El Tribunal de Cuentas Europeo publicó en febrero de 2026 una auditoría de desempeño sobre el estado de las comunidades energéticas en la Unión Europea, entidades legales que permiten a ciudadanos, pequeñas empresas y autoridades locales producir, gestionar, compartir y consumir su propia energía. La motivación de la auditoría radica en el potencial que tienen estos proyectos de propiedad comunitaria para acelerar la transición energética, involucrar a la ciudadanía en dicho proceso y fortalecer la dimensión social de la Unión de la Energía, en momentos en que la Comisión estima que la mitad de la población europea podría llegar a generar hasta el 50% de la energía renovable necesaria para alcanzar la neutralidad climática en 2050. 
 
El análisis revela que el objetivo fijado en la Estrategia Solar de la UE de 2022, aunque ambicioso y con un plazo definido, adolece de fallas estructurales de diseño: no fue posible encontrar una justificación documentada sobre cómo se determinó, resulta difícil de medir dado que el término «comunidades energéticas basadas en renovables» no se alinea con las definiciones jurídicas oficiales de la UE, y carece de relevancia al no incluir indicadores como la capacidad de generación renovable instalada o el número de ciudadanos involucrados. A ello se suma que solo Italia y Polonia incorporaron metas relacionadas con comunidades energéticas en sus planes nacionales de energía y clima, y ninguna de ellas coincide plenamente con la meta europea, lo cual refleja un bajo nivel de apropiación nacional del objetivo comunitario. 
 
En cuanto al progreso real, la auditoría encontró que la Comisión se apoyó en un inventario elaborado de forma ad hoc por una consultora externa, sin que existieran registros nacionales confiables y consistentes que permitieran un seguimiento riguroso. Con base en un mapeo propio realizado por el equipo auditor, se estableció que la Unión Europea había alcanzado apenas el 27% de su objetivo hacia comienzos de 2025, con enormes disparidades entre países: mientras Países Bajos, Dinamarca e Irlanda mostraron avances notables, en Polonia, Italia y Rumania menos del 10% de los municipios elegibles contaban con una comunidad energética. No obstante, el crecimiento acelerado registrado en Polonia e Italia durante el primer semestre de 2025, del 80% y 75% respectivamente, ofrece una perspectiva más alentadora hacia el futuro cercano. 
 
El informe también profundiza en las barreras que enfrentan estas comunidades para prosperar, destacando en particular las demoras en la conexión a la red eléctrica por congestión, un problema especialmente agudo en Países Bajos, donde los tiempos de espera llegaron a superar los mil días en algunos casos. Los operadores de distribución consultados coincidieron en que la incorporación de servicios de flexibilidad, como el almacenamiento energético, permitiría acelerar estas conexiones al ayudar a equilibrar la oferta y la demanda en tiempo real. Finalmente, el análisis de los incentivos financieros mostró que, en Países Bajos, Polonia e Italia, los esquemas de apoyo público permiten períodos de recuperación de la inversión alineados con la ambición de la Estrategia Solar, de menos de diez años, siendo particularmente destacable el fondo rotatorio neerlandés que mitiga el riesgo de las primeras etapas de desarrollo de los proyectos. El Tribunal formula seis recomendaciones concretas dirigidas tanto a la Comisión como a los Estados miembros auditados, orientadas a clarificar las definiciones aplicables a edificios de apartamentos, diseñar objetivos más rigurosos, mejorar el registro y monitoreo, y promover el papel de los ciudadanos y los hogares vulnerables dentro de este modelo de generación distribuida. 

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https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR-2026-10 
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2026-10/SR-2026-10_EN.pdf