La transmisión regional es tratada como una condición estructural para ampliar el comercio eléctrico entre jurisdicciones, facilitar la integración de fuentes bajas en carbono y reforzar flexibilidad, resiliencia y confiabilidad del sistema. El acceso abierto y no discriminatorio a la red y al mercado eléctrico regional se plantea como requisito para capturar esos beneficios. Bajo esta visión, un marco regulatorio eficaz para el intercambio regional debe abarcar reglas de mercado, códigos de red, tarifas de transmisión y mecanismos regionales de cumplimiento y resolución de controversias. El problema principal aparece en la forma como históricamente se han distribuido los costos de la transmisión transfronteriza, bien sea asignándolos entre países según la longitud de las líneas ubicadas en cada territorio o trasladándolos a agentes específicos involucrados en transacciones comerciales. Ambas prácticas son señaladas como fuentes de distorsión para el comercio regional y de desincentivos para la inversión en infraestructura transfronteriza.

La propuesta regulatoria se apoya en el paradigma de sistema único, según el cual el comercio regional debe regularse como si toda la región operara dentro de una sola jurisdicción. A partir de allí se formulan cinco principios. El primero exige que los cargos de transmisión cubran los costos reconocidos de la actividad y la remuneración a la inversión. El segundo establece que esos cargos no deben depender de transacciones comerciales individuales, puesto que dichas transacciones no determinan por sí mismas los flujos físicos de la red; en intercambios transfronterizos, esta regla implica asignar costos primordialmente a países y no a agentes individuales, evitando el «pancaking» tarifario (pago de multiple cargos). El tercero indica que la asignación debe guardar proporción con los beneficios, aunque reconoce que estos suelen ser de largo plazo e inciertos, por lo que en la práctica pueden aproximarse mediante el uso. El cuarto exige estabilidad suficiente de las reglas para evitar incertidumbre regulatoria y alzas en el costo del capital. El quinto plantea una estructura de cargos no distorsionante, idealmente bajo cargos anuales de suma fija.

La asignación de costos en proporción a beneficios recibe un tratamiento particularmente detallado. Los beneficios no se reducen a ahorros inmediatos en precios de electricidad o ingresos por exportación, sino que incluyen reducción de emisiones de CO2, mejoras en seguridad de suministro y menor necesidad de reservas. Cuando un proyecto ofrece beneficios netos positivos, existe al menos una forma de distribuir costos que mejora el bienestar agregado y reduce oposición entre las partes involucradas. En cambio, si los costos superan los beneficios, no existe una asignación capaz de dejar a todos mejor posicionados y el proyecto no debería avanzar. Aunque una lógica de “quien se beneficia paga” puede alcanzarse por negociación, también se advierte que la negociación bilateral puede ser ineficiente por altos costos transaccionales, lo que refuerza la necesidad de un marco regulatorio. Dentro de los métodos basados en uso, se destaca participación promedio como el enfoque más robusto.

Para aplicar estos principios a escala regional se recomienda una secuencia regulatoria concreta. Primero, identificar los activos con relevancia transfronteriza, definidos como aquellos necesarios para establecer transferencias físicas de electricidad entre países. Esto incluye no solo líneas que cruzan fronteras, sino también líneas internas que permiten negociación entre interconectores. Segundo, definir el requerimiento global de ingresos de estos activos, usando metodologías estandarizadas para valorar activos y calcular costos de capital, operación y mantenimiento. Tercero, asignar ese requerimiento de ingresos entre los países involucrados. Cuarto, traducir la porción de costo asignada a cada país en cargos de transmisión internos definidos por sus reguladores nacionales, respetando criterios regionales comunes. Esta arquitectura exige una instancia especializada, como una autoridad regulatoria regional o un mecanismo equivalente con capacidad efectiva de resolución de disputas y cumplimiento. Cuando los reguladores nacionales no logren acuerdo, esa instancia regional debería adjudicar conforme a reglas previamente definidas.

También se subraya que los cargos de transmisión no deben depender del número de fronteras contractuales atravesadas por una transacción, porque ello puede obstaculizar el acceso a generadores de menor costo y limitar el comercio regional. En mercados como el europeo, el regional centroamericano y dentro de las áreas de los Regional Transmission Operators en Estados Unidos, los cargos generalmente no se vinculan a transacciones comerciales específicas. La orientación práctica final se concentra en construir esquemas tarifarios que compatibilicen recuperación de costos, eficiencia económica, equidad y predictibilidad, con instituciones capaces de sostener reglas estables y de tratar la red regional como una infraestructura compartida al servicio del intercambio eléctrico y la integración del sistema. 

Para leer más ingrese a:

https://www.esmap.org/Guidelines-on-Transmission-Pricing

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041526140598150/pdf/P506599-e7600562-b58c-40dc-8c0b-24c4b9a8477f.pdf