Las zonas costeras de Madagascar sostienen a una amplia franja de comunidades rurales que dependen de la pesca artesanal, el manglar y los recursos marinos para su alimentación, sus ingresos y su bienestar. Con un litoral de más de 4.800 kilómetros, uno de los más extensos de África, y cerca de 270.000 hectáreas de bosques de manglar concentrados en la costa occidental, el país alberga ecosistemas que funcionan como zonas de cría para camarones, cangrejos y peces, además de actuar como barrera natural frente a tormentas y como reservorio de carbono azul. La adopción de la Estrategia Nacional de Economía Azul (SNEB) 2023-2033 marca un giro gubernamental hacia un enfoque más integral, articulado en cinco ejes que van desde la gobernanza marina hasta el fortalecimiento de infraestructura, energía renovable y resiliencia climática, con la aspiración de convertir la economía azul en un motor de empleo, innovación e integración regional. 
 
El diagnóstico revela una brecha considerable entre la ambición normativa y la implementación real. Las áreas marinas protegidas cubren apenas 1,35% del territorio marino y costero del país, muy por debajo de la meta de 30% fijada en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aunque las 22 áreas declaradas y más de 200 zonas de gestión marina local articuladas en la red MIHARI representan un punto de partida significativo. El estudio documenta casos concretos de manejo comunitario que combinan conocimiento científico y prácticas tradicionales: los cierres estacionales de la pesca de pulpo en el suroeste, la veda de langosta espinosa en Sainte Luce vinculada a los picos de desove y el proyecto de acuicultura de pepino de mar que hoy emplea a 140 personas y vincula a otros 300 pescadores locales. La industria de algas marinas, por su parte, beneficia a más de 3.000 hogares y emplea a un número creciente de mujeres, consolidándose como uno de los ejemplos más maduros de economía azul a escala comercial en el país. 
 
En el plano financiero, el panorama resulta más restrictivo. Entre 2012 y 2022 se ejecutaron 94 proyectos relacionados con cambio climático financiados externamente, con compromisos por 2.800 millones de dólares y desembolsos de 991 millones, lo que confirma la dependencia del país de la cooperación internacional para sostener sus inversiones en resiliencia costera. A esto se suma una barrera normativa central: el decreto que regula el acceso al mercado de carbono forestal atribuye al Estado la propiedad exclusiva de las reducciones de emisiones generadas en el país, lo que ha impedido que proyectos piloto de carbono azul emitan créditos y capturen ingresos, y ha limitado la participación de comunidades y del sector privado en este mercado emergente. Las percepciones de corrupción y la falta de transparencia regulatoria completan un cuadro que sigue disuadiendo la inversión extranjera directa, la cual pasó de representar 22% del PIB en 2010 a solo 10% en 2020. 
 
Frente a este panorama, el informe propone una hoja de ruta organizada en tres prioridades complementarias: impulsar soluciones basadas en la naturaleza mediante contabilidad de capital natural y proyectos demostrativos; abrir vías de mercado sostenibles que generen empleos de mejor calidad en pesquerías y maricultura, apoyadas en trazabilidad y estándares de calidad; y fortalecer la alfabetización en finanzas azules junto con mecanismos como bonos azules, canjes de deuda por naturaleza y créditos de biodiversidad. El documento incluye además una matriz de acción con horizontes de corto, mediano y largo plazo, así como un glosario de instrumentos financieros y un anexo sobre la complejidad técnica de la emisión de créditos de carbono azul. Para profesionales del sector energético colombiano interesados en mecanismos de financiamiento climático, mercados de carbono y modelos de economía circular aplicados a recursos naturales, el estudio ofrece un referente útil sobre cómo estructurar instrumentos financieros innovadores en contextos de alta biodiversidad y capacidad institucional limitada. 

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