avances alineados con los objetivos de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), debido que sus trabajos con bancos de primer y segundo piso crean un efecto multiplicador en el sector financiero. Esta publicación pretende apoyar y guiar la carrera que afrontan los BND en su transición a un modelo de negocio resiliente al cambio climático y permite identificar algunos de los desafíos que se presentan en su camino para lograr un cambio permanente de sus inversiones, buscando aquellas con alto potencial de beneficios de resiliencia climática y, por ende, con impactos socioeconómicos y ambientales positivos. Los BND requieren nuevos procesos y herramientas para la generación de inversiones y la gestión de carteras y riesgos, así como para el desarrollo de métricas e indicadores para medir y comunicar sus impactos y desempeño en sostenibilidad.

Entender con precisión qué son los riesgos climáticos físicos y cómo repercuten en la operatividad de una institución es necesario para lograr esta transición. Los riesgos climáticos físicos ya están presentes y afectan a la gran mayoría de las comunidades en la región de ALC. Típicamente, para lograr exitosas inversiones en resiliencia se requiere un proceso de identificación de varios factores. Primero, establecer cuáles son las amenazas climáticas relevantes que afectan a los clientes de los BND en sus contextos geográficos y sectoriales; luego, una comprensión de sus vulnerabilidades e impactos financieros. Finalmente, este análisis permite detectar las soluciones tecnológicas o procesos que apoyan la reducción de los impactos identificados y generan capacidad de adaptación cuando ocurren. Los BND operan frecuentemente en contextos con información muy limitada, especialmente cuando por mandato sirven a pequeñas y medianas empresas (pymes) o a clientes rurales, con quienes establecer estos procesos de análisis e inversión es extremamente desafiante. Este trabajo piloto permitió desarrollar lecciones aprendidas que se pueden compartir con otros BND de ALC, especialmente en cuanto a la factibilidad y los desafíos de generar análisis de riegos a nivel de la cartera y de manejar escenarios climáticos futuros, y respecto a cómo conectar la fase de análisis con la identificación de oportunidades de inversiones resilientes y la integración de los elementos climáticos en los productos financieros de los bancos. Finalmente, el proyecto piloto se ha desarrollado en estrecha colaboración entre el equipo técnico y los bancos de desarrollo, por lo que es importante resaltar algunos comentarios de los bancos para explicitar su propia perspectiva sobre el proyecto y su utilidad.

Este informe provee un resumen metodológico e ilustrado de una iniciativa innovadora que pretende combinar un análisis del riesgo climático físico a nivel de la cartera en el contexto de los BND en América Latina, a través de la generación de opciones de inversiones resilientes que podrían reducir la vulnerabilidad climática de los prestatarios y mejorar el perfil de riesgo de los mismos bancos. El trabajo presentado se enfoca en riesgos climáticos físicos, que son aquellos derivados de los riesgos crónicos, producto de los cambios incrementales del clima (como el aumento de la temperatura y las variaciones en los patrones de lluvia) y de los riesgos agudos que resultan del aumento de la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, tales como las sequías, las inundaciones o los huracanes . Se diferencian de los llamados riesgos de transición, que son generados por los cambios que conlleva el pasaje de los agentes económicos a una economía descarbonizada o baja en carbono. El informe analiza cómo los bancos nacionales de desarrollo en estos países están utilizando mapas de riesgos climáticos para identificar áreas vulnerables y, a partir de esta información, están promoviendo inversiones que fortalezcan la resiliencia ante eventos climáticos extremos. En esencia, el informe destaca cómo la identificación y mitigación de riesgos climáticos se están convirtiendo en un enfoque estratégico para la inversión y el desarrollo sostenible en estas naciones.

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https://publications.iadb.org/es/invirtiendo-en-resiliencia-climatica-de-mapas-de-riesgos-climaticos-fisicos-heatmapping

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Invirtiendo-en-resiliencia-climatica-de-mapas-de-riesgos-climaticos-fisicos-heatmapping-a-oportunidades-de-inversion-en-resiliencia-ejemplos-de-bancos-nacionales-de-desarrollo-que-actuan-en-Brasil-y-en-Mexico.pdf

