Después de dos décadas de estabilidad y reformas que llevaron a Fiji a la categoría de economía de ingreso medio-alto, el país se propone ahora cuadruplicar su ingreso per cápita y eliminar la pobreza hacia 2050, una ambición que requiere pasar de un crecimiento histórico de 2-3% anual a uno de 4-6%. El cambio climático complica ese camino: ubicado en pleno cinturón de ciclones del Pacífico, con aguas que se calientan entre dos y tres veces más rápido que el promedio global, Fiji ya registra el doble de volatilidad en su producción que el promedio de países de su categoría de ingreso. Sin nuevas medidas de adaptación, las pérdidas de PIB proyectadas hacia 2050 oscilan entre 3,1% y 7,2% según la severidad del escenario de emisiones, concentradas sobre todo en la caída de rendimientos agrícolas por temperaturas más altas y en la pérdida de ingresos turísticos.

El turismo, que representa cerca del 40% del PIB, enfrenta erosión de playas, daños a la infraestructura hotelera y episodios de blanqueamiento de corales, aunque ha mostrado capacidad de recuperación frente a choques anteriores. Diversificar hacia segmentos de mayor valor y menor huella estacional, sumado a la protección de arrecifes y manglares, podría elevar los ingresos turísticos totales entre 21% y 33% en las próximas dos décadas. En paralelo, la agricultura, todavía dominada por la caña de azúcar, pierde competitividad frente a cultivos alternativos como la kava, el taro y la yuca, cuya diversificación ya ha demostrado duplicar la rentabilidad de los productores frente al monocultivo tradicional. Un aumento de apenas 1°C sobre el promedio actual reduce en cerca de 19% el rendimiento agregado de los principales cultivos, lo que refuerza la urgencia de reorientar los subsidios azucareros hacia investigación, logística y cadenas de valor más resilientes.

En el frente energético, el estudio modela una transición hacia una matriz basada en hidroeléctrica, solar y almacenamiento en baterías que alcanzaría 97% de generación renovable hacia 2050, frente a la dependencia actual de combustibles importados para 40-50% de la electricidad conectada a la red. Aunque esa ruta exige una inversión de capital cerca de 58% superior a la de continuar con el estado actual, los ahorros en combustible permitirían que el costo nivelado de la electricidad caiga de 9,3 a 7,3 centavos de dólar por kWh y que las emisiones del sector se reduzcan en 85%. La electrificación del transporte, combinada con la descarbonización de la red, reduciría además la factura de importación de combustibles en 2,1% del PIB hacia 2050. Estas medidas, junto con la fortificación de infraestructura crítica, no solo evitarían pérdidas económicas sino que generarían empleo adicional: se estiman 5.300 puestos nuevos en construcción y servicios privados durante los primeros cinco años de implementación.

Financiar esta transición sigue siendo el mayor obstáculo. El estudio calcula necesidades de financiamiento climático de entre 4,8% y 7,8% del PIB anual entre 2026 y 2050, frente a fuentes identificadas de apenas 3,1%, lo que deja una brecha de 1,7% a 4,7% del PIB por año. Para cerrarla se plantean reformas tributarias, un mayor aprovechamiento del sistema financiero doméstico (con activos equivalentes a 269% del PIB), instrumentos de transferencia de riesgo ante desastres y el fortalecimiento de la capacidad institucional, actualmente limitada por alta rotación de personal público y débil coordinación entre ministerios en materia de costeo climático. El estudio concluye con una agenda de acciones prioritarias organizadas en siete mensajes clave, entre ellos la resiliencia de infraestructura, la energía limpia, la diversificación turística y agrícola, y el fortalecimiento del capital humano, ofreciendo un marco de referencia útil para cualquier economía que deba equilibrar sus metas de desarrollo con una exposición creciente a fenómenos climáticos extremos.

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