La escalada del conflicto en Oriente Medio ha transmitido presiones a Asia y el Pacífico a través de mercados energéticos, comercio y logística, precios de alimentos y fertilizantes, tipo de cambio, financiamiento y mercados laborales. Esas presiones convergen de forma más directa en las áreas urbanas, donde se concentra la población y la actividad económica. La región alberga más de 2.200 millones de residentes urbanos, cifra que podría aumentar en 1.200 millones hacia 2050, en contextos de desigualdad, informalidad y brechas de acceso a servicios básicos y protección social. Los hogares urbanos dependen del mercado para alimentos, combustible y transporte, y las economías locales se articulan en redes densas de mipymes, mercados, logística y servicios, de modo que los choques de precios y de oferta se transmiten con rapidez a ingresos, bienestar y actividad local.

Los canales de transmisión principales son los precios de la energía, los costos de alimentos y fertilizantes, las disrupciones de comercio y logística, la reducción de remesas y las presiones fiscales y financieras. El tráfico de petroleros por el Estrecho de Ormuz cayó más del 90 % en marzo y la producción del Golfo se recortó de forma significativa; el Brent llegó a 115-120 dólares por barril y los precios del diésel subieron de manera aguda en varios países. Los precios de la urea granular del Oriente Medio se dispararon y elevan el riesgo de menores rendimientos agrícolas y de presiones alimentarias posteriores. Las tarifas de flete contenedor casi se duplicaron en rutas Asia-Estados Unidos y el bunker marino subió alrededor del 55 %. En economías dependientes de remesas del Golfo, como Bangladesh y Nepal, la caída de despliegues laborales y el aumento de repatriaciones amenazan ingresos urbanos. Las presiones fiscales, sobre todo en economías altamente endeudadas o con elevados subsidios energéticos, pueden erosionar la capacidad de sostener servicios urbanos esenciales.

Las simulaciones de equilibrio general computable para 29 economías urbanas muestran que, en el escenario más severo, las pérdidas de PIB urbano alcanzan unos 73.000 millones de dólares y las de consumo unos 143.000 millones, con un aumento de la pobreza urbana de 9,5 millones de personas y cerca de 3,9 millones de empleos urbanos perdidos. Los impactos salariales y de empleo tienen una dimensión de género, y el modelo formal tiende a subestimar las pérdidas entre trabajadores informales, donde se concentra una proporción elevada de empleo femenino. El turismo, las mipymes y los trabajadores migratorios dependientes del Golfo enfrentan riesgos adicionales de medios de vida. Los gobiernos han respondido con rapidez mediante subsidios a combustibles, controles de precios, medidas de reducción de demanda, asequibilidad alimentaria y, en menor medida, protección social dirigida, con efectos directos sobre movilidad, mercados y presupuestos de hogares urbanos de bajos ingresos.

Las recomendaciones se ordenan en tres horizontes. En el corto plazo, proteger a hogares pobres y casi pobres con transferencias y alivio en transporte y servicios, y mantener la continuidad de la movilidad y los servicios esenciales. En el mediano plazo, pasar de medidas amplias a apoyo dirigido a mipymes y trabajadores informales, y fortalecer sistemas de datos urbanos para monitorear precios, medios de vida y servicios. En el largo plazo, construir protección social sensible a choques, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados mediante energía limpia y movilidad eficiente, optimizar sistemas alimentarios urbanos y la distribución de última milla, reforzar la resiliencia fiscal local y incorporar la preparación ante crisis en la planificación y el financiamiento urbanos.

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https://www.undp.org/asia-pacific/publications/urban-exposure-human-development-impacts-middle-east-conflict-asia-and-pacific?ct=1790353300388