Los objetivos climáticos de EE.UU. para conseguir emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en toda la economía para 2050 requerirán una rápida descarbonización de la flota de vehículos ligeros , y los vehículos eléctricos enchufables (PEV) están a punto de convertirse en la tecnología preferida para lograr este fin (Departamento de Energía de EE.UU. 2023). La velocidad de esta transición prevista hacia los PEV queda patente en las medidas adoptadas por el gobierno y la industria privada, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. A principios de 2023, las nuevas ventas de vehículos eléctricos eléctricos han alcanzado entre el 7% y el 10% del mercado estadounidense de vehículos ligeros. A nivel mundial, las ventas de PEV representaron el 14% del mercado de vehículos ligeros en 2022, con China y Europa con el 29% y el 21%, respectivamente. Una orden ejecutiva de 2021 establece como objetivo que el 50% de las ventas de turismos y camiones ligeros de EE.UU. sean vehículos de emisiones cero (VEZ) para 2030, y California ha establecido requisitos para que el 100% de las ventas de vehículos ligeros sean VEZ para 2035, y muchos estados están adoptando o considerando normativas similares. Estos objetivos se establecieron antes de la aprobación de la histórica Ley Bipartidista de Infraestructuras de EE.UU. y la Ley de Reducción de la Inflación, que proporcionan un apoyo político sustancial a través de créditos fiscales y subvenciones a la inversión. Las empresas de la industria automovilística se han comprometido con esta transición, y la mayoría de ellas han ampliado rápidamente su oferta y muchas se han comprometido a convertirse en fabricantes exclusivamente de vehículos VEZ. Según lo establecido por la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, también conocida como la Ley Bipartidista de Infraestructuras, la Oficina Conjunta de Energía y Transporte (Oficina Conjunta) está estableciendo la visión de una red nacional de recarga que sea conveniente, asequible, confiable y equitativa para permitir un futuro en el que todo el mundo pueda viajar y conducir de forma eléctrica.  

Este análisis aprovecha el conjunto de herramientas de análisis de la infraestructura de vehículos eléctricos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables y los mejores datos reales disponibles que describen los patrones de adopción de PEV, la tecnología de los vehículos, el acceso residencial, los perfiles de viaje y el comportamiento de carga para estimar las necesidades futuras de carga. Se consideran múltiples casos de uso de carga de PEV, incluyendo las necesidades típicas para dar cabida a la conducción diaria para aquellos con y sin acceso residencial, la carga basada en corredores que apoyan los viajes de larga distancia por carretera, y la electrificación del transporte. Aunque el análisis es de ámbito nacional, el marco de simulación permite la inspección de los resultados por estado y ciudad, con un análisis de sensibilidad paramétrica utilizado para probar una serie de supuestos. Aunque este análisis presenta una evaluación basada en las necesidades en la que la infraestructura de recarga se pone en marcha simultáneamente al crecimiento de la flota de vehículos, es probable que la infraestructura de recarga real sea necesaria antes de que se materialice la demanda de recarga. La posición de que la inversión en infraestructuras debería «liderar» el despliegue de vehículos se basa en el entendimiento de que muchos conductores necesitarán ver la disponibilidad de recarga en los lugares que frecuentan y a lo largo de las carreteras por las que viajan antes de confiar en la compra de un vehículo eléctrico. Por otro lado, la inversión en infraestructuras debe tener cuidado de no llevar el despliegue de vehículos hasta el punto de crear periodos prolongados de escasa utilización, poniendo así en peligro la viabilidad financiera de los operadores de infraestructuras. Estas consideraciones sugieren que el equilibrio entre la oferta y la demanda de recarga debe supervisarse de cerca a nivel local y que deben tomarse medidas para permitir el despliegue eficiente de la recarga. Este estudio lleva a reflexionar sobre cómo la planificación de la infraestructura de recarga se ha analizado a menudo con una pirámide, con la recarga en el hogar como base, la recarga rápida pública como la parte más pequeña de la red en la punta de la pirámide, y la recarga en destino fuera del hogar ocupando el centro de la pirámide. 

El informe analiza la necesidad de desarrollar una red nacional de carga para VE, considerando factores como el crecimiento proyectado de la flota de VE, los patrones de carga de los usuarios y la distribución geográfica de la demanda. Además, se examinan las implicaciones económicas y de planificación para el despliegue efectivo de esta infraestructura. El informe ofrece una visión integral sobre cómo preparar la infraestructura de carga para satisfacer las necesidades de una creciente base de usuarios de VE en Estados Unidos en la próxima década. En resumen, el informe se enfoca en evaluar y estimar la demanda de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en los Estados Unidos hasta el año 2030, lo que es esencial para apoyar la transición hacia una movilidad más sostenible y proporciona recomendaciones y orientación sobre cómo desarrollar una red de carga eficiente y escalable para satisfacer la demanda prevista de vehículos eléctricos. 

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https://www.nrel.gov/research/publications.html  

https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/85654.pdf