15 septiembre, 2026
Un análisis de DNV examina qué ocurriría si disputas sociales interrumpieran el suministro de litio y cobre de Chile, país que aporta cerca del 28 por ciento de la extracción mundial de litio y el 25 por ciento de la de cobre. En el Salar de Atacama, la extracción de estos minerales representa más del 65 por ciento del uso local de agua, lo que ha generado tensiones con comunidades vecinas por sobreexplotación y contaminación de fuentes de agua dulce, además de límites más estrictos a las operaciones mineras.
El modelo plantea dos escenarios entre 2026 y 2035: un incremento del 28 por ciento en el costo de capital de las baterías, que baja gradualmente a un 5 por ciento por encima del nivel base hacia 2040, y otro que añade un retraso de dos años en los proyectos de almacenamiento a escala de red. En ambos casos, la generación y demanda eléctrica global caen alrededor de un 5 por ciento frente al escenario base, mientras la generación renovable retrocede casi el doble, brecha que cubren en su mayoría los combustibles fósiles, con un alza cercana al 10 por ciento en la generación fósil global. El impacto no es uniforme: la capacidad instalada de almacenamiento en América Latina podría caer entre un tercio y hasta un 69 por ciento según el escenario, muy por encima del promedio global de 10 a 17 por ciento, una paradoja porque la región alberga a Chile, principal proveedor de las materias primas que sostienen la fabricación de esas baterías.
Para directivos de tecnología en energía, el análisis subraya que la resiliencia de la cadena de minerales críticos condiciona el ritmo de electrificación, el despliegue de almacenamiento y la adopción de vehículos eléctricos, por lo que gestionar riesgos de abastecimiento de litio y cobre debería incorporarse a la planificación estratégica, junto con la diversificación de proveedores y el desarrollo de químicas de batería alternativas.
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