Desde la adopción de la Recomendación del Consejo sobre la garantía de una transición justa hacia la neutralidad climática en 2022, la Unión Europea ha buscado que la descarbonización de su economía no profundice las desigualdades existentes entre trabajadores, sectores y regiones. Este instrumento forma parte del paquete Fit for 55 y complementa al Fondo de Transición Justa y al nuevo Fondo Social para el Clima, orientando a los Estados miembros hacia políticas activas de empleo, formación, fiscalidad y acceso a servicios esenciales que protejan a las poblaciones más expuestas al cambio estructural del sistema energético. El documento aquí analizado corresponde a la segunda revisión de avances de dicha Recomendación, la primera de carácter integral, realizada por la Comisión Europea entre mayo y junio de 2025 con la participación de los veintisiete Estados miembros.

La metodología combinó un cuestionario de autoevaluación enviado a los gobiernos nacionales con audiencias específicas dirigidas a organizaciones de la sociedad civil y a interlocutores sociales. La autoevaluación contabilizó más de 500 medidas nuevas reportadas desde 2023, repartidas en cuatro paquetes temáticos: apoyo al empleo de calidad y a las transiciones laborales justas, educación y formación continua, equidad de los sistemas tributarios y de protección social, y acceso a servicios esenciales y vivienda. El paquete de empleo concentró el mayor número de iniciativas, con 216 medidas, seguido de educación y competencias con 122, acceso a servicios esenciales con 100 y fiscalidad y protección social con 87. El texto advierte, sin embargo, que el número de medidas reportadas no equivale a una evaluación de su calidad, cobertura o impacto real, y que persisten limitaciones metodológicas para comparar el esfuerzo entre países.

Las consultas con actores sociales aportan matices importantes al panorama cuantitativo. Las organizaciones de sociedad civil señalan un conocimiento limitado de la Recomendación entre autoridades locales, capacidades analíticas desiguales para medir impactos socioeconómicos y vacíos persistentes en datos desagregados sobre grupos vulnerables, migrantes y hogares de bajos ingresos. Los interlocutores sociales, tanto empleadores como sindicatos, coinciden en respaldar el establecimiento del futuro Observatorio Europeo de Transición Justa, aunque discrepan sobre la necesidad de un marco legal vinculante: mientras las organizaciones sindicales piden una directiva europea sobre transición justa en el mundo del trabajo, los empleadores prefieren fortalecer la implementación de los instrumentos ya existentes y reducir la carga regulatoria.

Entre las políticas específicas revisadas figuran los servicios públicos de empleo, activos en veintidós países a través de programas de recualificación dirigidos a trabajadores en riesgo por el cierre de actividades intensivas en carbono; los incentivos a la contratación y transición laboral, presentes en trece países, como el esquema estonio para trabajadores de la industria del esquisto bituminoso; y el fomento del emprendimiento en la economía social, adoptado por dieciséis países. También se documentan avances desiguales en seguridad y salud ocupacional frente a olas de calor y eventos climáticos extremos, así como reformas fiscales orientadas a trasladar la carga tributaria del trabajo hacia el consumo de recursos ambientales. Casos como el plan francés de inversión en competencias, la estrategia irlandesa de habilidades verdes o la reforma fiscal neerlandesa ilustran la variedad de enfoques nacionales disponibles. Para profesionales colombianos del sector energético que participan en el diseño de políticas de transición justa, formación técnica o protección social vinculada a la electrificación y la descarbonización, este informe ofrece un catálogo comparado de instrumentos de política pública europea, con indicadores de seguimiento y ejemplos replicables sobre cómo articular el empleo, la fiscalidad y la protección social alrededor de una transición energética más equitativa.

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