En los inicios de la industria móvil, las asignaciones de espectro seguían formatos tradicionales de concurso público y las obligaciones de hacer se centraban en expansiones de cobertura, incluidos corredores viales, como un costo adicional al precio pagado. La evolución tecnológica y el carácter esencial de la conectividad móvil para trabajo, educación y salud impulsaron procesos de asignación y renovación más flexibles: asignación directa, reducción de precios, plazos más largos, compartición voluntaria de elementos de red y, de forma creciente, el uso de OdH como forma de pago del espectro.

Las OdH orientan la acción hacia objetivos de bienestar socioeconómico en lugar de priorizar solo la recaudación. La expansión de cobertura en zonas sin servicio es la más frecuente, pero se han incorporado obligaciones de infraestructura (nueva infraestructura, disponibilidad de fibra, upgrades tecnológicos), de servicios (conectividad en instituciones públicas, roaming nacional, capacidad para MVNO), de adopción (precios asequibles, dispositivos, zonas Wi-Fi, redes comunitarias) y ad-hoc (migración, limpieza de obligaciones previas, soluciones de protección pública y socorro). La responsabilidad recae mayormente en los operadores, lo que alinea incentivos de eficiencia; sin embargo, los gastos operativos asociados pueden trasladarse al usuario final vía precios, y un exceso de complejidad o saturación de obligaciones puede erosionar el apoyo de los actores del sector.

Los desafíos se agrupan en tres bloques. En elegibilidad y especificaciones técnicas: sostenibilidad de las inversiones más allá del plazo de la obligación (zonas fuera de la frontera de mercado), equilibrio entre enfoque de infraestructura y de servicios, nivel de exhaustividad y rigidez, tipificación de obligaciones y perfil del operador. En valoración: reconocimiento de planes de inversión, primas de riesgo por incertidumbre y tasa social de descuento, de modo que el costeo refleje la pérdida neta que asume el operador. En control de cumplimiento y enforcement: adaptar regímenes de sanciones a la complejidad del despliegue no realizado e incorporar pagos monetarios de último recurso. El reporte revisa experiencias de 5G en Chile (2021), Brasil (2021), Perú (2023 y 2025), Colombia (2019 y 2023) y Costa Rica (2025), y plantea una hoja de ruta para diseñar, valorar e implementar las OdH de forma colaborativa con los stakeholders, garantizando homogeneidad de principios dentro de los límites institucionales de cada país y la continuidad de la herramienta como pilar para acortar la brecha de conectividad en la región.

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