Los servicios de transporte, energía, agua y saneamiento son esenciales para el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas y, por tanto, una pieza fundamental  en  la  estrategia  de  desarrollo  e  inclusión  social  de los países. En América Latina y el Caribe, en línea con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), enfrentamos el reto de lograr el acceso universal a  servicios  de  calidad  y  que  sean,  a  su  vez,  asequibles  y sostenibles.

El sector de Infraestructura en América Latina y el Caribe necesita repensarse, reformarse, actualizarse y requiere de cambios urgentes en su gobernanza para aumentar su productividad y competitividad con un enfoque renovado en sostenibilidad social y ambiental. La región necesita de una nueva arquitectura sectorial que asegure que la provisión de servicios satisfaga la demanda en cantidad y calidad, y al mismo tiempo promueva esquemas eficientes para lograr la provisión de los servicios a precios asequibles y equitativos. ¿Cómo debería cambiar? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué medidas de política podrían aumentar y mejorar la inversión en infraestructura? ¿Cuál es el set adecuado de reformas, instituciones e instrumentos que permitan aumentar la cantidad y la calidad de los servicios de infraestructura? La respuesta no es sencilla: No hay balas de plata.

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