El estudio Cloud & AI, encargado por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnologías de la Comisión Europea, responde a una preocupación creciente en el bloque comunitario: la computación en la nube y la inteligencia artificial se han vuelto elementos centrales para la economía europea, la prestación de servicios públicos y la resiliencia tecnológica de la Unión, al tiempo que persiste una brecha significativa frente a otras potencias digitales. Estudios paralelos citados en el contexto del análisis señalan que, pese a contar con un producto interno bruto comparable, Europa dispone de apenas la mitad de la capacidad de centros de datos que Estados Unidos, mientras que tres proveedores no europeos concentran más del 70% del mercado de servicios en la nube del continente. Este desequilibrio motivó a la Comisión a anunciar su intención de preparar una Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, orientada a ampliar la capacidad de cómputo disponible en los Estados miembros y mejorar el acceso al llamado «capital computacional», especialmente para pequeñas y medianas empresas innovadoras. 

Para sustentar esa iniciativa con evidencia empírica, el consorcio liderado por Technopolis Group, junto con Wavestone, Timelex, STL Partners, OpenForum Europe y Kapa Research, desarrolló un trabajo de campo extenso entre finales de 2025 y mediados de 2026. La investigación se concentró en cuantificar la capacidad existente y proyectada de cómputo en la nube, diferenciando entre infraestructura de propósito general y aquella optimizada específicamente para cargas de trabajo de IA, como el entrenamiento y la inferencia de modelos. Este ejercicio de cuantificación incluyó variables poco exploradas hasta ahora en los debates de política pública, como el consumo hídrico y energético asociado a los centros de datos y su efecto en la generación de empleo, tanto de forma directa como en cadenas de valor conexas. 

Más allá de las cifras de capacidad, el informe profundiza en los obstáculos estructurales que enfrentan los Estados miembros para expandir su infraestructura digital. Entre ellos destacan las barreras que dificultan la prestación transfronteriza de servicios en la nube, la lentitud y heterogeneidad de los procesos de permisos para construir nuevos centros de datos, y las limitaciones de las redes eléctricas para absorber la demanda energética creciente que trae consigo la expansión de la IA. También se examinan las prácticas de dependencia tecnológica, o lock-in, a lo largo de toda la cadena de cómputo de IA, un fenómeno que preocupa particularmente a los formuladores de política por su potencial de perpetuar la dependencia de proveedores externos. El estudio explora además las iniciativas públicas y privadas que facilitan el acceso a financiamiento para la expansión de centros de datos, así como los esfuerzos del sector público para adoptar principios de «dinero público, código público». 

El valor estratégico de este trabajo radica en que sus conclusiones no quedaron como un ejercicio meramente académico, sino que alimentaron directamente el documento de trabajo que acompaña la Evaluación de Impacto de la propuesta de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, adoptada por la Comisión el 3 de junio de 2026. Dicha ley plantea metas ambiciosas, como triplicar la capacidad de centros de datos de la Unión Europea en un plazo de cinco a siete años y garantizar que, para 2035, toda la infraestructura crítica esté alojada en centros de datos europeos. Para el sector energético colombiano, este informe resulta relevante en la medida en que anticipa el tipo de tensiones que enfrentarán los sistemas eléctricos ante la expansión acelerada de infraestructuras de cómputo intensivas en energía, un desafío que ya se discute en foros europeos y que probablemente marcará también la agenda regulatoria de otras regiones del mundo en los próximos años.  

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